Arbitraje Internacional (y Corte Permanente de Arbitraje)

El arbitraje internacional es el método jurisdiccional clásico para la solución pacífica de las controversias entre Estados (y entre Estados y organizaciones u entidades privadas extranjeras), mediante el cual las partes someten la decisión de su litigio a un tercero imparcial —árbitro único o tribunal colegiado— libremente elegido por ellas, con el compromiso vinculante de acatar y cumplir la sentencia o laudo definitivo con base en el respeto al Derecho.

I. Definición Clásica y Elementos Configuradores

El concepto jurídico fundamental quedó inmortalizado en el artículo 15 de la Convención I de La Haya de 1899 y en el artículo 37 de la Convención I de La Haya de 1907:

«El arbitraje internacional tiene por objeto la resolución de los litigios entre los Estados por jueces de su propia elección y sobre la base del respeto al Derecho. La sumisión al arbitraje implica el compromiso de someterse de buena fe a la sentencia arbitral.»

Son notas esenciales del arbitraje:

1. Consentimiento estatal: Ningún Estado puede ser obligado a arbitrar sin su voluntad soberana, expresada mediante un compromiso arbitral (compromis) ad hoc posterior al litigio, o mediante una cláusula compromisoria inserta previamente en un tratado bilateral o multilateral.
2. Elección de los juzgadores: Las partes designan directamente a los árbitros o convienen el mecanismo institucional para su conformación.
3. Principio «Kompetenz-Kompetenz»: Todo tribunal arbitral internacional tiene la facultad inherente y soberana de juzgar y decidir sobre su propia competencia y sobre la validez del compromiso que le dio origen.
4. Fuerza vinculante y definitiva: El laudo arbitral produce autoridad de cosa juzgada (res judicata), es obligatorio desde el momento de su notificación y no admite apelación ordinaria, salvo recurso excepcional de revisión fundado en hechos nuevos decisivos o demanda de nulidad por causales taxativas.

II. Evolución Histórica: Del Tratado Jay al Laudo del «Alabama»

Aunque el arbitraje se practicó en la Grecia clásica y en la Edad Media, el arbitraje internacional contemporáneo nació con el Tratado Jay de 19 de noviembre de 1794 (52 Parry CTS 243) entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Sus artículos VI y VII instituyeron comisiones mixtas integradas por juristas y personalidades de ambos países con comisionados neutrales imparciales para liquidar reclamos de deudas e indemnizaciones por capturas navales.

El salto cualitativo hacia el arbitraje de gran trascendencia política y jurídica universal se produjo con el Caso del «Alabama», sometido conforme al Tratado de Washington de 1871 ante un tribunal de cinco juristas en Ginebra. El Laudo Arbitral de Ginebra de 14 de septiembre de 1872 demostró que las más graves controversias de soberanía y neutralidad entre grandes potencias podían dirimirse conforme a Derecho, inaugurando la era dorada del arbitraje que condujo a las Conferencias de La Haya.

III. La Corte Permanente de Arbitraje (CPA)

La Primera Conferencia de la Paz de La Haya de 1899 creó formalmente la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), perfeccionada en 1907. La CPA no es un tribunal colegiado en sesión permanente, sino una institución permanente compuesta por:

• La Oficina Internacional (Secretaría): Con sede en el Palacio de la Paz de La Haya, dirigida por un Secretario General, que brinda apoyo administrativo y de registro a los tribunales.
• El Consejo Administrativo: Integrado por los representantes diplomáticos acreditados ante los Países Bajos bajo la presidencia del Ministro neerlandés de Asuntos Exteriores.
• La Lista de Miembros de la Corte: Cada Estado parte puede nombrar hasta cuatro juristas de reconocida competencia (los «Grupos Nacionales»). Estos Grupos Nacionales cumplen además la trascendental función de nominar a los candidatos a jueces de la Corte Internacional de Justicia (art. 4 del Estatuto de la CIJ).

IV. Validez y Nulidad del Laudo Arbitral

Conforme al Modelo de Reglas sobre el Procedimiento Arbitral elaborado por la Comisión de Derecho Internacional (CDI) en 1958 y la jurisprudencia arbitral uniforme, el laudo arbitral goza de presunción de validez. Un laudo sólo puede considerarse nulo ante vicios esenciales de extrema gravedad: 1) Exceso de poder del tribunal arbitral (ultra vires o extralimitación del compromiso); 2) Corrupción comprobada de un miembro del tribunal; o 3) Falta grave de motivación o violación esencial de las reglas del procedimiento debido.

Esta doctrina fue reafirmada categóricamente por la Corte Internacional de Justicia en el Caso relativo al Laudo Arbitral emitido por el Rey de España el 21 de diciembre de 1906 (Honduras c. Nicaragua, Fallo de 1960), donde la Corte desestimó las tachas de nulidad alegadas por Nicaragua y declaró la plena validez y obligatoriedad del laudo.