Derecho Internacional Público – dipublico.org Cátedra I de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata – Argentina
La cláusula compromisoria es una disposición de un tratado por la que los Estados consienten en someter determinadas controversias a arbitraje o a un tribunal internacional. Puede referirse a la interpretación o aplicación del propio tratado o abarcar otras categorías de diferencias. Su alcance depende de la redacción: materias incluidas, condiciones previas, tribunal designado y forma de iniciar el procedimiento.
Consentimiento previo y controversia concreta
La cláusula permite establecer una base de competencia antes de que aparezca el litigio. El compromiso arbitral, en cambio, identifica una controversia concreta y organiza su sometimiento a decisión. Ambos instrumentos pueden complementarse: un tratado previo puede prever un compromiso posterior o establecer un mecanismo para suplir la falta de acuerdo sobre él. Por eso no basta encontrar la palabra «arbitraje» para concluir que cualquier Estado puede acudir unilateralmente al órgano previsto; deben examinarse las condiciones de la cláusula.
En el sistema de la Corte Internacional de Justicia, el artículo 36.1 del Estatuto contempla los asuntos previstos en tratados y convenciones vigentes. Esta base convencional debe distinguirse de las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria del artículo 36.2, sometidas a reciprocidad y a sus propios términos. La cláusula de un tratado tampoco convierte por sí misma a todos sus Estados partes en partes de cualquier litigio.
Una referencia americana en la memoria de 1901–1902
La documentación sobre la Conferencia Panamericana reproducida en la memoria argentina utiliza expresamente la denominación «cláusula compromisoria». Como ejemplo cita el artículo 35 del tratado de amistad, comercio y navegación firmado por Brasil y Bolivia en Río de Janeiro el 31 de julio de 1896: la disposición se dirigía a cuestiones que pudieran surgir en adelante, aunque procedieran de hechos anteriores al tratado.
La misma exposición indica que Bolivia lo había ratificado y que su tramitación continuaba en Brasil. Ese dato describe el estado del instrumento según el informe reproducido; no acredita por sí solo su entrada en vigor. Tampoco se adopta como conclusión general la afirmación del informe sobre la extensión del arbitraje obligatorio en América.
Lectura del instrumento
El Tratado General de Arbitraje entre Argentina y Chile de 1902 ofrece un contraste útil: sus artículos I y II delimitan las controversias; los artículos IV y V regulan la fijación del compromiso y el supuesto de desacuerdo. El artículo VIII trata otra cuestión, el criterio de decisión, incluida una eventual autorización para actuar como amigable componedor. La existencia de una base jurisdiccional y la facultad de decidir ex aequo et bono deben examinarse por separado.
Fuentes
- Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, arts. 36 y 38.
- Tratado General de Arbitraje argentino-chileno de 28 de mayo de 1902, arts. I–V y VIII.
- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Memoria correspondiente al año 1901–1902, Buenos Aires, Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, 1904, documentación de la Conferencia Panamericana, pp. 114 y 117 (PDF 117 y 120); portada PDF 2.