Beligerancia (y Reconocimiento de Beligerancia e Insurgencia)

La beligerancia es la condición jurídica que el Derecho Internacional reconoce a una colectividad organizada que se alza en armas contra el gobierno constituido de su propio Estado, o a dos o más Estados soberanos empeñados en una contienda bélica internacional. En el ámbito de los conflictos armados internos o guerras civiles, el reconocimiento de beligerancia es el acto formal y soberano mediante el cual un tercer Estado (o el propio gobierno constituido) reconoce a las fuerzas insurgentes el estatuto de parte beligerante de hecho, sometiendo la contienda al régimen del Derecho de la Guerra y a las leyes de la neutralidad.

I. Requisitos Jurídicos para el Reconocimiento de Beligerancia

Conforme a la doctrina clásica expuesta por Carlos Calvo, Andrés Bello, Wheaton, Hall y Oppenheim, y consagrada en la Resolución de la Conferencia de Lima de 1938, el reconocimiento de beligerancia es ilícito y constituye una intervención injerencista prematura a menos que concurran de forma copulativa tres condiciones objetivas:

1. Mando responsable y organización militar: Los insurrectos deben poseer un gobierno regular u organización política organizada y una fuerza armada estructurada bajo una cadena de mando jerárquica capaz de hacer cumplir la disciplina militar.
2. Control territorial efectivo: Deben dominar de forma exclusiva y estable una porción sustancial y apreciable del territorio nacional, excluyendo la autoridad material del gobierno central.
3. Conducción de hostilidades con arreglo a las leyes de la guerra: Las tropas insurgentes deben observar y acatar de buena fe las leyes y costumbres de la guerra (respeto a prisioneros, auxilio a heridos y protección de la población civil).

II. Efectos Jurídicos del Reconocimiento

El reconocimiento de beligerancia produce transformaciones sustantivas en el estatuto legal de la contienda:

• Aplicación de las leyes y costumbres de la guerra: La lucha armada deja de considerarse una simple insurrección o rebelión punible exclusivamente por el código penal local; los combatientes capturados adquieren el estatuto y las garantías de prisioneros de guerra conforme a los Convenios de Ginebra.
• Estatuto de neutralidad de los terceros Estados: El Estado que otorga el reconocimiento asume los rigurosos deberes de la neutralidad internacional (prohibición de suministrar tropas, armamento o pertrechos bélicos a cualquiera de los dos bandos).
• Cese de responsabilidad del gobierno central: El gobierno constituido queda exonerado de responsabilidad internacional por los daños, perjuicios o actos lesivos causados a súbditos extranjeros dentro de la zona territorial efectivamente dominada por las fuerzas beligerantes.
• Derechos marítimos de beligerancia: Ambas partes adquieren el derecho de decretar bloqueos marítimos efectivos y de ejercer el derecho de visita y captura de buques neutrales sospechosos de transportar contrabando de guerra.

III. Distinción entre Insurgencia y Beligerancia

La doctrina distingue minuciosamente entre:

• Reconocimiento de insurgencia (recognition of insurgency): Acto de carácter eminentemente fáctico y precario por el cual un Estado admite que los rebeldes controlan de hecho ciertas zonas o buques, con el objeto de no tratarlos penalmente como piratas o bandoleros en el mar y proteger las relaciones comerciales locales, pero sin otorgarles los derechos plenos de una potencia beligerante ni asumir deberes formales de neutralidad.
• Reconocimiento de beligerancia (recognition of belligerency): Concesión plena del estatuto de sujeto provisional de Derecho Internacional a los rebeldes a los solos efectos de la conducción de la guerra.

IV. El Precedente Canónico: La Guerra Civil Americana de 1861

El ejemplo histórico por excelencia se produjo el 13 de mayo de 1861, cuando la Reina Victoria promulgó la Proclamación Real de Neutralidad de Gran Bretaña (51 BFSP 165) reconociendo el estatuto de beligerante a los Estados Confederados de América frente a los Estados Unidos. Aunque Washington protestó vivamente la medida, la proclamación británica fue motivada jurídicamente por el bloqueo naval que el propio presidente Abraham Lincoln había declarado contra los puertos confederados el 19 de abril de 1861, toda vez que en el Derecho de Gentes sólo puede oponerse un bloqueo a terceras banderas neutrales cuando existe una guerra regular entre beligerantes.