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De nuevo las fronteras

De nuevo las fronteras

De nuevo las fronterasRusia celebra el 69 aniversario del final de la II Guerra Mundial y la derrota del nazismo, enterrado bajo la pira funeraria de un Berlín destrozado, sobre cuyos cascotes los soldados rusos del mariscal Zhúkov plantaron la bandera roja. Británicos y estadounidenses, detenidos en el río Elba, aceptaron la capitulación alemana el día 7 en la ciudad francesa de Reims, pero Stalin forzó una segunda ceremonia de rendición en la capital del Tercer Reich, ante el Ejército Rojo, que había forzado la marcha para llegar el primero a Berlín. La carrera por controlar territorios liberados no era una cuestión menor porque inmediatamente se plantearía un nuevo dibujo de fronteras y el reparto de Europa.

 La ampliación por la fuerza bruta de Hitler de las fronteras alemanas había provocado la contienda mundial; la guerra fría trajo otras; la implosión de la URSS volvió a trastocar los mapas. Hoy, la indefinición de los límites de la casa europea, sin pared trasera tras la desaparición del imperio soviético, regresa como una vieja película en blanco y negro. Con el cadáver de Ucrania en la mesa de disección se reabre la cuestión de las fronteras europeas. Aprovechando el torpe error de cálculo de la UE al lanzar el órdago de ganar terreno en el colchón de Rusia, sin las cartas necesarias, un astuto sucesor de los zares y de los secretarios generales comunistas ha visto el momento de lavar la supuesta humillación y cerco sufridos por la Rusia pos-soviética a manos de Occidente. Recuperando el espacio imperial perdido en el camino.

 Vladímir Putin no hace más que seguir el dictado de la zarina Catalina la Grande: “La única manera de defender unas fronteras es ampliarlas”. Mitad yudoka y ajedrecista, el presidente ruso juega al gato y al ratón con la UE: nunca tantos, 28 países, dieron para tan poco. Repite en el este de Ucrania, con los mismos elementos y similar falta de legalidad, la revuelta popular del euromaidán de Kiev, edificios oficiales ocupados por hombres enmascarados y armados, que acabó con la presidencia de su protegido Yanukóvich, en una acción alentada por Bruselas y Washington. Divide a la Unión Europea jugando con la ambigüedad de Alemania, dependiente del gas ruso, 300.000 empleos condicionados a su relación con Moscú, y la necesidad de sus Siemens, EON o Basf de no arruinar el trabajo de décadas de relaciones constructivas con Rusia. Prima la cuenta de resultados. Un 49% de los alemanes quiere que su país adopte una posición equidistante entre Occidente y Rusia en la crisis ucrania, según un sondeo de Infratest dimap. No podemos dejar que Putin sea nuestro enemigo.

 La última finta táctica de Putin: la propuesta de suspender el referéndum de independencia de la llamada República Popular de Donetsk que los separatistas prorrusos del este de Ucrania quieren celebrar mañana domingo. ¿Quizás piensa que perdería Rusia la consulta? Gana tiempo, mantiene desestabilizado al Gobierno de Kiev y retrasa nuevas sanciones occidentales. El presidente ruso controla el relato de la crisis. Todavía estamos merced de Putin.

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Cascos Blancos: 20 años de Asistencia Humanitaria Internacional en una muestra fotográfica en la ONU

Cascos Blancos: 20 años de Asistencia Humanitaria Internacional en una muestra fotográfica en la ONU

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República ArgentinaJueves 08 de Mayo de 2014. Información para la Prensa N°: 109 /14.

Cascos Blancos, el organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina responsable de la asistencia humanitaria internacional, inauguró hoy la muestra fotográfica “Todos Somos Cascos Blancos” en la sede de Naciones Unidas de la ciudad de Nueva York.

El evento se enmarcó en el XX Aniversario de Cascos Blancos y de su adopción dentro del sistema de Naciones Unidas para la respuesta ante emergencias humanitarias, la rehabilitación y reconstrucción, y la prevención de desastres socio-naturales.

El presidente de Cascos Blancos, Gabriel Ive y el vicepresidente del organismo, Esteban Mahiques, dieron la bienvenida a los más de 50 representantes de agencias de Naciones Unidas y de las misiones de diversos países en Nueva York, y abrieron un debate sobre la asistencia humanitaria internacional, en el cual se destacó el aporte de la Iniciativa argentina en la materia, en las últimas dos décadas.

El encuentro contó con la presencia de la representante permanente de la Argentina ante la ONU, María Cristina Perceval,  la jefa de Relaciones Externas y Partenariado de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Rosa Malango, y el representante del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, Jordi Llopart.

Tras el debate quedó inaugurada la muestra, que invita a recorrer los 20 años de trayectoria de Cascos Blancos, con su cuerpo de voluntarios como eje fundamental. A través de imágenes e historias de personas involucradas en la asistencia humanitaria desplegada por la institución, el espectador puede apreciar la diversidad de acciones realizadas dentro y fuera del territorio argentino. Durante 2014, la muestra recorrerá la Argentina y se presentará en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y en Panamá.

Información para la prensa Nº 109 /14
Dirección de Prensa de Cancillería: 4819-7375 / 8296 / 7388
www.cancilleria.gob.ar

 

 

 

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La UE aprueba que peruanos y colombianos entren sin visado

La UE aprueba que peruanos y colombianos entren sin visado

La UE aprueba que peruanos y colombianos entren sin visadoEuropa avanza lentamente hacia la eliminación definitiva de visados para colombianos y peruanos. Los países miembros de la Unión Europea han dado hoy el visto bueno a la nueva lista de Estados exentos de este requisito, vigente desde 2001. Para que desaparezca la obligación de solicitar ese documento en los desplazamientos a la Unión Europea, aún es necesario que la Comisión Europea acredite que los dos países cumplen los requisitos y posteriormente, que negocie acuerdos bilaterales con Bogotá y Lima. Estos trámites pueden demorar el proceso al menos un año, según fuentes comunitarias.

 El Consejo Europeo, que representa a los Estados miembros de la UE, ha aprobado una lista con 19 países (la mayoría caribeños y del Pacífico) cuyos ciudadanos podrán viajar en breve al espacio Schengen (el espacio europeo de libre circulación, que no coincide exactamente con el de los 28 Estados comunitarios). Pero antes, Bruselas debe evaluar el impacto que eso puede tener en la UE, pedir al Consejo Europeo el mandato formal para negociar acuerdos bilaterales y cerrar esos pactos.

 La medida, sometida a toda esa maraña burocrática, ha sido largamente demandada por España, que presionó enormemente a las instituciones comunitarias el año pasado para que incluyeran en la lista de exentos a Colombia y Perú, en principio excluidos de la propuesta inicial de Bruselas. La aprobación que el Parlamento Europeo dio a finales de febrero despejó el camino para la aprobación definitiva, pese a que colombianos y peruanos aún tengan que esperar para viajar sin autorización previa.

 La decisión tendrá un gran impacto en ambos países. Solo en el año 2013, los Estados de Schengen expidieron 121.019 visados para colombianos y 48.488 para peruanos, según datos de la Comisión Europea. Es probable que el tráfico aumente con la desaparición de las trabas.

 Hasta ahora, esos ciudadanos deben pedir un visado de turista que les permite circular libremente por el área Schengen durante un máximo de 90 días. Ese documento exige un buen número de trámites, tiempo y dinero que desaparecerán con la nueva regulación. Colombianos y peruanos pudieron viajar a Europa sin él hasta el año 2001, cuando la UE restringió esa posibilidad, con el acuerdo implícito de España –entonces gobernada por José María Aznar-, que se abstuvo. Esa medida, en su momento concebida para estrechar los controles frente a países en los que existe un importante mercado de la droga (además de un gran potencial de inmigración), cayó como un jarro de agua fría en los dos países latinoamericanos.

 La lista de países cuyos ciudadanos podrán entrar libremente en los países comunitarios para estancias de corta duración incluye también a Emiratos Árabes Unidos aunque, paradójicamente, en este caso la Comisión Europea no considera necesario realizar ninguna evaluación sobre el impacto en el club comunitario.

 La desaparición de visados en el área Schengen garantiza la movilidad prácticamente en toda Europa. Este espacio se compone de 23 Estados de la UE más Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Pero Chipre, Rumania, Bulgaria y Croacia, cuatro de los comunitarios que están fuera de Schengen, suelen adherirse a las políticas del espacio Schengen. Más dudas presentan Reino Unido e Irlanda, que tienen su propia política de visados.

 

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El Estado de Palestina accede formalmente a cinco tratados internacionales

El Estado de Palestina accede formalmente a cinco tratados internacionales

El portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada, Rupert Colville02 de mayo, 2014 — Palestina es desde hoy un Estado parte de cinco tratados internacionales de derechos humanos, anunció este viernes la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para esas garantías básicas.

El portavoz de esa Oficina, Rupert Colville, informó que Palestina es parte ya de las Convenciones contra la Tortura, contra la Discriminación Racial y contra la Discriminación de Mujer; así como de las Convenciones de los Derechos del Niño y de las Personas con Discapacidad.

Colville recordó que los instrumentos son vinculantes y que, al acceder a ellos, Palestina contrajo obligaciones con las leyes internacionales.

El portavoz subrayó la importancia de que Palestina sea parte de estos tratados sin ninguna reserva en una región con un gran número de reservas a las convenciones de garantías fundamentales.

“Este acceso sin reservas a siete tratados centrales de derechos humanos y un protocolo es un paso significativo para la promoción y protección de esos derechos en Palestina”, dijo.

Hace un mes, Palestina depositó con el Secretario General de la ONU sus instrumentos de acceso a varios tratados, que incluyen siete de las nueve convenciones centrales de derechos humanos más uno de sus protocolos sustantivos.

Un protocolo entrará en vigor el 7 de mayo y dos acuerdos más el 2 de julio.

La Oficina de la Alta Comisionada encomió el compromiso de Palestina y expresó su presteza para asistir a ese Estado en la implementación de los instrumentos, si así lo solicita.

 

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El Gobierno escocés corteja a la Unión Europea

El Gobierno escocés corteja a la Unión Europea

El Gobierno escocés corteja a la Unión EuropeaEscocia intenta hacerse querer en el corazón de la Unión Europea (UE). Tras varios desencuentros sobre el encaje legal de una Escocia potencialmente independiente, el ministro principal escocés, Alex Salmond, trató ayer de limar asperezas entre Edimburgo y Bruselas ante el próximo referéndum de septiembre, en el que se votará su emancipación del Reino Unido. La elección del lugar de la conferencia ­—el prestigioso Colegio de Europa de la Universidad de Brujas (Bélgica) del que han salido varias generaciones de altos funcionarios comunitarios— y del momento —a menos de cinco meses de la consulta y en pleno auge de UKIP, el partido populista y antieuropeo que lidera con holgura los sondeos británicos para las elecciones europeas— no es casual: Salmond trata de que cale la idea de que, con su posible independencia, la UE ganaría un socio “entusiasta” en Escocia, frente a la “amenaza” que representa una potencial salida de Reino Unido del club comunitario.

 El ministro principal escocés también se esforzó en trazar una gruesa línea separatoria entre el proceso de autodeterminación que lidera y los intentos de otras regiones del continente, incluida Cataluña. Pese a las advertencias de Bruselas, Salmond dice tenerlo claro: si la consulta prospera, Escocia será uno más en el club comunitario antes de marzo de 2016.

 “A diferencia de otras, nuestra campaña por la independencia es pacífica, inclusiva, cívica y constitucional”, comenzó Salmond ante cerca de 200 estudiantes de posgrado. El primer ministro escocés quiso así, poner negro sobre blanco las diferencias entre la forma elegida por Escocia para afrontar su salida del Reino Unido y el camino seguido por otros pueblos del Viejo Continente. Salmond tampoco hizo mención explícita al proceso de autodeterminación de Cataluña. Pese al intento de los sectores nacionalistas catalanes de asociar el curso de los acontecimientos en ambas regiones, el jefe del Gobierno escocés siguió el mismo camino por el que ha optado su partido (el Partido Nacional Escocés) y prefirió eludir cualquier asociación directa que se prestara a equívoco.

 Sabedor de que el actual Ejecutivo comunitario cesará en sus funciones en octubre y no le corresponderá decidir sobre su anhelada adhesión a la UE, Salmond cargó las tintas sobre el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, por su comparativa entre el proceso de independencia de Escocia y el de Kosovo. “Despertó la sorpresa e incluso el ridículo: la de Kosovo fue una declaración unilateral, mientras el proceso escocés es plenamente constitucional”, afirmó con vehemencia en el único momento en el que elevó el tono sobre las instituciones comunitarias. Más allá de ese toque de atención, propio de fin de legislatura, el mandatario escocés se envolvió en la bandera comunitaria y aprovechó su presencia en un escenario tan simbólico (el mismo en el que la exprimera ministra de Reino Unido Margaret Thatcher pronunció hace 25 años uno de sus más severos discursos frente a la intromisión europea) para lanzar un alegato fervientemente europeísta. Salmond también recordó que las últimas encuestas muestran una mayoría de escoceses a favor de la continuidad en la Unión.

 Por espacio de media hora, el primer espada del Ejecutivo escocés fue desgranando una a una las bondades de Escocia en el plano fiscal —“sería contribuyente neto”—, energético —“Escocia tiene más del 60% de las reservas de petróleo de la UE”— y de organización interna —“como Estado miembro, Escocia aportará una voz de cooperación ”— y se empleó a fondo para tratar de seducir a la Comisión y al Parlamento Europeo que saldrán de las urnas el próximo 25 de mayo, que serían los encargados de negociar una potencial adhesión si los escoceses votan por la independencia en septiembre. “Las negociaciones se completarán en los 18 meses que transcurrirán entre el ‘sí’ y el logro de la independencia, en marzo de 2016”. Esta visión optimista del jefe del Ejecutivo escocés choca frontalmente con los Tratados de la Unión, según los cuales tanto Cataluña como Escocia quedarían automáticamente fuera del club comunitario en caso de independencia y requerirían del voto unánime de todos los Estados miembros para reintegrarse en la UE, algo bastante complicado habida cuenta de que el veto de un solo país daría al traste con su proceso de entrada.

 La lectura que hace el Gobierno escocés de los Tratados es radicalmente opuesta a la que la Comisión ha reiterado en las últimas semanas. “Es absurdo, no hay base legal y va contra los principios fundadores de la UE. No hay ninguna definición de solidaridad que pueda provocar que Escocia vea denegada su inclusión por seguir un proceso libre, democrático y legítimo de autodeterminación”. El ministro principal escocés intentó así enviar un mensaje tranquilizador para advertir a continuación de que el peligro “real” para Bruselas proviene, a su juicio, de una potencial salida de Reino Unido. “La amenaza para la UE es el referéndum que Westminster propone para salir de la UE, no la independencia de Escocia”, concluyó Salmond.

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Los BRICS dispuestos a crear su propia agencia de calificación

Los BRICS dispuestos a crear su propia agencia de calificación

Rusia ha propuesto a sus socios crear una agencia de calificación única que compita con las tres principales agencias: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. A esta conclusión llegaron los participantes de una reunión con el vice primer ministro del gobierno de Rusia, Ígor Shuválov.

 “En primer lugar, estamos hablando de nuestros socios tradicionales, como los BRICS y la Comunidad Económica Euroasiática. Todos los países de los BRICS ya poseen compañías de calificación en sus países y se trata sobre todo del reconocimiento mutuo. Nuestros socios extranjeros pueden ofrecer su asistencia en el terreno de la alineación de los estándares y los mecanismos de observación y, lo más importante, del reconocimiento mutuo de las calificaciones”, comenta a RBTH Konstantín Korischenko, director del departamento de mercados de valores e ingeniería financiera de la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública de la presidencia y uno de los asistentes de la reunión con Shuválov.

 En particular, según fuentes del periódico RBC Daily, la nueva agencia podría crearse en base a la cooperación de la agencia de calificación rusa RusRating y la china Dagong Global. A ellas podría unirse la estadounidense Egan-Jones Ratings, que sueña desde hace tiempo con desbancar a las tres agencias líderes.

 Es más, la compañía Dagong Global ya comenzó las negociaciones con RusRating en Pekín durante un encuentro de los BRICS: la compañía propuso comenzar a negociar la creación de una nueva agencia internacional de calificación basada en los países de los BRICS.

 Según Mijaíl Kuzmín, analista de Investkafe, a día de hoy Dagong Global tiene representación mayoritariamente en un ámbito nacional, aunque elabora calificaciones soberanas para varios países.

 Por su parte, la estadounidense Egan-Jones Ratings elabora calificaciones generalmente sobre estructuras de deuda, entre ellas emisiones de bonos, créditos bancarios, etc.

 Según señala el vicedirector del departamento de análisis y gestión de riesgos de UFS IC, Vadim Vedérnikov, ambas agencias son conocidas desde hace tiempo por su trabajo de calificación con emisores corporativos y soberanos, ya que operan en mercados de crédito “candentes” como China y Estados Unidos.

 Al proyecto de la agencia única ya se le ha llamado Universal Credit Rating Group. “Las calificaciones que Universal Credit Rating Group podría comenzar a elaborar para las compañías rusas podrían obtener en los ámbitos de inversión extranjeros un reconocimiento equiparable al de las tres principales compañías de calificación estadounidenses”, – opina Vedérnikov. 

Soluciones alternativas

 Otra solución es la cooperación con ARC Ratings (un consorcio internacional de agencias de Portugal, India, Sudáfrica, Malasia y Brasil). “La cooperación con esta agencia podría ser un factor positivo para cualquier agencia rusa, ya que permitiría dar una valoración alternativa, objetiva e independiente, a las calificaciones de las compañías rusas además de las calificaciones de Universal Credit Rating Group”, comenta Vadim Vedérnikov.

 Los expertos creen que entre los posibles socios se encuentran también la japonesa Japan Credit Rating Agency y la canadiense Dominion Bond Rating Service. Según Vedérnikov, estas organizaciones de calificación, creadas en base a los vínculos con agencias rusas, podrían llevar a cabo un trabajo eficaz para las compañías rusas. Estas calificaciones podrían ser más objetivas y, por tanto, mejorar la reputación de los emisores rusos a los ojos de los inversores extranjeros.

 La rebaja de la calificación de S&P podría afectar seriamente a la economía rusa. Según Mijaíl Kuzmín, “una rebaja de la calificación de un país sirve como indicador para los inversores de distintos países sobre el empeoramiento de la situación económica y el aumento de riesgos de inversión en compañías de dicho país”, comenta el experto.

 Por tanto, la fuga de capitales, que en el primer trimestre ascendió a 50.600 millones de dólares, podía no reducirse durante el segundo trimestre de 2014.

 Es más, seguramente aumente el coste de los préstamos a Rusia y a cualquier compañía rusa en los mercados extranjeros.

 “En las condiciones actuales, cada vez es más importante la presencia en la infraestructura financiera rusa de sus propias agencias nacionales de calificación. En Rusia existen este tipo de compañías, pero estas deben desarrollarse”, aclara Konstantín Korischenko. Antón Soroko, analista del consorcio de inversión FINAM, cree que las agencias de calificación extranjeras intentan de manera legítima centrar la atención de la sociedad mundial en los crecientes riesgos de la inversión en la economía rusa, aunque podrían estar exagerando un poco la realidad.

 “En la escena internacional, en este sector se está formando un monopolio. En esta situación, el desarrollo de evaluadores alternativos favorecerá a largo plazo no sólo a Rusia, sino a todo el mundo”, asegura.

 

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¿Está Crimea ‘descongelando’ el conflicto de Transdniéster?

¿Está Crimea ‘descongelando’ el conflicto de Transdniéster?

Frontera entre Ucrania y Moldavia a través de  Kuchurgan-Pervomaysk que se sitúa en el enclave de Transdniéster, abril de 2014.El acuerdo cuatripartito sobre Ucrania firmado el 17 de abril en Ginebra no significa que la crisis en el Este haya terminado. Es muy posible que el próximo caso en la lista sea Transdniéster.

Desde la creación del Partenariado Oriental, Moldavia ha recibido elogios por ser el más ambicioso de los seis países vecinos en la región, debido al progreso relativamente rápido de sus reformas y su inequívoca inclinación proeuropea a pesar de la agitación política interna. Sin embargo, ha habido que esperar a los rápidos y alarmantes acontecimientos en Ucrania -primero las protestas en Euromaidan y luego la crisis de Crimea- para que el diálogo entre Moldavia y la UE se acelerase de manera espectacular. Está previsto que la firma del Acuerdo de Asociación (AA) presentado en Vilnius el pasado mes de noviembre se firme en junio. Asimismo se ha culminado con una rapidez inesperada el proceso de liberalización de visados: a partir del 28 de abril, los ciudadanos moldavos que posean pasaporte biométrico podrán viajar sin visado a la UE. Además, el 17 de abril, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el derecho de Moldavia, Ucrania y Georgia a solicitar la entrada en la Unión si adoptan los principios básicos. Aunque la resolución no es vinculante, es la primera vez que una institución de la Unión Europea aprueba una decisión legal sobre la posible incorporación de estos países.

Eso quiere decir que, en la actualidad, Moldavia se encuentra donde se encontraba Ucrania justo antes de la Cumbre del Partenariado Oriental en Vilnius: con nervios y a la espera de firmar el AA. No obstante, hay dos diferencias fundamentales: la primera, que el empeño político es mucho más firme tanto por parte de la UE como por parte del Gobierno moldavo del que existía en las negociaciones con Yanukóvich, acostumbrado a jugar con la confianza. En segundo lugar, con la imprevista anexión de Crimea por parte de Rusia y las incursiones solapadas en el este de Ucrania, la situación internacional, de pronto, se ha vuelto mucho más volátil e impredecible. La combinación de los dos factores permite pensar que el deseo ruso de obstaculizar el avance de Moldavia hacia la asociación podría imponerse incluso a la nueva y más enérgica voluntad política de la UE.

Y, como ya se ha demostrado de múltiples formas, Rusia posee toda una gama de instrumentos para coaccionar a Moldavia, desde las presiones económicas hasta la agitación del ambiente político en el país. Basta pensar en la reciente prohibición de las importaciones de cerdo de Moldavia, decretada el 8 de abril, o el embargo a los productos alcohólicos que entró en vigor el pasado mes de septiembre. Además, en otoño, Rusia amenazó abiertamente con recortar el acceso de los moldavos a su mercado de trabajo. Esta decisión perjudicaría enormemente a la economía de un país pequeño, en el que se calcula que las remesas constituyen hasta el 30% del PIB y la mitad de los 800.000 moldavos que trabajan en el extranjero lo hacen en Rusia. No es necesario añadir a la lista el elemento característico de la coacción que ejerce Rusia sobre los Estados postsoviéticos: la posible manipulación del suministro de gas y de su precio. En el caso de Moldavia, está también la posibilidad de cortar el suministro eléctrico, la mitad del cual procede de la central de Cuciurgan, situada en Transdniéster y dirigida por la filial de una empresa rusa.

Sin embargo, el principal peligro para que Moldavia se asocie con la UE es la incitación al separatismo en Gaugazia y, en particular, en Transdniéster. La franja de territorio comprendida entre el río Dniéster al oeste y Ucrania al este proclamó su independencia en 1990. Aunque, hasta hoy, no ha obtenido el reconocimiento internacional, en la práctica actúa como un Estado independiente de Chisinau, y cuenta con una considerable ayuda política y económica de Moscú. Por eso no es extraño que, en un referéndum celebrado en 2006, la gran mayoría de sus ciudadanos (el 97%) votara a favor de la unificación con Rusia. Si bien en aquel momento no hubo ninguna reacción concreta de Moscú, ahora, y con el precedente de Crimea, se observan de nuevo en Tiraspol cada vez más deseos de integrarse. Por su parte, las tropas rusas estacionadas en Transdniéster se encuentran en máxima alerta, y Moscú ha empezado de pronto a expresar la urgente necesidad de aclarar el estatus de la región. Toda esta retórica se apoya además en informaciones difundidas por los medios rusos sobre un supuesto bloqueo comercial y de comunicación de Transdniéster a manos de Ucrania. Aunque Ucrania, en realidad, se haya limitado a reforzar los controles fronterizos, una acusación así encaja bien en el relato general de Moscú de violación de los derechos de los rusos, la misma empleada ya en Crimea, que podría servir también ahora para justificar una intervención cada vez mayor en Transdniéster.

No obstante, a pesar de estos paralelismos con Crimea, la diferencia esencial entre los dos casos es que Transdniéster tiene menos valor estratégico para Moscú que Crimea. A falta de una conexión geográfica real y la importancia geoestratégica que representan la salida al mar o la presencia de recursos naturales como las reservas submarinas de gas de Crimea, el interés de Moscú por Transdniéster reside sobre todo en tener una palanca política para presionar a Chisinau. Durante los últimos veintitantos años, lo que más le convenía a Rusia era mantener el statu quo. Por eso no hizo ningún intento de integrar este enclave en la Federación.

Pero ahora, ante la proximidad de la firma del AA entre Moldavia y la UE y el malestar actual en Ucrania del este, la estrategia rusa en Transdniéster puede cambiar de manera imprevisible. Sobre todo, si Moscú decide hacerse con el control de más zonas del sur de Ucrania, con lo que crearía una conexión por tierra entre Transdniéster y Rusia. Aunque la región ucraniana que vive en estos momentos la amenaza de ocupación rusa es el este del país, no podemos descartar una expansión a lo largo del Mar Negro. Sería una decisión lógica desde el punto de vista militar, porque, después de la crisis de Crimea, Ucrania trasladó la principal base de su Armada de Sebastopol a Odessa. Y además tendría motivos económicos: la ciudad de Mykolaiv, y dentro de ella el puerto de Oktyabrsk, en la práctica bajo el control ruso, constituyen un nudo de transportes crucial para la exportación de armas de Rusia y Ucrania a países como Siria.

En cualquier caso, incluso aunque la situación no se agrave hasta llegar a la anexión de Transnistria, es indudable que Rusia va a seguir desestabilizando la región para obstaculizar el diálogo de Moldavia con la UE. El aumento organizado de las tensiones entre Tiraspol y Chisinau a lo largo de 2013 nos advierte sobre lo que podemos esperar de aquí en adelante. Para empezar, el año pasado, Tiraspol tomó medidas importantes para reforzar su poder en Bender, una ciudad en la zona de nadie junto al río Dniéster que en teoría responde a la autoridad de una Comisión Conjunta multinacional pero en la práctica está controlada por Transdniéster. En junio de 2013, Tiraspol dictó una ley sobre las fronteras de la región separatista y reclamó más territorio. Además, el presidente de la región inició una aproximación legal a Rusia mediante varios cambios constitucionales. Y las escuelas de lengua rumana en el territorio de Transdniéster sufren cada vez más presiones, que incluyen la pérdida de financiación, los insultos a sus administradores e incluso las detenciones de algunos de ellos. Los separatistas también están impidiendo a los que no son ciudadanos de Transdniéster el acceso a los campos de labor situados en áreas bajo su control.

Además de que continúen produciéndose estos incidents, también es posible que haya nuevas provocaciones como la obstrucción de la vía de ferrocarril que lleva a Ucrania. Y es muy probable que Rusia refuerce la presión diplomática para resolver el conflicto de Transdniéster mediante la federalización de Moldavia. Con este paso se interrumpiría de hecho el proceso de asociación con la UE, porque Chisinau dejaría de controlar por completo su política europea. En la actualidad, Moscú no puede ofrecer suficientes incentivos para empujar al Gobierno moldavo a la federalización a costa de sus relaciones con la UE, pero la situación podría cambiar con las elecciones en otoño.

Desde luego, en los dos próximos meses vamos a ver cómo Moscú agita el sentimiento separatista en Transdniéster. Pero tampoco hay que descartar la siniestra posibilidad de que el conflicto se descongele con una provocación militar. Ahora bien, lo más probable es que Moscú solo recurra a esa estrategia como último recurso, si todo lo demás falla. Por ejemplo, si, en el ajetreo de dominar a Ucrania antes de las elecciones presidenciales previstas, a Moscú se le acaba el tiempo para impedir que Moldavia firme el Acuerdo de Asociación en junio.

 

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OMC aceptó panel solicitado por Argentina contra la UE por restricciones al biodiesel

OMC aceptó panel solicitado por Argentina contra la UE por restricciones al biodiesel
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República ArgentinaViernes 25 de Abril de 2014. Información para la Prensa N°: 095/14

En la fecha, la Organización Mundial de Comercio (OMC) estableció formalmente un Panel para resolver el reclamo de nuestro país contra la Unión Europea respecto de derechos antidumping impuestos por esa Unión en Noviembre de 2013.

La medida cuestionada por nuestro país ha significado el cierre del mercado europeo, primer destino de exportación para la industria argentina del biodiesel.

Argentina considera que las medidas antidumping contra el biodiesel argentino son inconsistentes con el Acuerdo Antidumping de la OMC y el artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Desde 2009, la República Argentina se convirtió en el principal abastecedor de biodiesel a la UE, alcanzando en 2011 US$ 1.847 millones que dieron cuenta del 13% de las exportaciones argentinas a la UE.

El sector de biodiesel en Argentina se destaca por su sostenibilidad y alto nivel de desarrollo, escala, e integración de toda la cadena productiva y es actualmente uno de los productores más eficientes a nivel global. La industria europea, en contraposición, se encuentra ampliamente sobredimensionada y, desde el año 2012, la UE viene llevando adelante diversas medidas de neto corte proteccionista con el objeto de excluir del mercado europeo el biodiesel argentino.

Las restricciones impuestas al biodiesel argentino se inscriben en una política proteccionista europea especialmente dirigida contra los países en desarrollo.

 

 

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Israel suspende las negociaciones de paz por el acuerdo palestino

Israel suspende las negociaciones de paz por el acuerdo palestino

Israel suspende las negociaciones de paz por el acuerdo palestinoEl Gobierno israelí suspendió el jueves las negociaciones de paz con la Autoridad Palestina (AP), un día después de que esta anunciara en Gaza su sorpresiva reconciliación con sus rivales del partido islamista Hamás. El gabinete de seguridad del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acordó esta nueva congelación del proceso de paz en una sesión de más de cinco horas.

 Los palestinos se dieron el miércoles cinco semanas para conformar un Gobierno de unidad nacional, que conducirá el actual líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y presidente de la AP, Mahmud Abbas. La anunciada participación de Hamás en este futuro Gobierno interino alarma tanto al Ejecutivo de Netanyahu como a sus aliados estadounidenses, que tutelan desde hace nueve meses las conversaciones entre Israel y la AP. Solo cinco días antes de que termine el plazo para un acuerdo, Israel podría haber certificado así la defunción de las negociaciones, en marcha desde el pasado verano.

 Hamás y la OLP se enfrentaron en una breve guerra civil  que en 2007 dejó la Franja de Gaza en manos de los islamistas y Cisjordania bajo control del presidente Abbas y su partido nacionalista y laico, Al Fatah. Hamás había ganado las elecciones legislativas de 2006 y Abbas, las presidenciales del año anterior. No ha habido más comicios desde entonces.

 Hamás busca ahora salir del aislamiento en el que les sumió la reciente caída de sus aliados en Egipto, los Hermanos Musulmanes, así como mejorar las pésimas condiciones de vida en la Gaza cercada por Israel. A Abbas y a la OLP les convendría recuperar parte de la legitimidad perdida en Cisjordania, donde cunde el cansancio ante el marasmo político y la falta de perspectivas para la fundación de un Estado propio.

 En la recta final de las negociaciones con Israel, el Gobierno de Abbas ha pasado de amenazar con disolver la Autoridad Nacional Palestina a firmar el inesperado acuerdo para el anunciado Gobierno de unidad con Hamás. Se han dado cinco semanas para culminar el segundo extremo. Su negociador con los israelíes, Saeb Erekat, se dijo “decepcionado” por la reacción de Netanyahu. Aseguró no ver contradicción entre la unidad con Hamás y las conversaciones de paz con Israel.

 Tras el anuncio de que se suspenden las conversaciones, Erekat aclaró que la OLP probará “todas las opciones”. La reconciliación entre los palestinos sigue siendo una prioridad para la OLP, donde aseguran que el futuro Gobierno de unidad reconocerá la existencia del Estado de Israel. Hamás se ha negado hasta ahora.

 Netanyahu, por su parte, dijo en una entrevista emitida por el canal de televisión estadounidense NBC que la unidad con Hamás es “un pacto que acaba con la paz”. Se refirió a ella como un “potente revés” para el proceso que debería terminar con décadas de enfrentamientos entre Israel y los palestinos. Aparte de estas reacciones negativas del Gobierno, la prensa israelí publicaba el jueves análisis escépticos del acuerdo entre palestinos. No sería el primero que termina en papel mojado antes de ponerse en marcha.

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La ONU mantiene su apoyo a la unidad palestina

La ONU mantiene su apoyo a la unidad palestina

El coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Robert Serry Foto:ONU/Rick Bajornas 24 de abril, 2014 — La ONU ha recibido la información sobre los avances de la reconciliación entre Fatah y Hamas y continúa apoyando la unidad palestina con base en los compromisos de la Organización para la Liberación de Palestina (OPL) y bajo el liderazgo del presidente Mahmoud Abbas.

Así lo afirmó hoy en conferencia de prensa el portavoz de Naciones Unidas, Farhan Haq, y agregó que el organismo mundial seguirá estudiando la situación.

Con respecto al anuncio de Israel de que suspenderá las negociaciones de paz debido a la reconciliación Fatah-Hamas, el portavoz reiteró el respaldo de la ONU a la hoja de ruta que culmina con la convivencia pacífica de dos Estados: Palestina e Israel.

“Robert Serry y el Secretario General, y otros altos funcionarios de Naciones Unidas continuarán trabajando con todas las partes para intentar garantizar que las negociaciones sigan adelante para alcanzar la solución de dos Estados”, subrayó Haq.

También indicó que la ONU se pondrá en contacto con los integrantes del Cuarteto Diplomático para Medio Oriente para analizar la situación a la luz de los nuevos eventos.

El coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Robert Serry, se reunió este jueves con el presidente de la Autoridad Palestina para hablar de los acontecimientos más recientes, incluido el acuerdo de unidad entre Fatah y Hamas.

Al término del encuentro con Abbas, explicó que este le había asegurado que ese compromiso incluye el reconocimiento de Israel, la prohibición del uso de la violencia y el respeto de los acuerdos anteriores.

También reafirmó su compromiso con las negociaciones de paz y con las manifestaciones pacíficas de la población. El coordinador especial de la ONU señaló que ese compromiso es esencial para unir Gaza y Cisjordania, en un proceso que incluye la celebración de elecciones.

Serry subrayó además la importancia de que las partes, en esta encrucijada clave, se abstengan de realizar acciones que puedan socavar las negociaciones con Israel.

 

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Secesionismo en el siglo XXI

Secesionismo en el siglo XXI

Secesionismo en el siglo XXI

En julio de 2011, Stephen Walt escribió un artículo en el que presentaba el nacionalismo como la fuerza política más poderosa del mundo actual. La afirmación hubiese sido correcta hace cien años; y mal que le pese a muchos teóricos de la globalización, la posmodernidad, y las teorías del “choque de civilizaciones”, tal vez continúe siéndolo. El nacionalismo –es decir, la idea de que el mundo se divide en culturas o naciones, y que esas naciones necesitan ver sus intereses y derechos salvaguardados por un Estado propio– continúa siendo una fuerza que condiciona las relaciones internacionales. Y también las intranacionales, como muestran los casos de Quebec, Cataluña, Escocia, Crimea y Chipre.

 En el primer caso, el secesionismo pierde fuelle. En las elecciones regionales del 7 de abril, el Parti Québécois (PQ), principal defensor de la independencia de la región francófona de Canadá, cosechó uno de los peores resultados en sus 44 años de historia. Tras una campaña confusa por parte de los independentistas, el Partido Liberal de Philippe Couillard ha derrotado a Pauline Marois, premier desde finales de 2012, que sólo obtuvo un 25% de los votos.

 El desgaste del independentismo en Canadá no acredita la inviabilidad de cualquier proyecto secesionista, sino el éxito de promover diálogo y flexibilidad desde el gobierno central. Como observa Stéphane Dion, líder opositor entre 2006 y 2008, oponerse a la independencia de Quebec no está reñido con aceptar la divisibilidad de Canadá: “nuestra identidad canadiense es demasiado valiosa como para apoyarse en otra cosa que el deseo de vivir juntos”. Al permitir Ottawa la celebración de dos referéndums de independencia (en 1980 y 1995, ambos ganados por los unionistas), la iniciativa ha caído por su propio peso. Con una base de apoyo menguante entre los jóvenes, el proyecto secesionista parece estar entrando en fase terminal.

 El caso de Quebec contrasta con el de Cataluña. En primer lugar, porque la dinámica generacional es la opuesta. La juventud catalana, más radicalizada que la de Quebec, ve en España poco más que una realidad administrativa. En segundo lugar, porque Madrid ha optado por el inmovilismo. “La falta de respuesta oficial, o contraoferta, o lo que sea, conlleva el peligro de mayor radicalización independentista”, observa Xavier Vidal-Folch. El gobierno parece incapaz de hacer otra cosa que enrocarse en ese patriotismo constitucional que propugnaba José María Aznar, y que resulta poco convincente, porque ni la Constitución es irreformable, ni el Estado de las Autonomías ha demostrado ser un modelo territorial especialmente eficaz.

 El problema, como apunta Josep Antoni Duran i Lleida, es político antes que jurídico. Negar la posibilidad de un referéndum en Cataluña es una estrategia muy limitada a largo plazo. “Ningún matrimonio puede sobrevivir declarando el divorcio ilegal”, señala Gideon Rachman en el Financial Times, contrastando la rigidez de Mariano Rajoy con la actitud de David Cameron en Escocia. En octubre de 2012, el primer ministro británico negoció con Alex Salmond, Ministro Principal de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés, la realización de un referéndum en septiembre de 2014. Aunque los unionistas se mantienen como pluralidad (46%, según una encuesta reciente), el alto porcentaje de indecisos (15%) aún puede decantar la balanza a favor de la secesión. De ser así, Escocia se separaría de Inglaterra tras 307 años de unión política.

 Las tensiones nacionalistas dentro de un país no siempre producen movimientos independentistas. Sirva como ejemplo Crimea, que ha solicitado la anexión a Rusia. Aunque la ruptura con Ucrania, celebrada el 16 de marzo, es de dudosa legalidad, la posición rusa goza de un respaldo pasivo considerable. En la votación de la Asamblea General de la ONU para declarar el referéndum ilegal, potencias como China, Brasil, India, y Suráfrica se abstuvieron. De sentar precedente, el caso de Crimea podría aplicarse a otras regiones, como el este de Ucrania o Transnistria en Moldavia. Las consecuencias serían profundamente desestabilizantes.

 Otro caso alternativo es el de Chipre, dividida desde 1974 en una mitad greco-chipriota y la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Turquía. El 11 de febrero, y tras una ruptura de dieciocho meses en el proceso de negociaciones, dirigentes de ambos lados de la isla se reunieron para negociar el proceso de reunificación. Tanto la comunidad griega como la turca reconocen que la actual situación, resultado de una guerra entre Grecia y Turquía en 1974, es inaceptable. La capital, Nicosia, está partida en dos por la línea divisoria entre ambas comunidades.

 Tanto Crimea como Chipre demuestran que el secesionismo no es la única forma en que las identidades nacionales generan tensiones dentro de un Estado. Pero ambos casos, al igual que los anteriores, apuntalan la noción de Walt: en el siglo XXI, el nacionalismo continúa sin perder su atractivo.

Para más información:

 Ignacio Sotelo, “España: un federalismo tan  necesario como improbable”, Política Exterior 111, mayo/junio 2006.

 Guy Laforest, “La identidad política de Canadá y la cuestión de Quebec”, Política Exterior 120, noviembre/diciembre 2007.

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¿Qué pasa cuando un Estado se declara independiente?

¿Qué pasa cuando un Estado se declara independiente?

¿Qué pasa cuando un Estado se declara independiente?

El mayor hincha de Bosnia y Herzegovina es de origen serbio. “Izet, Izet, Izet me arrodillo ante ti Izet… 2-1… Izet Hajrović… bienvenido al paraíso azul”. Así celebró el comentarista, Marjan Mijajlović, con la garganta rota, el gol contra Eslovaquia que significaba prácticamente la clasificación de Bosnia y Herzegovina para el mundial de Brasil. La independencia de Bosnia y Herzegovina y la guerra que le siguió marcaron su vida, pero dejó su sello en las exitosas retransmisiones de la selección bosnia de fútbol en su camino al Mundial de Brasil. Un reportero dijo: “Bosnia ganó este partido con un entrenador croata, un equipo de bosníacos y un comentarista serbio”. Sin embargo, algunos acusaron al comentarista de hablar con acento de Belgrado. Son las paradojas de un Estado dominado por tres mayorías étnicas (serbios, croatas y bosníacos). Mayorías que parecen integrarse en un equipo de fútbol, pero que parecen desintegrarse dentro de un Estado que se independizó en 1992.

Los últimos meses han hecho aflorar una vez más la cuestión del independentismo (Escocia, Cataluña, Kosovo, Flandes, Véneto…). Las causas del independentismo son varias y complejas, sin embargo, rara vez se reflexiona sobre sus consecuencias, si, como en el caso de Yugoslavia, efectivamente el independentismo se convierte en una realidad y el Estado se fragmenta en varios pedazos. A estos efectos busquemos qué tienen en común, más allá de sus hechos diferenciales, las repúblicas (y una provincia autónoma –Kosovo) ex yugoslavas una vez formaron sus propios Estados.

Un mundo en miniatura. Algo tan obvio no debe ser ignorado desde una óptica social: menos territorio, menos patrimonio, menos recursos, menos acontecimientos, menos interacción, menos estímulos, menos que compartir, menos personas con las que identificarse… el mundo se hace más pequeño porque las fronteras son más pequeñas.

La nación por encima de todo. La prioridad: crear nación. El dramaturgo kosovar Jeton Nezirajlo explica así: “En Kosovo únicamente la cultura que promueve la identidad nacional tiene sitio”. Todo aquello que no encaja en la nueva etnodemocracia no tiene espacio en la agenda pública. Un ejército nacional, una administración nacional, una economía nacional, una educación nacional, una cultura nacional, un futuro nacional. Un verdadero serbio, un verdadero croata o un verdadero bosníaco: el individuo queda ahogado por el peso del proyecto nacional, y la sociedad se reduce a los seguidores de la causa nacional y a los que no lo son.

Un país de enciclopedia. El Estado no mira hacia el futuro, sino que la elite gobernante e intelectual reciclan y revisan el pasado según sus intereses. Serbia, la Serbia imperial y post-otomana, Bosnia, sus tres genealogías religiosas (ortodoxa, musulmana y católica), Eslovenia, sus raíces europeas antibalcánicas, Macedonia, el Imperio de Alejandro Magno, Croacia, su experiencia como Reino de Croacia dentro de la Monarquía de los Habsburgo o como Estado independiente durante la II Guerra Mundial, o Montenegro, el Reino de Montenegro. El resultado es el recuerdo propagandístico de un país y de una sociedad que ya no existen, con la idea de resolver los problemas de un país y de una sociedad que todavía están por existir.

Vísteme despacio. Tantas promesas de amanecer nacional, como tiempo que transcurre sin que lo prometido se haga realidad. En el caso de los serbios la metáfora han sido cuatro pasaportes (SFRY, RFY, Serbia y Montenegro y Serbia), pero el resto de ciudadanos de la región también han visto como el reloj de arena de las reformas no terminaba de darse la vuelta. Una crisis que permanece sin que el modelo anterior termine de extinguirse ni el nuevo termine de asentarse. Las nuevas autoridades se excusan en las dificultades inherentes al propio proceso de reconstrucción nacional. Eso no estaba en el programa electoral independentista. Un resultado triple: la apatía como aptitud, el escepticismo como ideología y el descenso general de la calidad de vida.

Pequeños narcisismos de la diferencia. De una lengua común, inocua para casi todos, el serbocroata, al serbio, al croata, al bosnio y al montenegrino. En el mundo académico croata optaron por forzar sin éxito el vocabulario de antaño para distinguirse del serbio. Su vecino serbio optó por convertir el alfabeto cirílico en el único alfabeto oficial, ignorando que el alfabeto latínico es utilizado en toda la región. El montenegrino o el bosníaco se convirtieron en lenguas estándar, sin apenas reconocimiento entre sus vecinos. Como el idioma, también ocurrió lo mismo con el carácter, las costumbres o la religión: la ofuscación por marcar cuáles son los límites de la identidad nacional.

República de la denominación de origen. El origen nacional de las figuras cumbre de las ciencias, las artes, la política o los deportes se convirtió en motivo de discusión. No solo de personajes históricos: Njegoš, VukKaradžić, Ivo Andrić, Nikola Tesla, sino también de productos con sello nacional. La reivindicación del origen de la rakija, el ajvar, slatko, čvarci, gibanica, peleas interminables que dividen e instan al sentimiento nacional contra los vecinos. Ingentes recursos se han dedicado a la apropiación e instrumentalización de las celebridades nacionales, mientras que muchos menos se dedican a preservar y difundir su legado.

Pez pequeño. Mientras Croacia y Eslovenia fueron repúblicas económicamente fuertes dentro de Yugoslavia, hoy son economías periféricas, sujetas “a los términos comerciales de los países más poderosos”, como dice Carlos González Villa. Serbia, Macedonia y Bosnia y Herzegovina son identificados como los restos de un naufragio, y no como un despertar político, económico y cultural. Kosovo es visto como un protectorado internacional. Una vez desaparecida Yugoslavia, cada uno de estos Estados por sí solos no tiene recursos para ser influyentes a nivel internacional, ni en la esfera política ni en la esfera económica ni en la esfera cultural.

A pie cambiado. Los costes de las independencias se atenúan por la efervescencia psicológica de un nuevo proyecto, pero a la larga se encarecen por las limitaciones de una idea emancipada pero desconectada e inversa a la dinámica multipolar, poliédrica e interconectada del mundo actual. Cada vez más, los proyectos más ambiciosos son supranacionales, entre otras cosas, gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Al respecto: Camión gris de color rojo, Kajmak i marmelada, Bal-can-can, Parada, Falsifikator, etcétera: todas son películas que recurren a la yugoesfera y a los estereotipos heredados de Yugoslavia. Es así que la actual estabilidad regional es, en gran parte, debida al intercambio económico-cultural de base yugoslava —que fue el primer perjudicado con las independencias—, y que ha logrado sobrevivir pese a la realidad molesta de las actuales fronteras territoriales.

Los aires de la capital. Si los independentismos se fraguaron desde las capitales, esas mismas capitales dejaron de serlo de un país de más de 20 millones. Ahora son las capitales de países pequeños, prácticamente desconocidos para los extranjeros, pero también para sus propios habitantes. Los capitalinos se reunían con los capitalinos de las otras repúblicas, no con la periferia de su propia república. Si existe hoy una división de clases marcada dentro de estos países, es aquella que distingue los que son de la capital y los que no lo son. Las sociedades locales están todavía por encontrar su modelo de ciudadanía y armonía social. Paradójicamente, todavía están por conocerse aunque se declararan en su momento independientes.

Mismos problemas, otros culpables. La aventura independentista fue fruto de la degeneración y disfuncionalidad del Estado. Los mismos que le dieron la estocada final a Yugoslavia participaron en la fundación de nuevos países, reproduciendo la mala gestión que heredaron del Estado anterior, aunque a una escala menor. Yugoslavias más pequeñas. Los que antes eran yugoslavos imperfectos, ahora son croatas, serbios, eslovenos… también imperfectos. El resultado, aquello que les vinculaba: descenso de la calidad de vida, crisis de valores, movimientos nacionalistas y corrupción institucional, no se han neutralizado con las independencias, sino que ahora solo se tienen así mismos como culpables, y no a las otras repúblicas.

 

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Crimea: Does “The West“ Now Pay the Price for Kosovo?

Crimea: Does “The West“ Now Pay the Price for Kosovo?

There is a lingering sentiment on this blog (see the posts by Nico Krisch and Christian Marxsen) that “the Kosovo issue” has facilitated the blatant violations of international law recently committed by Russia with regard to Crimea (notably the unlawful annexation of that territory), and that “the West’s” behaviour in the Kosovo context now prevents clear condemnations and robust reactions towards these violations. That view has also been espoused elsewhere (see, e.g., Marcelo Kohen, “L’ Ukraine et le respect du droit international”, Le Temps, 13 March 2014 and Bruno Simma, “The West is hypocritical” (interview), Der Spiegel, 7 April 2014). The basic idea is that “the West” now pays the price for Kosovo, and that such a situation was predictable (and has been predicted) by those who now deplore it, and allows them to think (or even to say): “Well, we warned you from the beginning on, and this is now what comes out of it … so we were right”.

In this post, I would like to investigate the soundness of this position. We first have to ask what is meant by “the Kovoso issue”. Actually “Kosovo” refers to two events: not only to the sponsoring of Kosovo’s independence in 2008, but also to the possible unlawfulness of NATO’s military intervention of 1999. Both events were politically linked, and they concerned three different core norms of international law: the prohibition on the use of force, territorial integrity/inviolability of boundaries, and the self-determination of peoples.

In the Crimea crisis, all three norms are again at stake: Russia both relies on its right or even responsibility to intervene with military means to prevent human rights abuses committed against ethnic Russians and Russian citizens (humanitarian type /R2P-type intervention) and on the Crimean (or even Eastern Ukrainian) right to secession based on the right to self-determination whose exercise in Crimea led to a disruption of Ukrainian territorial integrity.

Did Russia abuse these norms? It did not abuse them in the technical sense of abus de droit. Abuse in its technical sense is present when a norm is being applied properly on its face, but with negative consequences which hurt the legal position of other actors, maybe unforeseen by the authors of the rule. This was not the case in the context of Crimea. So we are speaking of an abuse in a non-technical sense, more in the sense of distortion of facts and misapplication of norms (I will come back to this).

Generally speaking, the special character of the international legal system, namely the absence of a central authority to determine whether a rule really applied (or has been wrongly asserted), and the near-to-non-availability of robust sanctions requires us to be more vigilant towards the susceptibility to abuse of the norms of the system. So this is a problem of the international legal system at large.

This means that we should not favour international legal norms that are intrinsically easier or more prone to abuse (in that broad sense) than others. But are there norms which lend themselves more to abuse than others? Yes: Norms, which are so vague that they create large grey zones, or which have a lot of complicated exceptions, seem to be more prone to abuse than others. It is particularly difficult to tell whether they have been properly applied or whether they have just been asserted, although in reality they do not apply.

However, neither “humanitarian intervention” nor “remedial secession” is vaguer than typical norms of international law. They hinge on massive and persistent human rights violations, on the exhaustion of negotiations and on the failure of milder means. While there is of course a leeway when determining at what point these requirements are met (which type of human rights violations? How long must negotiations for a different solution been conducted, etc.?), this leeway is not unusually broad (in comparison to other norms of international law, e.g. most human rights provisions).

What is the alternative rule which the critics of “the West’s” behavior in Kosovo would have preferred to be upheld? It is the rule of strict state sovereignty, strict non-intervention, and strict territorial integrity, admitting neither a humanitarian intervention nor a remedial secession. But, importantly, this rule can also be abused (and has often been abused) by the territorial sovereign, by the government in power. Syria and Russia (with regard to Chechnya) are examples for this type of abuse.

Another point is that the argument of possible abuse is a purely formal one. Should this argument be allowed to override considerations of substance? A norm that is patently important, intuitively “right”, in conformity with the entire system of international law and accepted by all actors (such as the prohibition of genocide and the prohibition on the use of force) should – I submit – not be discarded simply because there is the possibility that one participant in the international legal system might fake facts and then (erroneously) apply that norm.

With regard to the Russian behavior in Crimea, three points merit attention. First, we must distinguish the fabrication of facts from wrong legal arguments. Russia to some extent distorted the relevant norms’ content (for example by misreading the ICJ’s Advisory Opinion in the Kosovo case and exaggerating its holding). The most important distortion is however a purely factual one. Russia claimed that there were widespread and systematic human rights violations of Ukrainians with Russian ethnicity which warrants secession and also Russian intervention. Because this is simply not true (as verified, e.g. by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the Human Rights Situation in Ukraine of 15 April 2014), the norms on which Russia relied did not apply. This was not a question of their vagueness or inconsistency.

Second, Russia did not respect the proper legal procedures. Even if the facts − which the Russian media had basically invented − had existed, Russia would still not have been entitled to intervene with military means to support the organization of an uninformed and unfree referendum which led to the territory’s request for joining Russia and the subsequent redrawing of state boundaries.

Third, Russia does not display any opinio iuris supporting a remedial secession of groups who are grossly discriminated against and politically maginalised, because it consistently denies this allowance to groups (e.g. Chechnyans) within its own state. This shows that the government’s reliance on legal arguments is not guided by any legal conviction but is purely strategic.

Does it matter, for our assessment of Russian action in Crimea, whether the NATO intervention in Serbia in 1999 without any Security Council mandate had been illegal, and Kosovo’s secession, too? Scholars’ and politicians’ opinion about the lawfulness of the intervention is divided. I tend to view it as a humanitarian intervention, exceptionally tolerable on higher grounds. A well respected expert report qualified it as “illegal but legitimate” (The Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report: Conflict, International Response, Lessons Learned (OUP, Oxford 2000), at 186).

The legal qualification of the Kosovo secession is again a different matter. Even if the Kosovo intervention is deemed unlawful, this was too remote to legally taint the Kosovar declaration of independence of 2008. The consent of Yugoslavia (Serbia) to resolution 1224 and the ensuing legal framework erected a legal firewall between the prior possible violations of the prohibition on the use of force and the Kosovo secession nine years later. So the secession must be assessed on its own merits. I tend to qualify it as a “remedial” secession which was exceptionally justified on account of blatant human rights violations, political marginalisation, persistent denial of internal self-determination of Kosovar Albanians, and as the only way out of a stalemate.

Even those who accept the legitimacy or even legality of the NATO intervention and of the secession under international law must admit that this was not a clear case, but a hard one, bordering on illegality and/or constituting a development of international law. The “non-precedence-talk” by Western actors can halt such a development – if at all – only to the extent that it prevents the ascription of an opinio iuris to those actors. However, the acknowledgment that there was, at those points in time, probably no clear-cut rule, but only one-in-the-making, does not absolve us from making proper legal distinctions. And the common wisdom that the interpretation and possible development of international law is (inter alia) guided by political, including geo-strategic, interests, does not absolve us from this either.

On the contrary premise that either (or both) the Kosovo intervention or the Kosovo secession was illegal, we indeed have a problem of credibility. Actors who breached the law in a previous case sound hypocritical when they point their finger to another actor’s violations of the law. This is not only a matter of politics, but raises the legal problem of double standards. Applying double standards is extremely pernicious for the rule of law and fairness. One of the core elements of the rule of law is the principle that like cases must be treated alike. However, the principle of equal treatment can not apply in the realm of unlawful behaviour, because this would condemn the supervising actors to perpetuate unlawfulness.

Also, the principle of tu quoque does not apply to serious violations relating to norms on the protection of the human person (cf. the expression of this principle in Art. 60(5) VCLT) – and these are (inter alia) the ones at stake here.

All things considered, even if the Kosovo intervention and/or the Kosovo secession were unlawful (a view which I do not espouse), this would not “undo” in any way the unlawfulness of Russian action.

A final observation: Does it matter whether a legal norm is prone to abuse specifically by powerful players, and does it matter how great the temptation and probability of such an abuse is? From a formal legal point of view, no. The formal rule is the principle of state equality. All states are in an equal way obliged to respect international law, which means that all states are legally prevented from fabricating facts and wrongly applying norms to those facts. That other participants in the system will hesitate to criticize and sanction a powerful law-breaker does not alter this principle.

From a legal policy point of view, these factors may of course be taken into account. However, lawyers should not, in an act of anticipating resignation towards power politics, refrain from upholding the rule. It is their job to do that, because others will do the rest anyway.

 

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Crimea: Does “The West“ Now Pay the Price for Kosovo?

Crimea: Does “The West“ Now Pay the Price for Kosovo?

EJILThere is a lingering sentiment on this blog (see the posts by Nico Krisch and Christian Marxsen) that “the Kosovo issue” has facilitated the blatant violations of international law recently committed by Russia with regard to Crimea (notably the unlawful annexation of that territory), and that “the West’s” behaviour in the Kosovo context now prevents clear condemnations and robust reactions towards these violations. That view has also been espoused elsewhere (see, e.g., Marcelo Kohen, “L’ Ukraine et le respect du droit international”, Le Temps, 13 March 2014 and Bruno Simma, “The West is hypocritical” (interview), Der Spiegel, 7 April 2014). The basic idea is that “the West” now pays the price for Kosovo, and that such a situation was predictable (and has been predicted) by those who now deplore it, and allows them to think (or even to say): “Well, we warned you from the beginning on, and this is now what comes out of it … so we were right”.

In this post, I would like to investigate the soundness of this position. We first have to ask what is meant by “the Kovoso issue”. Actually “Kosovo” refers to two events: not only to the sponsoring of Kosovo’s independence in 2008, but also to the possible unlawfulness of NATO’s military intervention of 1999. Both events were politically linked, and they concerned three different core norms of international law: the prohibition on the use of force, territorial integrity/inviolability of boundaries, and the self-determination of peoples.

In the Crimea crisis, all three norms are again at stake: Russia both relies on its right or even responsibility to intervene with military means to prevent human rights abuses committed against ethnic Russians and Russian citizens (humanitarian type /R2P-type intervention) and on the Crimean (or even Eastern Ukrainian) right to secession based on the right to self-determination whose exercise in Crimea led to a disruption of Ukrainian territorial integrity.

Did Russia abuse these norms? It did not abuse them in the technical sense of abus de droit. Abuse in its technical sense is present when a norm is being applied properly on its face, but with negative consequences which hurt the legal position of other actors, maybe unforeseen by the authors of the rule. This was not the case in the context of Crimea. So we are speaking of an abuse in a non-technical sense, more in the sense of distortion of facts and misapplication of norms (I will come back to this).

Generally speaking, the special character of the international legal system, namely the absence of a central authority to determine whether a rule really applied (or has been wrongly asserted), and the near-to-non-availability of robust sanctions requires us to be more vigilant towards the susceptibility to abuse of the norms of the system. So this is a problem of the international legal system at large.

This means that we should not favour international legal norms that are intrinsically easier or more prone to abuse (in that broad sense) than others. But are there norms which lend themselves more to abuse than others? Yes: Norms, which are so vague that they create large grey zones, or which have a lot of complicated exceptions, seem to be more prone to abuse than others. It is particularly difficult to tell whether they have been properly applied or whether they have just been asserted, although in reality they do not apply.

However, neither “humanitarian intervention” nor “remedial secession” is vaguer than typical norms of international law. They hinge on massive and persistent human rights violations, on the exhaustion of negotiations and on the failure of milder means. While there is of course a leeway when determining at what point these requirements are met (which type of human rights violations? How long must negotiations for a different solution been conducted, etc.?), this leeway is not unusually broad (in comparison to other norms of international law, e.g. most human rights provisions).

What is the alternative rule which the critics of “the West’s” behavior in Kosovo would have preferred to be upheld? It is the rule of strict state sovereignty, strict non-intervention, and strict territorial integrity, admitting neither a humanitarian intervention nor a remedial secession. But, importantly, this rule can also be abused (and has often been abused) by the territorial sovereign, by the government in power. Syria and Russia (with regard to Chechnya) are examples for this type of abuse.

Another point is that the argument of possible abuse is a purely formal one. Should this argument be allowed to override considerations of substance? A norm that is patently important, intuitively “right”, in conformity with the entire system of international law and accepted by all actors (such as the prohibition of genocide and the prohibition on the use of force) should – I submit – not be discarded simply because there is the possibility that one participant in the international legal system might fake facts and then (erroneously) apply that norm.

With regard to the Russian behavior in Crimea, three points merit attention. First, we must distinguish the fabrication of facts from wrong legal arguments. Russia to some extent distorted the relevant norms’ content (for example by misreading the ICJ’s Advisory Opinion in the Kosovo case and exaggerating its holding). The most important distortion is however a purely factual one. Russia claimed that there were widespread and systematic human rights violations of Ukrainians with Russian ethnicity which warrants secession and also Russian intervention. Because this is simply not true (as verified, e.g. by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the Human Rights Situation in Ukraine of 15 April 2014), the norms on which Russia relied did not apply. This was not a question of their vagueness or inconsistency.

Second, Russia did not respect the proper legal procedures. Even if the facts − which the Russian media had basically invented − had existed, Russia would still not have been entitled to intervene with military means to support the organization of an uninformed and unfree referendum which led to the territory’s request for joining Russia and the subsequent redrawing of state boundaries.

Third, Russia does not display any opinio iuris supporting a remedial secession of groups who are grossly discriminated against and politically maginalised, because it consistently denies this allowance to groups (e.g. Chechnyans) within its own state. This shows that the government’s reliance on legal arguments is not guided by any legal conviction but is purely strategic.

Does it matter, for our assessment of Russian action in Crimea, whether the NATO intervention in Serbia in 1999 without any Security Council mandate had been illegal, and Kosovo’s secession, too? Scholars’ and politicians’ opinion about the lawfulness of the intervention is divided. I tend to view it as a humanitarian intervention, exceptionally tolerable on higher grounds. A well respected expert report qualified it as “illegal but legitimate” (The Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report: Conflict, International Response, Lessons Learned (OUP, Oxford 2000), at 186).

The legal qualification of the Kosovo secession is again a different matter. Even if the Kosovo intervention is deemed unlawful, this was too remote to legally taint the Kosovar declaration of independence of 2008. The consent of Yugoslavia (Serbia) to resolution 1224 and the ensuing legal framework erected a legal firewall between the prior possible violations of the prohibition on the use of force and the Kosovo secession nine years later. So the secession must be assessed on its own merits. I tend to qualify it as a “remedial” secession which was exceptionally justified on account of blatant human rights violations, political marginalisation, persistent denial of internal self-determination of Kosovar Albanians, and as the only way out of a stalemate.

Even those who accept the legitimacy or even legality of the NATO intervention and of the secession under international law must admit that this was not a clear case, but a hard one, bordering on illegality and/or constituting a development of international law. The “non-precedence-talk” by Western actors can halt such a development – if at all – only to the extent that it prevents the ascription of an opinio iuris to those actors. However, the acknowledgment that there was, at those points in time, probably no clear-cut rule, but only one-in-the-making, does not absolve us from making proper legal distinctions. And the common wisdom that the interpretation and possible development of international law is (inter alia) guided by political, including geo-strategic, interests, does not absolve us from this either.

On the contrary premise that either (or both) the Kosovo intervention or the Kosovo secession was illegal, we indeed have a problem of credibility. Actors who breached the law in a previous case sound hypocritical when they point their finger to another actor’s violations of the law. This is not only a matter of politics, but raises the legal problem of double standards. Applying double standards is extremely pernicious for the rule of law and fairness. One of the core elements of the rule of law is the principle that like cases must be treated alike. However, the principle of equal treatment can not apply in the realm of unlawful behaviour, because this would condemn the supervising actors to perpetuate unlawfulness.

Also, the principle of tu quoque does not apply to serious violations relating to norms on the protection of the human person (cf. the expression of this principle in Art. 60(5) VCLT) – and these are (inter alia) the ones at stake here.

All things considered, even if the Kosovo intervention and/or the Kosovo secession were unlawful (a view which I do not espouse), this would not “undo” in any way the unlawfulness of Russian action.

A final observation: Does it matter whether a legal norm is prone to abuse specifically by powerful players, and does it matter how great the temptation and probability of such an abuse is? From a formal legal point of view, no. The formal rule is the principle of state equality. All states are in an equal way obliged to respect international law, which means that all states are legally prevented from fabricating facts and wrongly applying norms to those facts. That other participants in the system will hesitate to criticize and sanction a powerful law-breaker does not alter this principle.

From a legal policy point of view, these factors may of course be taken into account. However, lawyers should not, in an act of anticipating resignation towards power politics, refrain from upholding the rule. It is their job to do that, because others will do the rest anyway.

 

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CIDH presenta Informe Anual

CIDH presenta Informe Anual

CIDH

INFORME FINAL

23 de abril de 2014. Washington, DC – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy su Informe Anual 2013. Los seis capítulos del Informe Anual tienen el objeto de ofrecer información accesible, completa y relevante a todos los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos acerca de su trabajo y recursos, dentro del contexto del Plan Estratégico de la Comisión, a fin de promover el cumplimiento de sus decisiones, asegurar el acceso a las víctimas, administrar de manera eficiente el sistema de peticiones, mantenerse actualizada de la situación de derechos humanos en la región, responder a las necesidades de grupos históricamente marginados, promover los derechos humanos, incentivar la universalización, publicitar su trabajo y buscar recursos para cumplir con su mandato.

“El Informe Anual no sólo es un mecanismo para dar cuenta de lo que hacemos, sino que además es un informe sustantivo sobre la situación de los derechos humanos en las Américas y un importante mecanismo mediante el cual la Comisión identifica las mejores prácticas estatales y continúa el diálogo respectivo, además de analizar los desafíos regionales en las Américas,” dijo la Presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, al presentar el Informe ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA.

El Informe Anual de 2013 es el primero que se prepara de acuerdo a los lineamientos del Reglamento modificado de la CIDH, cuyos cambios sustantivos entraron en vigencia el 1º de agosto de 2013. Dichas reformas tuvieron lugar en el contexto de un dialogo abierto y constructivo, y del proceso de fortalecimiento respecto del SIDH que tuvo lugar entre 2011 y 2013, liderado por el Consejo Permanente y la Comisión.

El informe consta de seis capítulos. El Capítulo I ofrece un panorama general de las actividades de la Comisión durante el año. El Capítulo II analiza el sistema de casos y peticiones y las medidas cautelares. En 2013, la Comisión recibió y registro más de 2.000 peticiones, la cifra más elevada en la última década. La Comisión sigue dedicando esfuerzos para acortar el periodo de evaluación inicial y priorizar la primera respuesta al peticionario, así como la notificación al Estado en cuestión. Del total de peticiones revisadas en 2013, el 83% no fue abierto a trámite, mientras que el 17% sí lo fue. A finales de 2013, la Comisión tenía aproximadamente 1.753 casos en las etapas de admisibilidad y fondo. Sumado a ello, durante 2013 la Comisión recibió 400 solicitudes de medidas cautelares, 26 de las cuales fueron otorgadas; por otra parte, la Comisión no otorgó 64 de ellas. La mayor parte de las demás solicitudes se hallan en la etapa de solicitar información y aguardar la respuesta, respectivamente, de los peticionarios o de los Estados.

El Capítulo III, cuyo contenido es nuevo, está dedicado a las actividades de los Relatores Temáticos, lo que otorga mayor visibilidad al continuo trabajo que realizan las y los siete miembros de la Comisión como Relatoras y Relatores. La Sección A del Capítulo IV, por primera vez, ofrece un panorama anual de la situación de los derechos humanos en el hemisferio; por otra parte, la Sección B incluye informes especiales sobre la situación de algunos Estados Miembros. La Sección B refleja la cuidadosa aplicación por parte de la CIDH de los criterios, métodos y procedimientos identificados en el Reglamento reformado. Se halla implícito en este capítulo un nuevo mecanismo que permite a la CIDH supervisar de manera más diligente la situación de un país incluido en el Capítulo IV.B y apoyar los esfuerzos estatales para atenderla mediante una visita de investigación in loco, seguida del respectivo informe. El Capítulo V se ha diseñado para efectuar el Seguimiento de las recomendaciones formuladas en informes sobre países adoptados con anterioridad, mientras que el Capítulo VI ofrece información sobre desarrollo institucional y la administración de la Comisión.

El Capítulo IV.A ofrece, como parte del mandato de monitoreo de la Comisión, un panorama de la situación de los derechos humanos en el hemisferio durante 2013. En este contexto, destaca cuatro asuntos de preocupación en el hemisferio en 2013: el derecho a la libertad personal de las personas privadas de libertad en Guantánamo, la situación de la libertad de expresión en Ecuador, el derecho a la nacionalidad y a la no discriminación en República Dominicana, y la independencia del Poder Judicial en la región. Asimismo, el Capítulo IV.A examina los avances y desafíos respecto de la ratificación universal de los tratados interamericanos y la incorporación de estándares interamericanos en el derecho interno, además de ofrecer una reseña de leyes para el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos y la efectiva implementación de las respectivas decisiones y recomendaciones.

La Presidenta Robinson destacó que “la ratificación promueve la integración de los objetivos de la OEA y asegura que todas las personas en las Américas gocen de la máxima protección de sus derechos”.

El Capítulo IV.B incluye informes especiales que la Comisión considera necesarios respecto de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros y analiza la situación en Cuba, Honduras y Venezuela. Esta sección ha sido preparada de acuerdo con los criterios específicos y la metodología detallada en la reforma al Reglamento. Estos informes se basan en la mejor información disponible y aseguran que el Estado ha tenido la oportunidad de responder al análisis detallado y de proporcionar información adicional.

Respecto de Cuba, la Comisión llama la atención sobre las restricciones a los derechos políticos y de asociación, libertad de expresión, circulación libre de ideas, falta de elecciones, falta de independencia del Poder Judicial, así como restricciones a la libertad de movimiento, que durante décadas han generado una situación permanente y sistémica de violación de los derechos humanos de los y las habitantes de Cuba. La información disponible indica que en el curso del año 2013 la situación general de los derechos humanos no ha cambiado y que la severa represión y restricción hacia las y los defensores de derechos humanos persisten. En este informe, la Comisión reitera su preocupación sobre el impacto del embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba en los derechos humanos de los y las habitantes de Cuba, aunque destaca que esto no exime al Estado de sus obligaciones internacionales establecidas en la Declaración Americana.

En relación con Honduras, la Comisión recibió información durante el año 2013 que apunta a la persistencia de situaciones estructurales que afectan seriamente el uso y goce de los derechos fundamentales. Si bien reconoce los esfuerzos por parte del Estado para abordar temas específicos, la Comisión expresa su especial preocupación sobre la situación de seguridad ciudadana, independencia del Poder Judicial y otras ramas del gobierno, debilidades en la administración de justicia que se reflejan en altos niveles de violencia e impunidad, y la discriminación y marginalización de segmentos de la sociedad. Según la Comisión, con posterioridad al golpe de estado de 2009, las instituciones democráticas continúan siendo frágiles. La Comisión está comprometida en apoyar al Estado en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos.

En relación con Venezuela, la Comisión reconoce los esfuerzos emprendidos por el Estado para reducir la desigualdad social. Este informe especial destaca una preocupación persistente sobre un pilar de la democracia – la independencia del poder judicial. Este informe también identifica preocupaciones sobre la integridad del sistema de justicia penal, obstáculos que los defensores de derechos humanos enfrentan para llevar a cabo su labor, y limitaciones a la libertad de expresión. La Comisión lamenta de forma profunda la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, que entró en vigor en 2013. Pese a que la CIDH reconoce como positiva la participación del Estado en las audiencias en cada periodo de sesiones, en el contexto de la jurisdicción de la Comisión establecida por la Carta de la OEA y la Declaración Americana, la CIDH exhorta a Venezuela a revisar su decisión, que elimina para las personas de dicho país la posibilidad de un mecanismo de defensa para proteger sus derechos humanos, y limita los recursos disponibles para estos efectos.

El Capítulo IV destaca los desafíos graves que la Comisión enfrenta en términos de recursos humanos y financieros. La Comisión agradeció la decisión de la OEA de incrementar de forma modesta su asignación de los fondos generales. Ello constituye una demostración de apoyo a la defensa y promoción de los derechos humanos, ya que el presupuesto general de la organización absorbió una reducción durante el año pasado.

“La Carta de la OEA describe la misión histórica de las Américas como la de ofrecer a todos los seres humanos una tierra de libertad y un ambiente favorable para desarrollar su personalidad y realizar sus aspiraciones justas. Al proteger y promover los derechos humanos, la Comisión Interamericana ha acompañado a los Estados Miembros en esta misión regional por aproximadamente la mitad de un siglo”, dijo la Presidenta Robinson ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos.

“En el Informe Anual de 2013, los Estados deben notar la atención que la Comisión ha prestado a las recomendaciones adoptadas por los Estados sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Deben también reconocer el llamado de la Comisión a los Estados a construir y fortalecer el sistema mediante su cumplimiento con las recomendaciones y decisiones de sus órganos, la ratificación de los instrumentos interamericanos de derechos humanos, y el ofrecerle más para desempeñar su trabajo,” ella agregó.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Press Release 43/14
IACHR Presents Annual Report

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La ONU denuncia el asesinato de cientos de civiles en Sudán del Sur

La ONU denuncia el asesinato de cientos de civiles en Sudán del Sur

La ONU denuncia el asesinato de cientos de civiles en Sudán del SurLos rebeldes sursudaneses asesinaron a cientos de civiles cuando entraron en la ciudad petrolera de Bentiu, capital del estado septentrional de Unidad, los pasados 15 y 16 de abril. La misión de Naciones Unidas en el país (UNMISS) ha denunciado este lunes en un comunicado que entre las víctimas hay sursudaneses y extranjeros, y que los insurgentes perpetraron la matanza basándose en criterios étnicos y de nacionalidad.

 Los insurgentes mataron al menos a 200 personas e hirieron a otras 400 solo en la mezquita de Kali-Ballee, donde habían buscado refugio numerosos civiles. Los rebeldes —miembros del Ejército Popular de Liberación de Sudán en la Oposición— hicieron lo mismo en una iglesia católica y en el complejo vacío del Programa Mundial de Alimentos (PMA), donde acabaron con la vida de un número indeterminado de civiles que se habían refugiado en ellas. Entre sus objetivos había distintas tribus y ciudadanos procedentes de la región sudanesa de Darfur.

 Toby Lanzer, el más importante dirigente de la ONU en el país, ha declarado a la agencia France Presse tras su visita a la ciudad que vio “cosas terribles. Había pilas de cuerpos amontonados por las calles en las que fueron ejecutados. La mayoría vestidos de civil”.

 Los investigadores de la ONU han explicado que después de que los rebeldes conquistaron la ciudad el pasado martes, hasta aquel entonces bajo el control de las fuerzas gubernamentales, estuvieron buscando en los siguientes dos días a todos los que creían en su contra.

 Las fuerzas de Naciones Unidas están fotografiando los cadáveres antes de que se entierren, ha añadido Lanzer, y están grabando vídeos que muestran excavadoras cargadas con cuerpos.

 Ateny Wek Ateny, portavoz del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha confirmado el balance de muertos y ha asegurado que el Ejército sursudanés ha enviado un contingente para proteger las instalaciones de la misión de Naciones Unidas.

 La matanza de la semana pasada se añade al ataque perpetrado el pasado jueves por hombres armados contra una una base de la ONU en la localidad de Bor, en el que murieron 48 civiles alojados en el eidificio.

 El conflicto que estalló en Sudán del Sur en diciembre pasado adquirió pronto un tinte étnico debido a que el presidente, Salva Kir, pertenece a la tribu Dinka, y el exvicepresidente y líder rebelde, Riak Machar, a la Nuer. Los rebeldes, sin embargo, atacaron también a civiles Nuer, entre ellos mujeres y niños, que se negaron a participar en las celebraciones por la victoria insurgente.

 La UNMISS ha explicado que ha ayudado a cientos de civiles a huir de Bentiu y que miles fueron escoltados hasta la base del organismo internacional en la zona, donde actualmente están refugiadas 12.000 personas.

 En su nota, la misión de la ONU ha subrayado también a los llamamientos hechos por algunos líderes rebeldes en la radio local para instigar a la violencia, y ha pedido que se investiguen los crímenes cometidos.

 El conflicto, en el que han muerto miles de personas, ha puesto al borde de la guerra civil al joven país, independizado de Sudán en 2011, después de que en diciembre pasado el presidente acusara a Machar de intentar dar un golpe de Estado.

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