Amnesty pide que juzguen a Bush por crímenes de lesa humanidad
La organización pidió que otros países tomen la iniciativa si los Estados Unidos no inicia una investigación.
Amnesty International (AI) reclamó a los Estados Unidos que abra una investigación sobre la responsabilidad del ex presidente George W. Bush y otras autoridades del país en la aplicación de torturas –“técnicas mejoradas para interrogatorios”, como las llamó el ex titular de la Casa Blanca en su libro de memorias–, y otras formas inhumanas de trato a prisioneros sospechosos de haber cometido algún delito. “Según la jurisprudencia internacional, cualquier implicado en torturas debe ser sometido a la justicia, y eso no excluye a Bush. Si se confirma su confesión, los Estados Unidos están obligados a procesarlo”, dijo el director adjunto de la organización defensora de los Derechos Humanos, Claudio Cordone.
La entidad se pronunció así tras conocer las confesiones del ex presidente en su libro de memorias Decision Points, que salió a la venta el martes después de que, con anterioridad, los medios revelaran algunos detalles. En esas memorias, así como en una entrevista para promover el libro concedida a la cadena NCB News, Bush admitió su responsabilidad en la aplicación de prácticas de “asfixia simulada” (submarino seco) y otras técnicas de tortura con los “detenidos de alto valor”. Según AI, “la confesión del ex presidente de haber autorizado actos que suponen torturas es suficiente para poner en práctica las obligación de Estados Unidos de investigar los permisos que conceden sus mandatarios”.
De confirmarse sus palabras, además, AI asegura que eso es motivo suficiente para “llevarlo ante los tribunales”. En una declaración de inusual dureza, señala que las confesiones del ex presidente “ponen en evidencia, una vez más, la falta de un sistema capaz de juzgar los crímenes bajo la ley internacional de tortura y las desapariciones forzadas cometidas por Estados Unidos”, país que en 1994 ratificó la Convención contra la Tortura y el Castigo o Trato Inhumano, Degradante o Cruel. La UNCAT, según su sigla inglesa, fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La convención establece que en cualquier caso en el que existan pruebas contra una persona incursa en forma directa en casos de tortura, o de una complicidad o participación en esos actos, la misma debe ser llevada ante los tribunales. Por ello, AI reclamó que, si los Estados Unidos no abren una investigación sobre el tema, otros países tomen la iniciativa y lleven a cabo sus propias averiguaciones.
La entidad se pronunció así tras conocer las confesiones del ex presidente en su libro de memorias Decision Points, que salió a la venta el martes después de que, con anterioridad, los medios revelaran algunos detalles. En esas memorias, así como en una entrevista para promover el libro concedida a la cadena NCB News, Bush admitió su responsabilidad en la aplicación de prácticas de “asfixia simulada” (submarino seco) y otras técnicas de tortura con los “detenidos de alto valor”. Según AI, “la confesión del ex presidente de haber autorizado actos que suponen torturas es suficiente para poner en práctica las obligación de Estados Unidos de investigar los permisos que conceden sus mandatarios”.
De confirmarse sus palabras, además, AI asegura que eso es motivo suficiente para “llevarlo ante los tribunales”. En una declaración de inusual dureza, señala que las confesiones del ex presidente “ponen en evidencia, una vez más, la falta de un sistema capaz de juzgar los crímenes bajo la ley internacional de tortura y las desapariciones forzadas cometidas por Estados Unidos”, país que en 1994 ratificó la Convención contra la Tortura y el Castigo o Trato Inhumano, Degradante o Cruel. La UNCAT, según su sigla inglesa, fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La convención establece que en cualquier caso en el que existan pruebas contra una persona incursa en forma directa en casos de tortura, o de una complicidad o participación en esos actos, la misma debe ser llevada ante los tribunales. Por ello, AI reclamó que, si los Estados Unidos no abren una investigación sobre el tema, otros países tomen la iniciativa y lleven a cabo sus propias averiguaciones.
[via ElArgentino.com]