sábado, abril 13, 2024

CASO RELATIVO A LA CONTROVERSIA TERRITORIAL (JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA/CHAD) – Fallo de 3 de febrero de 1994 – Corte Internacional de Justicia

CASO RELATIVO A LA CONTROVERSIA TERRITORIAL (JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA/CHAD)

Libia v. Chad

Sentencia

3 de febrero de 1994

 

Presidente Sir Robert Jennings;
Vicepresidente Oda;
Jueces: Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabud-deen, Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola, Herczegh;
Jueces ad hoc: Sette-Camara, Abi-Saab

Representado por: Libia: Excmo. Sr. Abdulati Ibrahim El-Obeidi, Embajador, en calidad de Agente;
Sr. Kamel H. El Maghur, miembro del Colegio de Abogados de Libia; Sr. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A., Whewell Professor emeritus, Universidad de Cambridge, Sr. Philippe Cahier, Profesor de Derecho Internacional, Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, Universidad de Ginebra, Sr. Luigi Condorelli, Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Ginebra;
Sr. James R. Crawford, Profesor Whewell de Derecho Internacional, Universidad de Cambridge;
Sr. Rudolf Dolzer, Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Mannheim;
Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C.;
Sr. Walter D. Sohier, miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York y del Distrito de Columbia, en calidad de Consejeros y Abogados;
Sr. Timm T. Riedinger, Rechtsanwalt, Frere Cholmeley, París;
Sr. Rodman R. Bundy, avocat a la Cour, Frere Cholmeley, París;
Sr. Richard Meese, avocat a la Cour, Frere Cholmeley, París;
Srta. Loretta Malintoppi, avocat a la Cour, Frere Cholmeley, París; Srta. Azza Maghur, miembro del Colegio de Abogados de Libia, como Letrada;
Sr. Scott B. Edmonds, cartógrafo, Maryland Cartographies, Inc; Sr. Bennet À. Ìîå, Cartógrafo, Maryland Cartographies, Inc;
Sr. Robert C. Rizzutti, Cartógrafo, Maryland Cartographies, Inc,
como expertos;

Chad: Rector Abderahman Dadi, Director de la Ecole nationale d’administration et de magistrature de N’Djamena, en calidad de Agente;
S.E. Sr. Mahamat Ali-Adoum, antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Chad, como Co-Agente;
S.E. D. Ahmad Allam-Mi, Embajador de la República de Chad en Francia;
S.E. D. Ramadane Barma, Embajador de la República de Chad en Bélgica y los Países Bajos, como Asesores;
D. Alain Pellet, Profesor de la Universidad de París X-Nanterre y del Institut d’etudes politiques de París, en calidad de Agente adjunto, Consejero y Abogado;
Sr. Antonio Cassese, Profesor de Derecho Internacional en el Instituto Universitario Europeo de Florencia;
Sr. Jean-Pierre Col, Profesor en la Universidad de París I (Pantheon-Sorbonne);
Sr. Thomas M. Franck, Profesor Becker de Derecho Internacional y Director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Nueva York,
Sra. Rosalyn Higgins, Q.C., Profesora de Derecho Internacional, Universidad de Londres, en calidad de Consejeros y Abogados;
Sr. Malcolm N. Shaw, Ironsides Ray and Vials Professor of Law, Universidad de Leicester, Miembro del Colegio de Abogados inglés, Sr. Jean-Marc Sorel, Profesor de la Universidad de Rennes, como Abogados;
Sr. Jean Gateaud, ingenieur general geographe honoraire, como Consejero y Cartógrafo;
Sr. Jean-Pierre Mignard, Abogado del Tribunal de Apelación de París. Sr. Marc Sassen, Abogado y Asesor Jurídico, La Haya, como Consejero;
Sra. Margo Baender, Asistente de Investigación, Centro de Estudios Internacionales, Universidad de Nueva York, Sr. Olivier Corten, Asistente en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bruselas ;
Sr. Renaud Dehousse, Asistente Senior en el Instituto Universitario Europeo, Florencia; Sr. Jean-Marc Thouvenin, adjunto temporal de enseñanza e investigación en la Universidad de París X-Nanterre, Sr. Joseph Tjop, adjunto temporal de enseñanza e investigación en la Universidad de París X-Nanterre, en calidad de asesores y asistentes de investigación;
Sra. Rochelle Fenchel;
Sra. Susan Hunt;
Srta. Florence Jovis;
Sra. Mireille Jung;
Sra. Martine Soulier-Moroni.

[p7]

La Corte,

compuesto como arriba,

después de deliberar,

dicta la siguiente Sentencia:

1. El 31 de agosto de 1990, el Gobierno de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista (en adelante denominada “Libia”), haciendo referencia al párrafo 1 del artículo 40 del Estatuto de la Corte presentó en la Secretaría una notificación de un acuerdo titulado “Acuerdo marco [Accord-Cadre] sobre el arreglo pacífico [p9] de la controversia territorial entre la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista y la República del Chad” (en adelante denominado el “Accord-Cadre”), hecho en las lenguas árabe y francesa en Argel el 31 de agosto de 1989. A dicha notificación se adjuntó una copia certificada del Accord-Cadre. 2.

El texto del Accord-Cadre, registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas en virtud del artículo 102 de la Carta, y notificado a la Organización de la Unidad Africana, es el siguiente: “La gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista y la República del Chad,
Sobre la base, por una parte, de las resoluciones de la Organización de la Unidad Africana (OUA), en particular la resolución AHG/Res.6 (XXV) sobre la controversia territorial Libia/Chad y, por otra parte, de los principios fundamentales de las Naciones Unidas, a saber: – el arreglo pacífico de las controversias internacionales
– la igualdad soberana de todos los Estados
– la no utilización de la fuerza o de la amenaza de la fuerza en las relaciones entre Estados
– el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial de cada Pizarra
– la no injerencia en los asuntos internos; Resueltos a resolver pacíficamente su disputa territorial,

Deciden celebrar el presente acuerdo: Artículo I.

Las dos Partes se comprometen a resolver en primer lugar su diferendo territorial por todos los medios políticos, incluida la conciliación, en un plazo aproximado de un año, a menos que los Jefes de Estado decidan otra cosa. Artículo II.

A falta de solución política de su diferendo territorial, las dos Partes se comprometen a:
(a) a someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia;
(b) a tomar medidas concomitantes con el arreglo judicial, retirando las fuerzas de los dos países de las posiciones que ocupaban el 25 de agosto de 1989 en la región en litigio, bajo la supervisión de una comisión de observadores africanos, y a abstenerse de establecer cualquier nueva presencia, bajo cualquier forma, en dicha región;
(c) a proceder a dicha retirada a las distancias que se acuerden;
(d) observar dichas medidas concomitantes hasta que la Corte Internacional de Justicia dicte sentencia definitiva sobre la disputa territorial.

Artículo 3. Todos los prisioneros de guerra serán liberados.

Artículo 4. La gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista y la República del Chad reiteran sus decisiones relativas al alto el fuego establecido entre ellas y se comprometen además a desistir de cualquier tipo de hostilidad y, en particular, a:

(a) desistir de cualquier campaña hostil en los medios de comunicación;
(b) abstenerse de interferir directa o indirectamente, de cualquier forma, con cualquier pretexto y en cualquier circunstancia, en los asuntos internos y externos de sus respectivos países.

(c) abstenerse de prestar cualquier tipo de apoyo político, material, financiero o militar a las fuerzas hostiles de cualquiera de los dos países;
(d) proceder a la firma de un tratado de amistad, buena vecindad y cooperación económica y financiera entre los dos países.

Artículo 5. Las dos Partes deciden crear una Comisión Mixta encargada de adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación del presente Acuerdo y de velar por que se tomen todas las medidas necesarias a tal efecto.

Artículo 6. Se solicitará al Comité ad hoc de la Organización para la Unidad Africana sobre el contencioso Libia/Chad que supervise la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo. Artículo 7.

La gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista y la República del Chad se comprometen a notificar el presente Acuerdo a las Naciones Unidas y a la Organización de la Unidad Africana. Artículo 8. Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma.” 3.

En su notificación al Tribunal, el Gobierno libio declaró, entre otras cosas, lo siguiente: “Las negociaciones mencionadas en el artículo 1 del Acuerdo-Cuadro no han logrado resolver la disputa territorial entre las Partes. . . y no se ha alcanzado ninguna decisión por parte de los respectivos Jefes de Estado para variar los procedimientos establecidos por el Acuerdo.

En consecuencia, Libia está obligada, tras la expiración del año mencionado en el artículo 1, a cumplir su obligación en virtud del artículo 2 (a) “. . à soumettre le differend au jugement de la Cour internationale de Justice”.
A efectos del Reglamento de la Corte, el litigio {‘differend’) sometido a la Corte es su litigio territorial (‘leur differend territorial’) mencionado en el Accord-Cadre, y la cuestión planteada a la Corte puede definirse en los siguientes términos: ‘En aplicación ulterior del Acuerdo-Cuadro, y teniendo en cuenta la disputa territorial entre las Partes, decidir sobre los límites de sus respectivos territorios de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en la materia.””

4. De conformidad con el artículo 39, párrafo 1, del Reglamento de la Corte, una copia certificada de la notificación y de su anexo fue comunicada inmediatamente al Gobierno de la República del Chad (en adelante “Chad”) por el Secretario Adjunto.

5. El 3 de septiembre de 1990, el Gobierno del Chad presentó en la Secretaría del Tribunal una demanda por la que se incoaba un procedimiento contra Libia, cuyo texto había sido previamente comunicado a la Secretaría por fax el 1 de septiembre de 1990 y al que se adjuntaba una copia del Accord-Cadre.

En su demanda, el Chad indicaba, entre otras cosas, que los Jefes de Estado de las dos Partes, “durante la reunión en la cumbre celebrada en Rabat los días 22 y 23 de agosto de 1990, habían decidido recurrir inmediatamente a la Corte Internacional de Justicia” y que la demanda había sido “redactada de conformidad con esa decisión y con el apartado a) del artículo 2 del Acuerdo-Cuadro de 31 de agosto de 1989”; Como fundamento de la jurisdicción de la Corte, se basaba principalmente en el Artículo 2 (a) del Acuerdo-Cuadro y, subsidiariamente, en el Artículo 8 del Tratado Franco-Libio de Amistad y Buena Vecindad de 10 de agosto de 1955; y solicitaba a la Corte que

“determine el trazado de la frontera entre la República del Chad y la Jamahiriya Árabe Libia, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional aplicables en la materia entre las Partes”. 6.

De conformidad con el párrafo 2 del artículo 40 del Estatuto y el párrafo 4 del artículo 38 del Reglamento de la Corte, el Secretario transmitió inmediatamente al Gobierno de Libia una copia certificada de la demanda. 7. Por carta de 28 de septiembre de 1990, recibida en la Secretaría el mismo día por fax, y cuyo original se recibió el 5 de octubre de 1990, el Agente del Chad informó a la Corte, entre otras cosas, de que su Gobierno había observado que “su demanda coincide con la contenida en la notificación dirigida a la Corte el 31 de agosto de 1990 por la Jamahiriya Árabe Libia” y consideraba que

“esas dos notificaciones se refieren a un solo caso, remitido a la Corte en aplicación del Acuerdo de Argel, que constituye el Acuerdo Especial, base principal de la competencia de la Corte para conocer del asunto”; una copia de esta carta fue dirigida al Agente de Libia por el Secretario adjunto el 1 de octubre de 1990.

8. En una reunión celebrada por el Presidente de la Corte el 24 de octubre de 1990 con los Agentes de las Partes, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento de la Corte, se acordó entre los Agentes, en primer lugar, que el procedimiento había sido efectivamente instituido por dos notificaciones sucesivas del Acuerdo Especial constituido por el Accord-Cadre de 31 de agosto de 1989 – la presentada por Libia el 31 de agosto de 1990,

y la comunicación del Chad presentada el 3 de septiembre de 1990, leída conjuntamente con el escrito del Agente del Chad de 28 de septiembre de 1990- y, en segundo lugar, que el procedimiento en este caso debía ser determinado por la Corte sobre esta base, de conformidad con el artículo 46, párrafo 2, del Reglamento de la Corte. 9.

Mediante Providencia de 26 de octubre de 1990, la Corte decidió en consecuencia que cada Parte presentaría un Memorial y un Contramemorial, dentro de los mismos plazos, y fijó el 26 de agosto de 1991 como plazo para la presentación de los Memoriales.

10. De conformidad con el artículo 40, párrafo 3, del Estatuto y con el artículo 42 del Reglamento de la Corte, se transmitieron copias de las notificaciones y del Acuerdo Especial al Secretario General de las Naciones Unidas, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los demás Estados con derecho a comparecer ante la Corte; también se les comunicó una copia de la Providencia de 26 de octubre de 1990. 11.

Dado que la Corte no contaba en su seno con ningún juez de la nacionalidad de las Partes, cada una de ellas ejerció el derecho que le confiere el párrafo 3 del artículo 31 del Estatuto de elegir un juez ad hoc para conocer del caso: Chad designó al Sr. Georges Abi-Saab, y Libia al Sr. José Sette-Camara.

12. Habiendo sido debidamente presentadas las Memorias de las Partes dentro del plazo fijado al efecto, el Presidente, mediante Providencia de 26 de agosto de 1991, fijó el 27 de marzo de 1992 como plazo para la presentación, por cada una de las Partes, de una Contramemoria; las Contramemorias fueron debidamente presentadas dentro del plazo así fijado.

13. Mediante Providencia de 14 de abril de 1992, el Tribunal decidió autorizar a cada una de las Partes a presentar una Contestación dentro del mismo plazo, es decir, el 14 de septiembre de 1992; las Contestaciones fueron debidamente presentadas dentro del plazo fijado. 14.

El 9 de febrero de 1993, tras el cierre del procedimiento escrito, el Agente adjunto del Chad comunicó a la Secretaría nuevos documentos mediante una carta en la que solicitaba al Tribunal que, si Libia no daba su consentimiento a la presentación de dichos documentos, autorizara su presentación en virtud del párrafo 2 del artículo 56 del Reglamento del Tribunal; Libia no se opuso a la presentación de los documentos.

15. De conformidad con el artículo 53, párrafo 2, del Reglamento, la Corte decidió hacer accesibles al público los escritos de demanda y los documentos anexos a partir del día de la vista oral.

16. Consultadas debidamente las Partes, de conformidad con los artículos 31 y 58, apartado 2, del Reglamento del Tribunal, se celebraron audiencias públicas entre el 14 de junio y el 14 de julio de 1993, en el curso de las cuales el Tribunal oyó los informes orales y las réplicas de las siguientes personas:

Por Libia: Excmo. Sr. Abdulati Ibrahim El-Obeidi,

Sr. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C, F.B.A.,
Sr. Kamel H. El Maghur,
Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C,
Sr. Walter D. Sohier,
Sr. Luigi Condorelli,
Sr. Philippe Cahier,
Sr. James R. Crawford,
Sr. Rudolf Dolzer.

Por Chad: Sr. Abderahman Dadi,
Sr. Alain Pellet,
Sra. Rosalyn Higgins, Q.C,
Sr. Jean-Pierre Cot,
Sr. Thomas M. Franck,

Sr. Antonio Cassese,
Sr. Malcolm N. Shaw,
Sr. Jean-Marc Sorel. Durante las vistas, un miembro del Tribunal formuló una pregunta a una de las Partes, que respondió por escrito; habiendo llegado esta respuesta a la Secretaría al término de la fase oral, la otra Parte presentó observaciones escritas al respecto, de conformidad con el artículo 72 del Reglamento del Tribunal.

17. En el curso del procedimiento, las Partes presentaron las siguientes alegaciones:

En nombre de Libia,

en el Memorial, el Contramemorial y la Réplica y en la audiencia del 8 de julio de 1993 (mutatis mutandis textos idénticos):

“Teniendo en cuenta los diversos tratados, acuerdos, convenios y entendimientos internacionales y su efecto o falta de efecto en la presente disputa, tal y como se expone en el Memorial, Contramemoria, Réplica y alegatos orales de Libia;

A la vista de los demás hechos y circunstancias que tienen relación con este caso, tal y como se ha expuesto anteriormente, y en los alegatos de Libia;

A la luz de la conducta de las Partes, de la conducta de otros Estados o fuerzas políticas, seculares o religiosas, cuya conducta guarda relación con los derechos y títulos reclamados por las Partes, y de la conducta de los pueblos indígenas cuyos territorios son objeto de esta controversia;

En aplicación de los principios y normas de derecho internacional pertinentes a esta controversia;

Que la Corte, rechazando todas las pretensiones y alegaciones contrarias:

Adjudicar y declarar, lo siguiente

1. Que no existe frontera, al este de Toummo, entre Libia y Chad en virtud de ningún acuerdo internacional existente.

2. 2. Que, por consiguiente, en las circunstancias del caso, para decidir sobre la atribución de los territorios respectivos entre Libia y el Chad de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en la materia, son pertinentes los siguientes factores (i) que el territorio en cuestión, en todos los momentos pertinentes, no era terra nullius;

(ii) que la titularidad del territorio correspondía, en todo momento relevante, a los pueblos que habitaban el territorio, que eran tribus, confederaciones de tribus u otros pueblos que debían lealtad a la Providencia y que habían aceptado el liderazgo de los Senoussi en su lucha contra las invasiones de Francia e Italia en sus tierras;

(iii) que estos pueblos indígenas fueron, en todo momento relevante, religiosa, cultural, económica y políticamente parte de los pueblos libios; (iv) que, en el plano internacional, existía una comunidad de títulos entre el título de los pueblos indígenas y los derechos y títulos del Imperio Otomano, transmitidos a Italia en 1912 y heredados por Libia en 1951;

(v) que cualquier reivindicación del Chad descansa sobre la reivindicación heredada de Francia;

(vi) que la reclamación francesa sobre la zona en litigio se basaba en “actes interna-tionaux” que no crearon una frontera territorial al este de Toummo, y que no existe ninguna base alternativa válida para apoyar la reclamación francesa sobre la zona en litigio.

3. Que, a la luz de los factores anteriores, Libia tiene un título claro sobre todo el territorio al norte de la línea mostrada en el Mapa 105 en el Memorial de Libia, en el Mapa LC-M 55 en el Contramemorial de Libia y en el Mapa LR 32 en la Réplica de Libia, es decir, el área delimitada por una línea que comienza en la intersección de la frontera oriental de Níger y los 18° de latitud norte, continúa en estricta dirección sureste hasta alcanzar los 15° de latitud norte, y luego sigue este paralelo hacia el este hasta su unión con la frontera existente entre Chad y Sudán. “

En nombre de Chad, en el Memorial, el Contramemorial y la Réplica, y en la audiencia del 14 de julio de 1993 (textos idénticos):

“La República del Chad solicita respetuosamente a la Corte Internacional de Justicia que adjudique y declare que su frontera con la Jamahiriya Árabe Libia está constituida por la línea siguiente

– desde el punto de intersección de los 24° de longitud este de Greenwich [p14] con el paralelo de los 19° 30′ de latitud norte, la frontera se extenderá hasta el punto de intersección del Trópico de Cáncer con los 16° de longitud este de Greenwich;
– desde este último punto seguirá una línea que discurra hacia el pozo de Toummo hasta el decimoquinto grado al este de Greenwich”.

18. El presente litigio entre Libia y Chad ha sido sometido al Tribunal por las notificaciones del acuerdo especial constituido por el Accord-Cadre de 31 de agosto de 1989, cuyo texto figura en el apartado 2 supra. El Acuerdo-Cuadro describió la controversia entre las Partes como “su controversia territorial”, pero no dio más detalles al respecto, y de los alegatos y argumentos orales de las Partes se desprende que no están de acuerdo en cuanto a la naturaleza de la controversia.

Libia, en su notificación del Acuerdo-Cuadro a la Corte presentada el 31 de agosto de 1990, explicó la “disputa territorial” declarando lo siguiente:

“La determinación de los límites de los territorios respectivos de las Partes en esta región implica, entre otras cosas, la consideración de una serie de acuerdos internacionales aunque, en opinión de Libia, ninguno de estos acuerdos fijó definitivamente la frontera entre las Partes que, en consecuencia, queda por establecer de conformidad con los principios aplicables del derecho internacional.” Sobre esta base, Libia definió la cuestión planteada a la Corte solicitándole:

“En aplicación ulterior del Acuerdo-Cuadro, y teniendo en cuenta la disputa territorial entre las Partes, que decida sobre los límites de sus respectivos territorios de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en la materia”.

El Chad, por su parte, en su comunicación inicial a la Corte, presentada el 3 de septiembre de 1990, indicó que, en su opinión, existía una frontera entre el Chad y Libia, cuyo trazado “no fue objeto de controversia alguna hasta la década de 1970”, y afirmó que “El objeto del presente asunto es llegar a una definición firme de dicha frontera, en aplicación de los principios y normas aplicables en la materia entre las Partes”.

Sobre esta base, Chad solicitó al Tribunal “que determine el trazado de la frontera entre la República del Chad y la Jamahiriya Árabe Libia de conformidad con los principios y normas del derecho internacional aplicables en la materia entre las Partes”.

19. Así pues, Libia parte de la base de que no existe una frontera y solicita a la Corte que determine una.

El Chad parte de la base de que existe una frontera y pide a la Corte que declare cuál es esa frontera. Libia considera que el caso se refiere a una disputa relativa a la atribución de territorio, mientras que
ción de territorio, mientras que en opinión de Chad se trata de una disputa sobre la localización de una frontera. 20. En sus alegaciones, el Chad ha indicado la posición de la línea que, según él, constituye su frontera con Libia.

Libia, si bien sostiene en sus alegaciones que en la región en cuestión “no existe ninguna frontera… entre Libia y el Chad en virtud de ningún acuerdo internacional existente”, también afirma que “tiene un título claro sobre todo el territorio” al norte de una línea específica, constituida en gran parte de su longitud por el paralelo 15 de latitud norte. El croquis nº 1 de la página 16 muestra la línea reclamada por Chad y la línea reclamada por Libia. El área ahora en disputa, entre esas dos líneas, ha sido referida por Libia en este caso como las “Tierras Fronterizas” Libia-Chad.

21.

Libia basa su reivindicación de las tierras fronterizas en una combinación de derechos y títulos: los de los habitantes indígenas, los de la Providencia de Senoussi (una cofradía religiosa fundada a principios del siglo XIX que ejerció una gran influencia y cierta autoridad en el norte y noreste de África) y los de una sucesión de Estados soberanos, a saber, el Imperio Otomano, Italia y, por último, la propia Libia. El Chad reivindica una frontera sobre la base de un Tratado de Amistad y Buena Vecindad celebrado por la República Francesa y el Reino Unido de Libia el 10 de agosto de 1955 (en lo sucesivo, “el Tratado de 1955”).

Con carácter subsidiario, el Chad alega que las líneas que delimitaban las zonas de influencia en tratados anteriores, a las que se refiere el Tratado de 1955, habían adquirido el carácter de fronteras mediante los efectos franceses; alega, por último, que, incluso con independencia de las disposiciones convencionales, el Chad puede invocar dichos efectos en relación con la zona que reivindica.

22. Ambas Partes aceptaron la competencia del Tribunal sobre la base del Accord-Cadre. Sin embargo, Chad ha añadido que, subsidiariamente, la competencia de la Corte se basa también en el artículo 8 del Tratado de 1955, que establece que

“Las controversias que puedan surgir de la interpretación y aplicación del presente Tratado y que resulten imposibles de resolver mediante negociaciones directas serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las Partes, a menos que las Altas Partes Contratantes acuerden otro método de solución”.

Sin embargo, dado que no se ha impugnado la competencia para conocer de la presente controversia conferida por el Accord-Cadre, no es necesario examinar la cuestión de un motivo adicional de competencia en virtud del Tratado. *[p16]

Mapa esquemático No. 1 – Reclamaciones de las Partes

[p17]

23. Libia, que había sido un territorio colonial de Italia, fue, tras el fin de las hostilidades en la Segunda Guerra Mundial, administrada por las Cuatro Potencias Aliadas (Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), y se convirtió en Estado soberano el 24 de diciembre de 1951 en virtud de la resolución 289 (IV) de la Asamblea General de 21 de noviembre de 1949. Chad había sido colonia francesa, y después “territoire d’outre-mer”, perteneciente en ambos casos al África Ecuatorial Francesa.

Fue miembro de la Comunidad Francesa de 1958 a 1960. Chad accedió a la independencia el 11 de agosto de 1960. 24.

El litigio entre las Partes se sitúa en el contexto de una larga y compleja historia de actividad militar, diplomática y administrativa por parte del Imperio Otomano, Francia, Gran Bretaña e Italia, así como de la Providencia de Senoussi. Esta historia se refleja en una serie de convenciones, numerosos intercambios diplomáticos, algunos mapas contemporáneos y diversos documentos de archivo que se han facilitado al Tribunal. El Tribunal examinará en primer lugar esta documentación, y enumerará aquellos de los instrumentos convencionales que le parezcan pertinentes.

25. A finales del siglo XIX y principios del XX, se celebraron varios acuerdos entre Francia, Gran Bretaña y, más tarde, Italia, mediante los cuales las partes pretendían dividir grandes extensiones de África en esferas o zonas de influencia mutuamente reconocidas. Los acuerdos describían los límites de las zonas en cuestión, con referencia a puntos sobre el terreno, cuando tales puntos eran conocidos e identificables, y a líneas de latitud y longitud. Con la creciente influencia y presencia de estas potencias en la región, también celebraron tratados relativos a los límites de los territorios que reclamaban, tanto entre ellas como con el Imperio Otomano, ya presente en la región.

26. Junto a esa presencia otomana estaba la Providencia de los Senoussi, ya mencionada. Los senoussi establecieron en muchos puntos de la región una serie de zawiyas que, entre otras cosas, fomentaban el comercio, regulaban el tráfico de caravanas, arbitraban disputas y funcionaban como centros religiosos.

Estos centros contaban con mezquitas, escuelas y hospederías para los viajeros, y a veces también contaban con la residencia de un qadi o juez. Los jeques de las zawiyas eran confirmados en sus cargos por el Gran Senoussi, jefe de la Providencia. 27.

La expansión colonial francesa en la zona del Chad se produjo desde el sur, el oeste y el norte. Hubo una expedición desde el sur en dirección al lago Chad entre 1875 y 1897.

Desde el oeste, otra avanzó hacia el lago Chad en el periodo de 1879 a 1899; y desde Argel, en el norte, otra expedición avanzó hacia el lago de 1898 a 1900. Como consecuencia de esta expansión, grandes extensiones de territorio africano se agruparon posteriormente en lo que se designó como África Occidental Francesa y África Ecuatorial Francesa. 28.

Hacia finales del siglo XIX, Francia y Gran Bretaña firmaron dos acuerdos sucesivos, en forma de un Intercambio de Declaraciones firmado en Londres el 5 de agosto de 1890, y una Convención [p18] concluida en París el 14 de junio de 1898, como resultado de la cual (entre otras cosas) cada parte reconoció ciertos territorios de África como pertenecientes a la “esfera” de la otra (Convención de 1898, Art. IV). Mediante una Declaración posterior, firmada en Londres el 21 de marzo de 1899, se acordó que el cuarto artículo del Convenio de 1898 debía completarse con ciertas disposiciones, y en particular se hizo constar que “se entiende, en principio, que al norte del paralelo 15 la zona francesa estará limitada por” una línea determinada, descrita en el texto. No se adjuntó ningún mapa a la Declaración, pero pocos días después de su adopción las autoridades francesas publicaron un Livre jaune que incluía un mapa, cuya copia se adjunta a la presente Sentencia (véase el apartado 58 infra).
29. 29. Los Gobiernos francés e italiano intercambiaron cartas sobre sus intereses en África del 14 al 16 de diciembre de 1900 y del 1 al 2 de noviembre de 1902, en el curso de las cuales se aseguró a Italia que “el límite de la expansión francesa en África del Norte […] debe considerarse que corresponde a la frontera de Tripolitania, tal como figura en el mapa anexo a la Declaración de 21 de marzo de 1899”. Como se indica más adelante (párrafo 61), la referencia sólo podía ser al mapa del Livre jaune. El Gobierno británico dio garantías similares a Italia en un intercambio de cartas de 11-12 de marzo de 1902.

30. El 19 de mayo de 1910, el Gobierno tunecino y el Imperio Otomano concluyeron un convenio por el que se definía la frontera entre la Regencia de Túnez y el Vilayet de Trípoli. En 1912 se estableció la soberanía italiana sobre las provincias turcas de Tripolitania y Cirenaica (Tratados de Ouchy y Lausana, 15 y 18 de octubre de 1912).

No obstante, el Tratado de Lausana reservó al Sultán ciertos derechos y privilegios.

31. El 8 de septiembre de 1919, Francia y Gran Bretaña concluyeron un Convenio que se expresaba como complementario de la Declaración de 21 de marzo de 1899 adicional al Convenio de 14 de junio de 1898 (párrafo 28 supra), en el que se recogía (entre otras cosas) una interpretación de la Declaración de 1899 que definía los límites de la zona francesa.

El 12 de septiembre de 1919 se concluyó un acuerdo en forma de canje de notas entre Francia e Italia para la fijación de la frontera entre Tripolitania y las posesiones francesas en África al oeste de Toummo.

32. El Tratado de Lausana de 24 de julio de 1923 restableció la paz entre Turquía y las demás partes firmantes (entre ellas Francia, Gran Bretaña e Italia); incluía una disposición por la que Turquía reconocía la abolición definitiva de todos los derechos y privilegios que mantenía en Libia en virtud del Tratado de Lausana de 1912. Mediante un Protocolo de 10 de enero de 1924, aprobado por un Canje de Notas de 21 de enero de 1924, Francia y Gran Bretaña definieron la frontera entre el África Ecuatorial Francesa y el Sudán Angloegipcio. Del mismo modo, un Canje de Notas de 20 de julio de 1934 entre Egipto, Gran Bretaña e Italia definió la frontera entre Libia y Sudán.
[p19] 33. El 7 de enero de 1935 se concluyó un Tratado entre Francia e Italia para la solución de las cuestiones pendientes entre ellos en África.

Dicho Tratado incluía la definición de una frontera entre Libia y las colonias francesas adyacentes al este de Toummo. Aunque la ratificación del tratado fue autorizada por los parlamentos de ambas partes, los instrumentos de ratificación nunca fueron intercambiados, y el tratado nunca entró en vigor; por conveniencia, se hará referencia a él en lo sucesivo como “el Tratado no ratificado de 1935”. 34. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de febrero de 1947 se firmó el Tratado de Paz con Italia.

En virtud del artículo 23 de este Tratado, Italia renunció a todo derecho y título sobre sus posesiones territoriales en África, es decir, Libia, Eritrea y la Somalilandia italiana. La disposición final de estas posesiones debía ser determinada conjuntamente por los Gobiernos de las Cuatro Potencias Aliadas; si dichas Potencias no lograban ponerse de acuerdo en el plazo de un año sobre la disposición final de los territorios, el asunto debía remitirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que formulara una recomendación. Las cuatro Potencias se comprometieron de antemano a aceptar dicha recomendación. Al no haber acuerdo entre las cuatro Potencias, se recurrió a la Asamblea General que, mediante la resolución 289 (IV) de 21 de noviembre de 1949, recomendó que “Libia, que comprende Cirenaica, Tripolitania y Fezzan, se constituya en Estado independiente y soberano”.

La independencia de Libia fue proclamada el 24 de diciembre de 1951 y reconocida el 1 de febrero de 1952 por la resolución 515 (VI) de la Asamblea General. Con la independencia, Libia firmó tratados con el Reino Unido y Estados Unidos, que preveían, entre otras cosas, una presencia militar en Libia.

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35. A principios de 1955 se iniciaron negociaciones entre Libia y Francia, que desembocaron en la conclusión del Tratado de 1955, es decir, el Tratado de Amistad y Buena Vecindad entre la República Francesa y el Reino Unido de Libia, de 10 de agosto de 1955. En noviembre anterior, Libia había informado a Francia de que no tenía intención de renovar un acuerdo militar provisional de 24 de diciembre de 1951, en virtud del cual las fuerzas francesas permanecían estacionadas en territorio libio, en el Fezzan.

El Gobierno francés deseaba mantener su presencia militar allí, pero el Parlamento libio había dejado claro que no tenía intención de aceptar un acuerdo que dejara a las fuerzas francesas en el Fezzan. Entre otros asuntos que fueron objeto de negociación se encontraban las cuestiones militares (incluida la no sustitución de las tropas francesas por otras tropas extranjeras y el acceso francés a las pistas de aterrizaje y a determinadas rutas de caravanas) y la cuestión de las fronteras. Francia poseía extensos territorios en África que limitaban con Libia por el oeste y el sur. La autoridad francesa en algunas partes de esos territorios había sido cuestionada y era esencial fijar una frontera. Al este de Toummo, por otra parte, había, en opinión de Francia, una frontera existente resultante de los Acuerdos anglo-franceses de 1898, 1899 y 1919 (párrafos 28, 31 anteriores), pero había habido un desacuerdo de larga data entre Francia e Italia a ese respecto.

Obtener la aceptación libia de dichos acuerdos, que implicaba el reconocimiento de la inaplicabilidad del Tratado de 1935 no ratificado, era importante para los franceses. 36. Ambas Partes reconocen que el Tratado de 1955 es el punto de partida lógico para el examen de las cuestiones sometidas al Tribunal.

Ninguna de las Partes cuestiona la validez del Tratado de 1955, ni Libia cuestiona el derecho del Chad a invocar contra Libia las disposiciones del mismo relativas a las fronteras del Chad. Sin embargo, aunque el Tratado afirma que se ha celebrado “sobre la base de la plena igualdad, independencia y libertad”, Libia ha alegado que, en el momento de la celebración del Tratado, carecía de la experiencia necesaria para entablar negociaciones difíciles con una Potencia que gozaba del beneficio de una larga experiencia internacional. Sobre esta base, Libia ha sugerido que hubo un intento por parte de los negociadores franceses de aprovecharse de la falta de conocimiento por parte de Libia de los hechos relevantes, que Libia se encontraba en consecuencia en desventaja en relación con las disposiciones relativas a las fronteras, y que el Tribunal debería tener esto en cuenta a la hora de interpretar el Tratado; sin embargo, no ha llevado este argumento tan lejos como para sugerirlo como motivo de invalidez del propio Tratado.

37. El Tratado de 1955, un tratado complejo, comprendía, además del propio Tratado, cuatro Convenios anexos y ocho Anexos; trataba una amplia gama de cuestiones relativas a las futuras relaciones entre las dos partes. El artículo 9 del Tratado establece que los Convenios y Anexos anexos forman parte integrante del Tratado. Una de las cuestiones abordadas específicamente era la de las fronteras, tratada en el artículo 3 y en el anexo 1.

Los Convenios anexos eran un Convenio de Buena Vecindad, un Convenio de Cooperación Económica, un Convenio Cultural y un “Convenio Particular” relativo a la retirada de las fuerzas francesas del Fezzan. 38. El Tribunal examinará en primer lugar el artículo 3 del Tratado de 1955, junto con el Anexo al que se refiere dicho artículo, para decidir si dicho Tratado dio lugar o no a una frontera convencional entre los territorios de las Partes. Si el Tratado de 1955 dio lugar a una frontera, esto proporciona la respuesta a las cuestiones planteadas por las Partes: sería una respuesta al mismo tiempo a la solicitud de Libia de determinar los límites de los territorios respectivos de las Partes y a la solicitud de Chad de determinar el curso de la frontera.

Por lo tanto, la tarea inicial del Tribunal debe consistir en interpretar las disposiciones pertinentes del Tratado de 1955, sobre las que las Partes han adoptado posiciones divergentes.

39. El artículo 3 del Tratado dice lo siguiente

[Traducción de la Secretaría] “Las dos Altas Partes Contratantes reconocen que las fronteras entre los territorios de Túnez, Argelia, África Occidental Francesa y [p21]África Ecuatorial Francesa, por una parte, y el territorio de Libia, por otra, son las que resultan de los instrumentos internacionales en vigor en la fecha de la constitución del Reino Unido de Libia, tal como se enumeran en el Canje de Notas adjunto (Ann. I)”.

El Tratado se celebró en francés y árabe, siendo ambos textos auténticos; las Partes en este caso no han sugerido que exista divergencia alguna entre los textos francés y árabe, salvo que las palabras en árabe correspondientes a “sont celles qui resultent” (son las que resultan) podrían traducirse más bien por “sont les frontieres qui resultent” (son las fronteras que resultan).

El Tribunal basará su interpretación del Tratado en el texto francés autorizado. 40.

El Anexo I del Tratado comprende un canje de notas que, tras citar el artículo 3, dice lo siguiente: “Se hace referencia a [Il s’agit de] los textos siguientes:

– el Convenio franco-británico de 14 de junio de 1898;
– la Declaración que completa el mismo, de 21 de marzo de 1899;
– los Acuerdos franco-italianos del 1 de noviembre de 1902;
– el Convenio entre la República Francesa y la Sublime Puerta, de 12 de mayo de 1910;
– el Convenio franco-británico de 8 de septiembre de 1919;
– el Acuerdo franco-italiano de 12 de septiembre de 1919.

Con respecto a este último acuerdo y de conformidad con los principios establecidos en el mismo, las dos delegaciones reconocieron que, entre Ghat y Toummo, la frontera atraviesa los tres puntos siguientes, a saber, la brecha de Takharkhouri, el Col d’Anai y el Hito 1010 (Garet Derouet el Djemel). El Gobierno de Francia está dispuesto a designar expertos que podrían formar parte de una Comisión Mixta franco-libia encargada del trazado de la frontera, allí donde este trabajo aún no se haya realizado y donde uno u otro Gobierno lo considere necesario.
En caso de desacuerdo en el curso de la demarcación, las dos Partes designarán cada una un árbitro neutral y, en caso de desacuerdo entre los árbitros, designarán un árbitro neutral para resolver la controversia”. A lo largo del procedimiento se ha reconocido que el Convenio al que se hace referencia como de 12 de mayo de 1910 es en realidad el de 19 de mayo de 1910 mencionado en el párrafo 30 anterior.

41. El Tribunal recuerda que, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, reflejado en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a sus términos en el contexto de éstos
[p22] y a la luz de su objeto y fin. La interpretación debe basarse ante todo en el texto del tratado.

Con carácter supletorio, puede recurrirse a medios de interpretación tales como los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración. 42.

Según el artículo 3 del Tratado de 1955, las partes “reconocen [reconnaissent] que las fronteras… son las que resultan” de ciertos instrumentos internacionales. La palabra “reconocer” utilizada en el Tratado indica que se contrae una obligación jurídica.

Reconocer una frontera es esencialmente “aceptar” esa frontera, es decir, extraer consecuencias jurídicas de su existencia, respetarla y renunciar al derecho a impugnarla en el futuro.

43. En opinión de Libia, las partes en el Tratado de 1955 sólo pretendían reconocer las fronteras que habían sido fijadas previamente por los instrumentos internacionales: cuando las fronteras ya existían (como entre Túnez y Libia), fueron confirmadas por el Tratado de 1955, pero cuando no había frontera (como en el sur), el tratado no la creó. El Tribunal de Justicia no puede aceptar este punto de vista, ya que no tiene ninguna dificultad para determinar el sentido natural y corriente de los términos pertinentes del Tratado de 1955 ni para aplicarlos.

En opinión del Tribunal, los términos del Tratado significaban que las partes reconocían fronteras completas entre sus respectivos territorios como resultado del efecto combinado de todos los instrumentos enumerados en el Anexo I; ninguna frontera relevante quedaba sin definir y ningún instrumento enumerado en el Anexo I era superfluo. Sería incompatible con un reconocimiento formulado en estos términos sostener que sólo algunos de los instrumentos especificados contribuyen a la definición de la frontera, o que una frontera concreta sigue sin resolverse.

Sostenerlo sería privar al artículo 3 del Tratado y al anexo I de su significado ordinario. Al suscribir el Tratado, las partes reconocieron las fronteras a las que se refería el texto del Tratado; la tarea del Tribunal de Justicia consiste, pues, en determinar el contenido exacto del compromiso suscrito. 44.

El argumento de Libia es que, de los instrumentos internacionales enumerados en el anexo I del Tratado de 1955, sólo el Convenio franco-otomano de 1910 y el acuerdo franco-italiano de 1919 habían producido fronteras vinculantes para Libia en el momento de la independencia, y que dichas fronteras se referían a territorios distintos de los controvertidos en el presente asunto. En opinión de Libia, la Declaración franco-británica de 1899 se limitó a definir, al norte del paralelo 15, una línea que delimitaba esferas de influencia, y no una frontera territorial; ni el Convenio franco-británico de 1919 ni los efectos franceses confirieron a dicha línea ningún otro estatuto; además, este último instrumento nunca fue oponible a Italia. El canje de notas franco-italiano de 1902, en opinión de Libia, ya no estaba en vigor, bien porque Italia renunció a todos los derechos sobre sus territorios africanos mediante el Tratado de Paz de 1947 (párrafo 34 supra), bien por falta de notificación en virtud del artículo 44 de dicho Tratado.[p23].

45. El Tribunal no considera que deba pronunciarse sobre estas cuestiones.

La fijación de una frontera depende de la voluntad de los Estados soberanos directamente interesados. Nada impide que las partes decidan de común acuerdo considerar una determinada línea como frontera, cualquiera que sea el estatuto anterior de dicha línea.

Si ya era un límite territorial, se confirma pura y simplemente. Si antes no lo era, el acuerdo de las partes de “reconocerla” como tal le confiere una fuerza jurídica de la que antes carecía. Los convenios internacionales y la jurisprudencia demuestran la variedad de formas en que puede expresarse dicho reconocimiento. En el caso relativo al templo de Preah Vihear, se había invocado un mapa en el que se había trazado una línea que pretendía representar la frontera determinada por una comisión de delimitación en virtud de un tratado que establecía que la frontera debía seguir una divisoria de aguas; de hecho, la línea trazada no seguía la divisoria de aguas.

El Tribunal basó su decisión de mantener la “línea del mapa” en el hecho de que “ambas Partes, por su conducta, reconocieron la línea y, por lo tanto, acordaron en efecto considerarla como la línea fronteriza” (Temple of Preah Vihear, Merits, I.C.J. Reports 1962, p. 33). 46.

En apoyo de su interpretación del Tratado, Libia ha llamado la atención sobre el hecho de que el artículo 3 del Tratado menciona “las fronteras” en plural. De ello deduce que las partes tenían en mente la delimitación de algunas de sus fronteras, y no la de la totalidad de la frontera. El uso del plural se explica, en opinión del Tribunal, por el hecho de que existían diferencias de estatuto jurídico entre los distintos territorios limítrofes con Libia, de cuyas relaciones internacionales era responsable Francia en aquel momento, y sus respectivas fronteras habían sido delimitadas por distintos acuerdos. Túnez era entonces un protectorado; Argelia era un groupe de departements; y el África Occidental Francesa y el África Ecuatorial Francesa eran ambos groupes de territoires d’outre-mer.

En este contexto, el uso del plural es claramente apropiado y no tiene el significado que le atribuye Libia. Además, cabe señalar que las partes se refirieron a una frontera entre el África Ecuatorial Francesa y Libia.

47. El hecho de que el artículo 3 del Tratado especifique que las fronteras reconocidas son “las que resultan de los instrumentos internacionales” definidos en el anexo I significa que todas las fronteras resultan de esos instrumentos. Cualquier otra interpretación sería contraria a los propios términos del artículo 3 y dejaría completamente sin efecto la referencia a uno u otro de esos instrumentos en el anexo I.
Como observó la Corte Permanente de Justicia Internacional, en su Opinión Consultiva de 21 de noviembre de 1925, relativa a una disposición del Tratado de Lausana “destinada a fijar la frontera de Turquía” (énfasis en el original)

“la naturaleza misma de una frontera y de cualquier convención destinada a establecer fronteras entre dos países importa que una frontera debe constituir una línea límite definida en toda su longitud” (Inter-[p24]pretalion of Article 3, Paragraph 2, of the Treaty of Lausanne, Opinión Consultiva, 1925, P.C.I.J., Series B, No. 12, p. 20, énfasis añadido).
Continúa diciendo que

“Es . . . natural que todo artículo destinado a fijar una frontera se interprete, si es posible, de manera que el resultado de la aplicación de sus disposiciones en su totalidad sea el establecimiento de una frontera precisa, completa y definitiva”. (Ibid.)

Del mismo modo, en 1959, en el asunto relativo a la soberanía sobre ciertas tierras fronterizas, el Tribunal tomó nota del preámbulo de un Convenio de fronteras en el que se hacía constar la intención común de las partes de “fijar y regular todo lo relativo a la demarcación de la frontera” y sostuvo que

“Toda interpretación en virtud de la cual se considere que el Convenio de Límites deja en suspenso y abandona para una apreciación posterior del statu quo la determinación del derecho de uno u otro Estado a las parcelas en litigio sería incompatible con esa intención común”. (I.C.J. Reports 1959, pp. 221-222.)

48. El Tribunal considera que el artículo 3 del Tratado de 1955 tenía por objeto resolver todas las cuestiones fronterizas, y no sólo algunas de ellas. La intención manifiesta de las partes era que los instrumentos mencionados en el Anexo I señalaran, acumulativamente, todas las fronteras entre las partes, y que ninguna frontera tomada aisladamente quedara fuera de ese arreglo.

En la expresión “las fronteras entre los territorios…”, el uso del artículo definido debe explicarse por la intención de referirse a todas las fronteras entre Libia y los territorios vecinos de cuyas relaciones internacionales Francia era entonces responsable. El artículo 3 no define por sí mismo las fronteras, sino que remite a los instrumentos mencionados en el anexo I. Las partes consideraron que la lista del anexo I era exhaustiva en lo que respecta a la delimitación de sus fronteras.

49. El artículo 3 del Tratado de 1955 se refiere a los instrumentos internacionales “en vigueur” (en vigor) en la fecha de la constitución del Reino Unido de Libia, “tels qu’ils sont definis” (como se enumeran) en el canje de notas adjunto. Estos términos han sido interpretados de forma diferente por las Partes. Libia subraya que sólo los instrumentos internacionales en vigor en la fecha de la independencia de Libia pueden tenerse en cuenta para la determinación de las fronteras; y que, dado que los acuerdos mencionados en el anexo 1 e invocados por el Chad ya no estaban en vigor, según Libia, el 24 de diciembre de 1951, no podían tenerse en cuenta.

Alega también que podían tenerse en cuenta otros instrumentos, pertinentes y en vigor, que no figuraban en el anexo I.

50. El Tribunal de Justicia no puede aceptar estas alegaciones.

El artículo 3 no se refiere únicamente a los instrumentos internacionales “en vigueur” (en vigor) en la fecha de la constitución del Reino Unido de Libia, sino a los instrumentos internacionales “en vigueur” en esa fecha “tels qu’ils sont definis” [p25] (tal y como se enumeran) en el anexo I. Elaborar una lista de instrumentos rectores dejando al examen posterior la cuestión de si estaban en vigor habría carecido de sentido. El Tribunal tiene claro que las partes acordaron considerar vigentes los instrumentos enumerados a efectos del artículo 3, ya que de lo contrario no se habrían referido a ellos en el anexo. Las partes contratantes tomaron la precaución de determinar de mutuo acuerdo cuáles eran los instrumentos en vigor a sus efectos. Según la formulación restrictiva empleada en el Anexo I, “il s’agit des textes” enumerados en dicho Anexo. Esta redacción del artículo 3 y del anexo I excluye cualquier otro instrumento internacional en vigor, no incluido en el anexo, que pudiera haber afectado al territorio de Libia. A fortiori, este es el caso del Tratado no ratificado de 1935, que nunca estuvo en vigor y no se menciona en el Anexo. El Tribunal de Justicia puede limitarse a tener en cuenta los instrumentos enumerados en el Anexo, sin tener que preguntarse si dichos instrumentos, enumerados de común acuerdo entre Francia y Libia, estaban en vigor en la fecha de la independencia de Libia, o eran oponibles a ésta. 51.

Las partes podrían haber indicado las fronteras especificando en palabras el curso del límite, o indicándolo en un mapa, a título ilustrativo o de otro modo; o podrían haber hecho ambas cosas. Optaron por proceder de otro modo y establecer, de común acuerdo, la lista de instrumentos internacionales de los que resultaban las fronteras, pero el curso por el que optaron no presenta dificultades de interpretación.

Siendo así, la tarea del Tribunal es clara:

“Al tener ante sí una cláusula que deja poco que desear en cuanto a claridad, está obligado a aplicarla tal cual, sin considerar si otras disposiciones podrían haber sido añadidas o sustituidas con ventaja”. (Adquisición de la nacionalidad polaca, Opinión Consultiva. 1923. P.C.I.J. Serie B. No. 7, p. 20.)

El texto del artículo 3 transmite claramente la intención de las partes de llegar a una solución definitiva de la cuestión de sus fronteras comunes. El artículo 3 y el anexo I tienen por objeto definir las fronteras por referencia a los instrumentos jurídicos que determinarían el trazado de dichas fronteras. Cualquier otra interpretación sería contraria a uno de los principios fundamentales de interpretación de los tratados, constantemente defendido por la jurisprudencia internacional, a saber, el principio de efectividad (véase, por ejemplo, el asunto de los faros entre Francia y Grecia, sentencia, 1934, P.C.I.J. Series A/B., núm. 62, p. 27; véase, por ejemplo, el asunto de los faros entre Francia y Grecia, sentencia, 1934, P.C.I.J. Series A/B., núm. 62, p. 27). No. 62, p. 27; Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), I.C.J. Reports 1971, p. 35, para. 66; y Plataforma Continental del Mar Egeo.

I.C.J. Reports 1978, p. 22, para. 52). 52.

Leyendo el Tratado de 1955 a la luz de su objeto y de su finalidad, se observa que se trata de un tratado de amistad y de buena vecindad celebrado, según su Preámbulo, “en un espíritu de comprensión mutua y sobre la base de una completa igualdad, independencia y libertad”. Las partes declararon en dicho Preámbulo su convicción de que la firma del [p26] tratado “serviría para facilitar la solución de todas las cuestiones que para los dos países se derivan de su situación geográfica y de sus intereses en África y en el Mediterráneo”, y que estaban “impulsadas por la voluntad de fortalecer las relaciones económicas, culturales y de buena vecindad entre los dos países”. El objeto y la finalidad del Tratado así recordados confirman la interpretación del Tratado anteriormente expuesta, en la medida en que dicho objeto y finalidad conducían naturalmente a la definición del territorio de Libia y, por tanto, a la definición de sus fronteras. Además, la presuposición de que el Tratado definió la frontera subyace al artículo 4 del Tratado, en el que las partes se comprometen a tomar “todas las medidas necesarias para el mantenimiento de la paz y la seguridad en las zonas limítrofes de las fronteras”. También subyace en el artículo 5 relativo a las consultas entre las partes sobre “la defensa de sus respectivos territorios”.

Más concretamente, el artículo 5 añade que “por lo que respecta a Libia, se aplicará al territorio libio tal como se define en el artículo 3 del presente Tratado”. Definir” un territorio es definir sus fronteras. Así, en el Artículo 5 del Tratado, las partes declararon su propio entendimiento del Artículo 3 como una disposición que define por sí misma el territorio de Libia.

53. Las conclusiones a las que ha llegado el Tribunal se ven reforzadas por un examen del contexto del Tratado y, en particular, del Convenio de Buena Vecindad entre Francia y Libia, celebrado entre las partes al mismo tiempo que el Tratado.

El Convenio se refiere, en su artículo 1, a las “fronteras, tal como se definen en el artículo 3 del Tratado de Amistad y Buena Vecindad”. El Título III del Convenio se refiere al “Tráfico de caravanas y movimientos transfronterizos”, y comienza con el artículo 9, que dice lo siguiente:

“El Gobierno de Francia y el Gobierno de Libia se comprometen a conceder la libertad de circulación a los nómadas de las tribus que tradicionalmente comercian a ambos lados de la frontera entre Argelia, el África Occidental Francesa y el África Ecuatorial Francesa, por una parte, y Libia, por otra, con el fin de mantener los vínculos caravaneros tradicionales entre las regiones de Tibesti, Ennedi, Borkou, Bilma y los Ajjers, por una parte, y las de Koufra, Mourzouk, Oubari, Ghat, Edri y Ghadames, por otra. “

Esta disposición se refiere específicamente (entre otras cosas) a la frontera entre el África Ecuatorial Francesa y Libia; y de sus términos se desprende claramente que, según las partes en el Tratado, esa frontera separa las regiones de Tibesti, Ennedi y Borkou, gobernadas por Francia (indicadas en el croquis-mapa núm. 1 de la p. 16 supra), que a veces se denominan “el BET”, por una parte, y las regiones libias de Koufra, Mourzouk, etc., por otra.

54. El artículo 10 del Convenio de Buena Vecindad establece una zona abierta al tráfico de caravanas “a ambos lados de la frontera”. Esta zona está delimitada como sigue: [p27]

“En territorio francés: por una línea que, partiendo de la frontera al oeste de Ghadames, pasa por Tinfouchaye, Timellouline, Ohanet, Fort-Polignac, Fort-Gardel, Bilma, Zouar, Largeau, Fada y continúa en línea recta hasta la frontera franco-sudanesa.

En territorio libio: por una línea que, partiendo de Sinaouen, pasa por Derj, Edri, El Abiod, Ghoddoua, Zouila, Ouaou En Namous, Koufra, y continúa en línea recta hasta la frontera líbico-egipcia”. Así pues, Libia ha reconocido expresamente que Zouar, Largeau y Fada se encuentran en territorio francés. La posición de estos lugares se indica en el croquis nº 1, en la página 16. El artículo 11 del Convenio estipula que “los permisos de circulación de caravanas serán expedidos. . .

[en] territorio francés [por] las autoridades administrativas de. . . Zouar, Largeau, Fada”; y en “territorio libio [por las] autoridades administrativas de. . .
Mourzouk, Koufra y Oraghen Touareg”. Según el artículo 13, los nómadas titulares de un permiso de tráfico de caravanas pueden “circular libremente a través de la frontera”. En el Convenio también figuran las siguientes expresiones “a ambos lados de la frontera”, “zona fronteriza” (art. 15); “cruzar la frontera” (art. 16); “las autoridades fronterizas francesas y libias” (arts. 17 y 20); “tránsito transfronterizo” (art. 18). El uso de estas expresiones es coherente con la existencia de una frontera.

En opinión del Tribunal, es difícil negar que el Tratado de 1955 preveía una frontera entre Libia y el África Ecuatorial Francesa, cuando uno de los Convenios anexos contenía disposiciones de este tipo que regulaban los detalles de los movimientos transfronterizos de los habitantes de la región.
55. El Tribunal de Justicia considera que no es necesario remitirse a los travaux preparatoires para dilucidar el contenido del Tratado de 1955; pero, al igual que en casos anteriores, encuentra posible mediante la remisión a los travaux confirmar su lectura del texto, a saber, que el Tratado constituye un acuerdo entre las partes que, entre otras cosas, define las fronteras. Es cierto que los negociadores libios deseaban desde el principio dejar de lado la cuestión de las fronteras, pero el embajador Dejean, jefe de la delegación francesa en las negociaciones celebradas en Trípoli en julio-agosto de 1955, insistió “en que no era posible concluir el tratado sin un acuerdo sobre las fronteras”. El 28 de julio de 1955, según las actas libias de las negociaciones, el Primer Ministro libio declaró:

“que la cuestión [de las fronteras] no estaba exenta de dificultades ya que los italianos habían ocupado numerosos centros detrás de la frontera existente”.

El embajador Dejean declaró “que Italia se había aprovechado de la debilidad de Francia durante la última guerra” y “que [Italia] había traspasado las fronteras acordadas en el Acuerdo de 1919 que seguían siendo válidas…”. El primer ministro libio propuso entonces [p28]

“que la cuestión de las fronteras se aplazara por el momento hasta que la parte libia hubiera tenido tiempo de estudiar el tema, y entonces podrían enviarse expertos para trabajar con los expertos franceses a fin de llegar a un acuerdo sobre la demarcación y pidió que se considerara suficiente decir que el Acuerdo de 1919 era aceptable y que la aplicación del mismo se dejara para un futuro próximo”.

56. De estas actas se desprende claramente que el Primer Ministro libio aceptó expresamente el acuerdo de 1919, cuya “aplicación” debía dejarse “para un futuro próximo”; y en este contexto, el término “aplicación” sólo puede significar operaciones para demarcar la frontera sobre el terreno. El Primer Ministro habló también de un acuerdo de “demarcación”, que presupone la delimitación previa -es decir, la definición- de la frontera.

El uso del término “demarcación” crea la presunción de que las partes consideraron la definición de las fronteras como ya efectuada, a la que seguiría, en caso necesario, una demarcación, cuyas modalidades se definieron en el Anexo I.

*
57.

Habiendo llegado a la conclusión de que las partes contratantes deseaban, mediante el Tratado de 1955, y en particular mediante su artículo 3, definir su frontera común, el Tribunal debe examinar ahora cuál es la frontera entre Libia y el Chad (en 1955, entre Libia y el África Ecuatorial Francesa) que resulta de los instrumentos internacionales enumerados en el Anexo I, cuyo texto figura en el apartado 40 supra. No obstante, conviene señalar en primer lugar que, como ya se ha indicado (apartado 50 supra), la lista del anexo I no incluye el Tratado de 1935, no ratificado. Dicho Tratado establecía detalladamente una frontera formada por nueve sectores (líneas rectas/líneas de cresta, etc.) desde Toummo hasta la intersección de la línea de longitud 24° al este de Greenwich con la línea de latitud 18° 45′ norte; esta línea se muestra en el croquis-mapa n.° 2 de la página 29 del presente documento, junto con la línea de la Convención anglo-francesa de 1919 (párrafo 59 infra). De los tratados anteriores a 1955 relativos a una línea fronteriza en esta región, el Tratado de 1935, no ratificado, era el más detallado. Sin embargo, no se menciona en el Anexo I. Esta omisión es tanto más significativa cuanto que, en febrero de 1955, unos meses antes de la ejecución del Tratado de 1955 en agosto, un incidente franco-libio ocurrido en Aouzou había centrado la atención en la zona situada al sur de la línea de la Convención anglo-francesa de 1919 y al norte de la línea del Tratado no ratificado de 1935.

*[p29]

Croquis-Mapa nº 2 Línea del Tratado de 1935-Línea de la Convención de 1919

[p30] 58. El primer instrumento mencionado en el Anexo I, el Convenio franco-británico de 14 de junio de 1898, no tiene relación directa con el presente litigio; se menciona en el Anexo I a causa de la Declaración Adicional de 21 de marzo de 1899. Esta Declaración de 1899, que completa el Convenio de 1898, define una línea que limita la zona (o esfera de influencia) francesa al nordeste en dirección a Egipto y al valle del Nilo, ya bajo control británico, y es por tanto pertinente.

La Declaración de 1899 establece que “el artículo IV del Convenio de 14 de junio de 1898 se completará con las disposiciones siguientes, que se considerarán parte integrante del mismo”. Entre estas disposiciones figura el apartado 3:

“Queda entendido, en principio, que al norte del paralelo 15° la zona francesa estará limitada al nordeste y al este por una línea que partirá del punto de intersección del Trópico de Cáncer con el grado 16° de longitud al este de Greenwich (13° 40′ al este de París),

se dirigirá desde allí hacia el sudeste hasta encontrarse con el grado 24 de longitud al este de Greenwich (21° 40′ al este de París) y, a continuación, seguirá el grado 24 hasta encontrarse, al norte del paralelo 15 de latitud, con la frontera de Darfur tal como ésta quede fijada. “

El texto de esta disposición no está exento de ambigüedades, ya que el uso de las palabras “en principio” plantea la duda de si la línea debía ser estrictamente sureste o si era posible cierto margen de maniobra para establecer el curso de la línea. Eran posibles diferentes interpretaciones, ya que no se especificaba el punto de intersección de la línea con el grado 24 de longitud este, y el texto original de la Declaración no iba acompañado de un mapa que mostrara el curso de la línea acordado. Como se ha señalado anteriormente (apartado 28), pocos días después de la adopción de dicha Declaración, las autoridades francesas publicaron su texto en un Livre jaune que incluía un mapa; una copia de dicho mapa se adjunta a la presente sentencia.

En dicho mapa, una línea roja, continua o interrumpida, acompañada de un sombreado rojo, indicaba, según la leyenda del mapa, el “limite des possessions françaises, d’apres la convention du 21 mars 1899”. La línea roja era continua cuando reflejaba los límites definidos en dicha Convención, y una línea de picotazo cuando indicaba el límite de la “zona francesa” definida en el apartado 3 de la Convención.

La línea discontinua no discurría directamente hacia el sureste, sino en dirección este-sureste, de modo que terminaba aproximadamente en la intersección del meridiano 24° este con el paralelo 19° de latitud norte. La línea directa sudeste y la línea del mapa Livre jaune se muestran a efectos de comparación en el croquis-mapa núm. 3 de la página 32 del presente documento (junto con la línea definida en el Convenio de 8 de septiembre de 1919, tratado más adelante). 59. A los efectos de la presente Sentencia, la cuestión de la posición del límite de la zona francesa puede considerarse resuelta por [p31] el Convenio de 8 de septiembre de 1919 firmado en París entre Gran Bretaña y Francia. Como se indica en el propio Convenio, éste era

“Suplementaria a la Declaración firmada en Londres el 21 de marzo de 1899, como adición a la Convención del 14 de junio de 1898, que regulaba las Fronteras entre las Posesiones Coloniales Británicas y Francesas y las Esferas de Influencia al Oeste y al Este del Níger”.
Especificaba la frontera entre Darfur y el África ecuatorial francesa, y contenía varias disposiciones relativas a la posible extensión hacia el este de la esfera francesa, más allá del grado 24 de longitud. Sin embargo, su párrafo final establecía:

“Queda entendido que nada de lo dispuesto en el presente Convenio prejuzga la interpretación de la Declaración del 21 de marzo de 1899, según la cual las palabras del artículo 3 “… se extenderá desde allí en dirección sureste hasta encontrar el grado 24 de longitud al este de Greenwich (21° 40′ al este de París)” se aceptan en el sentido de “… . discurrirá desde allí en dirección sureste hasta encontrarse con el grado 24 de longitud al este de Greenwich en la intersección de dicho grado de longitud con el paralelo 19° 30′ grados de latitud”. Esta disposición significaba que la línea sureste especificada por la Declaración de 1899 no debía discurrir directamente hacia el sureste, sino en dirección este-sureste, de modo que se cruzara con el grado 24 de longitud en un punto situado más al norte de lo que lo haría una línea directa hacia el sureste. Esta Convención, al aceptar así una línea este-sureste en lugar de una línea sureste estricta, confirmaba de hecho la opinión francesa anterior de que la Declaración de 1899 no preveía una línea sureste estricta, y estipulaba de hecho, en cuanto al punto extremo oriental, una línea aún más al norte que la línea indicada en el mapa del Livre jaune.

El croquis nº 3, adjunto a continuación, muestra, para facilitar la comparación, las posiciones relativas de las tres líneas: la línea sureste estricta, la línea Livre jaune y la línea de 1919. 60. Así pues, no tiene mucho sentido examinar cuál era la situación antes de 1919, habida cuenta de que el Convenio anglo-francés de 8 de septiembre de 1919 determinó el punto final preciso de la línea en cuestión, adoptando el punto de intersección del grado 24 de longitud este con el paralelo 19° 30′ de latitud norte.

El texto de la Convención de 1919 presenta esta línea como una interpretación de la Declaración de 1899; en opinión del Tribunal, a los efectos de la presente Sentencia, no hay razón para calificarla ni de confirmación ni de modificación de la Declaración. En la medida en que los dos Estados partes en el Convenio son los que concluyeron la Declaración de 1899, no cabe duda de que la “interpretación” en cuestión constituyó, a partir de 1919, [p32]

Sketch-Map No. 1919 Convention Line-Livre jaune Map Line-Strict South-East Line

[p33] y entre ellos, la interpretación correcta y vinculante de la Declaración de 1899. Es oponible a Libia en virtud del Tratado de 1955. Por estas razones, el Tribunal concluye que la línea descrita en la Convención de 1919 representa la frontera entre Chad y Libia al este del meridiano 16° este.

61. El Tribunal se refiere ahora a la frontera al oeste de dicho meridiano. El Canje de Notas franco-italiano de 1 de noviembre de 1902 se refiere tanto a la Declaración anglo-francesa de 1899 como al Canje de Notas franco-italiano de 1900 (párrafo 29 supra). En él se afirma que

“el límite de la expansión francesa en África del Norte, tal como se menciona en la mencionada carta… de fecha 14 de diciembre de 1900, debe considerarse que corresponde a la frontera de Tripolitania, tal como se muestra en el mapa anexo a la Declaración de 21 de marzo de 1899”. El mapa al que se hace referencia sólo podía ser el mapa del Livre jaune en el que aparecía una línea punteada que indicaba la frontera de Tripolitania. Por lo tanto, esa línea debe ser examinada por el Tribunal para determinar el curso de la frontera entre Libia y Chad, en la medida en que no resulte de los acuerdos anglo-franceses de 1898, 1899 y 1919.

62. El Convenio entre el Gobierno tunecino y el Gobierno otomano de 19 de mayo de 1910 (párrafo 30 supra) sólo se refiere a la frontera entre el Vilayet de Trípoli (que ahora forma parte de Libia) y la Regencia de Túnez (es decir, la actual Túnez); y, por consiguiente, aunque es apropiado para su inclusión en el anexo I del Tratado de 1955, no tiene ninguna relación con el litigio entre Libia y el Chad.

Del mismo modo, dado que el Acuerdo franco-italiano de 12 de septiembre de 1919 sólo regula el sector entre Ghadames y Toummo, y por lo tanto no afecta directamente a la frontera entre Chad y Libia, el Tribunal considera innecesario seguir tomándolo en consideración aquí. *

63. El Tribunal indicará ahora cómo está constituida la línea que resulta del efecto combinado de los instrumentos enumerados en el Anexo I del Tratado de 1955, en lo que concierne a los territorios del Chad y de Libia. Está claro que el punto extremo oriental de la frontera se situará en el meridiano 24° este, que es aquí el límite de Sudán. Al oeste, no se pide al Tribunal que determine el punto triple Libia-Níger-Chad; en sus alegaciones, Chad se limita a pedir al Tribunal que declare el curso de la frontera “hasta el decimoquinto grado al este de Greenwich”.

En cualquier caso, la decisión del Tribunal a este respecto, al igual que en el asunto del litigio fronterizo, “no será oponible a Níger en lo que respecta al curso de las fronteras de ese país” (Recueil 1986, p. 580, párr. 50). Entre los 24° y los 16° al este de Greenwich, la línea está determinada por la Convención anglo-francesa del 8 de septiembre de 1919: es decir, la frontera es una línea recta desde el punto de intersección del meridiano 24° este con el paralelo 19° 30′ norte hasta el [p34] punto de intersección del meridiano 16° este con el Trópico de Cáncer.

A partir de este último punto, la línea está determinada por el canje de notas franco-italiano del 1 de noviembre de 1902, por referencia al mapa Livre jaune: es decir, esta línea, tal como figura en dicho mapa, se dirige hacia un punto situado inmediatamente al sur de Toummo; sin embargo, antes de llegar a este punto, cruza el meridiano 15° este, en un punto en el que, a partir de 1930, se situaba el comienzo de la frontera entre el África Occidental francesa y el África Ecuatorial francesa.

64. La confirmación de la línea que acabamos de describir se encuentra en el Convenio particular anexo al Tratado de 1955, que prevé la retirada de las fuerzas francesas estacionadas en el Fezzan. Entre las cuestiones tratadas figuran las rutas que deben seguir los convoyes militares de las fuerzas francesas que se dirijan al Chad o procedan de él. El artículo 3 del Convenio particular trata del paso por la pista nº 5 de los convoyes militares, y el anexo III del Tratado define la pista nº 5 como el itinerario que, procedente de la región de Ramada en Túnez, pasa por determinados puntos especificados “y penetra en territorio del Chad en la zona de Muri Idie”.

Los mapas disponibles de la zona revelan al menos cuatro lugares diferentes con nombres que, si bien varían de un mapa a otro, se asemejan a Muri Idie, pero dos de ellos están situados en territorio libio indiscutible, muy lejos de lo que en 1955 podría haberse considerado “territorio del Chad”. Las otras dos están situadas al sur de la parte correspondiente de la línea del mapa del Livre jaune, al oeste del meridiano 16° este. Una, la guelta de Mouri Idie, está inmediatamente al sur de dicha línea; la otra, la zona de Mouri Idie (cuyo nombre deriva de la guelta), se encuentra a unos 30 kilómetros al sur.

Lo que se denomina Muri Idie en el anexo III debe, pues, identificarse como uno de estos dos lugares, confirmando así que las partes del Tratado de 1955 consideraban que la línea del mapa Livre jaune era, al oeste del meridiano 16° este, el límite del “territorio del Chad”.

65. El Chad, que en sus alegaciones pide al Tribunal que defina la frontera hasta el meridiano 15° este, no ha definido el punto en el que, según él, la frontera se cruza con dicho meridiano. Las Partes tampoco han indicado al Tribunal las coordenadas exactas de Toummo en Libia. Sin embargo, sobre la base de la información disponible, y en particular de los mapas presentados por las Partes, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que la línea del mapa Livre jaune cruza el meridiano 15° este en el punto de intersección de dicho meridiano con el paralelo 23° de latitud norte. En este sector, la frontera está así constituida por una línea recta desde este último punto hasta el punto de intersección del meridiano 16° este con el Trópico de Cáncer.

*

66. Habiendo concluido que una frontera resultó del Tratado de 1955, y habiendo establecido dónde se encontraba esa frontera, el Tribunal está en posición de considerar las actitudes posteriores de las Partes respecto a la cuestión de las fronteras.

Ningún acuerdo posterior, ni entre Francia y Libia, ni entre Chad y Libia, ha cuestionado la frontera en esta región derivada del Tratado de 1955. Por el contrario, si se consideran los tratados posteriores a la entrada en vigor del Tratado de 1955, se puede afirmar que, después de 1955, las Partes aceptaron la existencia de una frontera determinada y actuaron en consecuencia. El Tratado entre Libia y Chad de 2 de marzo de 1966, al igual que el Tratado de 1955, se refiere a las relaciones de amistad y vecindad entre las Partes y trata cuestiones fronterizas.

Los artículos 1 y 2 mencionan “la frontera” entre los dos países, sin sugerir que exista incertidumbre al respecto. El Artículo 1 trata del orden y la seguridad “a lo largo de la frontera” y el Artículo 2 de la circulación de las personas que viven “a ambos lados de la frontera”. El artículo 4 trata de los permisos fronterizos y el artículo 7 de las autoridades fronterizas. Si, once años después de la celebración del Tratado de 1955, hubiera existido realmente un conflicto serio en relación con las fronteras, cabría esperar que se hubiera reflejado en el Tratado de 1966.

67. El Acuerdo de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua celebrado entre el Chad y Libia el 23 de diciembre de 1972 vuelve a hablar en términos de buenas relaciones y vecindad, y subraya la adhesión a los principios y objetivos de la Organización de la Unidad Africana, y en el artículo 6 las partes se comprometen a hacer todo lo posible para evitar las controversias que puedan surgir entre ellas.

Asimismo, se comprometen a esforzarse por resolver pacíficamente los problemas que puedan surgir entre ellas, de conformidad con el espíritu de las Cartas de la Organización de la Unidad Africana y de las Naciones Unidas. El 12 de agosto de 1974 se concluyó un nuevo acuerdo entre los dos Estados, en un momento en el que el presente conflicto había llegado a la escena internacional, tras las denuncias presentadas por Chad ante las Naciones Unidas.

Si bien se mencionan de nuevo la amistad y la vecindad, el artículo 2 establece que las

“las fronteras entre los dos países son una concepción colonial en la que los dos pueblos y naciones no tuvieron nada que ver, y esta cuestión no debe obstaculizar su cooperación y sus relaciones fraternales”.

El Tratado de Amistad y Alianza que las Partes concluyeron el 15 de junio de 1980 es de asistencia mutua en caso de agresión exterior: Libia se compromete a poner su potencial económico a disposición de la rehabilitación económica y militar de Chad. El Acuerdo entre Libia y Chad de 6 de enero de 1981 implica también la existencia de una frontera entre estos Estados, ya que prevé en su artículo 11 que:

“Las dos Partes han decidido que las fronteras entre la Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista y la República del Chad se abrirán para permitir la libertad de circulación sin trabas ni obstáculos de los nacionales libios y chadianos, y para unir a los dos pueblos hermanos.”[p36].

68.

El Tribunal examina ahora las actitudes de las Partes, con posterioridad al Tratado de 1955, en las ocasiones en que las cuestiones relativas a las fronteras se plantearon ante los foros internacionales. Libia alcanzó su independencia casi nueve años antes que el Chad; durante ese período, Francia presentó informes sobre este territorio a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe correspondiente a 1955 (doc. de las Naciones Unidas ST/TRI/SER.A/I2, p. 66) indica que la superficie del territorio del Chad es de 1.284.000 kilómetros cuadrados, cifra que incluye expresamente 538.000 kilómetros cuadrados correspondientes al BET. Además, las publicaciones de las Naciones Unidas a partir de 1960 siguieron indicando que la superficie del Chad era de 1.284.000 km2 (véase, por ejemplo, Yearbook I960, p. 693, Ap. 1). Como se desprende de las indicaciones anteriores sobre la frontera resultante del Tratado de 1955 (apartado 63), el BET forma parte del territorio de Chad sobre la base de dicha frontera, pero no lo sería sobre la base de la reclamación de Libia. Libia no impugnó las dimensiones territoriales del Chad establecidas por Francia.

69.

En cuanto al Chad, ha adoptado sistemáticamente la posición de que sí tiene una frontera con Libia, y que el territorio del Chad incluye la “franja de Aouzou”, es decir, la zona comprendida entre las líneas de 1919 y 1935 que figuran en el croquis nº 2 de la página 29 del presente documento. En 1977, Chad presentó una denuncia ante la Organización para la Unidad Africana (OUA) en relación con la ocupación de la franja de Aouzou por parte de Libia. La OUA creó un comité ad hoc para resolver el conflicto (AHG/Dec. 108 (XIV)).

La queja de Chad se mantuvo ante él durante 12 años antes de que se remitiera el asunto a este Tribunal. Ante la OUA, la posición de Libia era, entre otras, que la frontera definida por el Tratado de 1935 era válida. 70. En 1971, el Chad se quejó en una declaración ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de que Libia estaba interfiriendo en sus asuntos internos y externos.

En 1977 se quejó de que la franja de Aouzou estaba bajo ocupación libia desde 1973. En el trigésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General, en 1978, Chad se quejó ante la Asamblea de “la ocupación por Libia de Aouzou, parte integrante de nuestro territorio”. En 1977 y 1978, y en cada año de 1982 a 1987, el Chad protestó ante la Asamblea General por la usurpación que, según alegaba, Libia había hecho de su territorio.

71. Mediante una comunicación de 9 de febrero de 1978, el Jefe de Estado del Chad informó al Consejo de Seguridad de que Libia “hasta la fecha no había proporcionado a la OUA ninguna documentación que justificara sus reivindicaciones sobre Aouzou” y que en enero de 1978 no había participado en el Comité de Expertos (el Comité ad hoc) creado por la OUA. El Representante Permanente de Chad solicitó al Presidente del Consejo de Seguridad que convocara una reunión con carácter de urgencia para examinar la gravísima situación existente en ese momento. Chad reiteró sus quejas ante el Consejo de Seguridad en 1983, 1985 y 1986. Libia ha explicado que, como consideraba que el Consejo de Seguridad, al ser un foro político, no estaba en condiciones de juzgar el fondo de los problemas jurídicos que rodeaban la disputa territorial, [p37] no intentó defender su caso ante el Consejo.

Todos estos casos indican la coherencia de la conducta del Chad en relación con la localización de su frontera. *

72. El artículo 11 del Tratado de 1955 establece que: “El presente Tratado se concluye por un período de 20 años.

Las Altas Partes Contratantes podrán en todo momento celebrar consultas con miras a su revisión.

Dichas consultas serán obligatorias al término del período de diez años siguiente a su entrada en vigor.

El presente Tratado podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes 20 años después de su entrada en vigor, o en cualquier momento posterior, siempre que se notifique a la otra Parte con un año de antelación”.

A pesar de estas disposiciones, debe considerarse, en opinión del Tribunal, que el Tratado ha determinado una frontera permanente. No hay nada en el Tratado de 1955 que indique que la frontera acordada iba a ser provisional o temporal; por el contrario, tiene todas las características de la finalidad.

El establecimiento de esta frontera es un hecho que, desde el principio, ha tenido vida jurídica propia, independientemente del destino del Tratado de 1955. Una vez acordada, la frontera se mantiene, ya que cualquier otro enfoque viciaría el principio fundamental de la estabilidad de las fronteras, cuya importancia ha sido subrayada repetidamente por el Tribunal (Temple of Preah Vihear, I.C.J. Reports 1962, p. 34; Aegean Sea Continental Shelf I.C.J. Reports 1978, p. 36).

73. Una frontera establecida por un tratado alcanza así una permanencia de la que no goza necesariamente el propio tratado. El tratado puede dejar de estar en vigor sin que ello afecte en modo alguno a la permanencia de la frontera. En este caso, las Partes no han ejercido su opción de terminar el Tratado, pero se ejerza o no la opción, la frontera permanece. Esto no quiere decir que dos Estados no puedan, de mutuo acuerdo, modificar la frontera entre ellos; por supuesto, tal resultado puede lograrse por consentimiento mutuo, pero cuando una frontera ha sido objeto de acuerdo, la existencia continuada de esa frontera no depende de la vigencia del tratado en virtud del cual se acordó la frontera.

**

74.

El Tribunal concluye que la línea de 15° reclamada por Libia como frontera no está respaldada por el Tratado de 1955 ni por ninguno de sus instrumentos asociados. El efecto de los instrumentos enumerados en el Anexo I del Tratado de 1955 puede resumirse como sigue:

– De estos instrumentos resulta una frontera compuesta; comprende dos sectores que se tratan por separado en los instrumentos enumerados en el [p38] Anexo I: un sector al este del punto de intersección del Trópico de Cáncer con el grado 16 de longitud al este de Greenwich, y un sector al oeste de dicho punto. Este punto se denomina en lo sucesivo, por comodidad, punto X, y se indica como tal en el croquis nº 4 de la página 39 del presente documento.

– El sector oriental de la frontera está previsto por el Convenio anglo-francés de 8 de septiembre de 1919: una línea recta entre el punto X y el punto de intersección del grado 24 de longitud este de Greenwich con el paralelo 19° 30′ de latitud norte; este último punto se indica en el croquis-mapa nº 4 de la página 39 del presente documento como punto Y.

– El sector occidental de la frontera, desde el punto X en dirección a Toummo, está previsto por el Acuerdo franco-italiano de 1 de noviembre de 1902.

Este sector es una línea recta que sigue la frontera de Tripolitania, tal como se indica en el mapa del Livre jaune, desde el punto X hasta el punto de intersección del meridiano 15° este y el paralelo 23° norte; este último punto se indica en el croquis nº 4 de la página 39 del presente documento como punto Z. – Cuatro instrumentos enumerados en el Anexo I – el Convenio de 14 de junio de 1898, acompañado de la Declaración de 2]

de marzo de 1899, el Acuerdo de 1 de noviembre de 1902 y el Convenio de 8 de septiembre de 1919. **

75. Será evidente de la discusión precedente que la disputa ante la Corte, ya sea descrita como una disputa territorial o una disputa fronteriza, está concluyentemente determinada por un Tratado del cual Libia es parte original y Chad parte sucesora de Francia.

La conclusión de la Corte de que el Tratado contiene una frontera acordada hace innecesario considerar la historia de las “Tierras Fronterizas” reclamadas por Libia sobre la base de un título heredado de la población indígena, la Providencia Senoussi, el Imperio Otomano e Italia. Además, en este caso, es Libia, parte original del Tratado, y no un Estado sucesor, quien impugna su resolución de la cuestión territorial o fronteriza. Por lo tanto, no es necesario que el Tribunal explore cuestiones que han sido ampliamente debatidas ante él, como el principio de uti possidetis y la aplicabilidad de la Declaración adoptada por la Organización de la Unidad Africana en El Cairo en 1964.

76. Asimismo, la efectividad de la ocupación de las zonas pertinentes en el pasado, y la cuestión de si fue constante, pacífica y reconocida, no son cuestiones que deban determinarse en el presente asunto.

Así pues, la cuestión de si el Tratado de 1955 era declarativo o constitutivo tampoco requiere consideración. El concepto de terra nullius y la naturaleza de la administración de Senoussi, otomana o francesa, tampoco son pertinentes. Por la misma razón, los conceptos de esferas de influencia y de doctrina del interior no entran en el ámbito de la investigación del Tribunal de Justicia en la causa
[p39]

Sketch-Map No. 4 Boundary Line Determined by the court’s Judgment

[p40] el presente asunto. Del mismo modo, el Tribunal no necesita considerar las normas de derecho intertemporal. Esta Sentencia tampoco necesita ocuparse de la historia de la disputa tal y como se argumentó ante las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana.

El Tratado de 1955 determinó completamente la frontera entre Libia y Chad.

***

77. Por estas razones,
El Tribunal,

Por 16 votos contra I,

(1) Declara que la frontera entre la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista y la República del Chad está definida por el Tratado de Amistad y Buena Vecindad celebrado el 10 de agosto de 1955 entre la República Francesa y el Reino Unido de Libia;

(2) Considera que el trazado de dicha frontera es el siguiente: Desde el punto de intersección del meridiano 24° este con el paralelo 19° 30′ de latitud norte, una línea recta hasta el punto de intersección del Trópico de Cáncer con el meridiano 16° este; y desde este punto una línea recta hasta el punto de intersección del meridiano 15° este y el paralelo 23° de latitud norte;

estas líneas están indicadas, a título ilustrativo, en el croquis-mapa nº 4 de la página 39 de la presente Sentencia. A favor: Presidente Sir Robert Jennings; Vicepresidente Oda; Jueces Ago, Schwebel. Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola, Herczegh; Juez ad hoc Abi-Saab.

En contra: Juez ad hoc Sette-Camara.

Hecho en francés y en inglés, dando fe el texto francés, en el Palacio de la Paz, La Haya, el tres de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, en tres ejemplares, uno de los cuales se depositará en los archivos de la Corte y los otros se remitirán al Gobierno de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista y al Gobierno de la República del Chad, respectivamente. (Firmado) R. Y. Jennings,
Presidente.

(Firmado) Eduardo Valencia-Ospina,
Registrador.

[p41] El Juez AGO adjunta una declaración a la Sentencia del Tribunal.

Los jueces Shahabuddeen y Ajibola adjuntan votos particulares a la sentencia del Tribunal.

El Juez ad hoc Sette-Camara adjunta una opinión disidente a la sentencia del Tribunal.

(rubricado) R.Y.J.
(Iniciales) E.V.O.

[p42] [Mapa]

[p43] Declaración del juez Ago

[Traducción] Mi propia opinión sigue siendo la convicción de que, en el momento de la independencia del nuevo Estado de Libia, la frontera sur de ese país con las posesiones francesas de África Occidental y África Ecuatorial, entre Toummo y la frontera del Sudán anglo-egipcio, aún no había sido objeto de un tratado de delimitación entre las partes entonces directamente interesadas. Reconozco, sin embargo, que al concluir el Tratado del 10 de agosto de 1955 con Francia, el Gobierno de Libia, que se interesaba ante todo por otros aspectos del conjunto de cuestiones que debían resolverse, reconoció implícitamente, en lo que respecta a esa frontera meridional, las conclusiones que el Gobierno francés dedujo de los instrumentos mencionados en el Anexo I de dicho Tratado.

Es por ello que he decidido sumar mi voto a los de mis colegas que se han pronunciado a favor de la Sentencia. (Firmado) Roberto Ago.

[p44]

Voto particular del juez Shahabuddeen El caso que nos ocupa evoca un mundo que ha quedado atrás.

En destellos reveladores, ilumina una época en la que el derecho internacional tendía a desarrollarse como una construcción jurídica que apoyaba la proyección global del poder de una única región; en la que en aspectos importantes era diseñado y administrado por miembros destacados de una comunidad selecta; en la que esa comunidad, denominada por sí misma comunidad internacional, tenía poco parecido con el mundo tal y como era entonces, y aún menos con el mundo tal y como es hoy. Las actas del Tribunal hablan de aquellos días; no es fácil recuperar los diversos puntos de vista de la época.

Ambas partes, sin embargo, aceptaron correctamente que los modales legales de la época no estaban en juicio. Así, si fuera necesario examinar algunas de las cuestiones legadas por el pasado al presente, es posible que fuera el Derecho de entonces el que siguiera rigiendo.

Tal como ha resultado, no es necesario hacerlo. Esto se debe a que, por interesantes e importantes que sean estas cuestiones, quedan excluidas por la respuesta que el Tribunal ha dado a lo que ambas partes acordaron que era la cuestión de umbral, es decir, si la frontera reclamada por Chad está respaldada por el Tratado franco-libio de 1955. La respuesta del Tribunal es, en mi opinión, inevitable.

Resulta de la aplicación de los principios normales de interpretación al texto del artículo 3 del Tratado, tal como se expone en el apartado 39 de la sentencia. La primera parte del artículo, hasta las palabras “por otra parte”, implica necesariamente que las Partes (Chad reclamando a través de Francia) reconocen la existencia de fronteras que separan todo el territorio de Libia de todos los territorios franceses mencionados, incluido el territorio de Chad.

En cuanto a cuáles son esas fronteras, el artículo remite al lector a los instrumentos internacionales enumerados en el anexo I del Tratado. Salvo que existan razones de peso que indiquen lo contrario, dichos instrumentos deben interpretarse en consecuencia de manera que produzcan una definición exhaustiva de las fronteras, incluida una frontera que separe el territorio de Libia del territorio del Chad, en consonancia con el reconocimiento antes mencionado, realizado implícitamente por las Partes, de que existen fronteras en relación con todos esos territorios. Sin embargo, una dificultad que se me plantea se refiere al principio de estabilidad de las fronteras, al que se refiere la Sentencia: ¿es el principio pertinente para la cuestión de si el Tratado de 1955 puede considerarse un tratado por el que se establece una frontera entre Libia y el Chad?

El principio (cualquiera que sea su denominación) tiene una amplia aplicación en el ámbito de la delimitación de fronteras. Su utilidad es evidente al examinar la cuestión, examinada en el párrafo 72 de la sentencia, relativa a la permanencia de una frontera establecida por un tratado. Pero ¿en qué medida, si es que ayuda en algo, contribuye a resolver un problema de interpretación sobre si puede considerarse que un tratado es un tratado por el que se establece una frontera específica, y más especialmente una frontera de longitud considerable como en este caso? Como se señala en el apartado 46 de la sentencia, el empleo de la palabra “fronteras” en plural en el artículo 3 del Tratado de 1955 debe

“debe explicarse por el hecho de que existían diferencias de estatuto jurídico entre los distintos territorios limítrofes con Libia de cuyas relaciones internacionales Francia era entonces responsable, y sus fronteras respectivas habían sido delimitadas por acuerdos diferentes”. Estoy de acuerdo con el Tribunal de Justicia en que esta disposición del Tratado de 1955 debe interpretarse, no obstante, en el sentido de que “tenía por objeto resolver todas las cuestiones fronterizas, y no sólo algunas de ellas”. La pequeña cuestión que se me plantea es si el principio de estabilidad de las fronteras contribuye a establecer esta interpretación (véanse los apartados 47 y 48 de la sentencia).

La aplicación del principio en este caso debe considerarse en el marco de la sentencia del Tribunal, que se basa en el Tratado de 1955, y no en los efectos ni en ningún otro motivo. Libia acepta que el Tratado de 1955 es un tratado fronterizo en cuanto a algunas partes de su territorio, pero no en cuanto a todo; en particular, niega que el Tratado tuviera por objeto establecer una frontera entre su territorio y el del Chad.

Esta es la breve cuestión que se plantea al Tribunal: ¿estableció el Tratado de 1955, de un modo u otro, dicha frontera? Sólo podría hacerlo si pretendiera establecer de forma global la frontera entre Libia y todos los territorios franceses adyacentes, que entonces incluían, por supuesto, el territorio de Chad. Así pues, la verdadera cuestión que plantea el recurso al principio de estabilidad de las fronteras como prueba de esa proposición es si el principio crea la presunción de que un tratado de límites tiene por objeto resolver de forma global todas las fronteras entre las partes contratantes (véase CR 93/32, págs. 18 a 20 y 31, Profesor Cot, en relación con el Chad; y CR 93/27, pág. 29, Sir Ian Sinclair, Q.C., en relación con Libia).

El principio de estabilidad de las fronteras, en la medida en que se aplica a una frontera fijada mediante acuerdo, depende de la existencia de un acuerdo para el establecimiento de una frontera; sólo entra en juego después de que se haya establecido la existencia de tal acuerdo y está dirigido a dar el efecto adecuado al acuerdo.

No sirve para dar existencia a un acuerdo de fronteras cuando no lo había. Libia afirma que el Tratado de 1955 no era un tratado fronterizo entre su territorio y el de Chad; que, en efecto, no establecía ningún acuerdo fronterizo relativo al territorio de Chad. Evita responder a la cuestión planteada alegando el principio de que se presume que las partes en un acuerdo fronterizo tienen la intención de establecer una frontera definida, completa y continua. ¿Partes de qué acuerdo fronterizo? La cuestión en sí es si alguna vez existió tal acuerdo. [p46]

En Sovereignty over Certain Frontier Land, el Tribunal señaló en primer lugar la existencia del Convenio de 8 de agosto de 1843 y, en particular, su preámbulo, en el que se hacía constar la intención común de los dos Estados de “fijar y regular todo lo relativo a la demarcación de la frontera entre ellos” (I.C.J. Reports 1959, pág. 221). Fue a la luz de la existencia de este acuerdo para la demarcación global de la frontera entre los dos reinos que el Tribunal procedió a examinar la cuestión de si la Comisión Mixta de Fronteras establecida por el Convenio podía dejar debidamente en suspenso la cuestión del derecho de cualquiera de las partes a determinadas parcelas de tierra. Se excluyó una respuesta afirmativa, ya que dejaría sin demarcar parte del territorio que el Convenio exigía demarcar. En este caso, la situación es diferente: Libia niega que exista acuerdo alguno para la delimitación de su territorio con respecto al del Chad, y mucho menos acuerdo alguno para la demarcación.

En el párrafo 47 de la sentencia se citan las palabras de la Opinión Consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional sobre la interpretación del párrafo 2 del artículo 3 del Tratado de Lausana: “Es . . . natural que todo artículo destinado a fijar una frontera sea, si es posible, interpretado de tal manera que el resultado de la aplicación de sus disposiciones en su totalidad sea el establecimiento de una frontera precisa, completa y definitiva”.

(P.C.I.J., Serie B, No. 12, p. 20; énfasis añadido). La segunda parte de esta afirmación, relativa al “establecimiento de una frontera precisa, completa y definitiva”, gira en torno a las palabras de la primera parte “todo artículo destinado a fijar una frontera”; se refiere a la aplicación de las disposiciones de un artículo destinado a fijar una frontera. Sólo si se establece en primer lugar que el artículo está “destinado a fijar una frontera” comienza a aplicarse el principio de estabilidad de las fronteras, mencionado en la segunda parte.

La cuestión que se plantea aquí es si el artículo 3 del Tratado de 1955 era un “artículo destinado a fijar una frontera” entre Libia y Chad; la segunda parte de la declaración relativa al principio de estabilidad de las fronteras no ayuda a responder a esa cuestión preliminar. Al contrario, esta cuestión debe responderse primero, y de forma afirmativa, antes de que el principio pueda entrar en juego. Invocar el principio de estabilidad de las fronteras cuando de lo que se trata es de saber si el Tratado de 1955 era un tratado destinado a establecer una frontera entre Libia y el Chad equivale, en realidad, a hacer decir que todo tratado de límites debe interpretarse en el sentido de que tiene por objeto delimitar la totalidad de los territorios colindantes de las Partes. El caso del Tratado de Lausana no dice eso. Allí, el Artículo 3, párrafo 2, del Tratado decía:

“Desde el Mediterráneo hasta la frontera de Persia, la frontera de Turquía se establece como sigue:

(1) Con Siria: [p47]

frontera descrita en el artículo 8 del Acuerdo franco-turco del 20 de octubre de 1921;

(2) Con Irak: La frontera entre Turquía e Irak se fijará en un acuerdo amistoso que se concluirá entre Turquía y Gran Bretaña en el plazo de nueve meses.

En caso de no llegarse a un acuerdo entre los dos Gobiernos en el plazo mencionado, la controversia se someterá al Consejo de la Sociedad de Naciones. Los Gobiernos turco y británico se comprometen recíprocamente a que, en espera de la decisión a que se llegue sobre el tema de la frontera, no se producirá ningún movimiento militar o de otro tipo que pueda modificar en modo alguno el estado actual de los territorios cuyo destino final dependerá de dicha decisión.”

(P.C.I.J., Serie B, No. 12, pp. 18-19.) La cuestión principal de asesoramiento era la siguiente:

“¿Cuál es el carácter de la decisión que debe adoptar el Consejo en virtud del artículo 3, párrafo 2, del Tratado de Lausana: se trata de un laudo arbitral, de una recomendación o de una simple mediación?”. (Ibid, p. 6.)

En otras palabras, a falta de una determinación consensuada de la frontera entre Turquía e Irak, que debían realizar Turquía y Gran Bretaña en un plazo de nueve meses, ¿podía el propio Consejo de la Sociedad de Naciones determinar la frontera? ¿O sólo podía hacer una recomendación o actuar como mediador? El Tribunal opinó que

“la intención de las Partes era, mediante el recurso al Consejo, asegurar una solución definitiva y vinculante de la disputa que pudiera surgir entre ellas, a saber, la determinación final de la frontera” (ibid., p. 19).

La primera razón de peso que esgrimió el Tribunal fue que el artículo 3 del Tratado, como decía claramente, “tenía por objeto fijar la frontera de Turquía desde el Mediterráneo hasta Persia” (énfasis original). Como entre los dos puntos terminales indiscutibles así establecidos por el propio Tratado, la frontera tenía que ser necesariamente “continua y definitiva”. No podía ser ni continua ni definitiva si las lagunas dejadas por la falta de acuerdo entre Turquía y Gran Bretaña sobre su curso aquí y allá no podían ser colmadas por una determinación hecha por el Consejo.
Fue en estas circunstancias que el Tribunal dijo:

“No sólo los términos utilizados (‘lay down’, fixer, determiner), sólo pueden explicarse por una intención de establecer una situación que sería definitiva, sino que, además, la propia naturaleza de una frontera y de cualquier convenio destinado a establecer fronteras entre dos países [p48] importa que una frontera debe constituir una línea límite definida en toda su longitud.” (P.C.I.J.. Serie B, No. 12, p. 20.)

Estas observaciones estaban dirigidas a determinar el carácter de la función que debía desempeñar el Consejo de la Sociedad de Naciones. No pretendían sugerir que todo acuerdo fronterizo entre partes debía presumirse extendido a la totalidad de sus territorios adyacentes.

Al Tribunal no le preocupaba la cuestión de cuál era la longitud total de la frontera acordada. Simplemente le preocupaba el mecanismo para garantizar que, en toda su longitud indiscutible, “Desde el Mediterráneo hasta la frontera de Persia”, la frontera fuera definitiva y continua. Esto explica las palabras finales “que una frontera debe constituir una línea fronteriza definida a lo largo de toda su longitud”, es decir, a lo largo de cualquiera que fuera esa longitud según el acuerdo que establecía la fijación de la frontera. En otras palabras, el caso no se refería a la longitud total, sino a las diferencias dentro de una longitud total indiscutible. Por el contrario, en este caso no se trata de lagunas dentro de una longitud total, sino de la propia longitud total: ¿incluía o no la frontera específica y muy larga entre Libia y Chad?

El razonamiento anterior tampoco está en desacuerdo con el caso Jaworzina, también citado por Chad. En este caso, tres partes del territorio estaban en disputa entre Polonia y Checoslovaquia. El procedimiento de solución consistió en una Decisión adoptada el 27 de septiembre de 1919 por el Consejo Supremo de las Principales Potencias Aliadas y Asociadas, que actuaba en virtud de las disposiciones del tratado que lo autorizaban.
La Decisión delimitaba los tres territorios con vistas a resolver la disputa mediante la celebración de un plebiscito. El plebiscito no se celebró y hubo que recurrir a otros procedimientos de solución. Polonia alegó que la delimitación perdió todo su valor una vez que se decidió renunciar al plebiscito. Distinguiendo entre la delimitación como primer paso en la aplicación de los procedimientos de arreglo y el resto de los procedimientos de arreglo, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional sostuvo

“que la Decisión de 27 de septiembre de 1919 determinó de una vez por todas los territorios en litigio y que las decisiones sucesivas adoptadas con vistas a la solución de este mismo litigio deben considerarse relativas a los territorios así determinados” (P.C.I.J., Serie B, núm. 8, p. 23).
Polonia no negó que la Decisión de 27 de septiembre de 1919 efectuara una delimitación; la cuestión que planteó fue si dicha delimitación seguía en vigor. Para resolver esta cuestión, la Decisión de 1919 podría interpretarse útilmente sobre una base compatible con el principio de estabilidad de las fronteras. Aquí, por el contrario, Libia no está planteando ninguna cuestión en cuanto a la continuación en vigor de un acuerdo fronterizo, si lo hubo; está diciendo que simplemente no hubo acuerdo fronterizo.
La Jaworzina no [p49]ayuda a responder a la cuestión planteada por Libia sobre si el Tratado de 1955 era un tratado fronterizo en relación con sus territorios meridionales.

Más al caso es el Monasterio de Saint-Naoum, en el que el Tribunal Permanente de Justicia Internacional consideró que la decisión de Londres de 11 de agosto de 1913 había fijado ciertas partes de la frontera albanesa, pero no la parte relativa a la frontera en la región de Saint-Naoum, que consideró que “había quedado efectivamente indeterminada…”. (P.C.I.J., Serie B, nº 9. p. 20).
Al llegar a esta conclusión, el Tribunal no trató de eludir la cuestión iniciando la tarea de interpretación sobre la base de que el principio de estabilidad de las fronteras exigía que se interpretara que la decisión de 11 de agosto de 1913 tenía por objeto fijar todas las fronteras de Albania. Si hubiera partido de esta premisa, su conclusión podría haber sido diferente. Esta interpretación de la jurisprudencia no está en contradicción con la observación de este Tribunal en el Templo de Preah Vihear:

“En general, cuando dos países establecen una frontera entre ellos, uno de los objetivos primordiales es lograr la estabilidad y la finalidad”.

(I.C.J. Recueil 1962, p. 34.) El principio de estabilidad de las fronteras se aplica “cuando dos países establecen una frontera entre ellos”. Libia afirma que Francia y Libia no llegaron a ningún acuerdo por el que se estableciera una frontera entre Libia y Chad.

El principio de estabilidad de las fronteras no se aplicará hasta que se demuestre que Libia y Francia celebraron un acuerdo por el que se establecía dicha frontera. Entonces se aplicará para dar el debido efecto al acuerdo por el que se establece la frontera, y no como prueba de la existencia del acuerdo. Además, en el Templo de Preah Vihear la cuestión no era cuál era la longitud total de la frontera, sino dónde se encontraba la frontera en un sector específico de su longitud total acordada. La observación del Tribunal citada anteriormente no es lo mismo que decir:

“En general, cuando dos países establecen una frontera entre ellos, uno de los objetos primordiales es que se extienda a lo largo de todos sus territorios adyacentes”.

Si hay elementos que demuestran que un tratado tenía por objeto lograr una delimitación completa, pueden tenerse en cuenta en la medida en que sea admisible en el curso de la aplicación de los cánones normales de interpretación de los tratados, sin necesidad de gravar el proceso de interpretación con ninguna presuposición de que el principio de estabilidad de las fronteras exige que el tratado se interprete como destinado a lograr una delimitación completa. Es fácil pensar en casos en los que las zonas colindantes son tan extensas que resulta práctico y sensato que las partes acuerden una frontera sólo para un sector concreto. Se introduciría una complicación innecesaria si un acuerdo de este tipo tuviera que interpretarse sobre la base de una presunción de que el límite pretendía ser global. Las demás autoridades jurídicas citadas por el abogado del Chad no invalidan esta conclusión y no me propongo abordarlas.

El principio de estabilidad de las fronteras es valioso. Pero cuando, como en este caso, se invoca en relación con una frontera que se dice fijada por un tratado, su uso apropiado es la interpretación y aplicación del tratado, si existe, y no la prueba de la existencia del tratado. Aparte de las cuestiones relativas al curso de una frontera acordada en sectores particulares, el principio puede sin duda ayudar a resolver una cuestión en cuanto a la ubicación precisa de los puntos finales de una frontera acordada; pero, cuando las distancias son de la escala de las implicadas en este caso, no es creíble afirmar que el argumento es sobre la ubicación precisa de un punto final de una frontera acordada. La cuestión planteada por Libia es si existe algún acuerdo que establezca alguna frontera entre su territorio y el de Chad.

El principio de estabilidad de las fronteras no puede utilizarse para probar la existencia del acuerdo impugnado; esa prueba debe hacerse por otras vías.
En efecto, es evidente que existe un tratado relativo a la frontera entre Libia y el Chad. Esto se debe a que, como se ha mencionado anteriormente, el texto del Tratado de 1955 demuestra que las partes del Tratado pretendían establecer una delimitación completa entre Libia y todos los territorios franceses adyacentes, incluido el territorio del Chad.
No es pertinente ni necesario importar el principio de estabilidad de las fronteras para llegar a esa conclusión; bastan los principios normales de interpretación de los tratados. Para adaptar las palabras utilizadas por Charles De Visscher sobre el tema de las interpretaciones extensivas o restrictivas, partir de la presunción de que todo tratado de límites pretende ser territorialmente exhaustivo “c’est anticiper sur les resultats du travail interpretatif . . .” (Charles De Visscher, Problemes d’interpretation judiciaire en droit international public, 1963, p. 87).

(Firmado) Mohamed Shahabuddeen.

[p51]

Voto particular del juez Ajibola

I.
Introducción

(i) Delimitación o atribución

1. En general estoy de acuerdo con la sentencia de la Corte, especialmente con su conclusión de que el Tratado de Amistad y Buena Vecindad entre la República Francesa y el Reino Unido de Libia de 10 de agosto de 1955 determina en efecto la controversia fronteriza entre la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista (en adelante denominada “Libia”) y la República del Chad (en adelante denominada “Chad”).

Principalmente, esta conclusión resuelve definitivamente las diferencias iniciales pero fundamentales entre las Partes sobre si se trata de un caso de delimitación o de atribución. 2.

Libia, en su notificación al Tribunal, le instó a que “a decidir sobre los límites de sus respectivos territorios de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en la materia” (énfasis añadido);

mientras que Chad, en su propia notificación, pidió a la Corte que

“determine el trazado de la frontera entre la República del Chad y la Jamahiriya Árabe Libia, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional aplicables en la materia entre las Partes” (énfasis añadido).

3. En efecto, mientras que Chad solicitó a la Corte que resolviera un litigio fronterizo o de límites, Libia le instó a que decidiera un litigio territorial.

En el reciente caso Land, Island and Maritime Frontier Dispute case (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening) (I.C.J. Reports 1992, p. 351), en el que no se había determinado ningún límite en varias zonas del territorio terrestre en cuestión, la Sala de la Corte se ocupó primero de las reclamaciones territoriales en conflicto de las partes y posteriormente llevó a cabo un ejercicio de delimitación como una tarea judicial normal. Mediante una progresión similar, el Tribunal en el presente caso primero eliminó la disputa de atribución territorial decidiendo que las Partes estaban vinculadas por el Tratado de 1955, y después concluyó sin dificultad que el caso no era de atribución de territorio sino de delimitación de una frontera. [p52]

4.
A este respecto, comparto la opinión del Profesor AllotFN1 cuando señaló que:

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FN1 Boundaries and the Law in Africa: African Boundary Problems, 1969, p. 9.
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“Creo que uno puede perderse muy fácilmente en una discusión sobre los problemas políticos de África, los problemas de las minorías, las disputas territoriales, el imperialismo, etc. De lo que deberíamos hablar es de disputas fronterizas, no de disputas territoriales; en otras palabras, de disputas sobre las fronteras, sobre dónde hay que trazar la línea. Es muy cierto que, como consecuencia de una disputa territorial o de una disputa sobre una minoría, puede ser necesario volver a trazar una frontera, pero se trata de una consecuencia secundaria de esa disputa en particular.”
5. Una consecuencia cardinal de esa constatación del Tribunal fue la conclusión de que el artículo 3 del Tratado de 1955, con el Anexo I adjunto al mismo, sirvió de hecho para establecer la frontera que era objeto del litigio entre las Partes. Comparto la interpretación del Tribunal de este artículo en particular; sin embargo, tendré que hacer algunos comentarios adicionales.

6. Este voto particular mío es, por tanto, esencialmente de apoyo a la Sentencia del Tribunal y sólo pretende tratar algunos aspectos periféricos pero no carentes de importancia del caso. El Tribunal de Justicia ya ha abordado las cuestiones sustanciales de hecho y de Derecho implicadas en el litigio.

Yo, por lo tanto, deseo hacer ciertas observaciones que considero pertinentes en este importante caso, con el fin de enfatizar mi punto de vista individual con respecto a las principales cuestiones planteadas ante la Corte y algunos de los razonamientos que me llevaron a apoyar la Sentencia.
(ii) Problemas fronterizos africanos

7.
Durante aproximadamente un siglo, quizás desde 1885 cuando fue dividida, África ha estado lamentándose de las heridas que le infligió su pasado colonial. Los vestigios de esta poco envidiable herencia colonial estallan intermitentemente en discordantes convulsiones sociales, políticas e incluso económicas que, según algunos, es mejor olvidar que recordar. Pero esta “herencia” es difícil, si no imposible de olvidar; algunos de sus aspectos siguen, como apariciones, asomando la cabeza y persiguiendo a todo el continente en diversas manifestaciones discordantes y estériles: ¿cómo se olvidan las heridas sin cicatrizar? Un aspecto de este desafortunado legado puede verse en las incesantes disputas fronterizas entre los Estados africanos.

8. La inclinación colonial por las líneas geométricas (ejemplificada por la “herradura” de Lord Salisbury en el interior de Trípoli) ha dejado en África una gran concentración de Estados cuyas fronteras se trazan sin tener en cuenta los factores geográficos, étnicos, de conveniencia económica o de medios de comunicación razonables que han desempeñado un papel importante en la determinación de fronteras en otros lugares. Un autor sobre los problemas fronterizos africanos ha señalado:

“Encontramos a los somalíes distribuidos entre Etiopía, Somalia, Kenia y Yibuti, a los yorubas en Dahomey y Nigeria, a los ovejas en Ghana y Togo.
En la costa occidental de África encontramos un enorme sándwich de Estados francófonos y anglófonos cuyos contactos económicos ignoran casi por completo la proximidad de sus fronteras. Estos ejemplos pueden multiplicarse”. FN1

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FN1 Samuel Chime, Organization of African Unity and African Boundaries: African Boundary Problems, 1969, p. 65.

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9. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la mayoría de las fronteras africanas son puramente artificiales, y la frontera en litigio no fue una excepción. En la mayoría de los casos se trata de fronteras establecidas por las potencias coloniales como resultado de acuerdos entre ellas o con los pueblos indígenas o mediante conquista u ocupación. Me apresuro a añadir que las fronteras en todo el mundo son, en su mayoría, artificiales. Pero en África son aún más artificiales que en otros lugares, ya que la mayoría de ellas no son más que líneas rectas trazadas en el tablero de dibujo con poca relevancia para las circunstancias físicas sobre el terreno.
Ya en 1890, Lord Salisbury dijo:

“Nos hemos dedicado… a trazar líneas en los mapas donde nunca ha pisado el hombre blanco; nos hemos ido regalando montañas y ríos y lagos, pero sólo nos ha obstaculizado el pequeño impedimento de que nunca supimos exactamente dónde estaban esas montañas y ríos y lagos”. (Memorial de Libia, Vol. 1, p. 25, párr.

3.01: citado de The Times, 7 de agosto de 1890). 10.

En consecuencia, algunos países africanos al obtener su independencia, especialmente en los años cincuenta y sesenta, empezaron a cuestionar las fronteras mal definidas que ignoraban tantos factores humanos, ya fueran sociales, políticos o económicos. Cuatro países emprendieron entonces políticas irredentistas: Somalia, Marruecos, Ghana y Togo. Es importante señalar que en aquel momento (es decir, antes de 1970) Libia no se encontraba entre esos países.

Como consecuencia de esta política, que cuestionaba de hecho las fronteras “coloniales” existentes y la consiguiente partición territorial, estallaron en África algunos importantes con-flictos armados entre Somalia y Kenia, Etiopía y Somalia, Togo y Ghana, Marruecos y Mauritania, Argelia y Marruecos. 11.

El profesor C. G. Weeramantry, en el capítulo “Legados del colonialismo” de su libro Igualdad y libertad: Some Third World Perspectives aludía a la partición de África como ejemplo clásico de estas “divisiones artificiales” que, en última instancia, dieron lugar a “varias docenas de disputas fronterizas
[p54] disputas fronterizas” que han “estallado, algunas de ellas con fuertes enfrentamientos entre naciones africanas “FN1.

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FN1 Equidad y libertad: Some Third World Perspectives, Hansa Publishers Ltd., junio de 1976, p. 46.
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12. Otro autor sobre los problemas fronterizos africanos describió así la cuestión: “Una de las características notables del África independiente actual es el legado de unas fronteras coloniales mal definidas.

Como ha observado acertadamente Ian Brownlie, la expansión europea en África produjo una división territorial que guardaba poca o ninguna relación con el carácter y la distribución de las poblaciones de las antiguas colonias y protectorados. Así, las fronteras internacionales que ahora heredan los nuevos Estados africanos independientes fueron impuestas arbitrariamente por las antiguas potencias coloniales europeas”.FN2

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FN2A. Oye Cukwurah, “The Organisation of African Unity and African Territorial and Boundary Problems, 1963-1973”, Indian Journal of International Law, Vol. 13, p. 178.
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En este contexto debe entenderse la reclamación de Libia.

II. Examen de la reclamación territorial de Libia

13. La reclamación de Libia se basaba en la tesis de que, en todos los momentos relevantes para esta disputa, las tierras fronterizas nunca fueron terra nullius, ni siquiera antes de la llegada de Francia. En particular, en las “tierras fronterizas” al sur de Libia, que la dividen de Chad, nunca hubo una frontera definida, ni convencional ni de otro tipo. El otro argumento fundamental de Libia era que Francia nunca adquirió ningún título sobre las tierras fronterizas, ni por tratado, ni por ocupación, ni por conquista; y puesto que Chad sucedió a los títulos territoriales de Francia, a fortiori Chad no poseía ningún título de Francia. Pero eso no quiere decir, según Libia, que el título no existiera. Según Libia, en todo momento perteneció a las tribus indígenas, los senoussiya y, en el plano internacional, al Imperio Otomano, y pasó a Italia tras el Tratado de Ouchy en 1912.

Fue este mismo título el que pasó a Libia el 24 de diciembre de 1951, fecha de su independencia.
14. Significativamente, el argumento de Libia de que los territorios habitados por tribus o pueblos con organizaciones sociales y políticas no deben considerarse terra nullius se hace eco del comentario del Tribunal en el caso del Sáhara Occidental de que:

“en el caso de tales territorios la adquisición de soberanía no [p55]se consideraba generalmente efectuada unilateralmente mediante la ‘ocupación’ de terra nullius por título original, sino mediante acuerdos concluidos con los gobernantes locales” (I.C.J. Reports 1975, p. 39, párr. 80).

15. Libia, después de haber negado la existencia de cualquier frontera establecida al sur, alegó en sus alegaciones que tenía título: “a todo el territorio situado al norte de la línea indicada en el mapa 105 del Memorial de Libia… es decir, la zona delimitada por una línea que comienza en la intersección de la frontera oriental de Níger y los 18° de latitud norte, continúa en dirección sureste estricta hasta alcanzar los 15° de latitud norte, y luego sigue este paralelo hacia el este hasta su confluencia con la frontera existente entre Chad y Sudán” (CR 93/29, p. 72).

(i) La reivindicación territorial de Libia y la “estrategia de litigio”

16. La reclamación de Libia abarcaba las regiones de Borkou, Ennedi y Tibesti, incluidos Erdi, Kanem y Ounianga, o lo que Libia describía como las “tierras fronterizas”:

“un práctico término geográfico de referencia… se define al norte por la línea de la Convención Anglo-Francesa de 1919 reclamada por Chad, y al sur por los 15° de latitud norte” (CR 93/16, p. 12).

17. En apoyo de esta reivindicación de la totalidad de las “tierras fronterizas”, Libia se refirió en su Memorial y en su alegato oral a factores económicos, religiosos, geográficos, climáticos y de seguridad. En cuanto al factor económico, se mencionaron las rutas comerciales del Sáhara Central desde las costas mediterráneas de Cirenaica y Tripolitania hasta las tierras del interior.

Se dieron ejemplos de estas rutas comerciales desde Trípoli a Sokoto y Kano en Nigeria, pasando por lugares importantes como Nalut, Ghadames, Ghat y Agades; otra desde Misuratah a Kuwka pasando por Mourzouk y Bilma. Una tercera ruta antigua partía de Bengasi y llegaba a Manssenya, en Baguirmi, vía Koufra, Tekro (en Ennedi) y Abeche. Libia consideraba que el comercio había sido desde la antigüedad el factor principal de los contactos y las relaciones entre los pueblos del norte y el sur del Sáhara.
18. Libia también sugirió que la geografía proporcionaba un criterio para que la Corte considerara especialmente las características geográficas del terreno. A este respecto, sostuvo que la Corte tenía la misma discreción que una comisión de demarcación para efectuar el establecimiento de una frontera de novo donde no existía ninguna, como se alegaba en este caso. En cuanto a la religión, Libia hizo mucho hincapié en su conexión con los Senoussi y el Imperio Otomano musulmán, alegando que la parte septentrional de África, así como [p56] las tierras fronterizas, eran predominantemente musulmanas, mientras que al sur el Chad estaba poblado por cristianos y animistas. En cuanto al factor climático, Libia señaló que, mientras que toda la zona de las tierras fronterizas compartía un clima y una vegetación desérticos con Cirenaica y Tripolitania, el sur del Chad disfrutaba del clima sudanés, de carácter tropical.

19. En cuanto a la cuestión de la seguridad, Libia opinaba que el macizo de Tibesti suponía un peligro potencial para su complejo petroquímico-industrial de la cuenca del Sirt, por lo que, desde el punto de vista de la defensa nacional de Libia, era de suma importancia que el macizo de Tibesti y la frontera adyacente fueran seguros.

Aduciendo la consideración de seguridad en apoyo de su reivindicación territorial, Libia alegó que: “Al llevar a cabo la tarea de atribución de territorio y determinar qué Estado tiene la mejor reclamación de titularidad sobre el territorio comprendido en el ámbito general de esta disputa, Libia opina que los intereses de seguridad de cada Estado a la luz de todos los hechos son factores que no deben pasarse por alto. Atribuir a Libia las regiones descritas en sus alegaciones sobre las que Libia afirma tener un título claro, tendría plenamente en cuenta los intereses de seguridad de Libia, dejando al mismo tiempo una extensa zona terrestre entre dicha frontera libia y el corazón estratégico y económico de Chad – lo que los franceses han llamado ‘le Tchad utile'”.

(Memorial de Libia, Vol. 1, p. 68, párr. 3.110.)
20. Los argumentos anteriores, derivados de consideraciones humanas y físicas, pueden considerarse como la primera pata sobre la que descansaba la reclamación de Libia. La segunda pata era de naturaleza diplomática y se centraba en el Tratado de Roma de 1935, también conocido como Tratado Laval-Mussolini. Se trataba del Tratado entre Francia e Italia que definía específicamente la frontera entre Libia y los territorios del África Ecuatorial Francesa y del África Occidental Francesa al este de Toummo.

21. El Tratado de 1935 no entró formalmente en vigor porque Italia se negó a proceder al intercambio de los instrumentos de ratificación.

Sin embargo, el argumento de Libia era que esto no disminuía la importancia del Tratado o su relevancia como factor esencial a tener en cuenta en la resolución de la disputa ante el Tribunal. Las Partes discreparon en cuanto a quién habría concedido territorio a la otra. El argumento de Libia era que Italia hizo tales concesiones a Francia a cambio de la promesa de que los franceses apoyarían la conquista de Etiopía por parte de los italianos, y que fue la negativa francesa a mantener ese acuerdo lo que llevó a Italia a negarse a canjear los instrumentos de ratificación.

22. Chad afirma que fue Francia quien en 1935 ofreció concesiones de territorio a Italia, basándose en la “concesión colonial” prometida en virtud del artículo 13 del Tratado de Londres de 1915. Sin embargo, este punto es de menor [p57] importancia para el argumento de Libia de que el Tribunal podría tomar en consideración este Tratado para llegar a una decisión justa y equitativa.

23. Libia alegó que el Tratado de 1935 era el único instrumento internacional que a lo largo de la historia de este litigio pretendía trazar una línea que definiera de una vez por todas la frontera en la zona en litigio y que de hecho habría alcanzado su propósito de no haber sido por la falta de intercambio de los instrumentos de ratificación. Se trataba de un Tratado, afirmaba Libia además, que había sido plenamente negociado y concluido por dos Estados que ejercían ambos efectivamente la soberanía sobre los territorios que debían delimitarse. Así pues, Libia afirmó que podían extraerse valiosas indicaciones de un tratado de delimitación que se encontraba al borde mismo de la aplicabilidad. De hecho, Libia destacó el flujo y reflujo de las negociaciones franco-italianas entre 1912 y 1935 como una consideración equitativa a su favor. Chad bien podría haber sugerido que el Accord-Cadre permitía al Tribunal operar únicamente dentro de los límites de la ley, stricto sensu, pero según Libia: “ce constat n’exclut nullement le recours á l’aequitas infra legem, qui au contraire est toujours approprie, comme votre Cour l’a dit et repete tant á propos des delimitations maritimes que des delimitations terrestres” (CR 93/20, p. 40).

24. Ahora ha surgido una imagen clara de la reclamación de Libia:

que no existía ninguna frontera entre Libia y Chad, ni por conquistas u ocupación francesa ni en virtud del Tratado de 1955, en particular el artículo 3 con la lista de instrumentos internacionales anexos; que el Tribunal estaba, por tanto, en condiciones de decidir un litigio territorial más que un litigio fronterizo; que, al hacerlo, el Tribunal debía tener en cuenta el Tratado de Roma de 1935, aunque no se hubieran intercambiado los instrumentos de ratificación; que el territorio en litigio no era en ningún momento terra nullius, sino que en todo momento la titularidad correspondía a los pueblos indígenas y a los Senoussi, mientras que en el plano internacional la titularidad correspondía al Imperio Otomano, que finalmente la traspasó a Italia. De ahí que Libia concluyera que su reivindicación territorial debía extenderse hasta los 15º de latitud sur.

25. No cabe duda de que Chad se sorprendió ante la amplitud de la reivindicación libia, que esperaba limitada a la línea de 1935 en la que Libia se había basado desde 1977 ante el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Organización para la Unidad Africana.

De ahí que afirmara que: “Conseguir la mitad de Chad sería espléndido, pero en realidad Libia se conformaría con todo lo que hay al norte de la línea de 1935.

Esa línea no podía defenderse como tal, debido a la no ratificación de ese Tratado. Así que la disputa se convertiría en una disputa territorial más que fronteriza, se harían grandes reclamaciones territoriales, y [p58] después, el último día del debate oral, Libia reinsertaría la línea de 1935 como una especie de equidad” (CR 93/21, p. 55, párrafo 63.)

26. Chad señala que a lo largo de los años Libia no ha sido coherente con respecto a su reivindicación territorial. La respuesta de Libia a esta observación es que las políticas pasadas de su Gobierno sobre este asunto tienen poco que ver con el presente caso, cuando sólo son relevantes los alegatos y las presentaciones ante el Tribunal. No me persuadió esta línea de argumentación: por el contrario, soy de la opinión de que lo contrario es la posición en derecho internacional.

27. Mi opinión encuentra confirmación en la jurisprudencia del Tribunal. Por ejemplo, en el asunto relativo a la Delimitación marítima en la zona entre Groenlandia y Jan Mayen (Dinamarca contra Noruega), el Tribunal, al interpretar muy recientemente el Acuerdo de 1965 entre Noruega y Dinamarca, tomó en consideración el texto que el Gobierno noruego sometió a debate parlamentario en 1979-1980:

“Esta ausencia de relación entre el Acuerdo de 1965 y el Acuerdo de 1979 se ve confirmada por los términos de la comunicación oficial de este último texto al Parlamento por parte del Gobierno noruego. La Proposición nº 63 (1979-1980) al Storting establece que:

“El 8 de diciembre de 1965, Noruega y Dinamarca firmaron un acuerdo relativo a la delimitación de la plataforma continental entre ambos Estados.

El acuerdo no abarcaba la delimitación de la plataforma continental en la zona comprendida entre Noruega y las Islas Feroe”.

Dado que, como se ha señalado anteriormente, el Acuerdo de 1965 no contenía ninguna exclusión específica de la zona de las Islas Feroe, ni de ninguna otra zona, esta declaración es coherente con una interpretación del Acuerdo de 1965 como aplicable únicamente a la región para la que especificaba una línea fronteriza definida por coordenadas y una carta, es decir, el Skagerrak y parte del Mar del Norte”. (Recueil 1993, p. 51, párr. 29). 28.

Otro ejemplo que confirma firmemente mi opinión se encuentra en los asuntos de las Pruebas nucleares de 1974, cuando el Tribunal concluyó que la declaración del Gobierno francés de que no llevaría a cabo más pruebas nucleares atmosféricas tenía implicaciones jurídicas. (ii) Las cuestiones principales

Dicho esto, lo que Chad denominó “estrategia de litigación” de Libia (CR 93/21, p. 55, párr. 64) merecía ser evaluada con la ayuda de cuatro preguntas pertinentes: [p59]

1.

1. ¿Qué grado de confianza podía depositar Libia en el Tratado de Roma de 1935?
2. 2. ¿Hasta qué punto era sólida la tesis de Libia de que no había frontera entre ella y Chad?

3. 3. ¿Tenía razón Libia en su interpretación de la disposición del artículo 3 (con su anexo I) del Tratado de 1955?

4. ¿Qué fuerza tenían las reclamaciones y alegaciones de Libia en relación con la región BET?

(iii) El Tratado de Roma y la equidad

29. Entre los límites convencionales implicados en esta disputa, el Tratado de Roma podría haberse considerado como el “segundo mejor”, en el sentido de que el Tribunal se habría visto obligado a examinarlo más detenidamente en caso de ausencia o invalidez del Tratado de 1955.

En tal situación, una cierta aplicación de “principios” equitativos podría haberse convertido en una necesidad, pero cuando la equidad tiene un papel en una disputa fronteriza, ese papel es invariablemente limitado. La equidad sólo puede aplicarse para llenar un vacío. Puede ser aequitas infra legem o aequitas secundum legem, pero no aequitas praeter legem o contra legem. Ambas Partes estaban prácticamente de acuerdo en que ésta era la posición del derecho internacional. Pero como el Tratado de 1955 había reconocido una frontera convencional y no se habían intercambiado los instrumentos de ratificación del Tratado de Roma, la equidad no tenía de hecho ningún papel que desempeñar en este asunto; aplicarla habría sido aplicar la equidad extra legem – y en cualquier caso, la equidad sigue a la ley.

30.

Incluso en los casos de delimitación marítima, en los que el Tribunal ha desarrollado considerablemente la ley sobre esta cuestión en lo que respecta a los principios de equidad y a los factores de equidad, la equidad no opera contra, legem sino infra legem. En conclusión, se puede decir que la equidad no tenía ningún papel que desempeñar en este caso concreto y que el Tratado de Roma, aunque de cierto interés histórico, nunca estuvo en vigor y, por lo tanto, no era aplicable de iure.

(iv) La tesis de Libia de que “no hay frontera convencional”

31. Este punto se aborda aquí para destacar las posiciones cambiantes adoptadas por Libia desde el inicio de la disputa. Primero fue el periodo de silencio y aquiescencia, después el periodo de negación de la ocupación de parte de la región de Tibesti, seguido de la afirmación de que Libia tenía derecho a tal acción en virtud del Tratado de Roma de 1935. A continuación, Libia alegó ante el Tribunal que, aunque no se había establecido ninguna frontera, el Tratado de Roma debía tenerse en cuenta desde el punto de vista de consideraciones equitativas.
Pero independientemente de las justificaciones que pudieran encontrarse para cada una de estas posturas, la alegación de la inexistencia de una [p60] frontera convencional dependía de la interpretación del Tratado de 1955.

(v) La interpretación de Libia del Tratado de 1955

32. Todo lo que hay que decir aquí es que me parece que Libia no negó ni la validez del Tratado de 1955 ni el hecho de que fuera relevante para la presente controversia. Entretanto, el Tribunal ha considerado que puede aplicarse para definir una frontera convencional, conclusión con la que estoy plenamente de acuerdo.

(vi) ¿Qué fuerza tenía la reclamación de Libia sobre la región BET?
33. Habiendo decidido que existe una frontera convencional establecida entre Chad y Libia, se podría considerar redundante examinar esta cuestión. Sin embargo, puede que no esté del todo fuera de lugar hacerlo, debido a la importancia de este caso en África.

34. Suponiendo por un momento que el Tratado de 1955 no creara una frontera, habría sido muy difícil dar la razón a Libia sobre la base de las consideraciones históricas, religiosas, económicas, geográficas y de seguridad que expuso ante el Tribunal.

Anteriormente en esta opinión, he expresado mi opinión sobre este punto, refiriéndome a la historia de África y su colonización. Las potencias coloniales no tuvieron en cuenta todos esos factores cuando se produjo la partición en los siglos XIX y XX. Las tribus y los pueblos indígenas se extienden por toda África sin tener en cuenta las fronteras ni la entidad de los Estados.

35. El Presidente Tsiranana, entonces Jefe de Estado de Madagascar, dijo en 1963FN1: ———————————————————————————————————————
FN1 ICAS Summit/Gen/Inf/14, p. 4; véase también Boutros Boutros-Ghali, Les conflits de frontières en Afrique, 1972.
———————————————————————————————————————

“Ya no es posible ni deseable modificar las fronteras de las naciones en nombre de criterios raciales o religiosos… si tomáramos como criterio de nuestras fronteras la raza, la tribu o la religión, ciertos Estados de África serían borrados del mapa”. (Énfasis añadido.)

36. 36. Tomemos como ejemplo la Providencia de Senoussi, cuyo gran patrón procedía de Argelia: la influencia de esta Providencia se extendía por todo el norte de África, especialmente Argelia, Marruecos y Egipto. La influencia de la Providencia también se extendía hacia el sur, a lo largo y ancho del actual Chad y más allá. Ya en 1856 se estableció una zawiya senoussi en Kuka Bornou. La consecuencia lógica de la reivindicación de Libia basada únicamente en el título senoussi podría implicar la integración de unas ocho naciones en total como un solo Estado en África. Hasta aquí los factores religiosos y culturales. Las consideraciones económicas y geográficas presentarían [p61] guías aún más fluidas y poco fiables. Además, a menudo entrarían en conflicto con las conclusiones extraídas de consideraciones de naturaleza etnocultural.

37. Por ello, estoy totalmente de acuerdo con la opinión de la Sala del Tribunal en el asunto del Conflicto fronterizo (Burkina Faso/República de Malí):

“No obstante, la Sala subraya de manera más general que recurrir al concepto de equidad para modificar una frontera establecida estaría totalmente injustificado. Especialmente en el contexto africano, las deficiencias evidentes de muchas fronteras heredadas de la colonización, desde el punto de vista étnico, geográfico o administrativo, no pueden apoyar la afirmación de que la modificación de estas fronteras es necesaria o justificable por consideraciones de equidad.” (C.I.J. Recueil 1986, p. 633, párr. 149; el subrayado es nuestro).

38.

Para concluir, encuentro difícil apoyar cualquiera de las alegaciones presentadas al Tribunal por Libia en el presente caso. III.

El caso del Chad
39. La alegación general del Chad sobre este caso era que se refería a la delimitación de la frontera común entre las dos Partes. Por lo que respecta al Chad, el Tratado franco-libio de 10 de agosto de 1955 definía la frontera entre él y Libia. En su discurso de apertura, el Agente del Chad expresó la opinión del Gobierno del Chad de la siguiente manera:

“En opinión del Chad, el Tratado del 10 de agosto de 1955 es la clave del litigio. Libia lo negoció, firmó y ratificó libremente. El Tratado no puede eludirse, es decisivo. Su aplicación basta para resolver el litigio”. (CR 93/21, p. 14.)

40. 40. En apoyo de esta alegación, el Chad presentó dos tesis subsidiarias.

Sostuvo que, aunque el Tratado franco-libio de 1955 no se hubiera celebrado o fuera inaplicable, la definición de la frontera resultante de determinados instrumentos internacionales sería la misma. Alternativamente, Chad argumentó que la misma línea fronteriza resultaría de los efectivos franceses en las tierras fronterizas, asumiendo que las dos primeras líneas de contención fallaran. Chad reforzó además su afirmación de que existía realmente una frontera convencional con alegaciones de aquiescencia y preclusión contra Libia. La cuestión del uti possidetis juris también fue planteada por Chad, refiriéndose a la Declaración de El Cairo de la Organización de la Unidad Africana de 1964, y a una parte de la decisión de una Sala de este Tribunal en el caso relativo a la Controversia Fronteriza (Burkina Faso/República de Malí) (I.C.J. Reports 1986, p. 554). [p62]

IV. El Tratado de 1955 y la posición de las Partes

41. Libia estuvo de acuerdo con el Chad en que el punto de partida en este caso debía ser el Tratado franco-libio de 1955 (en adelante, “el Tratado de 1955”).

El abogado declaró en su nombre “El artículo 3 del Tratado de 1955 es directamente pertinente para resolver la presente controversia” (Réplica de Libia, párr. 5.04); y, de hecho, Libia sugiere que “La Corte bien puede considerar el Tratado de 1955 como el punto de partida lógico en su consideración de cómo resolver la controversia territorial en este caso” (ibid, párr. 5.01).

Dado que tanto Libia como Chad (aunque este último con algunas reservas) consideran que el Tratado de 1955 es de importancia crítica para la resolución de la presente controversia, Libia comenzará analizando el artículo 3 de dicho Tratado”. (CR 93/ 15, p. 15.)

42. Chad, por su parte, dejó claro en la apertura de sus alegaciones orales que su tesis más importante era que el Tratado de 1955 “identificaba de forma bastante inequívoca una línea fronteriza” (CR 93/21, p. 28). El abogado añadió: “Empecemos por el principio. Y el principio jurídico -y también el final- es el Tratado de 10 de agosto de 1955 entre Francia y Libia”.

(CR 93/21, p. 29.) V. Interpretación del Tratado de 1955

43.

La Sentencia del Tribunal abordó adecuadamente la interpretación del artículo 3 del Tratado de 1955, que no necesito repetir en esta opinión, sino que me limitaré a tocar algunos aspectos de la misma que considero apoyan la Sentencia.
(i) Objeto y finalidad del Tratado de 1955

43. En la interpretación de cualquier tratado es igualmente esencial examinar su objeto y fin reales (cf. artículo 31, párrafo 1, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). 44.
En lo que respecta al Tratado de 1955, la opinión de Libia sobre este punto es directa: su objeto propio era asegurar la retirada del ejército francés de Fezzan para dar un sentido efectivo a la independencia libia. Todas las demás consideraciones eran secundarias y, de hecho, carecían de importancia. Como mínimo, Libia no estaba interesada entonces en la delimitación de la frontera sur, y hubiera preferido no tener nada que ver con la cuestión de la delimitación de la frontera. Se hizo referencia al hecho de que Libia estaba mal equipada para tal ejercicio en 1955, y en particular carecía de expertos apropiados. 45. El Sr. Kamel Maghur por Libia dijo que:

“Cuando las negociaciones que finalmente desembocaron en el Tratado de 1955 [p63] comenzaron en enero de 1955, yo estimaría que no había más de cinco abogados en Libia.

Sólo un abogado, el Sr. Fekini, recién salido de la Facultad de Derecho de Túnez, sin experiencia de ningún tipo, fue asignado para ayudar al equipo libio. . . Al igual que el Sr. Fekini, yo no sabía nada sobre cuestiones de derecho internacional y fronteras internacionales cuando me licencié en Derecho”. (CR 93/14, p. 67.)

46. Libia alega que Francia tampoco quiso entrar en la cuestión de la delimitación.

Se mencionó insistentemente la carta de 2 de mayo de 1955 del Gobernador General del África Ecuatorial Francesa al Ministre de la France d’Outre-Mer. La carta aconsejaba: “la necessité de faire reconnaître par ce pays [la Libye] les frontières resultant de la déclaration franco-britannique de 1899” (Memorial de Libia, Vol. 1, p. 370, párr. 5.437).

47. Pero la carta no se detuvo ahí.

Iba más allá para exponer claramente el objetivo de Francia con respecto a la frontera sur de Libia con Chad en ese momento crucial, que era unos cuatro meses antes de la firma del Tratado de 1955. Según Libia, esto correspondía a la tesis francesa que se había formulado por primera vez y articulado plenamente en 1921-1922 en respuesta a la protesta italiana contra la Convención anglo-francesa de 1919. Así, la tesis francesa sobre la frontera, según se explica en la carta, es la siguiente “- que Libia debe ser considerada como un Estado sucesor de Italia y no de Turquía;
– que las fronteras meridionales de Libia estaban determinadas por la Declaración Adicional Anglo-Francesa de 1899, modificada por la Convención Anglo-Francesa de 1919;
– que Italia había reconocido formalmente la Declaración Adicional de 1899 en los Acuerdos Franco-Italianos de 1900-1902; y
– que Libia no podía basar ninguna reclamación en el Tratado de 1935 porque estos acuerdos ‘n’ont jamais ete executes'”. (Ibid. ; énfasis añadido.)

48. La carta de 10 de mayo de 1955 que la Embajada de Francia en Londres envió al Ministerio de Asuntos Exteriores británico, y que Libia citó en su Memorial, sugiere además que ambas partes adoptaron la misma actitud con respecto a la delimitación, ya que en ella se afirma:

“Les deux gouvernements conviennent de s’en tenir, en ce qui concerne le trace des frontières separant les territoires français et libyen, aux stipulations generales des textes internationaux en vigueur à la date de la creation de l’Etat libyen.” (Ibid., p. 375, párr. 5.445.) 49.

¿Se puede acaso deducir de ello que no había desacuerdo en cuanto al objeto y la finalidad del Tratado? Libia aceptó en el último momento que la frontera había sido fijada por los actos internacionales. Libia, menciona que:[p64] “Libia aceptó, en el último momento, esta rectificación propuesta, bajo considerable presión de los negociadores franceses; y el texto de lo acordado a modo de identificación de estos puntos se plasmó en el Anexo I del Tratado de 1955”. (CR 93/15, p. 38.)

50. Según el Chad, ¿cuál era la finalidad y el objeto de este Tratado de 1955?

Para el Chad, se trataba de un acuerdo global para garantizar la paz y la estabilidad en esa región. Para Chad, se trataba de un Tratado de Amistad y Buena Vecindad entre Francia y Libia. Como se afirma en la Contramemoria de Chad:

“se presenta en forma de un conjunto de disposiciones relativas a una gran variedad de temas: presencia de tropas francesas en territorio libio, cooperación económica, financiera y cultural, régimen fronterizo, etc. Su objeto es muy generalmente facilitar las relaciones entre las partes y establecer una cooperación entre ellas”. (Contramemoria del Chad, vol. I, p. 505, párr. 11.68.)

51.

Teniendo en cuenta el título, el texto y el contenido del Tratado, la opinión del Chad me parece la correcta, aunque cada una de las partes podría aspirar a una especie de quid pro quo. Así se expresaba en una carta de 5 de enero de 1955 de la Embajada británica en París al Foreign Office de Londres, basada en la información facilitada por el Sr. Jerbi, uno de los miembros de la delegación libia en las negociaciones del Tratado. Según la carta

“el Gobierno francés había opinado al comienzo de las negociaciones de enero que Francia estaba dispuesta a retirar sus fuerzas de Fezzan siempre que se resolvieran al mismo tiempo ciertas cuestiones conexas, una de las cuales era que ‘la frontera entre Fezzan y el territorio francés debía delimitarse adecuadamente'” (Memorial de Libia, Vol. 1, p. 375, párr. 5.446).

52. Hay que recordar también que en esta época, entre 1953 y 1954, Gran Bretaña y los Estados Unidos de América habían concluido acuerdos de seguridad y de alianza con Libia, mientras que Francia quedaba al margen.

53. Sea cual fuere el motivo de las partes independientemente, no cabe duda de que el objeto y la finalidad del Tratado de 1955 era garantizar la amistad y la buena vecindad entre las partes.

La regla especial de interpretación de los tratados relativos a las fronteras es que, salvo prueba en contrario, debe suponerse que se celebraron para garantizar la paz, la estabilidad y la finalidad. Muchos convenios multilaterales contienen disposiciones que salvaguardan y garantizan la estabilidad y firmeza de los tratados sobre fronteras.

Un ejemplo de estos tratados es la Convención sobre la sucesión de Estados en materia de tratados de 1978 (a la que me he referido anteriormente), especialmente su artículo 11, que estipula que una sucesión de Estados no altera ni afecta a una frontera establecida por un tratado, ni tampoco afecta a las obligaciones y derechos establecidos por dicho tratado cuando [p65] se trate de la cuestión de las fronteras. Del mismo modo, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el apartado a) del párrafo 2 del artículo 62 dispone:

“No podrá invocarse un cambio fundamental de circunstancias como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él

(a) si el tratado establece un límite”. (Énfasis añadido). 54.

Además, el párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986 también creó una exención relativa a los tratados fronterizos al establecer que:

“No podrá invocarse un cambio fundamental de circunstancias como causa para dar por terminado un tratado entre dos o más Estados y una o más organizaciones internacionales o retirarse de él si el tratado establece una frontera.” (Énfasis añadido.) 55.

El Tratado de 1955 no trata exclusivamente de la cuestión de las fronteras, sin embargo, consta que es parcialmente un tratado fronterizo a la vista del artículo 3 del Tratado y de su anexo I. A falta de prueba en contrario, este artículo debe considerarse como una disposición insertada por ambas partes para establecer y garantizar cierto grado de estabilidad y finalidad con respecto a su frontera. 56.

La jurisprudencia del Tribunal en materia de límites convencionales apoya firmemente el análisis anterior. La autoridad más célebre en este punto es el claro pronunciamiento del Tribunal en el caso relativo al Templo de Preah Vihear (Camboya c. Tailandia), decidido en junio de 1962. En ese caso, el Tribunal estableció el principio de estabilidad y finalidad de la siguiente manera:

“En general, cuando dos países establecen una frontera entre ellos, uno de los principales objetivos es lograr la estabilidad y la finalidad. Esto es imposible si la línea así establecida puede, en cualquier momento, y sobre la base de un proceso continuamente disponible, ser cuestionada, y su rectificación reclamada, siempre que se descubra cualquier inexactitud por referencia a una cláusula del tratado matriz. Tal proceso podría continuar indefinidamente, y nunca se alcanzaría la finalidad mientras quedasen por descubrir posibles errores. Tal frontera, lejos de ser estable, sería completamente precaria”. (Recueil 1962, p. 34.)

57. Tal vez esta decisión del Tribunal, con su sabor judicial de quieta non movere, tenía por objeto garantizar la finalidad y la certidumbre sobre cualquier litigio que se le presentara, y evitar así los litigios prolongados e interminables que a veces provocan hostilidades y conflictos armados. [p66]

58. El objeto y la finalidad del Tratado de 1955 en su conjunto eran sin duda múltiples, ya que se trataba de un Tratado con tantas dimensiones, que contenía, entre otras cosas, un convenio particular sobre buena vecindad en el que se explicaba cómo hacer efectivas las “relaciones de buena vecindad”, por ejemplo, garantizando la libre circulación de los ciudadanos de un territorio a otro; un convenio sobre cooperación económica; y también un convenio cultural sobre educación, lengua, etc.

Además, contiene numerosos anexos que detallan de forma exhaustiva los objetos y fines del Tratado. Pero está igualmente claro que una parte del objeto y propósito del Tratado era establecer de una vez por todas la frontera sur de Libia. En mi opinión, esto se consiguió.

(ii) Enfoque integrador 59.

Aunque no es mi deseo tratar el “enfoque de la intención” como una rúbrica distinta de interpretación en este dictamen – aunque sólo sea porque tal enfoque puede ser excesivamente subjetivo y, por tanto, indeseable (el Tribunal tampoco ha seguido nunca este enfoque) – cualquier sustancia, si la hay, que pueda derivarse del mismo puede discutirse fácilmente y subsumirse en el enfoque de la integración, que tal vez pueda poner de relieve la intención de ambas Partes. El enfoque de integración tratará igualmente de forma adecuada todo el contenido del Tratado de 1955 de la forma expresada así en el Artículo 31, párrafo 2, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969:

“A los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y sus anexos

(a) todo acuerdo relativo al tratado que haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;
(b) todo instrumento formulado por una o varias partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.” (Énfasis añadido.)

60.

El tratamiento de la interpretación del Tratado de 1955 con arreglo a lo que aquí se denomina un enfoque integrador no puede sino referirse a algunos de los puntos anteriormente mencionados en el apartado “objeto y fin”, que no pretendo repetir. Una vez más, debe observarse que cada Parte, en la presentación de su caso ante el Tribunal, presentó volúmenes de documentos diplomáticos, incluyendo correspondencia, acuerdos, notas o proces verbaux, y mapas. Estos documentos fueron efectivamente utilizados durante el procedimiento oral.

Sobre los documentos diplomáticos relativos al periodo de enero a agosto de 1955, se pueden hacer algunas observaciones importantes y pertinentes. Conviene comenzar por el Tratado Laval-Mussolini de 1935, que estuvo en el candelero entre 1935 y 1955. Sin duda, ese Tratado incluía una frontera que otorgaba a Libia alguna ventaja o concesión (aunque Libia la impugnara). Iba acompañado de un mapa que situaba toda la “franja de Aouzou” dentro del territorio de Libia. Aunque [p67] se firmó el Tratado, las partes no lo intercambiaron.

Italia se negó a hacerlo porque acusaba a Francia de una falta de fe con respecto a lo acordado sobre la concesión que debía otorgarse a Italia, en relación con sus colonias en Eritrea y Somalia.

61. En este Tratado de 1935 subyacía un mapa que indicaba la frontera en la que Italia, y posteriormente Libia, se basaron erróneamente durante algún tiempo y que provocó un conflicto de opiniones entre Italia y Francia antes de 1947, y entre Libia y Francia antes de la firma del Tratado de 1955.

62.

Así, entre 1935 y el 10 de agosto de 1955, se produjeron dos incidentes que dieron claramente una indicación de las posturas de ambas partes con respecto a la frontera al sur de Libia. Los incidentes fueron el de Jef-Jef en 1938 y el de Aouzou el 28 de febrero de 1955. Aunque los hechos fueron discutidos por las Partes, es obvio que mientras Francia se basaba en la frontera de 1899/1919 como límite de Libia al sur con Chad, Italia seguía basándose en la línea de 1935. Estos incidentes son significativos por dos razones.

En el incidente de Jef-Jef, había un acuerdo tácito de que Italia (y Libia en realidad) no podía basarse en el Tratado de 1935, cuya ratificación no se intercambió. En el incidente de Aouzou, también hubo un entendimiento tácito de que, puesto que la línea de 1935 ya no estaba en vigor, las partes acordaron volver a la línea de 1899/1919. 63. Entre enero y el 10 de agosto de 1955 (cuando se firmó el Tratado de 1955) hubo hasta 64 documentos que trataban de las negociaciones sobre el proyecto de texto o lo que debería ser el contexto acordado del Tratado. Diecisiete se refieren al incidente de Aouzou, mientras que otros tratan de mapas, controversias y el desplazamiento de las tropas francesas de Fezzan. Aunque existen puntos de vista contradictorios y diferentes interpretaciones atribuidas a estos documentos por las Partes, surgió claramente una formulación razonable de lo que puede considerarse un consenso ad idem. Por parte libia, la cuestión más importante era el traslado de las tropas francesas fuera de Fezzan, y estaba igualmente dispuesta a hacer “concesiones” si este traslado fuera de Fezzan podía completarse lo antes posible. Libia también estaba interesada en cualquier forma de ayuda por parte de Francia.

Francia, por su parte, hizo de la cuestión de la frontera meridional libia una conditio sine qua non, y en lo que a ella respecta, las líneas de 1899/1919 debían ser reconocidas como línea fronteriza. 64. Además, contrariamente a lo que Libia alegó durante el procedimiento oral, Francia no estaba, en mi opinión, absolutamente satisfecha con el Tratado de 1955.

La situación y las circunstancias de la época indicaban claramente que Francia no tenía más remedio que tragarse un trago amargo al firmar dicho acuerdo. De la lectura de todos los documentos pertinentes se desprende claramente que lo que Francia quería en aquel momento no era un tratado de amistad y buena vecindad, sino un tratado de alianza con Libia como los que firmó con Gran Bretaña en 1953 y con los Estados Unidos de América en [p68] 1954. Tomemos, por ejemplo, el Comité de Defensa de la Unión Francesa que, al poner como parte de sus condiciones para la ratificación del Tratado de 1955, declaró lo siguiente:

“1. Todo acuerdo franco-libio debe, en razón de sus convenciones militares y de buena vecindad, adoptar la forma de un tratado de alianza, a fin de constituir un reconocimiento de iure por parte del Estado libio de la soberanía de Francia sobre sus territorios africanos.

2. Este tratado debe reconocer nuestro derecho a volver a ocupar militarmente Fezzan en tiempo de guerra o en caso de crisis, cuya definición deberá abarcar nuestra seguridad africana en las proximidades de esta región.” (Memorial de Libia, Vol. 6, Prueba 76, p. 1051).

65. De hecho, la Asamblea de la Unión Francesa expresó su pesar con respecto al proyecto de Tratado de 1955, al opinar lo siguiente:

“(a) que la insuficiencia de la solidaridad occidental no ha permitido a Francia preservar su posición en Fezzan como hubiera sido oportuno, pudiendo tales insuficiencias de solidaridad comprometer la Alianza Atlántica” (ibid., p. 1050).

66.

Así pues, en el contexto global del Tratado, Francia no consiguió, de hecho, su objetivo, y una lectura atenta de lo que ocurrió en su Parlamento, especialmente durante los debates de la reunión del 22 de noviembre de 1955, arrojará algo de luz sobre esta opinión. En su explicación a la Asamblea Nacional de Francia sobre el Tratado, el Sr. Daniel Mayer, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Ponente, se refirió a lo que Francia habría querido de Libia, en relación con dicho Tratado, si hubiera podido salirse con la suya:

“En aquella época, Francia pretendía concluir con el nuevo Reino Federal una alianza que la hubiera colocado, en Fezzan, en una situación análoga a la de Gran Bretaña en Tripolitania y Cirenaica.

Desgraciadamente, fue imposible lograr ese objetivo, ya que los Acuerdos firmados en 1953 con Gran Bretaña y al año siguiente con Estados Unidos, habían proporcionado ampliamente a nuestros interlocutores los medios que necesitaban y les habían permitido despreciar la muy modesta contrapartida que pudimos proponerles a cambio de un derecho de ocupación permanente de Fezzan, donde nuestras tropas estaban estacionadas desde 1942.” (Ibid., Prueba 71, p. 5017; el subrayado es nuestro).

67. El Sr. Mayer fue más lejos en su discurso ante la Asamblea Nacional francesa, lamentando las posibles consecuencias políticas y psicológicas del fracaso de Francia a la hora de obtener el mejor acuerdo de Libia y de tener que contentarse con el segundo mejor acuerdo: el Tratado de 1955:
[p69]

“Ciertamente, este tratado puede dar lugar a críticas y supone, por nuestra parte, concesiones susceptibles de herir nuestro orgullo en ciertos aspectos. Dado que nuestras tropas se cubrieron de gloria en el Fezzan, nuestro ejército africano será sin duda sensible a la retirada de nuestras fuerzas de allí.”

(Memorial de Libia, Vol. 6, Prueba 71, pp. 5017-5018; énfasis añadido).

68. No cabe duda de que Fezzan fue una cuestión muy espinosa en este Tratado, cuando Libia estaba de hecho dispuesta a pagar el precio de deshacerse de las tropas francesas (unos 450 soldados en total) de su territorio y Francia era muy reacia a abandonar Fezzan.

Para Francia, Fezzan era una zona estratégica de importancia con respecto a sus colonias del norte de África frente al África ecuatorial. Francia consideraba incluso que se la dejaba de lado, ya que mientras las tropas británicas y estadounidenses eran acogidas en Libia, a sus propias tropas se les pedía que se marcharan en virtud de este Tratado de 1955. Pero al mismo tiempo Francia comprendió que sería mejor retirarse honrosamente y libre de Fezzan que:

“evacuarlo en unas semanas, quizás en unos días, después de haber sido condenado por un voto casi unánime en las Naciones Unidas, donde, no se puede negar, nos sería muy difícil encontrar algún argumento en apoyo de nuestra ocupación continuada de la zona…”. (ibíd., p. 5025).

69. En efecto.

El Sr. Jacques Soustelle, en la Asamblea Nacional, se refirió al Tratado de 1955 de la siguiente manera: “¿Tratado de amistad? ¿Qué amistad es ésta?” (Ibid, p. 5022.)

70. Sin embargo, seguía siendo claramente conveniente y deseable que Francia firmara un acuerdo de este tipo con Libia. En ausencia de una alianza, Francia necesitaba la paz y la buena vecindad de Libia con sus propios nuevos y poderosos “aliados”: Gran Bretaña y Estados Unidos de América.

Esto se reflejó claramente en el debate de la Asamblea Nacional francesa: “Es cierto que no hay objetivo más loable que el de establecer o consolidar la paz y las relaciones de buena vecindad en cualquier parte de las zonas que contienen tantos focos de violencia”. (Ibid., p. 5020; el subrayado es nuestro).

71.

Por lo tanto, en mi opinión, para establecer una atmósfera de paz y estabilidad entre las dos naciones, una delimitación clara y nítida de sus respectivas fronteras era conditio sine qua non. De ahí la importancia del Artículo 3 con el Anexo I del Tratado de 1955, que en mi opinión establecía claramente una frontera acordada y nunca negada ni por Libia ni por Francia hasta hace poco (por Libia). Si, por otra parte, se considera todo el contenido de las negociaciones que tuvieron lugar entre Francia y Libia antes de la firma del Tratado de 1955 el 10 de agosto, [p70] no cabe la menor duda de que ambas partes llegaron a un acuerdo para establecer una frontera entre ellas tal y como se indica en el Artículo 3 del Tratado.

72.

Ya el 2 de enero de 1955, el negociador libio, Sr. Mustapha Halim, al tratar la cuestión de la negociación con Francia, dijo: “Pido la evacuación definitiva e incondicional de Fezzan y no me retractaré de lo que ya se ha dicho.

Como ustedes [Francia] temen que se produzcan disturbios en su frontera, estoy resuelto a concluir un acuerdo con ustedes.”

(Respuesta de Libia, Vol. 3, Prueba 6.4, p. 2.) 73. La consideración global o general que iba a constituir la base de sus negociaciones y que finalmente condujo al acuerdo del Tratado de 1955, quedó así clara por Libia desde el principio.

Se aprecia el necesario elemento de quid pro quo entre ambas partes. También hay que tener en cuenta otro punto importante previo al inicio de esta negociación.

El acuerdo que Francia firmó con Libia en el momento de su independencia (24 de diciembre de 1951) con respecto a las tropas francesas en suelo libio (en Fezzan) expiraba el 31 de diciembre de 1954 y Francia debía evacuar sus tropas de Fezzan. 74. El acta de las negociaciones iniciales entre Francia y Libia del 8 de marzo de 1955 muestra muy claramente lo que acordó cada parte.

Mientras que Francia se comprometió a: “retirar sus fuerzas militares actualmente estacionadas en Fezzan en un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del tratado” (ibíd., “Negociations franco-libyennes – Projet de proces-verbal”, p. 2), esto fue matizado por Libia, que consideraba que dicha evacuación debía completarse “antes del 31 de diciembre de 1955 o, a más tardar, diez meses después de la firma del tratado, que debería concluirse lo antes posible” (ibíd.).

75. La cuestión de la frontera también se trató en el mismo proyecto de acuerdo. En la sección IV de la misma acta resumida de las negociaciones franco-libias, Libia acordó definitivamente con Francia lo siguiente:

“Los dos Gobiernos convienen, por lo que se refiere a la línea fronteriza entre los territorios francés y libio, en atenerse a las disposiciones generales contenidas en los instrumentos internacionales vigentes en la fecha del establecimiento del Estado libio”. (Ibid., p. 5; énfasis añadido).

76.

Hay algunos puntos importantes que señalar en el texto de esta negociación. En primer lugar, algunas de las palabras empleadas son similares, si no las mismas, que las contenidas en el texto final del artículo 3 del Tratado de 1955. Palabras como “frontera”, “territorios”, “en vigor” e “instrumentos internacionales” son comunes a ambos textos, lo que demuestra claramente que Libia siempre deseó negociar un acuerdo sobre la cuestión fronteriza. Además, Libia aceptó “acatar” las disposiciones generales de los instrumentos internacionales pertinentes. Esto indica claramente que, a pesar de que Libia podría haber albergado antes algunas dudas sobre esta frontera en particular, luego aceptó atenerse a ella.

También hay que señalar aquí que, a diferencia del texto final del Tratado del 10 de agosto de 1955, este proyecto de acta de negociación se refería a la “línea fronteriza entre los territorios francés y libio”, lo que es una referencia clara e inequívoca a la frontera sur de Libia. Por aquel entonces, una carta de uno de los Altos Comisarios franceses en el África Ecuatorial Francesa, el Sr. Chauvet, demostraba vívidamente la forma en que Francia deseaba vincular la evacuación de las tropas francesas de Fezzan a la delimitación de la frontera al sur de Libia. En su carta aconsejaba lo siguiente:

“Con el fin de anticiparse a cualquier reclamación posterior de Libia sobre la parte de Tibesti entonces cedida a Italia, el Sr. Colombani considera que la retirada de las tropas francesas de Fezzan, si así se decidiera, debería condicionarse a la fijación y demarcación de la línea fronteriza definida por la Declaración franco-británica del 21 de marzo de 1899.” (Respuesta de Libia, Vol. 3, Prueba documental 6.5, Carta del 10 de febrero de 1955, p. 1; el subrayado es nuestro).

77. En julio de 1955, la posición de ambas partes estaba muy clara, como puede comprobarse en el anteproyecto del “Tratado de Amistad y Buena Vecindad” negociado en Trípoli, que sirvió de base al texto definitivo en agosto (ibíd., Prueba documental 6.6, p. 1).

78. En conclusión sobre esta parte, no cabe duda de que ambas partes, al igual que acordaron que Francia evacuara sus tropas de Fezzan, acordaron igualmente y sin lugar a dudas que la frontera al sur de Libia debía delimitarse, y de hecho, llevaron a cabo esta intención en el contexto del Tratado.

(iii) Buena fe

79. El principio de buena fe es fundamental en la interpretación de los tratados. En este contexto, la buena fe es esencialmente la buena fe de todas las partes del tratado. Es un principio que está estrechamente entrelazado con el principio de pacta sunt servanda, tal y como se establece claramente en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que dice que “todo tratado en vigor obliga a las Partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (el subrayado es nuestro). Además, algunas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas respaldan firmemente este principio. Una parte de su preámbulo establece que las Naciones Unidas:

“establecer condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional”.

Además, el Artículo 2, párrafo 2, de la Carta ordena:

“A fin de asegurar a todos los Miembros los derechos y beneficios inherentes a la calidad de Miembro, todos los Miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta”.

(Énfasis añadido.) 80. Elias, en su libro FN1se refiere a algunas decisiones arbitrales y judiciales sobre este punto.

Tal es el caso de las Pesquerías del Atlántico NorteFN2. En este caso, después de que el Tribunal Arbitral observara que el principio del derecho internacional es que las obligaciones convencionales deben ejecutarse de buena fe, sostuvo además:

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FN1 T. O. Elias, The Modern Law of Treaties, 1974, p. 41.
FN2 Naciones Unidas, Reports of International Arbitral Awards (UNRIAA), Vol. XI, p. 188.
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“Pero del Tratado resulta una relación obligatoria en virtud de la cual el derecho de Gran Bretaña a ejercer su derecho de soberanía dictando reglamentos se limita a los reglamentos que se dicten de buena fe y no violen el Tratado.”

81.

El Tribunal Permanente de Justicia Internacional también se pronunció en numerosas ocasiones sobre el principio de buena fe FN3. El Tribunal lo aplicó, en el asunto relativo a los Derechos de los nacionales de los Estados Unidos de América en Marruecos, a la interpretación de los artículos 95 y 96 del Acta de Algeciras, pronunciándose de la siguiente manera: “La facultad de hacer la valoración corresponde a las autoridades aduaneras, pero es una facultad que debe ejercerse razonablemente y de buena fe”. (I.C.J. Reports 1952, p. 212.)

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FN3 Ejemplos arco (1) Tratamiento de los nacionales polacos y otras personas de origen o habla polaca en el territorio de Danzig, Opinión Consultiva, 1932, P.C.I.J., Serie A/B, No. 44, p. 28; (2) Escuelas de minorías en Albania, Opinión Consultiva, 1935, P.C.I.J., Serie A/B.

No. 64, pp. 19-20.
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82. Si todas las partes tienen la obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor (artículo 18 de la Convención de Viena), a fortiori también tienen la obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado cuando éste ha entrado finalmente en vigor.

De hecho, el proyecto original de la Comisión de Derecho Internacional del artículo 18 de la Convención de Viena contenía una disposición, posteriormente descartada por innecesaria, según la cual las partes en un tratado (después de su ejecución) deben abstenerse de todo acto que pueda impedir su aplicaciónFN4.

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FN4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1952, Vol. II, p. 7.
——————————————————————————————————————— 83.

En definitiva, la ejecución de buena fe es esencial para la protección de las “contraprestaciones” mutuamente otorgadas por y entre las partes en un tratado, por utilizar un término del Derecho de los Contratos en el Common Law. “Buena fe” implica que todas las partes de un tratado deben cumplir y ejecutar todas sus obligaciones. No pueden elegir qué obligaciones cumplirán y cuáles se negarán a cumplir, ignorarán o pasarán por alto. Los tratados, como cualquier acuerdo, pueden contener obligaciones “beneficiosas” o “perjudiciales” para una o varias partes en particular.
Sin embargo, todas las obligaciones, ejecutorias o no, deben cumplirse. De ahí que Elias señalara además:

“En consecuencia, el cumplimiento de buena fe significa no sólo la mera abstención de actos que puedan impedir el debido cumplimiento del tratado, sino que también presupone un justo equilibrio entre las obligaciones recíprocas.” FN1

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FN1 Op. cit., p. 43.
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84.

Para mantener el necesario equilibrio compromisorio, o lo que Elias denominó “justo equilibrio”, en este caso, cada una de las Partes debe ser vista cumpliendo toda su parte de las obligaciones. Libia no puede elegir qué obligaciones va a cumplir, ni Francia tampoco. Las consideraciones fun-damentales en este Tratado de 1955, el quid pro quo, son la cuestión de la evacuación de Francia de Fezzan y la cuestión de que Libia acepte que el Artículo 3, con el Anexo I, del Tratado de 1955 había reconocido y establecido la frontera sur libia con Chad. Esta es la base fundamental del “package deal”, como obligaciones conjuntas e indivisibles oponibles a ambas partes. Rosenne, en uno de sus artículosFN2 comentaba así la buena fe:

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FN2 “The Election of Five Members of the International Court of Justice in 1981”, 76 American Journal of International Law, 1982, pp. 365-366.
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“Es un principio cardinal de interpretación que un tratado debe interpretarse de buena fe y no conducir a un resultado que sea manifiestamente absurdo o irrazonable. La interpretación por el Secretario General y por el Consejo de Seguridad de las disposiciones del Estatuto sobre la provisión de vacantes ocasionales en este caso puede considerarse como un ejemplo de interpretación que cumple esta condición.”

(Énfasis añadido.) 85. Una segunda mirada al Tratado de 1955 indica claramente muchas obligaciones por parte de Francia que deben cumplirse, todas ellas muy beneficiosas para Libia y que de hecho se cumplieron. Algunas de estas obligaciones figuran en el Convenio de Cooperación Económica y también en el Anexo V del Tratado. En el Anexo VIII, por ejemplo, Francia transfirió a Libia:
“I. Aquellos edificios, que antes eran italianos, junto con los edificios erigidos por las fuerzas francesas (con la excepción del grupo de edificios marcados con una ‘G’ en el plano adjunto) serán transferidos a la plena propiedad de las autoridades libias.” (Memorial de Libia, Vol. 2, Prueba 28, p. 15.)

86.

Este contenido del Anexo VIII fue contestado por Mustapha Ben Halim en la misma fecha – 10 de agosto de 1955, confirmando “que el Gobierno de Libia está de acuerdo con estas propuestas” (ibid). Este [p74] es un claro ejemplo en el que una parte de la obligación y el beneficio contenidos en el Tratado se habían ejecutado. Uno se pregunta por qué cualquier otra obligación contenida en el mismo Tratado debería tratarse de forma diferente.

McNair describe la buena fe de la siguiente manera: “El cumplimiento de los tratados está sujeto a una obligación imperativa de buena fe mutua.

Esta obligación también es operativa en el ámbito de la interpretación de los tratados, y sería una violación de esta obligación que una parte hiciera uso de una ambigüedad para imponer una interpretación que los negociadores del tratado sabían que no era la intención de las partes”. FN1 (Énfasis añadido.)

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FN1El Derecho de los Tratados, 1961, p. 465.
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87. Esto, tal vez, resume la situación en este caso, en el que Libia está dando una interpretación negativa a una parte de un Artículo (Artículo 3 con su Anexo I) en este asunto, mientras que algunos aspectos del mismo se consideran operativos y efectivos. Por lo tanto, para interpretar este Tratado de buena fe hay que tratar todos sus aspectos y, en particular, el Artículo 3, con su Anexo I, como igualmente válidos y vinculantes.

(iv) Trabajos preparatorios

88. En la interpretación de los tratados, los trabajos preparatorios y las circunstancias de su celebración se consideran medios secundarios o complementarios, bien para confirmar el sentido primario, bien para determinarlo cuando otros medios de interpretación conducen a resultados oscuros o ambiguos, manifiestamente absurdos o irrazonables.

Así se establece en el artículo 32 del Convenio de Viena. Para determinar realmente el significado, dudo que sea necesario recurrir a los travaux, en primer lugar porque los medios primarios de interpretación no dejan ningún residuo de ambigüedad o absurdo y, en segundo lugar, porque los voluminosos elementos de correspondencia, mapas, documentos de negociación, informes y debates parlamentarios que se nos presentan como parte de los travaux preparatoires son a su vez frecuentemente objeto de interpretaciones contradictorias. (v) Los actos posteriores de las partes

89. Para completar mi opinión sobre la interpretación del Tratado de 1955, debo examinar si la situación o los actos de las Partes posteriores a la entrada en vigor del Tratado tienen alguna relevancia. La necesidad de ello se desprende del apartado 3 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 que establece lo siguiente:

“Se tendrá en cuenta, junto con el contexto:[p75]

(a) Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;
(b) toda práctica ulterior en la aplicación del tratado que establezca el acuerdo de las partes acerca de su interpretación.”

90. Las Partes mencionaron algunos instrumentos internacionales, pero les dieron interpretaciones diferentes. El Acuerdo de 26 de diciembre de 1956 adoptó la forma de un canje de notas relativo a la delimitación de la frontera franco-libia con respecto al límite entre Argelia y Libia.

Supuso una modificación o rectificación de la línea fronteriza establecida el 12 de septiembre de 1919 entre Italia y Francia. Esta negociación fronteriza y el Acuerdo subsiguiente no tienen nada que ver con la frontera controvertida en el presente asunto. 91.

El vínculo de este Acuerdo con el Tratado de 1955 es que la línea de septiembre de 1919, que se menciona en la citada carta de 26 de diciembre de 1956 dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores de Libia, Sr. Ali Sahli por el Sr. Jacques Dumarcay, y contestada positivamente en la misma fecha, es una de las seis líneas fronterizas mencionadas en el anexo I del artículo 3. Se trata también de la línea fronteriza acordada entre Italia y Francia. Esta es también la línea fronteriza acordada por ambas partes como el establecimiento de una frontera entre Libia y Argelia. Si se puede deducir alguna conclusión de este Acuerdo, se puede considerar que de alguna manera sigue apoyando la validez efectiva del Tratado de 1955; de lo contrario, se trata de un Acuerdo que está claramente separado de la frontera en disputa.

Este hecho es confirmado por Libia en su Memorial así:

“El Acuerdo de 1956 se refería a la frontera argelino-libia entre Ghadames y Ghat. Es relevante para la disputa territorial entre Libia y Chad porque tiene una relación importante con el Tratado de 1955, al igual que la disposición del Anexo I … de la frontera libia más al sur, entre Ghat y Toummo.

Dado que ninguno de los dos sectores fronterizos afectaba a la actual zona fronteriza entre Libia y Chad, las rectificaciones de estos sectores de la frontera libia no forman parte de la disputa territorial entre Libia y Chad”. (Memorial de Libia, Vol. 1, p. 393, párr. 5.485.) 92.

El siguiente instrumento internacional a considerar es el Acuerdo de 1966. Se trata del Tratado de Buena Vecindad y Amistad entre la República del Chad y el Reino Unido de Libia. Es importante señalar que las Partes firmaron este Acuerdo cuando ambas habían obtenido su independencia, Libia el 24 de diciembre de 1951 y el Chad el 11 de agosto de 1960.

Es igualmente importante señalar que antes y después de la independencia del Chad, e incluso hasta la firma de este Acuerdo de 1966, Libia nunca había cuestionado ni protestado por la línea fronteriza establecida en el Tratado de 1955, ni había alegado que no se hubiera establecido ninguna frontera. Por el contrario, en el Acuerdo de 1966 hay todos los indicios que dan crédito a la idea de que Libia sabía y aceptaba que la [p76] frontera entre ella y Chad ya se había establecido. Por ejemplo, en el Acuerdo de 1966 la palabra “frontera” se menciona siete veces.

Leyendo el Acuerdo tal y como fue ratificado, se encuentra una indicación inequívoca dentro del contenido del Acuerdo de que ambas Partes eran conscientes del establecimiento de su frontera común y de que tenían la intención de atenerse a ella donde ya había sido delimitada. Los artículos 1 y 2 del Acuerdo arrojan suficiente luz sobre este hecho.
“Artículo 1

El Gobierno del Reino de Libia y el Gobierno de la República del Chad se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento del orden y la seguridad a lo largo de la frontera entre sus dos países mediante el contacto y la cooperación entre sus respectivas autoridades de seguridad, sin que dichas medidas afecten al derecho de asilo reconocido en la práctica internacional.

Artículo 2

El Gobierno del Reino de Libia y el Gobierno de la República del Chad se comprometen a facilitar la circulación de las personas que viven a ambos lados de la frontera entre los dos países dentro de la zona geográfica delimitada por los siguientes puntos…” (Memorial de Libia, Vol. 2, Prueba 32, p. 2; énfasis añadido).

93. A continuación, este artículo señala lugares específicos dentro del territorio de Libia como Koufra, Gatroun, Mourzouq, Oubari y Ghat y otros dentro del territorio de Chad como Zouar, Largeau y Fada. Cualquiera que sea el argumento sobre la interpretación del Tratado de 1955, me parece muy claro a partir de este artículo que ambas Partes son perfectamente conscientes de la ubicación y el establecimiento de su frontera común.

De lo contrario, si no hay frontera o se desconoce tal frontera, es aparentemente inconcebible que ambas Partes mencionaran en el Tratado de 1966 la cuestión del “mantenimiento del orden y la seguridad” o el compromiso de “facilitar la circulación de las personas que viven a ambos lados de las fronteras entre los dos países”. Aunque Libia intentó explicar este hecho en su Memorial, admitió en el párrafo 5.541 de la página 416 del mismo que “al tratar estas cuestiones, el Acuerdo de 1966 apoya y confirma el Tratado de 1955 sin ninguna duda”. 94.

El último de los actos internacionales es la notificación del Chad al Tribunal de fecha 3 de septiembre de 1990. Aquí el argumento de Libia es que, puesto que el Chad había incluido en ella otros dos acuerdos, a saber, el Protocolo de 10 de enero de 1924 y la Declaración de 21 de enero de 1924, que no estaban incluidos en el anexo I del artículo 3 del Tratado de 1955, la enumeración de esos actos internacionales no es exclusiva, y es posible que no se haya establecido ninguna frontera. Este argumento de Libia figura en su Memorial en el párrafo 5.475.

En mi opinión, no es un argumento impresionante en absoluto. Cualquier cosa que Chad pueda intentar añadir en un contexto separado a la lista que figura [p77] en el Anexo I, no puede formar parte ex hypothesi de dicho Anexo tal y como se adjunta al Artículo 3. No es necesario leer en el Anexo I o en el Artículo 3 lo que no está contenido en él.

El artículo en su forma actual, con los seis instrumentos internacionales, establece suficientemente los límites necesarios, tal como pretendían ambas partes. Por lo tanto, no me resulta difícil concluir sobre este punto que, a pesar de los argumentos contrarios, los actos posteriores de las Partes apoyan y confirman las fronteras tal y como se indican en el Artículo 3, con su Anexo I, del Tratado de 1955. 95.

Ahora, en apoyo de la decisión del Tribunal, he concluido lo que puedo llamar mi interpretación intrínseca del Tratado de 1955, y en particular la disposición del artículo 3, con su Anexo I, y mi opinión es que el Tratado ha establecido, entre otras cosas, la frontera entre Libia y Chad. Lo que ahora deseo examinar son otros medios de verificación de mi conclusión, y a esto he decidido llamarlo interpretación extrínseca. Por tanto, antes de concluir este voto particular, deseo examinar el papel que podrían desempeñar en este asunto principios como la aquiescencia, el estoppel, el reconocimiento y el uti possidetis juris.

También puede abordarse el concepto análogo de preclusión o foreclusión.

VI. Estoppel, aquiescencia, preclusión y reconocimiento

96. El estoppel en derecho internacional es un principio en desarrollo que puede ser difícil clasificar en este momento, ya sea como formando parte del derecho internacional consuetudinario o como perteneciente a los principios generales del derecho internacional. Tiene su raíz histórica, quizás no sólo en el common law, sino también en los sistemas de derecho civil, que también incluyen entre sus conceptos la “preclusión” o la “foreclusión”.

De ahí que en los tribunales arbitrales o judiciales internacionales se haya tendido a hablar indistinta o indistintamente de estoppel y preclusión. En muchos casos están vinculados a la doctrina de la aquiescencia, que a veces se describe como ausencia de protesta. MacGibbon, que considera la aquiescencia como un estoppel, dijo:

“La creciente frecuencia con la que se utilizan argumentos basados en el principio del estoppel ofrece una valiosa indicación de hasta qué punto la doctrina de la aquiescencia constituye en sí misma un precepto de conducta equitativa en el que predominan las consideraciones de buena fe”. FN1

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FN1 “The Scope of Acquiescence in International Law”, British Year Book of International Law, Vol. XXXI, 1954, p. 147.
———————————————————————————————————— 97.

El juez Sir Hersch Lauterpacht también expresó la opinión de que la ausencia [p78] de protesta puede convertirse en sí misma en una fuente de derecho legal en relación con el estoppel o la prescripciónFN1.

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FN1 British Year Book of International Law, Vol. XXVII, 1950, pp. 395-396.
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98. En otras palabras, la aquiescencia equivale a un consentimiento tácito o implícito, que puede constituir una admisión o un reconocimiento.

Creo que esto es aplicable al presente caso. Como Estado aquiescente, Libia no puede negar ni impugnar la validez de la frontera establecida por el Tratado de 1955. ¿Qué es entonces, precisamente, el estoppel en derecho internacional?

McNair expresó el principio de forma sencilla así:

Es razonable esperar que cualquier sistema jurídico posea una norma destinada a impedir que una persona que hace o concurre en una declaración en la que otra persona en relación de dependencia se basa hasta el punto de cambiar su posición, afirme posteriormente un estado de cosas diferente”. Allegans contraria non est audiendus, o en la lengua vernácula: ‘No se puede soplar caliente y frío'”. FN2

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FN2 El Derecho de los Tratados, 1961, Cap. XXIX, p. 485.
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Elias expresó una opinión similar

“Del mismo modo, debe impedirse que un Estado invoque posteriormente cualquier motivo del que haya tenido conocimiento pero en el que haya dado su aquiescencia. Esto equivaldría a lo que en ciertos sistemas jurídicos se denomina impedimento por conducta”.

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FN3The Modern Law of Treaties, 1974, p. 141.
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99.

En resumen, el estoppel implica fiabilidad, buena fe, finalidad, estabilidad y coherencia. Como señaló en una ocasión el juez Anzilotti, el silencio mantenido por un Estado puede significar consentimiento después de que una situación haya sido notificada o sea de conocimiento generalFN4.

Verykios confirmó la afirmación de Anzilotti cuando también señaló que generalmente se admite que un silencio prolongado mantenido sin motivo equivale a consentimientoFN5. ———————————————————————————————————————
FN4 Cours de droit international, 1929, p. 344.
FN5 La prescription et droit international, 1934, p. 26.
——————————————————————————————————————— 100.

El reconocimiento también se considera un aspecto del estoppel. Generalmente se admite que todo acto de reconocimiento crea un estoppel FN6. También existen disposiciones en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 que dan suficientes indicaciones sobre la justificación y legitimidad de estos principios.

Por ejemplo, el artículo 45 trata de la pérdida del derecho a invocar una causa de nulidad, terminación, denuncia o suspensión de la aplicación de un tratado. ———————————————————————————————————————
FN6 Schwarzenberger, “The Fundamental Principles of International Law”, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1955, Vol. 87, p. 253.
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101. El artículo 45 establece que tal derecho puede perderse si por el comportamiento de un Estado puede considerarse que ha dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su mantenimiento en vigor o en aplicación, según el caso[p79].

102. Cabe ahora preguntarse cuál ha sido la actitud del Tribunal y de la Corte Permanente de Justicia Internacional en relación con estos principios. Se puede decir que hay unos seis casos de este tipo, la mayoría relacionados con reclamaciones territoriales y uno que trata la cuestión procesal de la jurisdicción.

A continuación trataré algunos de estos casos destacando aspectos importantes de los mismos en relación con el estoppel, la aquiescencia, el reconocimiento, etc. (i) Estatuto jurídico de Groenlandia orientalFN1
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FN1 Legal Status of Eastern Greenland, Sentencia, 1933, P.C.I.J., Series A/B, No. 53, p. 22.
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103.

En 1933, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional tuvo que decidir sobre la cuestión de la reivindicación danesa de soberanía sobre Groenlandia. El Tribunal sostuvo que Noruega no podía oponerse a la reivindicación danesa porque el funcionario noruego había hecho anteriormente una declaración que no concordaba con dicha reivindicación. El pronunciamiento del Tribunal fue claro:

“El Tribunal considera fuera de toda duda que una respuesta de esta naturaleza dada por el Ministro de Asuntos Exteriores en nombre de su Gobierno en respuesta a una solicitud del representante diplomático de una potencia extranjera, en relación con una cuestión de su competencia, es vinculante para el país al que pertenece el Ministro.” (P.C.I.J., Serie A/B, núm. 53, p. 71.)

104. En su sentencia, el Tribunal dejó claro que, aunque el compromiso asumido por el Sr. Ihlen no constituyera un reconocimiento definitivo de la soberanía danesa, al menos sí constituía un compromiso que obligaba a Noruega a abstenerse de ocupar cualquier parte de Groenlandia, lo que en efecto equivale a un estoppel.

(ii) Asunto de pesca (Reino Unido contra Noruega)FN2

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FN2 I.C.J. Reports 1951, p. 116. Véase también (1) Laudo arbitral dictado por el Rey de España el 23 de diciembre de 1906 (Honduras c. Nicaragua), I.C.J. Reports I960, p. 192; (2) Pruebas nucleares (Australia c. Francia), I.C.J. Reports 1974, p. 253; (3) Delimitación de la frontera marítima en la zona del Golfo de Maine (Canadá/Estados Unidos de América), I.C.J. Reports 1984, p. 246.
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105. Es en este caso en el que el Tribunal se pronunció por primera vez sobre el estoppel internacional sin decirlo realmente en 1951. Noruega efectuó la delimitación de su litoral a lo largo del Mar del Norte, a lo que se opuso el Reino Unido, de ahí la presentación de la demanda por este último. El Tribunal observó que Noruega había ejercido sistemáticamente, durante un período de más de 60 años, ese derecho de delimitación sin ninguna protesta ni impugnación por parte del Reino Unido, que debía haber tenido [p80] conocimiento de ello.

El Tribunal consideró que el silencio del Reino Unido durante un período tan largo equivalía a aquiescencia, por lo que se dictó sentencia a favor de Noruega. El Tribunal sostuvo: “El Tribunal observa que, respecto de una situación que sólo podía reforzarse con el paso del tiempo, el Gobierno del Reino Unido se abstuvo de formular reservas.

La notoriedad de los hechos, la tolerancia general de la comunidad internacional, la posición de Gran Bretaña en el Mar del Norte, su propio interés en la cuestión y su prolongada abstención justificarían en cualquier caso la aplicación por Noruega de su sistema contra el Reino Unido.” (I.C.J. Reports 1951, p. 139.)

(iii) Caso relativo al templo de Preah Vihear (Camboya contra Tailandia) FN1

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FN1 I.C.J. Reports 1962, p. 6.
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106.

En 1962, el Tribunal también tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los principios internacionales del estoppel en este caso entre Camboya y Tailandia en relación con su disputa fronteriza. Como resultado del Acuerdo firmado en 1904 entre la entonces Indochina francesa y Siam (ahora Tailandia), los topógrafos elaboraron 11 mapas que fueron enviados al Gobierno tailandés, que nunca puso objeciones a los mismos. En consecuencia, más tarde se supo que el valioso e importante promontorio de Preah Vihear, junto con el Templo, se encontraba en el lado camboyano de la frontera. El Tribunal sostuvo que el hecho de que Tailandia no se opusiera al mapa concreto cuando debía hacerlo le obligaba a reconocer la frontera como establecida. La conclusión del Tribunal (que es similar a la situación en este caso con respecto al Tratado de 1955), es muy notable e importante de señalar:

“El Tribunal expondrá a continuación las conclusiones que extrae de los hechos expuestos.

Incluso si hubiera alguna duda en cuanto a la aceptación por Siam del mapa en 1908, y por lo tanto de la frontera indicada en el mismo, el Tribunal consideraría, a la luz del curso posterior de los acontecimientos, que Tailandia está ahora impedida por su conducta de afirmar que no lo aceptó. Durante cincuenta años ha disfrutado de los beneficios que el Tratado de 1904 le confería, aunque sólo fuera el beneficio de una frontera estable”. (I.C.J. Reports 1962, p. 32.)

107. El Tribunal estableció definitivamente para siempre este principio de preclusión internacional en el asunto antes citado de la siguiente manera:

“De hecho, como se verá más adelante, el reconocimiento por la conducta se hizo sin duda de una manera muy definida; pero incluso si fuera de otra manera, es evidente que las circunstancias eran tales que exigían alguna reacción, dentro de un plazo razonable, por parte de las autoridades siamesas, si deseaban estar en desacuerdo con el mapa o tenían alguna cuestión seria que plantear al respecto. No lo hicieron, ni entonces ni durante muchos años, por lo que debe considerarse que dieron su consentimiento. Qui facet consentire vide tur si loqui debuisset ac potuisset”. (I.C.J. Recueil 1962, p. 23.)

108. Hay muchos laudos de tribunales internacionales que también apoyan los principios de estoppel o aquiescencia en el sentido de silencio o ausencia de protesta.

Por citar algunos, cabe citar el caso Alaskan Boundary, en el que la ocupación y posesión de Alaska durante más de 60 años, primero por Rusia y después por los Estados Unidos de América, desautorizó a Gran Bretaña a reclamar el territorio, ya que nunca hubo objeción o protesta británica alguna por dicha ocupación. En el Arbitraje de la Bahía de Delagoa de 1875, el Laudo se dictó a favor de Portugal contra los holandeses y los austriacos, debido a las continuas reclamaciones de soberanía de Portugal sin ninguna objeción o protesta por parte de Austria o los Países Bajos. El mismo resultado se dio en el Arbitraje de Límites entre Guatemala y Honduras a favor de Guatemala.
109. En 1909, en el Arbitraje Grisbadarna entre Suecia y Noruega, el Tribunal Permanente de Arbitraje decidió en su laudo que Noruega había dado su aquiescencia a ciertos actos de Suecia; en consecuencia, se estimó la reclamación de Suecia. Para completar este cuadro de laudos internacionales, debe mencionarse el célebre Laudo del Juez Huber en el Arbitraje de la Isla de Palmas, en el que el árbitro dictaminó que, entre los Países Bajos y los Estados Unidos de América, estos últimos tenían un mejor título sobre la isla en litigio, debido a su continuo y pacífico despliegue de la autoridad del Estado durante un largo período de tiempo, que España y otros habían consentido.

110.

Todas estas referencias legales, judiciales y arbitrales refuerzan mi opinión, basada en el principio del estoppel, de que el silencio o aquiescencia de Libia desde la fecha de la firma del Tratado de 1955 hasta la actualidad, sin protesta alguna, milita claramente en contra de su reclamación. 111. Hubo muchas ocasiones, algunas de las cuales ya he mencionado, en las que Libia podría haber protestado ante Chad o incluso Francia (entre 1955 y 1960) de que el Tratado no era válido o no había creado la frontera esperada, y sin embargo Libia guardó silencio. Desde 1955, Libia tuvo muchas oportunidades de protestar contra esta frontera, pero no hizo nada. En su lugar, firmó otro Tratado con Chad en 1966 sin hacer mención a ningún defecto ni presentar un caso de nulidad, ni siquiera plantear objeción alguna contra el Tratado de 1955. Al contrario, el Tratado de 1966 parece [p82] confirmar la frontera establecida por el Tratado de 1955 porque en 1966 reconoce que existe una frontera.

Otra oportunidad que llamó a la puerta de Libia fue en 1964, durante la Conferencia de El Cairo de la Organización para la Unidad Africana, cuando al menos cuatro naciones, entre ellas Somalia y Marruecos, protestaron por la Declaración de El Cairo, pero Libia no lo hizo. No se opuso a la Declaración basada por la Conferencia en el principio de intangibilidad de las fronteras.

112. Quizás habría que haber empezado por el 11 de agosto de 1960, cuando Chad consiguió su independencia. Esa fue una oportunidad única para que Libia protestara contra la frontera de Chad presentada por Francia ante las Naciones Unidas. Pero, por el contrario, lo único que hizo Libia fue dar la bienvenida a Chad al redil de los Estados independientes: no hubo protesta de ningún tipo.

A continuación, cabe preguntarse qué hizo Libia todo el tiempo que fue acusada repetidamente de agresión ante los organismos internacionales y regionales. Chad, en muchas ocasiones, presentó su caso contra Libia ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.

También presentó su caso ante la Organización para la Unidad Africana. Pero Libia siguió negando rotundamente haber ocupado Aouzou o (en una fase posterior) reivindicó la frontera Laval-Mussolini de 1935, y. por supuesto, se trata de una línea no aceptada por ambas Partes, porque no se intercambiaron las ratificaciones. A partir de los años setenta, Chad empezó a llevar su caso ante los organismos internacionales competentes que se ocupaban política y jurídicamente de los litigios interestatales. Pero Libia no hizo nada.

113. Libia sostiene que el Chad ya no puede reclamar la franja de Aouzou. Pero Chad no dejó de protestar en todo momento contra lo que consideraba una ocupación ilegal por parte de Libia.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, Chad acusó a Libia de actos de agresión en 1971, 1973 y 1974. Chad presentó su queja ante la Organización para la Unidad Africana en 1977 y mantuvo la misma ante ese organismo durante 11 años, pero la reacción de Libia, según Chad, fue simplemente evasiva.

Tal vez sea necesario citar la lista de protestas de Chad, algunas de las cuales Libia incluso confirmó:
“Por supuesto, Chad también insistió en que había una frontera, la frontera descrita por el Tratado de 1955 y sus instrumentos anexos, y protestó por la violación de esa línea por parte de Libia. Ya en 1971, Chad se quejó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de que Libia albergaba propósitos expansionistas; en realidad, aún no había llegado. A partir de entonces, protestó enérgicamente contra la invasión libia: primero ante Libia, como ha señalado el profesor Sorel, y después ante la Asamblea General en 1977, 1978, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 y 1987, y ante el Consejo de Seguridad en 1978, 1983, 1985 y 1986. Afirmaba que las fuerzas libias habían cruzado la línea de 1955, que los invasores seguían allí, [p83] y que había que exigirles que se retiraran detrás de esa frontera”. (CR 93/31, p. 80.)

114. 114. El resumen total de mi opinión sobre la cuestión del impedimento, la aquiescencia, el reconocimiento, etc., es que, si bien no estoy de acuerdo con la alegación de Libia de aquiescencia contra el Chad por su ocupación (de Libia) de Aouzou, estoy convencido de que, por el silencio y la conducta de Libia, hay, sin lugar a dudas, argumentos de peso para decir, en favor del Chad, que Libia tiene impedimento para negar la frontera del Tratado de 1955, ya que la ha aquiescido y, de hecho, la ha reconocido.

VII. UTI POSSIDETIS

115. El término uti possidetis juris tiene su origen histórico en el derecho romano. Se designaba como una Providencia formal del Pretor que prohibía la perturbación de cualquier bien inmueble entre dos particulares, una vez que pudiera probarse que el poseedor de tales bienes inmuebles estaba en posesión pacífica sin uso de la fuerza y no había obtenido clandestinamente permiso dado por el reclamante (nåñ vi, nåñ clam, nåñ precario ab adversario). Niebuhr opinaba que el origen del procedimiento era proteger a los ocupantes de los terrenos públicos aunque no pudieran demostrar títulos originales y, por tanto, no pudieran sostener una acción de título o propiedad. Por lo tanto, la orden judicial tiene por objeto otorgar a estas personas el reconocimiento y la sanción del Estado. El poseedor, una vez expedido este laudo, quedaba libre para siempre de cualquier molestia o reclamación por parte del adversario porque este interdicto servía como título del poseedor. Pronto se convirtió en un proceso auxiliar utilizado para determinar cuál de los dos reclamantes tenía mejor título. El pretor formuló la fórmula así:

“Uti eas aedes, quibus de agitur, nåñ vi nåñ clam, nåñ precario alter ab altero possidetis, quominus ita possideatis, vim fieri veto. “

Traducido estándar para significar: “Cualquiera que sea la parte que tenga la posesión de la casa en cuestión, sin violencia, clandestinamente o permiso respecto del adversario, prohíbo la perturbación violenta de su posesión”. FN1

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FN1John Bassett Moore, Memorandum on Uti Possidetis, 1911, p. 6.
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116. El texto final del decreto está formulado de manera muy elegante como sigue “uti possidetis, ita possideatis” “como posees, así puedes poseer”. Este principio, sin embargo, ha sido desarrollado en [p84] derecho internacional no como un mero reconocimiento de la posesión, sino también como una justificación de los derechos territoriales y de la soberanía.

117.

En ninguna parte del mundo se ha desarrollado tanto el principio del uti possidetis como en América Latina, a propósito de la fijación de las fronteras de los Estados a principios del siglo XIX, especialmente en las antiguas colonias españolas de América del Sur y Central.

118. La doctrina del uti possidetis en esta región del mundo se basa en el concepto de que no había nada parecido a terra nullius incluso durante el dominio colonial español y portugués e independientemente de si el territorio en cuestión estaba físicamente ocupado en el momento material o no. Como principio general, se parte de la base de que los límites deben mantenerse tal y como estaban en la ley en el momento de la declaración de independencia, es decir, en 1810 para las colonias españolas de Sudamérica y en 1822 para las de Centroamérica.
Antes de seguir adelante, hay que señalar que hasta ahora la idea de uti possidetis solía ser empleada por los juristas internacionales para designar un método para determinar los cambios territoriales que se habían producido como consecuencia de un conflicto armado. Pero no se puede negar que fue en América Latina donde el uti possidetis adquirió un significado y una aplicación definitivos debido a sus aparentes ventajas. Era un principio conveniente para aplicar en una región en la que todos los Estados independientes emergentes (con la excepción de Brasil, que era una antigua colonia de Portugal) habían estado anteriormente bajo dominio español. Uti possidetis se basa en la posesión constructiva, ya que las provincias administrativas españolas no estaban efectivamente ocupadas a conocimiento y entendimiento de los nuevos Estados independientes. Una imagen muy clara de este principio se refleja en el Laudo Arbitral Colombia-Venezuela de 1922, en el que el Consejo Federal Suizo señaló:

“Cuando las colonias españolas de América Central y del Sur se proclamaron independientes en la segunda década del siglo XIX, adoptaron un principio de derecho constitucional e internacional al que dieron el nombre de Uti Possidetis Juris de 1810, con el efecto de establecer la regla de que los límites de las Repúblicas recién creadas debían ser las fronteras de las Provincias españolas a las que sustituían.

Este principio general ofrecía la ventaja de establecer una regla absoluta de que no existía en derecho en la antigua América española ningún territorio sin señor; si bien podían existir muchas regiones que nunca habían sido ocupadas por los españoles y muchas inexploradas o habitadas por aborígenes no civilizados, se consideraba que estas regiones pertenecían en derecho a cualquiera de las Repúblicas que sucediera a la Provincia española a la que estos territorios estaban adscritos en virtud de las antiguas Reales Ordenanzas de la Madre Patria española. Estos territorios, aunque no ocupados de hecho, fueron considerados de común acuerdo como ocupados de derecho [p85]desde el primer momento por la nueva República.

Las usurpaciones y los intentos intempestivos de colonización por parte del Estado adyacente, así como las ocupaciones de hecho, quedaron sin importancia y sin consecuencias jurídicas. Este principio tenía también la ventaja de suprimir, como se esperaba, las disputas sobre los límites entre los nuevos Estados… “FN1 ————————————————————————————————————
FN1 UNRIAA, Vol. I, p. 228, o Hyde, international Law, Vol. I, p. 503, nota 16.
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119.

Así, la doctrina formó parte del derecho constitucional e internacional de los Estados de América Latina. Sin embargo, al menos en principio, la doctrina cumplió muchas funciones ventajosas; puede considerarse como una extensión de la Doctrina Monroe, a fin de prevenir una posible recolonización de los territorios mediante la declaración de que no había res nullius, y también sirvió como fundamento justo y equitativo para la solución de todos sus litigios fronterizos.

Por ejemplo, en 1847 el uti possidetis fue ampliamente aceptado por la comunidad latinoamericana como base para la delimitación de sus fronteras, como se refleja en el Tratado de Confederación firmado en el Congreso de Lima de ese año. El artículo 7 del Tratado dice, entre otras cosas, lo siguiente:

“Las Repúblicas de la Confederación reconocen, como principio fundado en derecho, el uti possidetis de 1810 para la determinación de sus límites respectivos y con el fin de demarcar dichos límites, cuando no sean naturales y claros, convienen en que los Gobiernos de las dos Repúblicas interesadas nombrarán comisionados, quienes habiendo examinado el territorio disputado, fijarán el límite entre las dos Repúblicas de acuerdo con las cuencas hidrográficas, el talweg u otros límites naturales, en la medida en que el terreno lo permita… “FN2

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FN2 Nota a pie de página de Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, Vol. XX, 1973, p. 269.
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120. No obstante, existen dos escuelas de pensamiento sobre este principio, al menos en su interpretación. Hay quienes sostienen que uti possidetis debe significar simplemente una línea jurídica u ocupación constructiva – uti possidetis juris o “de jure”.

Mientras que los otros, a los que aparentemente pertenece Brasil sostienen la opinión contraria de que el principio debe basarse en una ocupación legítima y real del territorio – uti possidetis de facto.

121. No obstante, debe observarse que la doctrina uti possidetis juris no es una excepción en el ámbito del derecho internacional. Principios similares son compartidos con otras normas de derecho como el principio de terra nullius ya mencionado y enunciado en el caso del Sáhara Occidental antes mencionado; la doctrina del interior de un territorio ocupado que, como se refleja en este caso, llevó a Francia a firmar tratados con Gran Bretaña y otras potencias para asegurarse zonas o esferas de influencia[p86]. También cabe mencionar que en el caso de Groenlandia, la reclamación de Dinamarca sobre toda la isla fue reconocida por Noruega a pesar de que sólo una parte de la isla estaba entonces ocupada por Dinamarca. Por lo tanto, con respecto a la cuestión de la delimitación o demarcación de fronteras entre las antiguas colonias de España en América Latina, se puede expresar de forma general, que todas ellas sucedieron a los territorios coloniales desprovistos de cualquier limitación basada en terra nullius sobre la base de la posesión constructiva y no real. Se trataba de una especie de ficción jurídica, de ahí el uso de la palabra “juris”.

122. No obstante, hay que señalar que la aplicación de este principio no está exenta de dificultades sobre el terreno, especialmente cuando los límites administrativos no son claros, pero al menos puede decirse que dio un punto de partida definitivo. Si bien no cabe duda de que, al menos en principio, la doctrina del uti possidetis juris es aplicable y se aplica en todas las antiguas colonias españolas, no puede decirse lo mismo de los territorios no españoles. Un caso en mente es el de Brasil, que es una antigua colonia portuguesa. Aunque Brasil acepta en principio la doctrina del uti possidetis, su interpretación, como ya se ha mencionado, es que debe haber una posesión u ocupación física real del territorio en cuestión.
En consecuencia, fue la interpretación de esta doctrina aceptada por Brasil la que se adoptó en todos los casos de litigio fronterizo entre este país y otros antiguos países coloniales españoles de América Latina, como se refleja en algunos laudos arbitrales, por ejemplo, el Argentina-Brasil de 1895. Además, los tratados que Brasil concluyó finalmente con sus vecinos hispanohablantes para la fijación de nuevas fronteras se basaron en “la posesión real de los respectivos países cuando adquieren la independencia” FN1.

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FN1 Hyde, Derecho Internacional, Vol. I, p. 502.
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123. Después de presentar los antecedentes completos de la doctrina del uti possidetis, ahora es esencial relacionar su relevancia con esta disputa entre Libia y Chad. Aunque el Tribunal no consideró necesario tratar esta doctrina y su incidencia en el presente caso a pesar de que ambas Partes la mencionaron de forma significativa en sus alegaciones, considero oportuno tratarla en este voto particular, sin que ello suponga en modo alguno menoscabo de mi apoyo a la Sentencia del Tribunal.

124. ¿Cuál es entonces el alcance y la relevancia del uti possidetis en este litigio?

¿Es la doctrina del uti possidetis de aplicación universal y, por tanto, aplicable a todos los litigios fronterizos en África y, por tanto, al presente litigio? ¿Es la cuestión de la intangibilidad de las fronteras existentes en el momento de la independencia de los Estados africanos mera retórica política sin [p87] efecto jurídico en el derecho internacional?

Al aplicar el principio de uti possidetis a los litigios fronterizos en África, ¿debe ser de facto o de jure? ¿Qué papel puede desempeñar la eficacia a este respecto? ¿Qué importancia tienen algunas de las jurisprudencias recientes sobre esta doctrina? Estas y otras cuestiones deben examinarse en relación con este caso. 125.

En primer lugar, es necesario examinar la incursión de esta doctrina en África. No cabe duda de que África es el continente más dividido de todo el mundo.

Por lo tanto, no es sorprendente saber que ya en la historia de la Organización de la Unidad Africana, el 25 de mayo de 1963, su Carta declara solemnemente el principio del respeto de la soberanía y de la integridad territorial de cada Estado y su derecho inalienable a una existencia independiente – Artículo II, párrafo 3. Esto fue seguido por la Declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se declara que África es el continente más dividido del mundo. A ello siguió la Declaración adoptada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno africanos en la Conferencia de El Cairo, el 17 de julio de 1964, que establece, entre otras cosas:
“Considerando que los problemas fronterizos constituyen un grave y permanente factor de dimensión,

Conscientes de la existencia de maniobras extraafricanas destinadas a dividir a los Estados africanos,

Considerando además que las fronteras de los Estados africanos, el día de su independencia, constituyen una realidad tangible,

Recordando la creación, en el curso de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo, del Comité de los Once encargado de estudiar nuevas medidas para el fortalecimiento de la Unidad Africana,

Reconociendo la imperiosa necesidad de resolver, por medios pacíficos y dentro de un marco estrictamente africano, todas las controversias entre los Estados africanos,

Recordando además que todos los Estados miembros se han comprometido, en virtud del artículo VI de la Carta de la Unidad Africana, a respetar escrupulosamente todos los principios enunciados en el párrafo 3 del artículo III de la Carta de la Organización de la Unidad Africana,

1. Reafirma solemnemente el estricto respeto por parte de todos los Estados Miembros de la Organización de los principios establecidos en el párrafo 3 del Artículo III de la Carta de la Organización de la Unidad Africana;

2. Declara solemnemente que todos los Estados miembros se comprometen a respetar las fronteras existentes al alcanzar su independencia nacional.” FN1

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FN1 Ian Brownlie, African Boundaries: A Legal and Diplomatic Encyclopaedia, p. 11.
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126. Muchos Jefes de Estado en la Conferencia de El Cairo explicaron en sus declaraciones la razón por la que es necesario que África se adhiera al prin-[p88]cipio de intangibilidad de las fronteras. Muchos de ellos subrayaron la necesidad de realismo, estabilidad y el deseo de garantizar la finalidad de la cuestión. Consideraron este principio como el único medio de reducir las incesantes disputas entre las naciones emergentes de África. El Primer Ministro etíope declaró:

“A todos los africanos les interesa ahora respetar las fronteras trazadas en los mapas, sean buenas o malas, por los antiguos colonizadores”. FN1 ————————————————————————————————————
FN1 McEwen, International Boundaries of East Africa, p. 24.
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El Presidente de Malí hizo una advertencia similar y aconsejó así:

“debemos tomar África tal como es y renunciar a cualquier reivindicación territorial, si no queremos introducir en África lo que podríamos llamar imperialismo negro . . . La unidad africana exige de cada uno de nosotros un respeto absoluto por el legado que hemos recibido del sistema colonial, es decir: el mantenimiento de las fronteras actuales de nuestros respectivos Estados…”. . .
En efecto, si tomamos ciertas partes de África en el periodo precolonial, la historia nos enseña que existían una miríada de reinos e imperios . … que hoy en día han trascendido, en el caso de ciertos estados, las diferencias tribales y étnicas para constituir una nación, una verdadera nación … si deseamos que nuestras naciones sean entidades étnicas, que hablen la misma lengua y tengan la misma psicología, entonces no encontraremos una sola nación verdadera en África. “FN2

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FN2 Ibid.
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127. En sus opiniones discrepantes en el asunto Soberanía sobre ciertas tierras fronterizas (Bélgica/Países Bajos), los jueces Armand-Ugon y Moreno Quintana coincidieron en que el principio uti possidetis debía tratarse como un principio general del derecho. Esta postura ha sido adoptada desde entonces por la Sala del Tribunal en el asunto Conflicto fronterizo (Burkina Faso/República de Malí)FN3. Considerando la posición de los nuevos Estados independientes en cualquier parte del mundo, pero particularmente en África, la Sala estimó que la aplicación de este principio debería ser universal dondequiera que se produzca. En apoyo de esta opinión, se puede añadir que fue apoyada en el caso del Templo de Preah Vihear y en el arbitraje del Rann de Kutch, que son litigios fronterizos relativos a territorios fuera de África, en el subcontinente indio. La razón de ser de esta decisión, como declaró la Sala, no es descabellada: evitar que la independencia y la estabilidad de los nuevos Estados se vieran afectadas por incesantes disputas fronterizas e interminables conflictos armados, una vez que las potencias coloniales se hubieran marchado. Por esta razón, la Sala consideró deseable y acorde con el derecho internacional que los nuevos Estados africanos respetaran y acataran las fronteras administrativas establecidas por sus antiguas potencias coloniales. Al apoyar firmemente la opinión de la Sala del Tribunal en este caso, el principio uti possidetis ya no debe considerarse como un principio limitado en su aplicación y alcance a América Latina y a los Estados africanos, sino como un principio de alcance general y universal que ha surgido finalmente como un principio de derecho internacional consuetudinario. Independientemente de que algunos miembros de la Organización de la Unidad Africana se opusieran a este principio en 1963 y después, ahora se considera un principio de aplicación general a todas las controversias fronterizas de África en particular, a menos que las partes en cualquier controversia de esta naturaleza acuerden específicamente lo contrario, que no se aplique el principio uti possidetis.

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FN3 I.C.J. Reports 1986, p. 554.
——————————————————————————————————————— 128. Se argumenta que el principio de uti possidetis tal como se aplica en América Latina – de jure – no puede aplicarse en África, donde se requiere una ocupación efectiva. Es inútil entrar en una controversia general sobre este argumento y no lo haré, pero puede ser suficiente decir que no es aplicable al caso que nos ocupa. Hay pruebas suficientes y a veces incontrovertibles de las actividades francesas de 1930 a 1943, de 1951 a 1954 y hasta el momento de la independencia de Chad en 1960. Las actividades continuaron hasta 1971-1973, cuando Libia ocupó la zona de Aouzou.

Por lo tanto, se puede afirmar que si la eficacia francesa era dudosa en 1912, no lo era en absoluto en 1951, cuando Libia obtuvo su independencia, en 1955, cuando Francia y Libia firmaron y ratificaron el Tratado de Amistad y Buena Vecindad, y en 1960, cuando Chad obtuvo su independencia. Pero, ¿importa seriamente que el principio sea uti possidetis juris o uti possidetis de facto en lo que respecta a su aplicación en África? En su sentencia de 22 de diciembre de 1986, la Sala del Tribunal subrayó que lo primordial es el mantenimiento del statu quo en el momento de la independencia y el principio del respeto de las fronteras establecidas como resultado de tratados y las resultantes de meras divisiones administrativas. Sin duda, la Sentencia da preferencia al uti possidetis juris como derecho legal frente a la ocupación real o efectiva como criterio de titularidad de un territorio. Sin embargo, no niega que la ocupación efectiva pueda tomarse en consideración (véase el asunto del Conflicto fronterizo (Burkina Faso/República de Malí), Recueil 1986, pp. 565-566, párrs.

22-24, y p. 586, párr. 63). Después de que la Sala del Tribunal se ocupara ampliamente de la historia, la naturaleza, la finalidad y el fundamento del uti possidetis juris, pasó a observar en este caso lo siguiente

“No cabe duda de que la obligación de respetar las fronteras internacionales preexistentes [p90]en caso de sucesión de Estados se deriva de una norma general de derecho internacional, esté o no expresada en la fórmula uti possidetis.

De ahí que las numerosas afirmaciones solemnes de la intangibilidad de las fronteras existentes en el momento de la independencia de los Estados africanos, ya sean hechas por altos estadistas africanos o por órganos de la propia Organización de la Unidad Africana, sean evidentemente declarativas y no constitutivas: reconocen y confirman un principio existente, y no pretenden consagrar un principio nuevo o la extensión a África de una norma anteriormente aplicada sólo en otro continente” (Recueil 1986, p. 566, párr. 24; el subrayado es nuestro). 129.

Hay otro argumento importante esgrimido en este asunto. Dado que Libia obtuvo su independencia en 1951 y Chad en 1960 (las denominadas fechas críticas), ¿podría esperarse que una Declaración aprobada en 1963 y 1964 – (cuatro años más tarde en el caso de Chad y trece años más tarde en el caso de Libia) – fuera vinculante para ellos?

¿Cómo se podía esperar que un acto y una declaración posteriores modificaran la situación fronteriza de las Partes? También hay que tener en cuenta que eso ocurrió unos nueve años después del Tratado de 1955. De hecho, Libia mencionó este hecho en su alegato oral de que la Declaración ya se aplicaba de antemano:

“Lo que Libia y Francia estaban haciendo en el Artículo 3 del Tratado de 1955 era precisamente aplicar por adelantado, en sus relaciones mutuas, los términos de la Declaración de El Cairo que se adoptaría nueve años después, en 1964. Por eso Libia nunca tuvo problemas con la Declaración de El Cairo; ya había aceptado los principios que ésta plasmaba en el Tratado de 1955 con Francia”. (CR 93/27, p. 57.) 130. Este planteamiento debió ser tenido en cuenta por la Sala en el asunto del litigio fronterizo, ya que Burkina Faso y Malí alcanzaron la independencia al igual que Chad en 1960, antes de la adopción de la Carta de la Organización para la Unidad Africana de 1963 y de la Declaración de El Cairo de 1964. La Sala se refirió definitivamente a este punto en el caso que nos ocupa de la siguiente manera:

“Así pues, el principio del uti possidetis ha conservado su lugar entre los principios jurídicos más importantes, a pesar de la aparente contradicción que suponía su coexistencia con las nuevas normas. En efecto, fue por elección deliberada que los Estados africanos eligieron, entre todos los principios clásicos, el del uti possidetis. Esto sigue siendo un hecho innegable. A la luz de las observaciones anteriores, es evidente que la aplicabilidad del uti possidetis en el presente caso no puede cuestionarse por el mero hecho de que en I960, año en que Malí y Burkina Faso alcanzaron la independencia, la [p91] Organización de la Unidad Africana que iba a proclamar este principio aún no existía, y la resolución antes mencionada en la que se pedía el respeto de las fronteras preexistentes sólo data de 1964.” (C.I.J. Recueil 1986, p. 567, párr. 26; el subrayado es nuestro).
131. La Sala también consideró otro principio del derecho internacional que entra en conflicto con el uti possidetis juris: el derecho de los pueblos a la autodeterminación, pero observó que el interés primordial de preservar la independencia que se ha logrado con mucho sacrificio y el mantenimiento del statu quo en términos de fronteras africanas debe considerarse como el curso más sabio que tomaron los estadistas africanos. La Sala señaló que:

“La exigencia esencial de estabilidad para sobrevivir, desarrollarse y consolidar progresivamente su independencia en todos los campos, ha inducido juiciosamente a los Estados africanos a consentir el respeto de las fronteras coloniales y a tenerlo en cuenta en la interpretación del principio de autodeterminación de los pueblos.” (Ibid., p. 567, párr. 25.)

132. Otra cuestión que debe considerarse aquí en relación con el litigio es responder a la pregunta de cuál es la fecha crítica. Hay algunas fechas importantes a considerar. Libia logró su independencia el 24 de diciembre de 1951; por lo que respecta a Libia, esa debe ser la fecha crítica a este respecto y su argumento es que en esa fecha no existía ninguna frontera convencional o de otro tipo entre ella y el Chad. La fecha crítica para Chad es 1960, cuando obtuvo su independencia. Dado que ésta es la última de las dos fechas, ¿se puede considerar que es la fecha crítica?

Este puede ser un argumento muy persuasivo ya que en esta fecha el Tratado de 1955 ya había establecido una frontera al sur de Libia.

133. Sólo el año pasado la Sala de la Corte elucidó aún más el principio de uti possidetis vis-a-vis los tratados posteriores y la noción de la fecha crítica, en el caso relativo a la Disputa Fronteriza Terrestre, Insular y Marítima (El Salvador/Honduras: Nicaragua interviniendo) cuando la Sala sostuvo así: “También ha habido alguna discusión entre las Partes sobre la ‘fecha crítica’ en relación con esta disputa. El principio de uti possidetis juris se enuncia a veces en términos casi absolutos, sugiriendo que la posición en la fecha de la independencia es siempre determinante; en resumen, que no puede surgir ninguna otra fecha crítica.
Como se desprende del análisis anterior, esto no puede ser así. Una fecha crítica posterior puede surgir claramente, por ejemplo, de una adjudicación o de un tratado fronterizo”. (I.C.J. Reports 1992, p. 401, párr. 67.)

134. Así pues, cabe concluir que el Tratado de 1955 es conforme con el principio uti possidetis y que las Partes en la presente controversia están vinculadas [p92] por él.

En consecuencia, el artículo 3 con el anexo I del Tratado de 1955 establece la frontera entre las dos Partes. El objetivo del principio uti possidetis no está en duda; ya sea de facto o de jure, los métodos de enfoque son similares en efecto porque su objetivo es proporcionar, en última instancia, una solución estable y permanente de los problemas fronterizos.

(Firmado) Bola Ajibola. [p93]

Opinión disidente del juez Sette-Camara

Lamento no haber podido estar de acuerdo con la mayoría del Tribunal en la presente Sentencia en su apreciación de los hechos, en su razonamiento y en sus conclusiones, por lo que me siento en la obligación de explicar por qué veo este caso de forma diferente. La zona en litigio son las denominadas tierras fronterizas entre Libia y Chad, limitadas al noreste por la línea este-sureste del Convenio anglo-francés de 8 de septiembre de 1919, al sur por el paralelo 15° de latitud norte, al oeste por el meridiano 24° E y al este por el meridiano 16° E. Cubre una superficie de unos 530 km2. Tiene una superficie de unos 530.000 km2 y abarca el Borkou-Ounianga, el Ennedi y el Tibesti, lo que Chad denomina el BET (excluido el norte de Kanem). La población de la zona es inferior a 100.000 habitantes, frente a los 5,4 millones de habitantes de Chad, incluido el BET.

La zona concentra el 2% de la población local chadiana y es una región pobre, desnuda e inhóspita. A pesar del carácter desértico de esta zona, que por comodidad seguiremos llamando fronteriza, nunca fue una terra nullius, abierta a la ocupación según el derecho internacional. Las dos Partes coinciden en ello y se hacen eco de la conclusión análoga del Tribunal en el caso del Sáhara Occidental. La tierra estaba ocupada por tribus indígenas locales, confederaciones de tribus, a menudo organizadas bajo la Providencia de Senoussi. Además, estaba bajo la soberanía distante y ejercida con laxitud del Imperio Otomano, que marcaba su presencia mediante la delegación de autoridad a la población local.

Ese era el trasfondo de la disputa: la presencia humana anterior a su inicio estaba constituida por los pueblos indígenas y la Sublime Puerta.

Aunque los gabinetes de las grandes potencias europeas estaban enfrascados en la tarea de trocear África en aras de sus designios coloniales, no fueron más allá de su reparto de futuras esferas o zonas de influencia, ya que la inexistencia de zonas de terra nullius excluía la posibilidad de ocupación, a falta de una conquista pura y simple por las fuerzas armadas.

El hecho es, por un lado, que hasta el año siguiente al Tratado de Ouchy de 1912, que puso fin a la guerra entre Italia y el Imperio Otomano, no se produjo ninguna intrusión francesa más allá de la línea fronteriza de facto acordada con los otomanos. En 1913 Francia no había completado su acción militar en las tierras fronterizas. Y antes de 1919 no había nada parecido a una administración civil. En cuanto a Tibesti, ni siquiera fue ocupada militarmente hasta 1930.

Francia había abandonado Tibesti en 1916. De todos modos, ni siquiera la pres-[p94]encia militar francesa de 1913 a 1919 se extendió al norte de la estricta línea sureste.

Por otra parte, Italia, a pesar de sus antiguas ambiciones sobre Cirenaica y Tripolitania -objeto de acuerdos secretos con Francia en 1900 y 1902- no poseía ningún territorio real en el norte de África hasta 1911. Por tanto, la soberanía sobre toda la región correspondía a la Puerta que, además, reclamaba, como hinterland tripolitano, vastas extensiones al sur que abarcaban la mayor parte de lo que hoy es Chad. La doctrina del hinterland fue impugnada por las potencias coloniales, que, sin embargo, la utilizaron siempre que coincidía con sus intereses (por ejemplo, los hinterlands argelino y egipcio). Pero aparte del interior, la soberanía del Imperio Otomano sobre la actual zona en disputa era indiscutible. Así que la titularidad histórica sobre la región pertenecía primero a los pueblos indígenas, tribus, confederaciones de tribus, a veces organizadas bajo la Senoussiya, y finalmente pasó al Imperio Otomano antes de que las Potencias coloniales pusieran el pie en la zona.

Pero las Potencias europeas no esperaron mucho para poner en práctica sus designios en el continente africano.

La ambiciosa política de Francia consistía en unir los territorios franceses del norte, oeste y centro de África y unir el océano Atlántico con el mar Rojo mediante un cinturón continuo de territorios dominados por Francia. Francia ya había conquistado Argelia a través de una larga guerra (1830-1871) y mediante el Tratado del Bardo de mayo de 1881 había convertido Túnez en un protectorado francés. Por su parte, Gran Bretaña había ocupado Egipto en 1882, convirtiéndolo en protectorado, en contra de los deseos de Francia, tradicionalmente interesada en Egipto. Las dos potencias coloniales se disputaban también el dominio de los países sudaneses que se extendían hasta África occidental.

En este escenario de ambiciones coloniales, las fricciones eran inevitables y desembocaron en el incidente de Fashoda, que llevó a Francia y Gran Bretaña al borde de la guerra. Para suavizar el choque de la confrontación de sus ambiciones, las potencias se sintieron obligadas a negociar soluciones convencionales.

En 1910 Francia y el Imperio Otomano llegaron a un acuerdo sobre la delimitación de la frontera occidental de Tripolitania, contigua a Túnez, que discurría hacia el sur desde Ras Ajdir, en la costa mediterránea, hasta Ghad-ames. El Convenio “fixant la frontiere entre la regence de Tunis et le vilayet de Tripoli” era un acuerdo de delimitación muy detallado. Se demarcó mediante la colocación de 333 mojones.

La sección de la frontera occidental de Tripolitania, que va desde Ghadames en dirección a Toummo, corresponde a la línea ondulada discontinua considerada como la frontera suroccidental del Vilayet de Trípoli, representada en el mapa del Livre jaune y mencionada en el canje de notas de 1902 entre Francia e Italia (Acuerdo Prinetti-Barrere). Si se valora la situación fronteriza en 1902, sorprende que el Chad intente [p95] ahora actualizar una línea fronteriza acordada por Francia e Italia. De hecho, toda la región comprendida dentro de la línea ondulada discontinua estaba bajo la soberanía del Imperio Otomano.

¿Cómo podían Francia, en aquel momento todavía a cientos de kilómetros al sur de Tripolitania, e Italia, al otro lado del Mediterráneo, concluir un tratado que estableciera una frontera entre ellas? ¿Un tratado inter alios acta?
Además, la referencia en el intercambio de cartas de 1902 a la frontera de Tripolitania se refiere claramente a un límite a la futura expansión francesa, no a ninguna frontera convencional.

De hecho, en el presente caso había dos cuestiones clave que resolver:

1. ¿Existe, o ha existido alguna vez, una frontera convencional entre Libia y Chad al este de Toummo que lleve a la frontera sudanesa?

2.

¿Son los Convenios enumerados en el Anexo I del Tratado de Amistad y Buena Vecindad Libia-Francia de 1955 realmente tratados fronterizos a los que se aplican las disposiciones de la Declaración de El Cairo de 1964 y el Artículo 11 de la Convención de Viena sobre Sucesión de Estados en Materia de Tratados de 1978, es decir, escapan ipso facto a la aplicación de la regla general de la tabula rasa?
En cuanto a la primera cuestión, estoy convencido de que no existe, ni ha existido nunca, una línea fronteriza establecida convencionalmente que marque la frontera sur de Libia al este de Toummo. Ninguna de las Partes ha presentado pruebas de ningún tratado o acuerdo que cubra esa parte de la frontera libia. El único intento de trazar una frontera descrita en detalle desde Toummo hacia el este, en dirección a Sudán, fue el Tratado Laval-Mussolini de 1935.

El hecho de que no existiera una frontera previa al este de Toummo fue reconocido de forma explícita y clara por el Gobierno francés cuando presentó sus Expose cies motivos al Parlamento francés en relación con la ratificación del Tratado de 1935. Esa línea de 1935 podría haber sido una frontera real según los principios del derecho internacional.

Pero como el tratado en cuestión nunca entró en vigor por falta de ratificación debido a la evolución política de los acontecimientos en aquel momento, la línea nunca se convirtió en una frontera convencionalmente acordada, aunque sigue apareciendo en muchos mapas, algunos relativamente recientes, y es invocada por el propio Chad como límite sur de la llamada “franja de Aouzou”. En cuanto a la segunda cuestión, estoy igualmente convencido de que la línea de 1899 de la Declaración Adicional etiquetada al artículo 4 de la Convención franco-británica de 1898 nunca se consideró una línea fronteriza.

Su objetivo era dividir las esferas de influencia entre las dos grandes potencias coloniales, Francia y Gran Bretaña. Además, Lord Salisbury, Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, reconoció que era menos que una división de esferas de influencia.

No era más que una línea que establecía los límites de la expansión francesa hacia el norte y el este, [p96] laboriosamente negociada y acordada bajo la sombra del incidente de Fashoda. Por lo tanto, según él, tenía un propósito puramente negativo, y sería difícil considerarla una línea fronteriza – en aquel momento o ahora – porque, como sostengo, no hay ninguna cuestión de efectos que pudieran modificar la naturaleza de la línea para dotarla de tal estatus.

En cuanto a la Convención de 8 de septiembre de 1919, entre Francia y Gran Bretaña, complementaria de la Declaración de 21 de marzo de 1899, trata principalmente de la frontera entre Chad y el Sudán anglo-egipcio, y no de la frontera entre Libia y Chad. De ahí que se la conozca como Convención Wadai-Darfour.

Por lo tanto, está más relacionado con el artículo 2 de la Declaración de 1899 que con su artículo 3. De hecho, la Exposición de Motivos del proyecto de ley por el que se presenta al Parlamento francés el texto del Acuerdo lo denomina Traite de delimitation entre le Ouadai et le Darfour. La única salvedad que guarda alguna relación con el artículo 3 de la Declaración de 1899 es su párrafo final, que reza así:

“Queda entendido que nada de lo dispuesto en el presente Convenio prejuzga la interpretación de la Declaración del 21 de marzo de 1899, según la cual las palabras del artículo 3 ‘. . . discurrirá desde allí en dirección sureste hasta encontrarse con el grado 24 de longitud al este de Greenwich (21 ° 40′ al este de París)’ se aceptan en el sentido de que ‘. . . discurrirá desde allí en dirección sureste hasta encontrarse con el grado 24 de longitud al este de Greenwich en la intersección de dicho grado de longitud con el paralelo 19° 30’ de latitud”‘. (Memorial de Libia, “International Accords and Agreements Annex”, Vol. 2, No. 17, p. 165.)

La línea del artículo 3 de la Declaración de 1899, siguiendo estrictamente la dirección sureste -y ésa parece haber sido la intención de los negociadores a la luz de los travaux preparatoires-, cortaría el meridiano 24° E a los 15° 35′ de latitud norte, aproximadamente donde confluye con el Wadi Howa.

La misma línea representada en el mapa del Livre jaune se encontraría con el meridiano 24° E a la latitud de 19° N. Según el Convenio franco-británico de 1919, la intersección se produciría a 19° 30′ N, y Chad mantiene que nunca se trató de una línea sureste estricta, sino de una línea este-sureste. Así pues, habría una modificación sustancial en el curso de la línea, que se habría desplazado unos cuatro grados hacia el norte.

Por lo tanto, no es de extrañar que Italia protestara contra esta Convención, negociada y concluida sin su conocimiento, que habría amputado unos 180.000 km2 de territorio libio.

Además, si el párrafo se abre con la afirmación de que “nada de lo dispuesto en la presente Convención prejuzga la interpretación de la Declaración del 21 de marzo de 1899”, es evidente que la línea de 1919 tiene la misma naturaleza que la de 1899, es decir, que ambas tenían por objeto dividir esferas de influencia y en modo alguno podían interpretarse como constitutivas de fronteras internacionales. [p97]

Para el Chad, el Tratado de Amistad y Buena Vecindad concluido por Francia y Libia el 10 de agosto de 1955, que consideraba el documento más importante y decisivo del expediente, aportaba la prueba de la frontera meridional de Libia al este de Toummo. Las negociaciones sobre el Tratado se desarrollaron en dos etapas: en París, del 4 al 6 de enero de 1955, y en Trípoli, del 9 de julio al 10 de agosto del mismo año. El Primer Ministro Mendes-France y su homólogo libio, Mustapha Ben Halim, participaron en la sesión de París y Ben Halim y el Embajador Dejean participaron en la segunda etapa en Trípoli.

La lectura de las actas existentes de estos encuentros, que distan mucho de ser completas, revela las posiciones inflexibles de las partes: Francia luchando por el establecimiento de la línea fronteriza y Libia insistiendo en la retirada de las fuerzas francesas del Fezzan. Libia consideraba que ese era el principal objetivo del Tratado, calificado de “tratado de evacuación”. Al final de las negociaciones -y las actas no explican cómo ni con qué argumentos- se aprobó el texto del artículo 3 del Tratado, según el cual las fronteras eran las derivadas de los actos internacionales vigentes en la fecha de la independencia de Libia, que figuraban en el Anexo I del Tratado. El Anexo, acordado mediante canje de notas, enumera seis actos internacionales. Durante la vista oral, Chad redujo esa lista a tres instrumentos principales: la Declaración Adicional de 1899, el Acuerdo Prinetti-Barrere de 1902 y la Convención Anglo-Francesa de 1919.

A pesar de los argumentos de Chad, sigo dudando de que alguno de estos tres instrumentos pueda considerarse un tratado fronterizo. La Declaración de 1899, como ya se ha dicho, dividía las esferas de influencia o, como sostenía Lord Salisbury, el principal negociador británico, ni siquiera eso.

El objetivo de la línea era negativo, a saber, marcar los límites de la expansión francesa hacia el norte y el este. El intercambio de cartas de 1902 entre Prinetti y Barrere, continuación del intercambio de cartas de 1900 entre Visconti-Venosta y el mismo Barrere, tenía poco que ver con el problema de la frontera sur.
Trataba del respeto recíproco de los intereses franceses en Marruecos y de las futuras ambiciones italianas en Tripolitania y Cirenaica. Incluye, no obstante, una referencia a la frontera de Tripolitania, que aparece como una línea ondulada discontinua en el mapa del Livre jaune, pero sólo como límite a la expansión francesa hacia el norte. En cuanto a la Convención del 8 de septiembre de 1919 entre Francia y Gran Bretaña, de la que se dice que es “complementaria de la Declaración del 21 de marzo de 1899”, hay que recordar de nuevo que su última cláusula dice: “nada en la presente Convención prejuzga la interpretación de la Declaración del 21 de marzo de 1899”. Pero este texto es ambiguo: ¿la interpretación de quién?

Además, la Convención de 1919, al adoptar una línea este-sureste, modificó considerablemente el punto terminal de la línea. Además, si “nada… prejuzga la interpretación de la Declaración del 21 de marzo de 1899”, la consecuencia sería que la línea de 1919 también dividía esferas de influencia y no fronteras.

[p98]

Por otra parte, también merece examinarse si los tratados enumerados en el Anexo I estaban en vigor. El intercambio de cartas franco-italiano de 1902, por ejemplo, además de ser ajeno al problema fronterizo, fue un acuerdo secreto cuya supervivencia tras la condena de los tratados secretos por la Sociedad de Naciones es, cuando menos, dudosa. También tengo dudas de que los acuerdos originalmente secretos fueran alguna vez aceptados para su registro en la Secretaría de las Naciones Unidas.

Mi conclusión, por tanto, es que ninguno de los tres tratados invocados por Chad reúne las condiciones para ser reconocido internacionalmente como tratado fronterizo ni podría, en consecuencia, beneficiarse del trato excepcional consagrado en la Declaración de El Cairo y en el artículo 11 de la Convención de Viena de 1978 sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. En cuanto al Tratado de 1955, tenía una duración acordada de 20 años, duración que fue establecida explícitamente por las partes para cada una de las concesiones hechas a Francia.

Ahora bien, el artículo 54 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece, entre otras cosas, que la terminación de un tratado tiene lugar de conformidad con las disposiciones del mismo. Por lo tanto, el Tratado de 1955 expiró en 1975.

Las Partes fueron discretas a la hora de discutir su Artículo 11. Pero el contramemorial chadiano se ocupó de él, aceptando el hecho de que el Tratado expiró en 1975, aunque sólo para sostener que las disposiciones del artículo 3 y del anexo I sobreviven al Tratado porque este último contiene acuerdos fronterizos y, en consecuencia, se beneficia de la excepción a la regla de la tabula rasa reservada a los tratados dispositivos y territoriales. Pero el carácter de esas disposiciones no puede darse por sentado, y su papel en el establecimiento de una frontera internacionalmente reconocida está por demostrar.

Es importante recordar que Francia condicionó la ratificación del Tratado de 1955 a la conclusión del Acuerdo de 1956 sobre la rectificación de la frontera franco(argelina)-libia que entregaría a Francia el yacimiento petrolífero de Edjele. En efecto, el Parlamento francés aprobó la enmienda Isorni, que añadía el siguiente artículo al proyecto de ley que autorizaba la ratificación: “Les instruments de ratification seront déposés lorsque sera intervenu l’accord fixant la frontière entre le Royaume-Uni de Libye et l’Algerie”. (Memorial de Libia, Vol. 1, p. 398.)

Por ello, el Tratado de 1955 no fue ratificado antes de 1957. Y una vez resuelta la rectificación de la frontera entre Libia y Argelia, Francia no se molestó en registrar el Tratado de 1955 en la Secretaría de las Naciones Unidas hasta 1991.

Paso ahora a la cuestión de los efectivos, es decir, al ejercicio pacífico y continuo del poder del Estado, por utilizar el lenguaje de Max Huber en el arbitraje de la Isla de Palmas. Hasta la guerra italo-turca de 1911 y el Tratado de Ouchy de 1912, no cabe duda de que los poderes coloniales en la zona en litigio eran ejercidos por el Imperio Otomano, mediante un sistema distante y laxo basado en la delegación de sus competencias en las administraciones locales. En el expediente se sostiene que existía una soberanía compartida entre los otomanos y los pueblos indígenas locales, especialmente los organizados y dirigidos por los Senoussiya. Chad [p99] impugna la validez de estos efectivos, pero lo cierto es que no había presencia francesa en la zona antes del Tratado de Ouchy y la retirada de los otomanos. No fue hasta después, concretamente en 1913, cuando las incursiones francesas traspasaron la línea del modus vivendi establecida con los otomanos. En sucesivas incursiones, los franceses ocuparon los puntos clave, atacaron y destruyeron zawiyas e intentaron establecer un dominio de las tierras fronterizas, especialmente del BET.

Pero la resistencia de las tribus locales, y en particular de los senoussi, nunca permitió el establecimiento del ejercicio de un poder estatal pacífico y continuo por parte de Francia. Siempre se trató de una ocupación militar, y la autoridad fue ejercida por oficiales militares. Incluso después de la independencia de Chad, se mantuvo a militares franceses en la administración de los oasis locales. Además, Chad no aportó ninguna prueba documental del ejercicio del poder pacífico del Estado. No figura documentación alguna en el expediente, a diferencia del caso relativo al Diferendo sobre Fronteras Terrestres, Insulares y Marítimas (El Salvador/Honduras: Nicaragua interviniente) en el que se aportaron volúmenes de documentación certificada como prueba del ejercicio pacífico y continuo del poder del Estado.

El hecho es que en el expediente no se presentó ninguna prueba concreta de effectiviles, ni de effectivites otomanos, ni franceses, ni italianos y, por supuesto, menos aún de effectivites senoussi. Así que creo que cualquier invocación de effectiviles simplemente debe ser ignorada. La sugerencia de Chad de que existía un tipo sui generis de effectivites, debido a las peculiares circunstancias geográficas de una zona desértica e inhóspita, no es convincente.

No se ajusta a los famosos criterios sobre el papel de los effectivites consagrados en el asunto Conflicto fronterizo (Burkina Faso/República de Malí). El Memorial chadiano citó documentos franceses que confirman que la ocupación del BET se llevó a cabo para imponer su dominio sobre las zonas de influencia, y no para efectuar una ocupación tal que pudiera sustentar un ejercicio pacífico y continuo del poder del Estado.

Por ejemplo, en 1913 las fuerzas francesas ocuparon Zouar y Bardai, la principal ciudad de Tibesti. Pero se retiraron ya en 1916 y no volvieron hasta 1930. Las “patrullas de reconocimiento”, tournees militaires, llevadas a cabo esporádicamente con largos intervalos, no podían bastar para establecer la existencia de verdaderos efectivos.

El Chad invocó en varias ocasiones el incidente Jef-Jef de 1938 y el incidente Aouzou-Moya de 1955 como prueba de la soberanía francesa en la zona. En realidad, se trataba de incidentes menores cuya importancia fue inflada a propósito. En el primer incidente, unos cuantos trabajadores italianos desarmados que perforaban un pozo fueron expulsados por las tropas francesas.

En el segundo, un grupo de civiles libios acompañados por unos pocos soldados, que escoltaban a un especialista en estadísticas de las Naciones Unidas, fueron igualmente obligados a retirarse a la frontera francesa reclamada[p100]. Creo que las razones esgrimidas por Libia para sostener que los efectivos no podían desempeñar un papel decisivo en este caso eran válidas.

La cuestión básica era una cuestión de título, y se ha demostrado que el título legal residía primero en la población indígena, especialmente en los pueblos senoussi, en el Imperio Otomano y más tarde en Italia. Este fue el título que heredó Libia.

Francia nunca ocupó las tierras fronterizas entre Libia y Chad (ni por medios pacíficos ni por conquista) hasta después de 1929, momento en el que la ocupación por la fuerza era ilegal según el derecho internacional. En cualquier caso, los territorios en cuestión no eran terra nullius, por lo que la ocupación por parte de una presencia militar francesa fue, utilizando las palabras del Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Hughes, “una mera usurpación”.

Además, cabe recordar que el Tratado franco-libio de 1955, que según el Chad era la roca sobre la que descansaba todo el caso chadiano, prescinde por completo de la cuestión de los effectivités, basándose exclusivamente en los convenios vigentes en la fecha de la independencia libia a efectos de definir la línea fronteriza al este de Toummo.

Paso ahora a la llamada “franja de Aouzou”. El propio Memorial de Chad (Vol. I, p. 17) reconoce que la expresión “franja de Aouzou” es de uso reciente, apareciendo a finales de la década de 1970 debido al “uso periodístico”. Abarca la región que habría sido “cedida” por Francia a Italia en virtud del Tratado Laval-Mussolini. Está delimitada por dos líneas: la del Tratado de 1935 y la de la Convención franco-británica de 1899. Es curioso que Chad haya invocado la línea del Tratado de 1935, que describe con todo detalle el límite sur de la “franja de Aouzou”.

Para el límite norte, se basó en la línea de 1899 tal y como aparece en el mapa del Livre jaune. La “franja de Aouzou”, incluida una pequeña intrusión en el territorio de Níger, tiene una superficie de 144.000 kmFN2 – 1.040 km de largo y 140 km de ancho. La franja se divide en partes correspondientes al Borkou, el Ennedi y el Tibesti; es decir, el BET.

La posición del Gobierno francés respecto a la soberanía sobre la “bande d’Aouzou” es algo dudosa. Por ejemplo, el 27 de marzo de 1985, el Ministro de Defensa, Charles Hernu, declaró en una entrevista:

“La bande d’Aouzou est hors du Tchad. Cela, tout le monde en est d’accord. Même le président Habre le reconnaît. C’est un affaire qui remonte à 1934”. (Véase Contramemoria de Libia, Vol. 1, p. 312.)

Por lo tanto, nadie menos que el Ministro de Defensa de Francia confirmó la tajante afirmación del Presidente Tombalbaye en su controvertida carta al Jefe de Estado libio. Como ya se ha dicho, las Partes discrepaban sobre la naturaleza de la tarea que tenía ante sí el Tribunal.

Libia abogaba por un reparto de territorios, [p101] teniendo en cuenta los títulos coloniales históricos. Chad sostenía que la frontera sur de Libia existía, y resultaba de los instrumentos internacionales en vigor en el momento de la independencia de Libia. De hecho, según Chad, la tarea del Tribunal se limitaba a la elección de una de las dos líneas que limitan la franja de Aouzou, a pesar de que en el Accord-Cadre no hay la más mínima mención a la “franja de Aouzou”.

Chad alegó que cualquiera que fuera la tarea del Tribunal, éste tendría que establecer una línea fronteriza. Chad estaba de acuerdo en que, en virtud del Tratado de Ouchy, confirmado por el Tratado de Paz de Lausana de 1923, Italia heredaba todos los derechos soberanos del Imperio Otomano, pero Chad negaba que la Porte tuviera derechos soberanos sobre el BET.

Libia apeló a consideraciones de equidad en caso de que el Tribunal tuviera que establecer ex novo una línea fronteriza, instándole a elaborar una línea que fuera práctica, justa y sensata, teniendo en cuenta los intereses de las Partes y de los pueblos de la región.

El Chad rechazó categóricamente cualquier recurso a consideraciones de equidad, incluso infra legem. Las relaciones entre ambos países han distado mucho de ser pacíficas.

A principios de 1963, la situación interna de Chad propició una rebelión que desencadenó la creación del FROLINAT (Frente de liberación nacional). Ese mismo año se firmó un tratado de amistad entre Chad y Libia, que trataba principalmente de la seguridad de las comunicaciones, pero no estipulaba nada sobre las fronteras.

En 1955, el descubrimiento de petróleo y la promulgación del primer Reglamento Libio del Petróleo abrieron la puerta a un futuro mejor para Libia. En 1971 Chad, alegando injerencia en cuestiones internas, había roto relaciones con Libia, pero éstas se reanudaron en 1972 con la firma de un nuevo tratado de cooperación y asistencia mutua. Tampoco en este caso se mencionaron las fronteras. Fue entonces cuando se produjo el episodio de la carta Tom-balbaye. Tras el Tratado de 1972 se celebraron otros acuerdos entre Libia y Chad. En el Tratado de 1974 la única referencia a las fronteras era una condena de las fronteras coloniales establecidas arbitrariamente, obviamente en contradicción con la Declaración de El Cairo de 1964. En 1980 se firmó un nuevo tratado en el que tampoco se mencionaba la presencia de tropas libias en territorio chadiano. En 1981 se firmó otro tratado más, en el que se ignoraba la “invasión” por tropas libias de la “franja de Aouzou”.

(En el frente interno chadiano, el Acuerdo de Lagos sobre la reconciliación nacional en el Chad, concluido en Lagos del 13 al 18 de agosto de 1979 por todos los partidos políticos chadianos, asistidos por los representantes de Camerún, Libia, Níger, Nigeria, Senegal, Sudán, Congo, Liberia, Benín, África Central y el representante de la Organización para la Unidad Africana, no abordaba en absoluto la ocupación de la “franja de Aouzou” por las tropas libias. Su objetivo era el alto el fuego y la creación del Gouvernement d’union nationale de transition (GUNT).

Las denuncias presentadas por Chad ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no produjeron ninguna solución, pero aparentemente condujeron a la conclusión del Acuerdo-[p102] Marco de 31 de agosto de 1989, en virtud del cual el presente asunto llegó al Tribunal. Creo que los títulos sobre el territorio reivindicados por Libia son válidos.

Ni Francia ni Chad podrían presentar títulos más sólidos que las tres capas de títulos que corresponden a Libia, a saber, los de los pueblos que habitan el territorio, las tribus, las confederaciones de tribus y la Providencia de Senoussi, la soberanía del Imperio Otomano sobre la zona, que pasó a Italia en 1912 y de ahí a Libia en 1951.

El argumento de Chad de que la reivindicación de Libia implicaría la mitad del territorio chadiano es poco convincente. No sólo plantea la cuestión, sino que también funciona al revés, ya que la reclamación de Chad implica una parte sustancial del territorio libio.

La reivindicación de Libia representada en el mapa 105 del Memorial libio se basaba en la sucesión de reivindicaciones otomanas que iban mucho más al sur.

El párrafo final de la Sentencia, el párrafo 76, invoca la regla pacta sunt servanda para justificar la línea consagrada en la parte dispositiva, que resultaría del Tratado de 1955. Nadie cuestionaría esta norma fundamental del derecho internacional, lo que Hans Kelsen estableció como la Grundnorm del derecho internacional.

Pero es evidente que sólo se aplica a los tratados en vigor, y el artículo 11 del Tratado de 1955 hace que su validez después del plazo de 20 años sea, cuando menos, discutible. El párrafo 77, que contiene el dispositif, recurre a la línea del Convenio franco-británico de 1919, el llamado “Convenio Wadai-Darfour” que, por cierto, trataba de la frontera sur de Libia con los territorios franceses, desplazándola hacia el norte. En efecto, la estricta línea sureste de 1899 fue desplazada progresivamente hacia el norte: primero con el mapa del Livre jaune, en una modificación unilateral de la línea original, sin consultar con los británicos, algo que, según la nota manuscrita de Lord Thomas Sanderson, Subsecretario Permanente de Estado de Asuntos Exteriores, “no importaba mucho”.

El hecho es que la línea de 1899, siguiendo una estricta dirección sureste -y esa parece haber sido la intención de los negociadores a la luz de los travaux preparatoires- intersectaría el meridiano 24° E a 15° 35′ N de latitud, aproximadamente en el lugar donde se encuentra con el Wadi Howa. La misma línea, tal como figura en el mapa del Livre jaune, se encontraría con el meridiano 24° E a la latitud de 19° N. Según el Convenio franco-británico, la intersección se produciría a 19° 30′ N. El Chad sostiene que no se trata de una línea sureste estricta, sino de una línea este-sureste. Por lo tanto, hay una modificación sustancial en el curso de la línea, que se ha desplazado unos cuatro grados hacia el norte. Y esa es la línea que el dispositivo de la Sentencia toma como base para definir la frontera entre la República del Chad y la Jamahiriya Árabe Libia[p103].

Pero no se podía excluir una solución de compromiso que, lamentablemente, ni las Partes ni el Tribunal exploraron. Había dos posibilidades para trazar una línea justa y equitativa: la primera habría sido la línea del mapa de las Naciones Unidas nº 241, que está cerca de la línea de 1935 pero no es idéntica a ella. Dado que Chad no tuvo escrúpulos en utilizar la línea de 1935 como límite sur de la “franja de Aouzou”, no veo por qué se habría opuesto a su uso para una frontera ex novo.

La segunda solución habría sido volver a la línea sureste estricta de 1899, que estaba en el origen de la disputa, y que sigue apareciendo en mapas muy recientes, por ejemplo, el mapa de la OUA de 1988 adjunto al informe de su Subcomité sobre la disputa Libia-Chad. Esta es, en mi opinión, la línea más obvia y quizás la más equitativa.

Ambas líneas habrían ofrecido la ventaja de dividir el Macizo de Tibesti entre los dos países. Y no es necesario subrayar la importancia del Macizo Tibesti para la posible defensa de uno u otro país, como han afirmado repetidamente ambas Partes.

(Firmado) Jose Sette-Camara.

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