CASO DEL CANAL DE CORFÚ (FONDO DEL ASUNTO) Fallo de 9 de abril de 1949 – Corte Internacional de Justicia

Canal de Corfú

Reino Unido v. Albania

Sentencia

9 de abril de 1949

 

Presidente: Guerrero;
Vicepresidente: Basdevant;
Jueces: Alvarez, Fabela, Hackworth, Winiarsky, Zoricic, De Wisscher, Sir Arnold McNair, Klaestad, Badavi Pasha, Krylov, Read, Hsu Mo, Azevedo;
Juez Ad.Hoc: M.Ecer

Representado por: Reino Unido: Sir Eric Beckett, K.C.M.G., K.C., Consejero Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores, como Agente y Consejero;
asistido por
The Right Honourable Sir Hartley Shawcross, K.C., M.P., Attorney-General, sustituido el 15 de noviembre de 1948 por Sir Frank Soskice, K.C., M.P., Solicitor-General;
Sr. C. H. M. Waldock, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Oxford, Sr. R. 0. Wilberforce;
Sr. J. Mervyn Jones;
Sr. M. E. Reed (de la Oficina del Fiscal General), miembros del Colegio de Abogados inglés, en calidad de Consejeros;
Albania: M. Kahreman Ylli, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Albania en París, en calidad de Agente, sustituido el 14 de febrero de 1949 por
M. Behar Shtylla, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Albania en París
asistido por
M. Pierre Cot, Professeur agrege des Facultés de Droit de France;
Maitre Joe Nordmann, del Colegio de Abogados de París, como Consejero;
Slaitre Marc Jacquier, del Colegio de Abogados de París;
Maitre Paul Villard, Abogado de París.

 

[p5] EL TRIBUNAL
compuesto como arriba,
dicta la siguiente sentencia:

[1] Por sentencia dictada el 25 de marzo de 1948 (Recueil 1947-1948, p. 15), en el asunto del Canal de Corfú, en un procedimiento iniciado el 22 de mayo de 1947 por una demanda del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra el Gobierno de la República Popular de Albania, el Tribunal se pronunció [p6] sobre la Excepción Preliminar presentada el 9 de diciembre de 1947 por este último Gobierno. El Tribunal rechazó la Excepción y decidió que el procedimiento en cuanto al fondo debía continuar, y fijó los plazos para la presentación de los alegatos subsiguientes de la siguiente manera: para la Contramemoria de Albania: 15 de junio de 1948; para la Réplica del Reino Unido: 2 de agosto de 1948; para la Dúplica de Albania: 20 de septiembre de 1948.

[2] Inmediatamente después del pronunciamiento de la sentencia, el Tribunal fue notificado por los Agentes de las Partes de un Acuerdo Especial, cuyo texto es el siguiente:

“El Gobierno de la República Popular de Albania, representado por su Agente Sr. Kahreman Ylli, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Albania en París; y
el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por su Agente, el Sr. W. E. Beckett, C.M.G., K.C., Consejero Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores;
Han aceptado el presente Acuerdo Especial, que ha sido redactado como resultado de la Resolución del Consejo de Seguridad del 9 de abril de 1947, con el fin de someter a la decisión de la Corte Internacional de Justicia las siguientes cuestiones:
(1) ¿Es Albania responsable, en virtud del derecho internacional, de las explosiones ocurridas el 22 de octubre de 1946 en aguas albanesas y de los daños y pérdidas de vidas humanas que de ellas resultaron, y existe el deber de indemnizar?
(2) ¿Ha violado el Reino Unido, en virtud del derecho internacional, la soberanía de la República Popular Albanesa por los actos de la Royal Navy en aguas albanesas el 22 de octubre y el 12 y 13 de noviembre de 1946 y existe algún deber de dar satisfacción?
Las Partes acuerdan que el presente Acuerdo Especial será notificado a la Corte Internacional de Justicia inmediatamente después del pronunciamiento, el 25 de marzo, de su sentencia sobre la cuestión de la jurisdicción. Las Partes solicitan a la Corte que, teniendo en cuenta el presente Acuerdo Especial, dicte las resoluciones que estime oportunas en materia de procedimiento, de conformidad con el Estatuto y el Reglamento de la Corte, previa consulta a los Agentes de las Partes.
En fe de lo cual, los mencionados Agentes, debidamente autorizados por sus Gobiernos a este efecto, han firmado el presente Acuerdo Especial.
Hecho el 25 de marzo de 1948, a las 12 horas, en La Haya, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que será depositado en la Corte Internacional de Justicia”.

[3] El 26 de marzo de 1948 (I.C.J. Reports 1947-1948, p. 53), la Corte dictó una Orden en la que dejaba constancia de que el Acuerdo [p7] Especial constituía ahora la base de los procedimientos ulteriores ante la Corte, y enunciaba las cuestiones sometidas a su decisión. El Tribunal tomó nota de que el Gobierno del Reino Unido había presentado el 1 de octubre de 1947, es decir, dentro del plazo fijado por el Tribunal, un Memorial con declaraciones y alegaciones relativas al incidente ocurrido el 22 de octubre de 1946. Señaló además que los Agentes, habiendo sido consultados, declararon que estaban de acuerdo en solicitar que se mantuvieran la orden y los plazos para la presentación de los alegatos subsiguientes fijados por la Sentencia de 9 de marzo de 1948. El Tribunal confirmó esta orden y estos plazos.

[4] La contramemoria, la réplica y la dúplica fueron presentadas dentro de estos plazos. El 20 de septiembre de 1948, el caso estaba listo para la vista y el comienzo del juicio oral se fijó para el 5 de noviembre de 1948.

[5] Como el Tribunal no contaba entre sus miembros con un juez de nacionalidad albanesa, el Gobierno de Albania se acogió, durante el procedimiento sobre la Excepción Preliminar, al derecho previsto en el artículo 31, párrafo 2, del Estatuto, y eligió como Juez ad hoc a M. Igor Daxner, Doctor en Derecho, Presidente de una Sala del Tribunal Supremo de Checoslovaquia. El 28 de octubre de 1948, el Secretario fue informado de que el Juez Daxner se encontraba impedido por razones de salud para actuar en la fecha fijada. El Tribunal decidió el 2 de noviembre de 1948 fijar un plazo que expiraba el 7 de noviembre, dentro del cual el Gobierno albanés podía notificar el nombre de la persona que deseaba elegir como Juez ad hoc en sustitución del Dr. Daxner, y aplazar la apertura de la vista hasta el 9 de noviembre. Dentro del plazo fijado, el Gobierno albanés designó a M. Bohuslav Ecer, Doctor en Derecho y Profesor de la Facultad de Derecho de Brno, y delegado del Gobierno checoslovaco ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg.

[6] El Tribunal celebró sesiones públicas en las siguientes fechas: noviembre de 1948, del 9 al 12, del 15 al 19, del 22 al 26, 28 y 29; diciembre de 1948, del 1 al 4, del 6 al 11, 13, 14 y 17; enero de 1949, del 17 al 22. En el curso de las sesiones del 9 al 19 de noviembre de 1948 y del 17 al 22 de enero de 1949, el Tribunal de Justicia oyó las alegaciones de Sir Hartley Shawcross, K.C., Abogado, Sir Eric Beckett, K.C., Agente y Abogado, y Sir Frank Soskice, KC., Abogado, en nombre del Reino Unido; y de M. Kahreman Ylli, Agente, y MM. J. Nordmann y Pierre Cot, Abogados, en nombre de Albania. En el curso de las sesiones celebradas del 22 de noviembre al 14 de diciembre de 1948, el Tribunal oyó las declaraciones de los testigos y peritos convocados por cada una de las Partes en respuesta a las preguntas que les fueron formuladas en el interrogatorio y contrainterrogatorio en nombre de las Partes, y por el Presidente en nombre del Tribunal o por un Miembro del Tribunal. Prestaron declaración las siguientes personas [p8]

[7] Llamado por el Reino Unido:

Commander E. R. D. Sworder, O.B.E., D.S.C., Royal Naval Volunteer Reserve, como testigo y experto;
Karel Kovacic, antiguo Capitán de Corbeta de la Marina yugoslava, como testigo;
Capitán W. H. Selby, D.S.C., Royal Navy, como testigo;
Comandante R. T. Paul, C.B.E., Royal Navy, como testigo;
Capitán de Corbeta P. K. Lankester, Royal Navy, como testigo y experto;
Comandante R. Mestre, Armada Francesa, como testigo;
Comandante Q. P. Whitford, O.B.E., Royal Navy, como testigo y experto;

[8] Llamado por Albania:

Capitán Ali Shtino, Ejército Albanés, como testigo;
Primer Capitán Aquile Pdena, Ejército Albanés, como testigo;
Xhavit Muqo, antiguo Vicepresidente del Comité Ejecutivo de Saranda, como testigo;
Capitán B. I. Ormanov, Armada búlgara, como experto;
Contralmirante Raymond Moullec, Armada Francesa, como experto.

[9] Documentos, incluyendo mapas, fotografías y bocetos, fueron presentados por ambas Partes, y en una ocasión por las Partes conjuntamente, tanto como anexos a los alegatos, como después del cierre de los procedimientos escritos. En una ocasión, durante las sesiones, cuando se presentó una fotocopia de un extracto de un documento, el Tribunal, el 24 de noviembre de 1948, tomó una decisión en la que recordó a ambas Partes las disposiciones del Artículo 48 y del Artículo 43, párrafo I, del Reglamento del Tribunal; sostuvo que el documento en cuestión sólo podía recibirse si se presentaba en forma original y completa; ordenó que todos los documentos que las Partes tuvieran intención de utilizar se presentaran previamente en la Secretaría; y se reservó el derecho de informar posteriormente a las Partes cuáles de estos documentos debían presentarse en forma original y cuáles en forma de copia auténtica.

[10] Otra decisión sobre la presentación de una serie de nuevos documentos fue dictada por el Tribunal el 10 de diciembre de 1948. Esta decisión señalaba que las Partes estaban de acuerdo en cuanto a la presentación de algunos de estos documentos y que algunos otros habían sido retirados; autorizaba la presentación de algunos otros documentos; por último, en el caso de uno de estos documentos, cuyo examen [p9] había sido sometido a ciertas condiciones, la decisión del Tribunal dejaba constancia del consentimiento de la otra Parte a su presentación y, en vista de dicho consentimiento, permitía su presentación, teniendo en cuenta las circunstancias especiales; pero el Tribunal declaraba expresamente que este permiso no podía constituir un precedente para el futuro. [FN1]

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[La lista de documentos justificativos presentados por las Partes y aceptados por el Tribunal se encuentra en el Anexo I de la presente Sentencia.
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[11] Por una Orden del 17 de diciembre de 1948, la Corte, teniendo en cuenta el hecho de que ciertos puntos habían sido impugnados entre las Partes, lo que hacía necesario obtener una opinión experta, definió estos puntos, y confió el deber de dar la opinión experta a un Comité compuesto por el Comodoro J. Bull de la Marina Real de Noruega, el Comodoro S. A. Forshell de la Marina Real de Suecia, y, el Capitán de Corbeta S. J. w. Elfferich de la Marina Real de los Países Bajos. Estos expertos eligieron al comodoro Bull como presidente y presentaron su informe el 8 de enero de 1949, dentro del plazo prescrito. Por decisión leída en sesión pública el 17 de enero, el Tribunal pidió a los Expertos que se dirigieran a Sibenik, en Yugoslavia, y a Saranda, en Albania, y que realizaran en tierra y en las aguas adyacentes a estos lugares todas las investigaciones y experimentos que consideraran útiles para verificar, completar y, en su caso, modificar las respuestas dadas en su informe del 8 de enero. El segundo informe de los expertos, al que no se unió el comodoro Bull, que no pudo realizar el viaje por motivos de salud, se presentó el 8 de febrero de 1949. El 10 de febrero, tres miembros del Tribunal formularon preguntas a los Peritos, a las que éstos respondieron el 12 de febrero.

[12] En las sesiones celebradas del 17 al 22 de enero de 1949, los representantes de las partes tuvieron la oportunidad de comentar oralmente el informe de los peritos del 8 de enero. También presentaron observaciones escritas [FN2] sobre las declaraciones adicionales contenidas en el Informe del 8 de febrero y las respuestas del 12 de febrero, según lo dispuesto en la decisión del Tribunal del 17 de enero.

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[FN2] Véase en el anexo 2 el informe de los peritos del 8 de enero, la decisión del Tribunal del 17 de enero, el segundo informe de los peritos del 8 de febrero, las preguntas formuladas por tres miembros del Tribunal y las respuestas de los peritos del 12 de febrero.
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[13] Las alegaciones de las Partes, formuladas por sus Agentes o Abogados al término de las audiencias de los días 18, 19, 21 y 22 de enero de 1949, son las siguientes:

Cuestión (I) del Acuerdo Especial.

[14] En nombre del Reino Unido:

“El Gobierno del Reino Unido solicita al Tribunal en este caso que adjudique y declare lo siguiente: [p10] (1) Que, el 22 de octubre de 1946, se causaron daños a los buques de Su Majestad Saumarez y Volage, que provocaron la muerte y heridas a 44, y lesiones personales a 42, oficiales y hombres británicos por un campo minado de minas automáticas ancladas en la carretera internacional del Estrecho de Corfú en una zona al suroeste de la Bahía de Saranda;
(2) Que dicho campo de minas fue colocado entre el 15 de mayo y el 22 de octubre de 1946, por o con la connivencia o el conocimiento del Gobierno albanés;
(3) Que (alternativamente a 2) el Gobierno albanés sabía que dicho campo de minas se encontraba en una parte de sus aguas territoriales;
(4) Que el Gobierno albanés no notificó la existencia de dichas minas, tal y como exige el Convenio VIII de La Haya de 1907, de conformidad con los principios generales del derecho internacional y de humanidad;
(5) Que además, y como agravante de la conducta de Albania expuesta en las Conclusiones (3) y (4). el Gobierno albanés, o sus agentes, sabiendo que los barcos de Su Majestad iban a hacer el paso por el canal barrido del norte de Corfú, y estando en condiciones de observar su aproximación, y habiendo omitido, como se alega en el párrafo 4 de estas conclusiones, notificar la existencia de dichas minas, no advirtieron a los barcos de Su Majestad del peligro de dichas minas del que el Gobierno albanés o sus agentes eran perfectamente conscientes;
(6) Que además, y como agravante de la conducta de Albania expuesta en las Conclusiones (3), (4) y (5), el permiso de la existencia sin notificación del campo de minas en el Canal Norte de Corfú, siendo una carretera internacional, fue una violación del derecho de paso inocente que existe a favor de los buques extranjeros (ya sean buques de guerra o mercantes) a través de dicha carretera internacional;
(7) Que el paso de los buques de Su Majestad por el Canal de Corfú Norte el 22 de octubre de 1946 fue un ejercicio del derecho de paso inocente, de acuerdo con la ley y la práctica de las naciones civilizadas;
(8) Que incluso si, por cualquier razón, se considerase que la conclusión (7) no está establecida, no obstante, el Gobierno de Albania no queda por ello exonerado de su responsabilidad internacional por los daños causados a los buques en razón de la existencia de un campo de minas no notificado del que tenía conocimiento;
(9) Que en las circunstancias expuestas en el Memorial y resumidas en los párrafos precedentes de estas Conclusiones, el Gobierno albanés ha cometido una violación de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, y es internacionalmente responsable ante el Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido por las muertes, lesiones y daños causados a los buques y al personal de Su Majestad, como se expone más particularmente en el párrafo 18 del Memorial y en los Anexos al mismo; [p11].
(10) Que el Gobierno albanés tiene la obligación ante el Gobierno del Reino Unido de reparar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales antes mencionadas;
(11) Que el Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido, como resultado de la violación por parte del Gobierno de Albania de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, ha sufrido los siguientes daños:
Daños al H.M.S. Saurmrez … Ł 750,000
Daños al H.M.S. Volage … J 75,000
Indemnización por las pensiones y otros gastos incurridos por el Gobierno del Reino Unido en relación con las muertes y lesiones del personal naval … J 50.000
Ł 875,000”

[15] En nombre del Gobierno de Albania:

[Traducción.] “(1) En virtud de los términos del Acuerdo Especial del 25 de marzo de 1948, la siguiente cuestión ha sido sometida a la Corte Internacional de Justicia:
“¿Es Albania responsable, en virtud del derecho internacional, de las explosiones ocurridas el 22 de octubre de 1946 en aguas albanesas y de los daños y pérdidas de vidas humanas que de ellas se derivaron y existe el deber de indemnizar?”.
El Tribunal no sería competente, en virtud de este Acuerdo especial, para pronunciarse, llegado el caso, sobre la pretensión de evaluación de la indemnización expuesta en las alegaciones del Gobierno del Reino Unido.
(2) No se ha probado que las minas que causaron los accidentes del 22 de octubre de 1946 fueran colocadas por Albania.

(3) No se ha probado que estas minas fueran colocadas por una tercera Potencia por cuenta de Albania.
(4) No se ha probado que estas minas fueran colocadas con la ayuda o la aquiescencia de Albania.
(5) No se ha probado que Albania supiera, antes de los incidentes del 22 de octubre de 1946, que estas minas se encontraban en sus aguas territoriales.
(6) En consecuencia, Albania no puede ser declarada responsable, según el derecho internacional, de las explosiones que se produjeron el 22 de octubre de 1946 en aguas albanesas, ni de los daños y pérdidas de vidas humanas que de ellas resultaron. Albania no debe ninguna indemnización al Gobierno del Reino Unido”.

Cuestión (2) del Acuerdo Especial.

[16] En nombre del Gobierno de Albania:
[Traducción.] “(1) En virtud de los términos del Acuerdo Especial concluido el 25 de marzo de 1948, la Corte Internacional de Justicia tiene ante sí la siguiente cuestión: [p12] “¿Ha violado el Reino Unido, en virtud del derecho internacional, la soberanía de la República Popular Albanesa por los actos de la Royal Navy en aguas albanesas el 22 de octubre y el 12 y 13 de noviembre de 1946, y existe el deber de dar satisfacción?”.
(2) El Estado ribereño tiene derecho, en circunstancias excepcionales, a regular el paso de buques de guerra extranjeros por sus aguas territoriales.
(3) Esta regla es aplicable al Canal Norte de Corfú.
(4) En octubre y noviembre de 1946, existían en esta zona circunstancias excepcionales que otorgaban al Gobierno albanés el derecho a exigir que los buques de guerra extranjeros obtuvieran una autorización previa antes de pasar por sus aguas territoriales.
(5) El paso de varios buques de guerra británicos por aguas territoriales albanesas el 22 de octubre de 1946, sin autorización previa, constituyó una violación del derecho internacional.
(6) En cualquier caso, dicho paso no tuvo carácter inocente.
(7) Las autoridades navales británicas no tenían derecho a proceder, los días 12 y 13 de noviembre de 1946, al barrido de minas en aguas territoriales albanesas sin el consentimiento previo de las autoridades albanesas.
(8) El Tribunal debe declarar que, en estas dos ocasiones, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cometió una infracción de las normas del derecho internacional y que el Gobierno albanés tiene derecho a exigirle que dé satisfacción por ello.”

[17] En nombre del Gobierno del Reino Unido:

“Pido al Tribunal que decida que en ninguno de los dos puntos de la demanda reconvencional Albania ha hecho valer sus derechos, y que no hay motivo para que el Tribunal conceda una indemnización nominal de un cuarto de penique o un franco”.

***

[18] Por la primera parte del Acuerdo Especial, se somete a la Corte la siguiente cuestión:

“(1) ¿Es Albania responsable, según el derecho internacional, de las explosiones ocurridas el 22 de octubre de 1946 en aguas albanesas y de los daños y pérdidas de vidas humanas que de ellas resultaron y existe el deber de indemnizar?”

[19] El 22 de octubre de 1946, una escuadra de buques de guerra británicos, los cruceros Mauritius y Leander y los destructores Saumarez y Volage, salió del puerto de Corfú y se dirigió hacia el norte por un canal previamente barrido en busca de minas en el estrecho de Corfú Norte. El crucero Mauritius iba en cabeza, seguido del destructor Saumarez; a cierta distancia venía el crucero Leander seguido del destructor Volage. A las afueras de la bahía de Saranda, el Saumarez chocó contra una mina y sufrió graves daños. El Volage recibió [p13] la orden de socorrerlo y remolcarlo. Mientras remolcaba al buque dañado, el Volage chocó contra una mina y resultó muy dañado. A pesar de ello, logró remolcar al otro buque de vuelta a Corfú.

[Tres semanas más tarde, el 13 de noviembre, el Canal Norte de Corfú fue barrido por dragaminas británicos y veintidós minas fueron cortadas. Dos minas fueron trasladadas a Malta para ser examinadas por expertos. Durante la operación de barrido se pensó que las minas eran del tipo alemán GR, pero posteriormente se estableció que eran del tipo alemán GY.

21] El Tribunal examinará en primer lugar si las dos explosiones que se produjeron el 22 de octubre de 1946 fueron causadas por minas pertenecientes al campo minado descubierto el 13 de noviembre [22].

[22] En nombre del Gobierno del Reino Unido se señaló que este campo de minas había sido sembrado recientemente. Esto fue discutido en los alegatos albaneses, pero ya no lo fue durante la vista. Uno de los abogados albaneses reconoció expresamente que el campo de minas había sido sembrado recientemente, y el otro abogado hizo posteriormente una declaración similar. Además, en nombre del Gobierno albanés se afirmó que el campo de minas debía haberse colocado después del 22 de octubre, lo que haría imposible sostener al mismo tiempo que el campo de minas era antiguo. Los documentos presentados por el Gobierno del Reino Unido y las declaraciones realizadas por los Expertos del Tribunal y basadas en estos documentos demuestran que el campo de minas había sido colocado recientemente. Esto ha quedado demostrado.

23] El Gobierno del Reino Unido alegó que las minas que alcanzaron a los dos buques el 22 de octubre formaban parte de este campo de minas [24].

[24] El Gobierno albanés impugnó esta afirmación, argumentando que estas minas podían ser minas flotantes, procedentes de antiguos campos de minas de los alrededores, o minas magnéticas terrestres, minas magnéticas amarradas o minas GR alemanas. También impugnaron que las explosiones se produjeran en el canal previamente barrido en el lugar donde se descubrió el campo de minas. El Gobierno albanés también alegó que el campo de minas fue colocado después del 22 de octubre, entre esa fecha y la operación de barrido de minas de los días 12 y 13 de noviembre [25].

[25] Sobre la base de las pruebas presentadas, el Tribunal considera probados los siguientes hechos:

[26] En octubre de 1944, el Canal Norte de Corfú fue barrido por la Marina Británica y no se encontraron minas en el canal barrido, por lo que se anunció la existencia de una ruta segura a través del Canal en noviembre de 1944. En enero y febrero [p14] de 1945, el Canal fue barrido por la Marina británica con resultados negativos. Que el Almirantazgo británico debió considerar el Canal como una ruta segura para la navegación lo demuestra el hecho de que el 15 de mayo de 1946 envió dos cruceros británicos y el 22 de octubre una escuadra a través del Canal sin ninguna medida especial de precaución contra el peligro de las minas ancladas. Fue en este canal barrido donde se descubrió el campo de minas el 13 de noviembre de 1946.

[27] Queda demostrado además por las pruebas presentadas por el Gobierno del Reino Unido que la explotación minera de Saumarez y Volage tuvo lugar en aguas territoriales albanesas, justo en el lugar del canal barrido donde se descubrió el campo de minas, como se indica en la carta que forma parte del Anexo g del Memorial del Reino Unido. Esto lo confirman los peritos del Tribunal, que consideran que no cabe ninguna duda de que los dos buques fueron minados aproximadamente en la posición indicada en esta carta.

[28] Queda establecido por la declaración de los testigos que el campo minado consistía en minas de contacto amarradas del tipo alemán GY. Además, la naturaleza de los daños sufridos por los dos buques, confirmada por testigos y expertos, demuestra que no pudieron haber sido causados por minas flotantes, minas magnéticas terrestres, minas magnéticas amarradas o minas GR alemanas. Los expertos del Tribunal han declarado que la naturaleza de los daños excluye la más mínima posibilidad de que su causa fuera una mina flotante; tampoco podrían haber sido causados por una mina terrestre. También expresaron la opinión de que el daño debe haber sido causado por la explosión de minas de contacto amarradas, cada una con una carga de aproximadamente 600 libras de explosivos, y que los dos barcos chocaron contra minas del mismo tipo que las que fueron barridas el 13 de noviembre de 1946.

[29] El Gobierno albanés sugirió que el campo de minas descubierto el 13 de noviembre podría haber sido colocado después del 22 de octubre, de modo que las explosiones que se produjeron en esta última fecha no habrían sido causadas por minas del campo en cuestión. Pero no aportó ninguna prueba en apoyo de esta suposición. Como se ha establecido que las explosiones sólo pudieron deberse a minas amarradas con una carga explosiva similar a la contenida en las minas GY, de ser cierta la afirmación albanesa, habría habido al menos dos minas de esta naturaleza en el canal fuera de la bahía de Saranda, a pesar del barrido de octubre de 1941 y de los barridos de control de enero y febrero de 1945; y estas minas habrían sido alcanzadas por los dos buques en puntos bastante cercanos entre sí el 22 de octubre de 1946. Tal suposición es demasiado improbable para ser aceptada. [p15]

[30] En consecuencia, el Tribunal considera probados los hechos siguientes. Los dos buques fueron minados en aguas territoriales albanesas, en un canal previamente barrido y controlado, justo en el lugar donde tres semanas más tarde se descubrió un campo de minas recién sembrado, consistente en minas GY alemanas de contacto amarradas. Los daños sufridos por los buques eran incompatibles con los daños que podrían haber causado las minas flotantes, las minas magnéticas terrestres, las minas magnéticas amarradas o las minas alemanas GR, pero su naturaleza y extensión eran tales que serían causadas por minas del tipo de las encontradas en el campo minado. En tales circunstancias, el Tribunal llega a la conclusión de que las explosiones se debieron a minas pertenecientes a ese campo de minas.

***

[31] Tales son los hechos sobre los cuales el Tribunal debe, para responder a la primera cuestión del Acuerdo especial, pronunciarse sobre la responsabilidad de Albania por las explosiones del 22 de octubre de 1946 y por los daños y pérdidas de vidas humanas que resultaron de ellas, así como sobre la indemnización, si la hubiere, debida por tales daños y pérdidas.

[32] Para empezar, hay que considerar el fundamento de la responsabilidad de Albania alegada por el Reino Unido. A este respecto, la posición principal del Reino Unido se encuentra en su alegato No. 2: que el campo minado que causó las explosiones fue colocado entre el 15 de mayo de 1946 y el 22 de octubre de 1946, por o con la connivencia o el conocimiento del Gobierno albanés.

[33] El Tribunal examinó en primer lugar los diferentes motivos de responsabilidad alegados en este escrito.

[34] De hecho, aunque el Gobierno del Reino Unido nunca abandonó su argumento de que fue la propia Albania quien colocó las minas, el Gobierno hizo muy pocos intentos por demostrar este punto. En la Respuesta escrita, el Gobierno del Reino Unido toma nota de la declaración formal del Gobierno albanés según la cual no colocó las minas y no estaba en condiciones de hacerlo, ya que Albania no poseía marina; y que, en todo el litoral albanés, las autoridades albanesas sólo disponían de unas pocas lanchas y lanchas motoras. A la luz de estas declaraciones, el Gobierno albanés fue invitado, en la Réplica, a revelar las circunstancias en las que dos buques de guerra yugoslavos, el Mljet y el Meljine, que transportaban minas de contacto del tipo GY, navegaron hacia el sur desde el puerto de Sibenik alrededor del 18 de octubre, El Gobierno del Reino Unido, habiendo indicado de este modo el argumento en [p16] el que se iba a concentrar a partir de entonces, declaró que se proponía demostrar que dichos buques de guerra, con el conocimiento y la connivencia del Gobierno albanés, colocaron minas en el Canal de Corfú justo antes del 22 de octubre de 1946. Los hechos fueron presentados bajo la misma luz y en el mismo lenguaje en la respuesta oral del abogado del Gobierno del Reino Unido en las sesiones del 17 y 18 de enero de 1949 [35].

[35] Aunque la sugerencia de que el campo minado había sido colocado por Albania se repitió en la declaración del Reino Unido ante el Tribunal el 18 de enero de 1949, y en las alegaciones finales leídas ante el Tribunal el mismo día, en realidad esta sugerencia apenas fue presentada en aquel momento, excepto pro memoria, y no se aportó ninguna prueba en su apoyo.

[36] En estas circunstancias, el Tribunal no necesita prestar más atención a este asunto.

[37] El Tribunal pasa ahora al segundo argumento alternativo del Gobierno del Reino Unido, a saber, que el campo de minas fue colocado con la connivencia del Gobierno albanés. Según este argumento, la operación de minado fue llevada a cabo por dos buques de guerra yugoslavos en una fecha anterior al 22 de octubre, pero muy cercana a esa fecha. Esto implicaría una colusión entre los Gobiernos albanés y yugoslavo, consistente en una solicitud de ayuda del Gobierno albanés al Gobierno yugoslavo, o en la aquiescencia de las autoridades albanesas en la colocación de las minas [38].

[38] Como prueba de esta colusión, el Gobierno del Reino Unido se basó en las pruebas del Teniente Comandante Kovacic, tal como se muestra en su declaración jurada del 4 de octubre de 1948 y en sus declaraciones ante el Tribunal en las sesiones públicas del 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 1948. El Tribunal prestó mucha atención a estas pruebas y a la información documental aportada por las Partes. Completó y verificó toda esta información enviando a Sibenik a dos expertos designados por él: El Comodoro S. A. Forshell y el Capitán de Corbeta S. J. W. Elfferich.

[39] Sin pronunciarse sobre la sinceridad personal del testigo Kovacic, ni sobre la veracidad de lo que dijo, el Tribunal considera que los hechos declarados por el testigo a partir de su conocimiento personal no son suficientes para probar lo que el Gobierno del Reino Unido consideró que probaban. Sus alegaciones de que vio cómo se cargaban minas en dos dragaminas yugoslavos en Sibenik y que estos dos buques partieron de Sibenik alrededor del 18 de octubre y regresaron pocos días después de que se produjeran las explosiones no bastan para constituir una prueba legal decisiva de que las minas fueron colocadas por estos dos buques en aguas albanesas frente a Saranda. Las declaraciones atribuidas [p17] por el testigo Kovacic a terceros, de las que el Tribunal no ha recibido confirmación personal y directa, sólo pueden considerarse alegaciones que no llegan a ser pruebas concluyentes. Una acusación de tal gravedad excepcional contra un Estado requeriría un grado de certeza que no se ha alcanzado aquí.

[40] Aparte de las pruebas de Kovacic, el Gobierno del Reino Unido trató de probar la colusión entre Albania y Yugoslavia mediante ciertas presunciones de hecho, o pruebas circunstanciales, como la posesión, en aquella época, por Yugoslavia, y por ningún otro Estado vecino, de minas GY, y mediante el vínculo de estrecha alianza política y militar entre Albania y Yugoslavia, resultante del Tratado de amistad y asistencia mutua firmado por esos dos Estados el 9 de julio de 1946.

[41] El Tribunal considera que, incluso en la medida en que estos hechos están probados, no conducen a ninguna conclusión firme. No se ha establecido legalmente que Yugoslavia poseyera ninguna mina GY, y el origen de las minas colocadas en aguas territoriales albanesas sigue siendo una cuestión de conjetura. Es’ evidente que la existencia de un tratado, como el del 9 de julio de 1946, por muy estrechos que sean los lazos que unen a sus signatarios, no lleva en modo alguno a la conclusión de que hayan participado en un acto criminal.

[42] Por su parte, el Gobierno yugoslavo, aunque no era parte en el procedimiento, autorizó al Gobierno albanés a presentar ciertos documentos yugoslavos, con el fin de refutar la afirmación del Reino Unido de que las minas habían sido colocadas por dos buques de la marina yugoslava. Como el Tribunal deseaba que se esclarecieran plenamente los hechos alegados, no se negó a recibir estos documentos. Pero la ausencia de Yugoslavia en el procedimiento significó que estos documentos sólo podían ser admitidos como prueba sujeta a reservas, y el Tribunal considera innecesario expresar una opinión sobre su valor probatorio.

[43] El Tribunal no necesita detenerse en la afirmación de uno de los abogados del Gobierno albanés de que el campo de minas podría haber sido colocado por el Gobierno griego. Basta decir que se trataba de una mera conjetura que, como admitió el propio abogado, no se basaba en ninguna prueba.

[44] A la luz de la información de que ahora dispone el Tribunal, los autores del sembrado de minas siguen siendo desconocidos. En cualquier caso, la tarea del Tribunal, tal como se define en el Acuerdo especial, es decidir si Albania es responsable, en virtud del derecho internacional, de las explosiones ocurridas el 22 de octubre de 1946, y pronunciarse sobre la indemnización, en su caso.

45] Por último, el Gobierno del Reino Unido alegó que, cualesquiera que fuesen los autores del minado, éste no podía haberse realizado sin el conocimiento del Gobierno albanés [18]. [18]

[46] Es evidente que el conocimiento del minado no puede imputarse al Gobierno albanés por el mero hecho de que un campo de minas descubierto en aguas territoriales albanesas provocara las explosiones de las que fueron víctimas los buques de guerra británicos. Es cierto, como demuestra la práctica internacional, que un Estado en cuyo territorio o en cuyas aguas se ha producido un hecho contrario al derecho internacional, puede ser llamado a dar explicaciones. También es cierto que ese Estado no puede eludir tal petición limitándose a responder que ignora las circunstancias del hecho y a sus autores. El Estado puede, hasta cierto punto, estar obligado a proporcionar precisiones sobre el uso que ha hecho de los medios de información y de investigación de que dispone. Pero del mero hecho del control ejercido por un Estado sobre su territorio y sus aguas no puede deducirse que dicho Estado conociera necesariamente, o debiera haber conocido, cualquier acto ilícito perpetrado en ellos, ni tampoco que conociera necesariamente, o debiera haber conocido, a sus autores. Este hecho, por sí mismo y al margen de otras circunstancias, no implica prima facie responsabilidad ni desplaza la carga de la prueba.

[47] Por otra parte, el hecho de este control territorial exclusivo ejercido por un Estado dentro de sus fronteras influye en los medios de prueba disponibles para establecer el conocimiento de dicho Estado de tales hechos. En razón de este control exclusivo, el otro Estado, víctima de una violación del Derecho internacional, a menudo no puede aportar la prueba directa de los hechos que dan lugar a responsabilidad. A dicho Estado se le debe permitir un recurso más liberal a las inferencias de hechos y a las pruebas circunstanciales. Estas pruebas indirectas se admiten en todos los sistemas jurídicos y su uso está reconocido por las decisiones internacionales. Debe considerarse que tiene un peso especial cuando se basa en una serie de hechos vinculados entre sí y que conducen lógicamente a una única conclusión.

[48] Por lo tanto, el Tribunal debe examinar si se ha demostrado mediante pruebas indirectas que Albania tiene conocimiento del sembrado de minas en sus aguas territoriales independientemente de cualquier connivencia por su parte en esta operación. La prueba puede basarse en inferencias de hecho, siempre que no dejen lugar a dudas razonables. Los elementos de hecho en los que pueden basarse estas inferencias pueden diferir de los que son relevantes para la cuestión de la connivencia.

[49] En el presente caso, hay que considerar dos series de hechos que se corroboran mutuamente: la primera se refiere a la actitud de Albania antes y después de la catástrofe del 22 de octubre de 1946; la otra se refiere a la posibilidad de observar el dragado de minas desde la costa albanesa.

[50] 1. Está claramente establecido que el Gobierno albanés mantuvo constantemente una estrecha vigilancia sobre las aguas del canal del norte de Corfú, en todo caso después de mayo de 1946. Esta vigilancia está probada [p19] por la declaración del Delegado de Albania en el Consejo de Seguridad del 19 de febrero de 1947 (Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, Segundo Año, núm. 16, pág. 328), y sobre todo por las notas diplomáticas del Gobierno albanés relativas al paso de barcos extranjeros por sus aguas territoriales. Esta vigilancia llegó a veces hasta el uso de la fuerza: por ejemplo, los disparos en dirección de los cruceros británicos Orion y Superb, el 15 de mayo de 1946, y los disparos contra el remolcador y las barcazas de la U.N.R.R.A., el 29 de octubre de 1946, según consta en la declaración jurada de Enrico Bargellini, que no fue seriamente impugnada.

[51] Todas las notas del Gobierno albanés demuestran su intención de vigilar celosamente sus aguas territoriales. La nota verbal dirigida al Reino Unido el 21 de mayo de 1946 revela la existencia de una “Orden General”, en ejecución de la cual el Comandante de Costa dio la orden de disparar en dirección de los cruceros británicos. En esta misma nota se formula la exigencia de que las autoridades albanesas concedan “permiso” para atravesar las aguas territoriales. La insistencia en las “formalidades” y el “permiso” por parte de Albania se repite en la nota albanesa del 19 de junio.

[52] Como las Partes están de acuerdo en que el campo minado había sido colocado recientemente, debe concluirse que la operación se llevó a cabo durante el período de estrecha vigilancia de las autoridades albanesas en este sector. Esta conclusión hace que la afirmación de ignorancia a priori del Gobierno albanés sea algo improbable.

[53] El Tribunal también tomó nota de la respuesta del capitán Ali Shtino a una pregunta que le fue formulada; esta respuesta muestra que el testigo, que había sido llamado para sustituir al comandante de la defensa costera durante un período de trece a quince días, inmediatamente antes de los acontecimientos del 22 de octubre, había recibido la siguiente orden: “Que los puestos de vigía debían informarme de todo movimiento [en el Canal de Corfú], y que no se tomaría ninguna medida por nuestra parte”.

[54] Los telegramas enviados por el Gobierno albanés el 13 y el 27 de noviembre de 1946 al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento en que este Gobierno tenía pleno conocimiento del descubrimiento del campo de minas en las aguas territoriales albanesas, son especialmente significativos de las medidas adoptadas por el Gobierno albanés. En el primer telegrama, dicho Gobierno eleva la más enérgica protesta contra los movimientos y la actividad de las unidades navales británicas en sus aguas territoriales los días 12 y 13 de noviembre de 1946, sin mencionar siquiera la existencia de un campo de minas en dichas aguas. En el segundo, repite sus acusaciones contra el Reino Unido, sin protestar en modo alguno contra la colocación de este campo de minas que, de haberse efectuado sin el consentimiento de Albania, constituía una gravísima violación de su soberanía.

[55] Otro indicio del conocimiento del Gobierno albanés consiste en el hecho de que éste no notificó [p20] la presencia de minas en sus aguas, en el momento en que debía saberlo, a más tardar después del barrido del 13 de noviembre, y además, mientras que el Gobierno griego nombró inmediatamente una Comisión para investigar los acontecimientos del 22 de octubre, el Gobierno albanés no tomó ninguna decisión de tal naturaleza, ni procedió a la investigación judicial que incumbe, en tal caso, al soberano territorial.

[56] Esta actitud no parece conciliable con la supuesta ignorancia de las autoridades albanesas de que el campo de minas había sido colocado en aguas territoriales albanesas. Podría explicarse si el Gobierno albanés, aun sabiendo del sembrado de minas, deseaba que las circunstancias de la operación permanecieran secretas.

[57] 2. En cuanto a la posibilidad de observar el minado desde la costa albanesa, el Tribunal de Justicia considera especialmente importantes los siguientes hechos, relativos a las condiciones técnicas de un minado secreto y a la vigilancia albanesa.

[58] La bahía de Saranda y el canal utilizado por la navegación a través del Estrecho son, por su configuración geográfica, fácilmente vigilables; la entrada de la bahía está dominada por alturas que ofrecen excelentes puntos de observación, tanto sobre la bahía como sobre el Estrecho; mientras que todo el canal está próximo a la costa albanesa. La colocación de un campo de minas en estas aguas no podía dejar de ser observada por las defensas costeras albanesas.

[59] A este respecto, hay que decir en primer lugar que la propia operación de minado debió requerir cierto tiempo. El método adoptado requería, según los expertos del Tribunal, la colocación metódica y bien pensada de dos filas de minas que tenían claramente una finalidad ofensiva y defensiva combinadas: ofensiva, para impedir el paso, a través del Canal, de buques con un calado de diez pies o más; defensiva, para impedir que buques del mismo calado entrasen en la bahía de Saranda. El informe de los expertos calcula el tiempo que los minadores habrían estado en las aguas, entre el cabo Kiephali y el monasterio de San Jorge, entre dos horas y dos horas y media. Es tiempo suficiente para atraer la atención de los puestos de observación, situados, como declaró el Gobierno albanés, en el cabo Kiephali y en el monasterio de San Jorge.

[60] Las facilidades para la observación desde la costa quedan confirmadas por las dos circunstancias siguientes: la distancia de la mina más cercana a la costa era de sólo 500 metros; los minadores debieron pasar a no más de unos 500 metros de la costa entre Punta Denta y el Monasterio de San Jorge.

[61] Deseoso de obtener cualquier información técnica que pudiera guiarle en su búsqueda de la verdad, el Tribunal sometió la siguiente pregunta a los Expertos designados por él: [p21]

“Partiendo de la hipótesis de que las minas descubiertas el 13 de noviembre de 1946 fueron colocadas en algún momento de los pocos meses precedentes, quienquiera que las haya colocado, se les pide que examinen la información disponible sobre (a) el número y la naturaleza de las minas, (b) los medios para colocarlas, y (c) el tiempo necesario para hacerlo, teniendo en cuenta los diferentes estados del mar, las condiciones de la localidad y las diferentes condiciones meteorológicas, y que determinen si es posible, de esta manera, sacar alguna conclusión, y en caso afirmativo, qué conclusiones, con respecto a:
(1) los medios empleados para colocar el campo minado descubierto el 13 de noviembre de 1946, y
(2) la posibilidad de amarrar esas minas con esos medios sin que las autoridades albanesas tuvieran conocimiento de ello, habida cuenta de la amplitud de las medidas de vigilancia existentes en la región de Saranda.”

[62] Como el primer Informe presentado por los Expertos no parecía del todo concluyente, el Tribunal, por decisión del 17 de enero de 1949, pidió a los Expertos que fueran a Saranda y verificaran, completaran y, en su caso, modificaran sus respuestas. De este modo, se efectuaron observaciones y diversos experimentos in situ, en presencia de los expertos de las Partes y de funcionarios albaneses, con el fin de estimar la posibilidad de que el sembrado de minas hubiera sido observado por los puestos de vigilancia albaneses. A este respecto, cabe mencionar una prueba de visibilidad nocturna realizada la noche del 28 de enero de 1949 en el Monasterio de San Jorge. Se utilizó un barco a motor de 27 metros de eslora, sin puente, timonera ni chimenea, y muy bajo sobre el agua. El barco estaba completamente a oscuras, y en una noche sin luna, es decir, en las condiciones más favorables para evitar ser descubierto, fue visto y oído claramente desde el Monasterio de San Jorge. El ruido del motor se oyó a una distancia de 1.800 metros, y el propio buque fue avistado a 570 metros y permaneció visible hasta unos 1.900 metros.

[63] El Informe de los Expertos sobre esta visita afirmaba que:

“Los Expertos consideran indiscutible que si se mantuvo una vigilancia normal en Cabo Kiephali, Punta Denta y Monasterio de San Jorge, y si los vigías estaban equipados con binoculares como se ha dicho, en condiciones meteorológicas normales para esta zona, las operaciones de minado que se muestran en el Anexo g del Memorial del Reino Unido deben haber sido advertidas por estos guardacostas.”

[64] El Tribunal no puede dejar de dar un gran peso a la opinión de los Expertos que examinaron la localidad de una manera que daba todas las garantías de una información correcta e imparcial. Aparte de la existencia de un puesto de vigilancia en el cabo Denta, que no ha sido probada, el Tribunal, basándose en las declaraciones del Gobierno albanés de que había puestos de vigilancia en el cabo Kiephali y en el monasterio de St. George’s Monastery, se remite a las siguientes conclusiones [p22] del informe de los expertos: (1) que en caso de minado desde el norte hacia el sur, los minadores habrían sido vistos desde el cabo Kiephali; (2) en caso de minado desde el sur, los minadores habrían sido vistos desde el cabo Kiephali y el monasterio de St.

[65] De todos los hechos y observaciones mencionados, el Tribunal llega a la conclusión de que la colocación del campo minado que causó las explosiones del 22 de octubre de 1946 no habría podido realizarse sin el conocimiento del Gobierno albanés.

[66] Las obligaciones que resultan para Albania de este conocimiento no son discutidas entre las Partes. El abogado del Gobierno albanés reconoció expresamente que [traducción]” si Albania hubiera sido informada de la operación antes de los incidentes del 22 de octubre, y a tiempo para advertir a los buques británicos y a la navegación en general de la existencia de minas en el Canal de Corfú, su responsabilidad estaría implicada….”.

[67] Las obligaciones que incumbían a las autoridades albanesas consistían en notificar, en beneficio de la navegación en general, la existencia de un campo de minas en aguas territoriales albanesas y en advertir a los buques de guerra británicos que se aproximaban del peligro inminente al que los exponía el campo de minas. Tales obligaciones se basan, no en la Convención de La Haya de 1907, núm. VIII, aplicable en tiempo de guerra, sino en ciertos principios generales y bien reconocidos, a saber: consideraciones elementales de humanidad, aún más exigentes en la paz que en la guerra; el principio de la libertad de comunicación marítima; y la obligación de todo Estado de no permitir a sabiendas que su territorio sea utilizado para actos contrarios a los derechos de otros Estados.

[68] De hecho, Albania no notificó la existencia del campo minado ni advirtió a los buques de guerra británicos del peligro que corrían.

[69] Pero la obligación de Albania de notificar a la navegación la existencia de minas en sus aguas depende de que haya tenido conocimiento de este hecho con tiempo suficiente antes del 22 de octubre; y la obligación de las autoridades costeras albanesas de advertir a los buques británicos depende del “tiempo” transcurrido entre el momento en que estos buques fueron advertidos y el momento de la primera explosión.

[70] A este respecto, el Tribunal hace las siguientes observaciones. Como ya se ha dicho, las Partes están de acuerdo en que las minas fueron colocadas recientemente. Debe concluirse que el minado, cualquiera que haya sido su fecha exacta, se hizo en un momento en que había una estrecha vigilancia albanesa sobre el Estrecho. Si se supone que tuvo lugar en el último momento posible, es decir, en la noche del 21 al 22 de octubre, la única conclusión que cabría sacar sería [p23] que una notificación general a la navegación de todos los Estados antes del momento de las explosiones habría sido difícil, tal vez incluso imposible. Sin embargo, esto no habría impedido a las autoridades albanesas tomar inmediatamente todas las medidas necesarias para alertar a los buques que se encontraban cerca de la zona de peligro, especialmente a los que se aproximaban a dicha zona. Cuando el 22 de octubre, hacia las 13.00 horas, el puesto de vigilancia del monasterio de San Jorge informó al comandante de las defensas costeras de que los buques de guerra británicos se acercaban al cabo Long, las autoridades albanesas podían perfectamente aprovechar el intervalo de casi dos horas que transcurrió antes de la explosión que afectó a Saumarez (14.53 o 14.55 horas) para advertir a los buques del peligro que corrían.

[71] De hecho, las autoridades albanesas no intentaron nada para evitar la catástrofe. Estas graves omisiones implican la responsabilidad internacional de Albania.

[72] Por consiguiente, el Tribunal llega a la conclusión de que Albania es responsable, en virtud del derecho internacional, de las explosiones que se produjeron el 22 de octubre de 1946 en aguas albanesas, así como de los daños y pérdidas de vidas humanas que de ellas se derivaron, y de que Albania tiene el deber de indemnizar al Reino Unido.

***

[73] En las alegaciones finales contenidas en su contestación oral, el Gobierno del Reino Unido solicitó al Tribunal que dictase sentencia declarando que, como consecuencia del incumplimiento por parte del Gobierno albanés de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho internacional, había sufrido daños y perjuicios por un importe de 875.000 Ł.

[74] En la última declaración oral presentada en su nombre, el Gobierno albanés afirmó, por primera vez, que el Tribunal no sería competente, en virtud del Acuerdo especial, para evaluar el importe de la indemnización. No se dio ninguna razón en apoyo de esta nueva afirmación, y el Agente del Reino Unido no solicitó autorización para contestar. La cuestión de la competencia del Tribunal no fue discutida entre las Partes.

[75] En la primera cuestión del Acuerdo Especial se pregunta al Tribunal:

(i) ¿Es Albania responsable según el derecho internacional de las explosiones y de los daños y pérdidas de vidas humanas que resultaron de ellas, y
(ii) ¿existe un deber de indemnización?

[76] Este texto suscita ciertas dudas. Si se responde afirmativamente al punto (i), se deduce del establecimiento de la responsabilidad [p24] que se debe pagar una indemnización, y sería superfluo añadir el punto (ii) a menos que las Partes tuvieran en mente algo más que una mera declaración del Tribunal de que se debe pagar una indemnización. En efecto, sería incompatible con las reglas de interpretación generalmente aceptadas admitir que una disposición de este tipo que figure en un acuerdo especial carezca de sentido o efecto. A este respecto, el Tribunal se remite a las opiniones expresadas por la Corte Permanente de Justicia Internacional en relación con cuestiones de interpretación similares. En la Opinión Consultiva No. 13 del 23 de julio de 1926, esa Corte dijo (Serie B., No. 13, p. 19): “Pero, en lo que concierne a la cuestión específica de competencia ahora pendiente, puede ser suficiente observar que la Corte, al determinar la naturaleza y alcance de una medida, debe mirar a su efecto práctico más que al motivo predominante que puede conjeturarse que la ha inspirado”. En su Auto de 19 de agosto de 1929, en el asunto de las Zonas Francas, el Tribunal dijo (Serie A., núm. 22, pág. 13): “en caso de duda, las cláusulas de un convenio especial por el que se somete un litigio al Tribunal deben, si ello no implica violentar sus términos, interpretarse de manera que las propias cláusulas surtan los efectos apropiados.”

[77] El Tribunal considera necesario referirse a las diferentes etapas del procedimiento. En su Resolución del 9 de abril de 1947, el Consejo de Seguridad recomendó a los dos Gobiernos que sometieran inmediatamente “la controversia” a la Corte. Esta Resolución tenía sin duda por objeto el arreglo definitivo de todo el litigio. En cumplimiento de la Resolución, el Gobierno del Reino Unido presentó una Solicitud en la que se pedía al Tribunal, entre otras cosas, que “determinase la reparación o indemnización”, y en su Memorial dicho Gobierno expuso las diversas sumas reclamadas. El Gobierno albanés presentó entonces una Excepción Preliminar, que fue rechazada por el Tribunal en su Sentencia de 25 de marzo de 1948. Inmediatamente después de dictada esta sentencia, los Agentes de las Partes notificaron al Tribunal la celebración de un Acuerdo Especial. Comentando este paso dado por las Partes, el Agente del Gobierno Albanés dijo que en las circunstancias del presente caso era esencial un acuerdo especial en el que se basara “todo el procedimiento”. Dijo además [traducción]: “Como he declarado en varias ocasiones, la intención del Gobierno albanés ha sido siempre respetar la decisión tomada por el Consejo de Seguridad el 9 de abril de 1947, en virtud de la cual el presente Acuerdo especial se somete a la Corte Internacional de Justicia.”

[78] Ni el Agente albanés ni el del Reino Unido sugirieron en modo alguno que el Acuerdo Especial hubiera limitado la competencia de la Corte en este asunto a una decisión basada únicamente en el principio de indemnización o que el Gobierno del Reino Unido hubiera abandonado una parte importante de su demanda original. El principal [p25] objeto que ambas Partes tenían en mente cuando concluyeron el Acuerdo Especial era establecer una completa igualdad entre ellas sustituyendo el procedimiento original basado en una Solicitud unilateral por un procedimiento basado en un Acuerdo Especial. No hay ninguna sugerencia de que este cambio en cuanto al procedimiento pretendiera implicar ningún cambio con respecto al fondo de la reclamación británica tal y como se presentó originalmente en la Solicitud y el Memorial. En consecuencia, el Tribunal, tras consultar a las Partes, en su Orden de 26 de marzo de 1948, mantuvo el Memorial del Reino Unido, presentado previamente, “con declaraciones y alegaciones”. Estas alegaciones incluían la reclamación de una suma fija de indemnización.

[79] La actitud posterior de las Partes muestra que no era su intención, al celebrar el Acuerdo Especial, impedir al Tribunal fijar el importe de la indemnización. En su Réplica (párrafo 71), el Gobierno del Reino Unido mantuvo las alegaciones contenidas en el párrafo 96 de su Memorial, incluida la reclamación de una cantidad fija de reparación. Esta pretensión se repitió expresamente en las alegaciones finales del Reino Unido. En el párrafo 52 de su Memorial de Contestación, el Gobierno albanés declaró que no tenía conocimiento de la pérdida de vidas humanas ni de los daños sufridos por los buques, pero no impugnó la competencia del Tribunal para decidir sobre esta cuestión. En la Dúplica, párrafo 96, dicho Gobierno declaró que, debido a su pretensión de que se desestimara el caso, era innecesario que examinara la pretensión de reparación del Reino Unido. [Se reserva el derecho, en su caso, de discutir este punto que, evidentemente, debería ser objeto de un dictamen pericial”. Teniendo en cuenta lo que se ha dicho anteriormente en cuanto a la actitud anterior de ese Gobierno, esta declaración debe ser considerada como una aceptación implícita de la competencia del Tribunal para decidir esta cuestión.

[80] Cabe preguntarse por qué las Partes, al redactar el Acuerdo Especial, no pidieron expresamente al Tribunal que evaluara la cuantía de los daños, sino que utilizaron las palabras: “y ¿hay obligación de indemnizar?”. Parece probable que la explicación se encuentre en la similitud entre esta cláusula y la cláusula correspondiente de la segunda parte del Acuerdo Especial: “¿y existe la obligación de dar satisfacción?”.

[81] El Gobierno albanés no ha cuestionado la competencia del Tribunal para decidir qué tipo de satisfacción se debe en virtud de esta parte del Acuerdo. El caso fue argumentado en nombre de ambas Partes sobre la base de que esta cuestión debía ser decidida por el Tribunal. En los alegatos escritos, el Gobierno albanés sostuvo que tenía derecho a las disculpas. Durante el procedimiento oral, [p26] el abogado de Albania discutió la cuestión de si se debía una satisfacción pecuniaria. Como no se causó ningún daño, no reclamó ninguna suma de dinero. Concluyó [traducción]: “Lo que deseamos es la declaración del Tribunal desde un punto de vista jurídico ….”.

[82] Ahora bien, si el Tribunal es competente para decidir qué tipo de satisfacción corresponde a Albania en virtud de la segunda parte del Acuerdo especial, resulta difícil comprender por qué debería carecer de competencia para decidir el importe de la indemnización que corresponde al Reino Unido en virtud de la primera parte. Las cláusulas utilizadas en el Acuerdo especial son paralelas. No se puede suponer que las Partes, al redactar estas cláusulas en la misma forma, tuvieran la intención de darles significados opuestos – una como atribución de competencia al Tribunal, la otra como negación de dicha competencia.

[83] Como se ha dicho anteriormente, el Consejo de Seguridad, en su Resolución del 9 de abril de 1947, sin duda tenía la intención de que toda la disputa fuera decidida por la Corte. Sin embargo, si la Corte se limitara a decir que existe el deber de pagar una indemnización sin decidir qué cantidad de indemnización es debida, la disputa no se decidiría definitivamente. Una parte importante del mismo quedaría sin resolver. Dado que ambas Partes han declarado repetidamente que aceptan la Resolución del Consejo de Seguridad, tal resultado no se ajustaría a sus declaraciones. No daría pleno efecto a la Resolución, sino que dejaría abierta la posibilidad de una nueva disputa.

[84] Por las razones anteriores, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que es competente para evaluar el importe de la indemnización. Sin embargo, esto no puede hacerse en la presente Sentencia. En efecto, el Gobierno albanés no ha precisado aún qué partidas, en su caso, de las distintas cantidades reclamadas impugna, y el Gobierno del Reino Unido no ha presentado sus pruebas al respecto.

[85] Por lo tanto, el Tribunal de Justicia considera que es necesario continuar el procedimiento sobre este asunto; el orden y los plazos de este procedimiento serán fijados por la Orden de esta fecha.

***

[86] En la segunda parte del Acuerdo especial, se somete al Tribunal la siguiente cuestión

“(2) ¿Ha violado el Reino Unido, en virtud del derecho internacional, la soberanía de la República Popular Albanesa por razón de los actos de la Royal Navy en aguas albanesas el 22 de octubre y el 12 y 13 de noviembre de 1946 y existe el deber de dar satisfacción?”.

[87] El Tribunal examinará en primer lugar si la soberanía de Albania fue violada en razón de los actos de la Marina británica en aguas albanesas el 22 de octubre de 1946. [p27]

[88] El 15 de mayo de 1946, los cruceros británicos Orion y Superb, al pasar hacia el sur por el canal del norte de Corfú, fueron tiroteados por una batería albanesa en las proximidades de Saranda. Según el informe del oficial al mando, fechado el 29 de mayo de 1946, los disparos comenzaron cuando los buques ya habían pasado la batería y se alejaban de ella; se dispararon entre 12 y 20 proyectiles; los disparos duraron 12 minutos y cesaron sólo cuando los buques estuvieron fuera de su alcance; pero los buques no fueron alcanzados, aunque se produjeron varios “cortos” y “excesos”. Una nota albanesa del 21 de mayo afirma que el comandante costero ordenó disparar algunos tiros en dirección a los barcos “de acuerdo con una orden general fundada en el derecho internacional” [89].

[89] El Gobierno del Reino Unido protestó inmediatamente ante el Gobierno albanés, afirmando que el paso inocente por los estrechos es un derecho reconocido por el derecho internacional. Siguió una correspondencia diplomática en la que el Gobierno albanés afirmó que los buques de guerra y mercantes extranjeros no tenían derecho a atravesar las aguas territoriales albanesas sin previa notificación y permiso de las autoridades albanesas. Esta opinión se concretó en una comunicación del Jefe del Estado Mayor albanés, fechada el 17 de mayo de 1946, que pretendía someter el paso de los buques de guerra y mercantes extranjeros por las aguas territoriales albanesas a la notificación previa y a la autorización del Gobierno albanés. La correspondencia diplomática continuó, y culminó en una nota del Reino Unido del 2 de agosto de 1946, en la que el Gobierno del Reino Unido mantenía su opinión con respecto al derecho de paso inocente a través de los estrechos que forman rutas para el tráfico marítimo internacional entre dos partes de alta mar. La nota terminaba con la advertencia de que si en el futuro las baterías costeras albanesas abrían fuego contra cualquier buque de guerra británico que pasara por el Canal de Corfú, el fuego sería devuelto.

[90] El contenido de esta nota fue comunicado el 1 de agosto por el Almirantazgo británico al Comandante en Jefe del Mediterráneo, con la instrucción de que se abstuviera de utilizar el Canal hasta que la nota hubiera sido presentada al Gobierno albanés. El 10 de agosto recibió del Almirantazgo el siguiente telegrama: “Los albaneses han recibido la nota. El estrecho de Corfú Norte puede ser utilizado ahora por los buques de su flota, pero sólo cuando sea esencial y con armamento en posición de proa y popa. Si los cañones costeros disparan a los barcos que pasan por el Estrecho, los barcos deben devolver el fuego”. El 21 de septiembre, el Almirantazgo envió el siguiente telegrama [p28] al Comandante en Jefe del Mediterráneo: “El establecimiento de relaciones diplomáticas con Albania está siendo considerado de nuevo por el Gobierno de Su Majestad, que desea saber si el Gobierno albanés ha aprendido a comportarse. Se solicita información sobre si algún buque bajo su mando ha pasado por el Estrecho Norte de Corfú desde agosto y, en caso negativo, si tiene intención de que lo haga en breve.” El Comandante en Jefe contestó al día siguiente que sus buques aún no lo habían hecho, pero que era su intención que el Mauricio y el Lender y dos destructores lo hicieran cuando partieran de Corfú el 22 de octubre.

[91] Fue en tales circunstancias que estos dos cruceros junto con los destructores Sazwzarez y Volage fueron enviados a través del Estrecho Norte de Corfú en esa fecha.

[92] El Tribunal examinará ahora la alegación albanesa de que el Gobierno del Reino Unido violó la soberanía albanesa al enviar los buques de guerra a través de este Estrecho sin la autorización previa del Gobierno albanés.

[93] En opinión de la Corte, está generalmente reconocido y de acuerdo con la costumbre internacional que los Estados en tiempo de paz tienen derecho a enviar sus buques de guerra a través de los estrechos utilizados para la navegación internacional entre dos partes de alta mar sin la autorización previa de un Estado ribereño, siempre que el paso sea inocente. Salvo disposición contraria de un convenio internacional, un Estado ribereño no tiene derecho a prohibir dicho paso por los estrechos en tiempo de paz.

[94] El Gobierno albanés no discute que el Canal del Norte de Corfú sea un estrecho en el sentido geográfico, pero niega que este Canal pertenezca a la clase de carreteras internacionales a través de las cuales existe un derecho de paso, basándose en que sólo tiene una importancia secundaria y ni siquiera es una ruta necesaria entre dos partes de alta mar, y que se utiliza casi exclusivamente para el tráfico local hacia y desde los puertos de Corfú y Saranda.

[95] Cabe preguntarse si la prueba se encuentra en el volumen de tráfico que pasa por el Estrecho o en su mayor o menor importancia para la navegación internacional. Pero, en opinión del Tribunal de Justicia, el criterio decisivo es más bien su situación geográfica como conexión entre dos partes de alta mar y el hecho de que se utilice para la navegación internacional. Tampoco puede ser decisivo el hecho de que este Estrecho no sea una ruta necesaria entre dos partes de la alta mar, sino sólo un paso alternativo entre los mares Egeo y Adriático. No obstante, ha sido una ruta útil para el tráfico marítimo internacional. A este respecto, el Agente del Gobierno del Reino Unido facilitó al Tribunal la siguiente información relativa al [p29] período comprendido entre el 1 de abril de 1936 y el 31 de diciembre de 1937: “El siguiente es el número total de buques que arribaron al puerto de Corfú después de atravesar o justo antes de atravesar el Canal de la Mancha. Durante el período de un año y nueve meses, el número total de buques fue de 2.884. Los pabellones de los buques son griego, italiano, rumano, yugoslavo, francés, albanés y británico. Evidentemente, se incluyen barcos muy pequeños, ya que las entradas de barcos albaneses son elevadas, y por supuesto un barco puede hacer varios viajes, pero 2.884 barcos para un periodo de un año nueve meses es una cifra bastante grande. Estas cifras se refieren a los buques visitados por la aduana de Corfú, por lo que no incluyen el gran número de buques que atravesaron el Estrecho sin hacer escala alguna en Corfú”. También había salidas regulares a través del Estrecho de buques griegos tres veces por semana, de un buque británico cada quince días, y de dos buques yugoslavos cada semana y de otros dos cada quince días. Se informa además al Tribunal de que la Armada británica ha utilizado regularmente este Canal durante ochenta años o más, y que también ha sido utilizado por las armadas de otros Estados.

[96] Un hecho de particular importancia es que el Canal Norte de Corfú constituye una frontera entre Albania y Grecia, que una parte del mismo se encuentra totalmente dentro de las aguas territoriales de estos Estados, y que el Estrecho es de especial importancia para Grecia debido al tráfico hacia y desde el puerto de Corfú.

[97] Teniendo en cuenta estas diversas consideraciones, el Tribunal de Justicia ha llegado a la conclusión de que el Canal de Corfú Norte debe considerarse perteneciente a la clase de las carreteras internacionales cuyo paso no puede ser prohibido por un Estado ribereño en tiempo de paz.

[98] Por otra parte, es un hecho que los dos Estados ribereños no mantenían relaciones normales, que Grecia había formulado reivindicaciones territoriales precisamente con respecto a una parte del territorio albanés limítrofe con el Canal, que Grecia había declarado que se consideraba técnicamente en estado de guerra con Albania y que Albania, invocando el peligro de incursiones griegas, había considerado necesario adoptar ciertas medidas de vigilancia en esta región. El Tribunal opina que Albania, habida cuenta de estas circunstancias excepcionales, habría estado justificada para dictar normas relativas al paso de buques de guerra a través del Estrecho, pero no para prohibir dicho paso o someterlo al requisito de una autorización especial.

[99] Por estas razones, el Tribunal de Justicia no puede aceptar el argumento albanés de que el Gobierno del Reino Unido ha violado la soberanía albanesa al enviar los buques de guerra a través del Estrecho sin haber obtenido la autorización previa del Gobierno albanés.

[100] En estas circunstancias, no es necesario considerar la cuestión más general, muy debatida por las Partes, de si los Estados, en virtud del derecho internacional, tienen derecho a enviar buques de guerra en tiempo de paz a través de aguas territoriales no incluidas en un estrecho.

[101] El Gobierno albanés ha sostenido además que la soberanía de Albania fue violada porque el paso de los buques de guerra británicos el 22 de octubre de 1946 no fue un paso inocente. Las razones aducidas en apoyo de este argumento pueden resumirse como sigue: El paso no fue un paso ordinario, sino una misión política; los barcos estaban maniobrando y navegando en formación de combate de diamante con soldados a bordo; la posición de los cañones no era consistente con un paso inocente; los barcos pasaron con tripulaciones en puestos de acción; el número de los barcos y su armamento excedía lo necesario para alcanzar su objetivo y mostraba una intención de intimidar y no simplemente de pasar; los barcos habían recibido órdenes de observar e informar sobre las defensas costeras y esta orden fue cumplida.

[102] El telegrama del Almirantazgo del 21 de septiembre, antes citado, y admitido por el agente del Reino Unido, demuestra que el objetivo de enviar los buques de guerra a través del Estrecho no era sólo efectuar un paso con fines de navegación, sino también poner a prueba la actitud de Albania. Como ya se ha dicho, el Gobierno albanés, el 15 de mayo de 1946, trató de imponer por medio de disparos su punto de vista con respecto al paso. Como el intercambio de notas dipIomáticas no condujo a ninguna aclaración, el Gobierno del Reino Unido quiso comprobar por otros medios si el Gobierno albanés mantendría su actitud ilegal y volvería a imponer su punto de vista disparando contra los barcos que pasaban. La legalidad de esta medida adoptada por el Gobierno del Reino Unido no puede discutirse, siempre que se haya llevado a cabo de forma compatible con las exigencias del derecho internacional. La “misión” tenía por objeto afirmar un derecho que se había denegado injustamente. El Gobierno del Reino Unido no estaba obligado a abstenerse de ejercer su derecho de paso, que el Gobierno albanés le había denegado ilegalmente.

[103] Queda, pues, por examinar si la forma en que se llevó a cabo el paso fue conforme con el principio de paso inocente y examinar las diversas alegaciones del Gobierno albanés en la medida en que parezcan pertinentes.

[104] Cuando los guardacostas albaneses del monasterio de San Jorge informaron de que los buques de guerra británicos navegaban en formación de combate y estaban maniobrando, debieron de equivocarse. Las pruebas demuestran que los buques no navegaban en formación de combate, sino en línea, uno detrás de otro, [p31] y que no maniobraron hasta después de la primera explosión.

[105] Sus movimientos posteriores se debieron únicamente a las explosiones y fueron necesarios para salvar vidas humanas y los buques minados. La declaración de los testigos demuestra que la afirmación de que había soldados a bordo se debe a un malentendido, probablemente debido al hecho de que los dos cruceros llevaban su destacamento habitual de infantes de marina [106].

[106] Se sabe por la mencionada orden emitida por el Almirantazgo británico el 10 de agosto de 1946, que los buques, al utilizar el Estrecho Norte de Corfú, deben pasar con el armamento en posición de proa y popa. Que esta orden se cumplió durante el paso del 22 de octubre lo afirma el Comandante en Jefe del Mediterráneo en un telegrama del 26 de octubre al Almirantazgo. Los cañones estaban, informó, “orientados a proa y popa, que es su posición normal en el mar a la hora del guisante, y no estaban cargados”. Los comandantes del Saumarez y del Volage confirman que los cañones estaban en esa posición antes de las explosiones. El oficial navegante a bordo del Mauritius explicó que todos los cañones de ese crucero estaban en su posición normal de estiba. Los cañones principales estaban en la línea del buque, y los cañones antiaéreos apuntaban hacia fuera y al aire, que es la posición normal de estos cañones en un crucero tanto en puerto como en el mar. A la luz de estas pruebas, el Tribunal no puede aceptar el argumento albanés de que la posición de los cañones era incompatible con las normas de paso inocente.

[107] En el mencionado telegrama del 26 de octubre, el Comandante en Jefe informó de que el paso “se realizó con los buques en puestos de acción para que pudieran tomar represalias rápidamente si se volvía a disparar contra ellos”. En vista de los disparos de la batería albanesa del 15 de mayo, esta medida de precaución no puede considerarse en sí misma irrazonable. Pero cuatro buques de guerra -dos cruceros y dos destructores- pasaron de esta manera, con tripulaciones en puestos de acción, listos para responder rápidamente si se les disparaba. Pasaron uno tras otro por este estrecho canal, cerca de la costa albanesa, en un momento de tensión política en esta región. La intención debía de ser, no sólo poner a prueba la actitud de Albania, sino al mismo tiempo demostrar tal fuerza que se abstuviera de disparar de nuevo contra los buques que pasaran por allí. Sin embargo, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, descritas anteriormente, el Tribunal no puede calificar estas medidas adoptadas por las autoridades del Reino Unido como una violación de la soberanía de Albania.

[108] La Carta del Almirantazgo, Anexo 21 al Memorial, muestra que las defensas costeras en la región de Saranda habían sido observadas y reportadas. En un informe del comandante del Volage, fechado el 23 de octubre [p32] de 1946 — un informe relativo al paso del día 22 — se dice: “Se aprovecharon al máximo las oportunidades de estudiar las defensas albanesas a corta distancia. Estas incluyeron, con referencia a XCU….” — y luego da una descripción de algunas defensas costeras.

[109] De conformidad con el artículo 49 del Estatuto de la Corte y el artículo 54 de su Reglamento, la Corte solicitó al Agente del Reino Unido que presentara los documentos referidos a XCU para uso de la Corte. Dichos documentos no fueron presentados, alegando el Agente el secreto naval; y los testigos del Reino Unido se negaron a responder a las preguntas relativas a los mismos. Por lo tanto, no es posible conocer el contenido real de estas órdenes navales. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no puede extraer de esta negativa a presentar las órdenes conclusiones distintas de las que se desprenden de los hechos reales. El agente del Reino Unido declaró que las instrucciones contenidas en estas órdenes se referían únicamente a la contingencia de que se efectuaran disparos desde la costa, lo que no ocurrió… Si es cierto, como dijo el comandante del Volage en su declaración, que las órdenes contenían información relativa a determinadas posiciones desde las que los buques de guerra británicos podrían haber recibido disparos, no puede deducirse de ello que los buques hubieran recibido órdenes de reconocer las defensas costeras albanesas. Por último, dado que el Tribunal de Justicia debe juzgar el carácter inocente del paso, no puede permanecer indiferente ante el hecho de que, aunque dos buques de guerra chocaron contra minas, no se produjo ninguna reacción, ni por su parte ni por la de los cruceros que los acompañaban.
[110] En cuanto a las observaciones de las defensas costeras hechas después de las explosiones, se justificaban por el hecho de que dos buques acababan de ser volados y que, en esta situación crítica, sus comandantes podían temer que les dispararan desde la costa, como el 15 de mayo.

[111] Examinadas, pues, las diversas alegaciones del Gobierno albanés en la medida en que parecen pertinentes, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que el Reino Unido no violó la soberanía de Albania por razón de los actos de la Marina británica en aguas albanesas el 22 de octubre de 1946.

***

[112] Además del paso de los buques de guerra del Reino Unido el 22 de octubre de 1946, la segunda cuestión del Acuerdo especial se refiere a los actos de la Marina Real en aguas albanesas los días 12 y 13 de noviembre de 1946. Se trata de la operación de rastreo de minas denominada “Operación Retail” por las Partes durante el procedimiento. Este nombre se utilizará en la presente Sentencia. [p33]

[113] Después de las explosiones del 22 de octubre, el Gobierno del Reino Unido envió una nota al Gobierno albanés, en la que anunciaba su intención de barrer en breve el Canal de Corfú. La respuesta albanesa, recibida en Londres el 31 de octubre, afirmaba que el Gobierno albanés no daría su consentimiento a menos que la operación en cuestión tuviera lugar fuera de las aguas territoriales albanesas. Entretanto, a petición del Gobierno del Reino Unido, la Junta Central Internacional de Remoción de Minas decidió, en una resolución del 1 de noviembre de 1946, que debía efectuarse un nuevo barrido del Canal de la Mancha, a reserva del consentimiento de Albania. Habiendo informado el Gobierno del Reino Unido al Gobierno de Albania, en una comunicación del 10 de noviembre, que el barrido propuesto tendría lugar el día 9 de noviembre, el Gobierno de Albania contestó el día 11, protestando contra esta “decisión unilateral del Gobierno de Su Majestad”. Decía que no consideraba inconveniente que la flota británica pudiera emprender el barrido del canal de navegación, pero añadía que, antes de efectuar el barrido, consideraba indispensable decidir qué zona del mar debía considerarse que constituía dicho canal, y proponía la creación de una Comisión Mixta a tal efecto. Terminaba diciendo que todo barrido efectuado sin el consentimiento del Gobierno albanés fuera del canal así constituido, es decir, dentro de las aguas territoriales albanesas donde los buques de guerra extranjeros no tienen por qué navegar, sólo podía considerarse como una violación deliberada del territorio y de la soberanía de Albania.

[114] Después de este intercambio de notas, la “Operación Retail” tuvo lugar los días 12 y 13 de noviembre. Se pidió al comandante Mestre, de la Marina francesa, que asistiera como observador, y estuvo presente en el barrido del 13 de noviembre. La operación se llevó a cabo bajo la protección de una importante fuerza de cobertura compuesta por un portaaviones, cruceros y otros buques de guerra. Esta fuerza de cobertura permaneció durante toda la operación a cierta distancia al oeste del Canal, excepto la fragata St. Bride’s Bay, que estaba estacionada en el Canal al sudeste del cabo Kiephali. El barrido comenzó en la mañana del 13 de noviembre, hacia las 9 horas, y terminó por la tarde, cerca del anochecer. El área barrida estaba en aguas territoriales albanesas, y dentro de los límites del canal previamente barrido.

[115] El Gobierno del Reino Unido no discute que la “Operación Retail” se llevó a cabo contra el deseo claramente expresado del Gobierno albanés. Reconoce que la operación no contó con el consentimiento de las organizaciones internacionales de retirada de minas, que no podía justificarse como el ejercicio de un derecho de paso inocente y, por último, que, en principio, el derecho internacional no permite a un Estado reunir un gran número de buques de guerra en las [p34] aguas territoriales de otro Estado y llevar a cabo el rastreo de minas en dichas aguas. El Gobierno del Reino Unido afirma que se trataba de una operación de extrema urgencia y que se consideraba autorizado a llevarla a cabo sin el consentimiento de nadie [116].

[116] El Gobierno del Reino Unido aduce dos razones para justificarlo. En primer lugar, el Acuerdo de 22 de noviembre de 1945, firmado por los Gobiernos del Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, por el que se autorizaba a las organizaciones regionales de desminado, como la Junta de la Zona Mediterránea, a dividir los sectores de sus respectivas zonas entre los Estados interesados para su barrido. Basándose en la circunstancia de que el Canal de Corfú se encontraba en el sector asignado a Grecia por la Junta de la Zona Mediterránea el 5 de noviembre, es decir, antes de la firma del Acuerdo mencionado, el Gobierno del Reino Unido alegó un permiso concedido por el Gobierno helénico para volver a barrer el canal navegable.

[117] El Tribunal no considera convincente este argumento.

[118] Debe señalarse que, como admite el Gobierno del Reino Unido, la necesidad de volver a barrer el Canal no se estaba considerando en noviembre de 1945, ya que se consideró que los barridos anteriores de 1944 y 1945 habían logrado una seguridad completa. En consecuencia, la asignación del sector en cuestión a Grecia y, por lo tanto, el permiso del Gobierno helénico que se invoca, eran meramente nominales. También hay que señalar que Albania no fue consultada sobre la asignación a Grecia del sector en cuestión, a pesar de que el Canal atravesaba aguas territoriales albanesas.

[119] Pero, de hecho, las explosiones del 22 de octubre de 1946, en un canal declarado seguro para la navegación y que el Gobierno del Reino Unido, más que ningún otro gobierno, tenía razones para considerar seguro, plantearon un problema muy diferente al de un barrido rutinario llevado a cabo bajo las órdenes de las organizaciones de limpieza de minas. Estas explosiones eran sospechosas; planteaban una cuestión de responsabilidad.

[120] En consecuencia, éste fue el terreno sobre el que el Gobierno del Reino Unido optó por establecer su principal línea de defensa. Según ese Gobierno, los corpora delicti debían ser asegurados lo más rápidamente posible, por temor a que fueran sustraídos, sin dejar huellas, por los autores del minado o por las autoridades albanesas. Esta justificación adoptó dos formas distintas en los argumentos del Gobierno del Reino Unido. En primer lugar, se presentó como una aplicación nueva y especial de la teoría de la intervención, mediante la cual el Estado que interviene se aseguraría la posesión de pruebas en el territorio de otro Estado, con el fin de presentarlas ante un tribunal internacional y facilitar así su tarea. [p35]

[121] El Tribunal no puede aceptar tal línea de defensa. La Corte sólo puede considerar el supuesto derecho de intervención como la manifestación de una política de fuerza que, en el pasado, ha dado lugar a los más graves abusos y que no puede, cualesquiera que sean los defectos actuales de la organización internacional, encontrar un lugar en el derecho internacional. La intervención es quizás aún menos admisible en la forma particular que tomaría aquí; porque, por la naturaleza de las cosas, estaría reservada a los Estados más poderosos, y podría fácilmente llevar a pervertir la administración de la propia justicia internacional.

[122] El Agente del Reino Unido, en su discurso de réplica, ha clasificado además la “Operación Retail” entre los métodos de autoprotección o autoayuda. El Tribunal tampoco puede aceptar esta defensa. Entre Estados independientes, el respeto de la soberanía territorial es un fundamento esencial de las relaciones internacionales. El Tribunal reconoce que la total dejación de funciones del Gobierno albanés tras las explosiones y el carácter dilatorio de sus notas diplomáticas son circunstancias atenuantes de la actuación del Gobierno del Reino Unido. Pero para garantizar el respeto del derecho internacional, del que es órgano, el Tribunal debe declarar que la acción de la Marina británica constituyó una violación de la soberanía albanesa.

[123] Esta declaración es conforme a la petición formulada por Albania a través de su Abogado, y constituye en sí misma una satisfacción adecuada.

[124] El método de ejecución de la “Operación Retail” también ha sido criticado por el Gobierno albanés, siendo el principal motivo de queja que el Reino Unido, en esa ocasión, hizo uso de un despliegue de fuerza innecesariamente grande, desproporcionado a las necesidades del barrido. El Tribunal de Justicia estima que esta crítica no está justificada. No considera que la actuación de la Marina británica fuera una demostración de fuerza con el fin de ejercer presión política sobre Albania. Al comandante naval responsable, que mantuvo sus buques a distancia de la costa, no se le puede reprochar haber empleado una importante fuerza de cobertura en una región donde dos veces en pocos meses sus buques habían sido objeto de graves atropellos.

[125] Por estas razones,
El Tribunal,
sobre la primera cuestión planteada por el Acuerdo Especial del 25 de marzo de 1948,
por once votos contra cinco,
dicta sentencia declarando que la República Popular de Albania es responsable, en virtud del derecho internacional, de las explosiones ocurridas el 22 de octubre de 1946 en aguas albanesas, así como de los daños y pérdidas de vidas humanas resultantes de las mismas; y
por diez votos contra seis,
Se reserva para un examen ulterior la evaluación del importe de la indemnización y regula el procedimiento al respecto mediante una Orden con fecha del día de hoy;
sobre la segunda cuestión planteada por el Acuerdo especial de 25 de marzo de 1948,
por catorce votos contra dos,
Declara que el Reino Unido no violó la soberanía de la República Popular de Albania por los actos de la Marina británica en aguas albanesas el 22 de octubre de 1946; y
por unanimidad,
Declara que el Reino Unido violó la soberanía de la República Popular de Albania por los actos de la marina británica en aguas albanesas en el curso de la operación de los días 12 y 13 de noviembre de 1946, y que esta declaración del Tribunal constituye en sí misma una satisfacción adecuada. [p36]

Hecho en francés y en inglés, dando fe el texto francés, en el Palacio de la Paz, La Haya, el nueve de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, en tres ejemplares, uno de los cuales se depositará en los archivos del Tribunal y los demás se remitirán al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y al de la República Popular de Albania, respectivamente.

(Firmado) J. G. Guerrero, Presidente en funciones.
(Firmado) E. Hambro, Secretario.

El Juez Basdevant, Presidente del Tribunal de Justicia, si bien acepta la totalidad del fallo de la sentencia, se ve obligado a declarar que no puede aceptar las razones aducidas por el Tribunal de Justicia en apoyo de su competencia para determinar el importe de la indemnización, ya que, en su opinión, existen otras razones más decisivas.

El Juez Zoricic declara que no puede estar de acuerdo ni con el fallo ni con la motivación de la sentencia en la parte relativa a la responsabilidad de Albania; los argumentos presentados y los hechos probados no pueden convencerle de que el Gobierno albanés tuviera o debiera haber tenido conocimiento, antes del 13 de noviembre de 1946, de la existencia del campo de minas descubierto en esa fecha. Por una parte, la actitud adoptada por un Gobierno ante determinados hechos varía en función de las circunstancias, de su mentalidad, de los medios de que dispone y de su experiencia en la dirección de los asuntos públicos. Pero no se ha negado que, en 1946, Albania tenía un nuevo Gobierno que no poseía ninguna experiencia en la práctica internacional. Por lo tanto, es difícil deducir algo de su actitud. Nuevamente, la conclusión de los peritos de que la operación de colocación de las minas debe haber sido vista está sujeta a una reserva expresa: sería necesario suponer la realización de varias condiciones, en particular el mantenimiento de puestos de vigilancia normales en Cabo [p38] Kiephali, Punta Denta y Monasterio de San Giorgio, y la existencia de condiciones meteorológicas normales en la fecha. Pero el Tribunal no conoce ni la fecha en que se colocaron las minas ni las condiciones meteorológicas reinantes en esa fecha. Además, no se ha aportado ninguna prueba de la presencia de un puesto de vigilancia en la punta Denta, aunque éste, según los peritos, habría sido el único puesto que necesariamente habría observado el minado. Por otra parte, los puestos restantes sólo habrían podido observar el paso de los barcos y no hay pruebas que demuestren que deberían haber concluido que los barcos iban a colocar minas. Según los peritos, estos puestos no habrían podido ver ni oír el sembrado de minas, ya que el monasterio de San Giorgio se encontraba a 2.000 m. de la mina más cercana y el cabo Kiephali distaba varios kilómetros del mismo. En consecuencia, el Tribunal se enfrenta a sospechas, conjeturas y presunciones, cuyos fundamentos, en opinión del Juez Zoricic, son demasiado inciertos para justificar que impute a un Estado la responsabilidad por un delito grave de derecho internacional.

El Juez Álvarez, si bien concurre en la Sentencia de la Corte, ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 57 del Estatuto y ha adjuntado a la Sentencia una exposición de su voto particular.

Los Jueces Winiarski, Badawi Pasha, Krylov y Azevedo, así como el Juez ad hoc Sr. Ecer, declarándose incapaces de adherirse a la sentencia del Tribunal de Justicia, han hecho uso del derecho que les confiere el artículo 57 del Estatuto y han adjuntado a la sentencia un voto particular.

(rubricado) J. G. G.
(Iniciales) E. H.

Voto particular del Juez Álvarez

Voto particular disidente del Juez Winiarski

Voto particular discrepante del Juez Badawi Pasha

Voto particular disidente del Juez Krylov

Voto particular discrepante del Juez Sr. Azevedo

Voto particular discrepante del Juez ad hoc Ečer