viernes, octubre 23, 2020
 

Alianza Para El Progreso

            La contención del comunismo en Latinoamérica tuvo uno de sus hitos en el programa que el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy expuso el 13 de marzo de 1961 ante el cuerpo diplomático latinoamericano, denominado «Alianza para el Progreso». Se trataba de combatir la creciente pobreza del área latinoamericana mediante la asignación de un fondo de 20.000 millones de dólares por diez años, que sería destinado a la construcción de escuelas, hospitales y otras infraestructuras. El objetivo último era promover la democracia representativa y prevenir la tentación revolucionaria.

            La Alianza para el Progreso se integraba en el nuevo enfoque que desde fines de los años 50 Estados Unidos venía dando a sus relaciones con Latinoamérica, en especial a partir del informe de Milton Eisenhower, que preveía violencia y revueltas sociales en la región. En este contexto fue creado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1960. El 14 de abril de 1961 Kennedy convocó a los gobiernos hispanoamericanos a una reunión extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social de la Organización de Estados Americanos (OEA), para instituir formalmente la Alianza para el Progreso. En esta reunión, desarrollada en Punta del Este (Uruguay) en agosto de 1961, se redactó una Carta o plan de acción que recogía los objetivos generales de la Alianza. Por ella los países signatarios —entre los que no se encontraba Cuba, aunque sí participó en la conferencia— se comprometían a perfeccionar sus instituciones democráticas, acelerar su desarrollo económico y social, ejecutar programas de vivienda, impulsar la reforma agraria, asegurar una justa remuneración a los trabajadores, acabar con el analfabetismo, desarrollar programas de salubridad e higiene, reformar los impuestos en sentido progresivo y profundizar en la integración económica de Latinoamérica. La Carta reconocía la importancia de la «ayuda externa» norteamericana, que se preveía se pudiera extender por un plazo de hasta cincuenta años. El Congreso estadounidense había otorgado ya 500 millones de dólares, de los que 400 serían destinados al Fondo de Progreso Social, administrado por el BID, para financiar proyectos de construcción de viviendas, distribución de agua y explotación de tierras. Se previó igualmente la participación en los fondos de organismos internacionales de crédito y de fuentes privadas y públicas de Europa y Japón, además de las inversiones privadas nacionales. Se definió asimismo el papel que la OEA, el BID y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) cumplirían en la canalización de los fondos y la designación de los proyectos. En 1963 fue creada una Comisión Interamericana para la Alianza para el Progreso, integrada por un representante de Estados Unidos y ocho de países latinoamericanos.

            A la postre, la Alianza para el Progreso se saldó con el fracaso, debido a la falta de implicación de los gobiernos nacionales, el excesivo idealismo de los objetivos (que hablaban, por ejemplo, de un crecimiento anual per cápita de al menos el 2,5 %), o la explosión demográfica de esos años. Además, la guerra de Vietnam obligó a Estados Unidos a reducir su aportación de fondos, y ni el capital privado hispanoamericano ni el extranjero asumieron el papel que se les había asignado. Por otra parte, el apoyo de Washington a regímenes y gobiernos conservadores y los recelos ante toda tentativa izquierdista imposibilitaban que se acometieran en la práctica las necesarias reformas agrarias. Los movimientos populistas que las propugnaban incluían en sus programas la expropiación de numerosas inversiones extranjeras, y en 1962 la enmienda Hickenlooper a la Ley de Ayuda Exterior de Estados Unidos dispuso la suspensión de la asistencia a cualquier país que expropiara bienes estadounidenses sin dar una compensación pronta y equitativa.

            En 1969, cuando se constató la inoperatividad de la Alianza para el Progreso, Richard Nixon propuso, basándose en un informe de Nelson Rockefeller, la Acción para el Progreso, menos ambiciosa en sus pretensiones, y enfocada hacia objetivos más precisos. Así, Nixon adoptaría medidas como la creación de la Subsecretaría para Asuntos Interamericanos, la revisión de las deudas de sus vecinos del sur y la reducción de algunas restricciones a las exportaciones.

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