AVENA Y OTROS NACIONALES MEXICANOS (MÉXICO CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – Fallo de 31 de marzo de 2004 – Corte Internacional de Justicia

dipublico 22/02/2024 Corte Internacional de Justicia 64 Vistas

Avena y otros nacionales mexicanos

México v. Estados Unidos

Sentencia

31 de marzo de 2004

Presidente: Shi;
Vicepresidente: Ranjeva;
Jueces: Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Higgins, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Tomka;
Jueces ad hoc: Sepúlveda

Representado por: México: S.E. Sr. Juan Manuel Gómez-Robledo, Embajador, ex Consejero Jurídico, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, D.F., en calidad de Agente;
Excmo. Sr. D. Santiago Onate, Embajador de México ante el Reino de los Países Bajos, en calidad de Agente (hasta el 12 de febrero de 2004);
Sr. Arturo A. Dager, Consejero Jurídico, Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México;
Sra. María del Refugio González Domínguez, Jefa de la Unidad de Coordinación Jurídica, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, D.F., en calidad de Agentes (desde el 2 de marzo de 2004);
Excma. Sra. Sandra Fuentes Berain, Embajadora designada de México ante el Reino de los Países Bajos, en calidad de Agente (desde el 17 de marzo de 2004);
Sr. Pierre-Marie Dupuy, Profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de París II (Pantheon-Assas) y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia;
Sr. Donald Francis Donovan, Abogado, Debevoise & Plimpton, Nueva York;
Sra. Sandra L. Babcock, Abogada, Directora del Programa de Asistencia Jurídica a Capitales Mexicanos;
Sr. Carlos Bernal, Abogado, Noriega y Escobedo, y Presidente de la Comisión de Derecho Internacional de la Barra Mexicana de Abogados, Ciudad de México;
Sra. Katherine Birmingham Wilmore, Abogada, Debevoise & Plimpton, Londres;
Sr. Dietmar W. Prager, Abogado, Debevoise & Plimpton, Nueva York; Sra. Socorro Flores Liera, Jefa de Gabinete, Subsecretaría de Asuntos Globales y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores, México D.F,
Sr. Víctor Manuel Uribe Avina, Jefe de la Sección de Litigio Internacional, Consejería Jurídica, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, D.F., en calidad de Consejeros y Abogados;
Sr. Erasmo A. Lara Cabrera, Jefe de la Sección de Derecho Internacional, Consejería Jurídica, Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México;
Sra. Natalie Klein, Abogada, Debevoise & Plimpton, Nueva York;
Sra. Catherine Amirfar, Abogada, Debevoise & Plimpton, Nueva York;Sr. Thomas Bollyky, Abogado, Debevoise & Plimpton, Nueva York;
Sra. Cristina Hoss, Investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, Heidelberg;
Sr. Mark Warren, Investigador en Derecho Internacional, Ottawa, en calidad de Asesores;
Sr. Michel L’Enfant, Debevoise & Plimpton, París, como Asistente;

Estados Unidos: The Honourable William H. Taft, IV, Legal Adviser, United States Department of State, como Agente;
D. James H. Thessin, Principal Deputy Legal Adviser, United States Department of State, como Co-Agente; Sra. Catherine W. Brown, Asesora Jurídica Adjunta para Asuntos Consulares, Departamento de Estado de los Estados Unidos;
Sr. D. Stephen Mathias, Asesor Jurídico Adjunto para Asuntos de las Naciones Unidas, Departamento de Estado de los Estados Unidos;
Sr. Patrick F. Philbin, Fiscal General Adjunto Asociado, Departamento de Justicia de Estados Unidos;
Sr. John Byron Sandage, Abogado-Asesor para Asuntos de las Naciones Unidas, Departamento de Estado de los Estados Unidos;
Sr. Thomas Weigend, Profesor de Derecho y Director del Instituto de Derecho Penal Extranjero e Internacional, Universidad de Colonia;
Sra. Elisabeth Zoller, Profesora de Derecho Público, Universidad de París II (Pantheon-Assas), en calidad de Consejeros y Abogados;
Sr. Jacob Katz Cogan, Abogado-Asesor para Asuntos de las Naciones Unidas, Departamento de Estado de los Estados Unidos;
Sra. Sara Criscitelli, Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York;
Sr. Robert J. Erickson, Jefe Adjunto Principal, Sección de Apelación Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos;
Sr. Noel J. Francisco, Deputy Assistant Attorney General, Office of Legal Counsel, United States Department of Justice;
Sr. Steven Hill, Abogado-Asesor para Asuntos Económicos y Empresariales, Departamento de Estado de Estados Unidos;
Sr. Clifton M. Johnson, Consejero Jurídico, Embajada de Estados Unidos, La Haya;
Sr. David A. Kaye, Consejero Jurídico Adjunto, Embajada de Estados Unidos, La Haya;
Sr. Peter W. Mason, Abogado-Asesor para Asuntos Consulares, Departamento de Estado de los Estados Unidos, en calidad de Consejero;
Sra. Barbara Barrett-Spencer, Departamento de Estado de los Estados Unidos;
Sra. Marianne Hata, Departamento de Estado de los Estados Unidos;
Sra. Cecile Jouglet, Embajada de los Estados Unidos, París;
Sra. Joanne Nelligan, Departamento de Estado de los Estados Unidos;
Sra. Laura Romains, Embajada de los Estados Unidos, La Haya, en calidad de personal administrativo.

[p.12]

EL TRIBUNAL

compuesto como se indica más arriba, después de deliberar,

dicta la siguiente Sentencia: 1.

El 9 de enero de2003 los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “México”) presentaron en la Secretaría de la Corte una Solicitud de inicio de procedimiento contra los Estados Unidos de América (en lo sucesivo “Estados Unidos”) por “violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares” de 24 de abril de 1963 (en lo sucesivo “Convención de Viena”) presuntamente cometidas por los Estados Unidos. En su Demanda, México fundamentó la competencia de la Corte en el artículo 36, párrafo 1, del Estatuto de la Corte y en el artículo I del Protocolo Facultativo sobre Solución Obligatoria de Controversias, que acompaña a la Convención de Viena (en adelante, el “Protocolo Facultativo”).

2. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 40 del Estatuto, la Demanda fue inmediatamente comunicada al Gobierno de los Estados Unidos; y, de conformidad con el párrafo 3 de dicho artículo, todos los Estados facultados para comparecer ante la Corte fueron notificados de la Demanda.

3.
El 9 de enero de 2003, día de presentación de la Demanda, el Gobierno mexicano presentó también en la Secretaría de la Corte una solicitud de señalamiento de medidas provisionales con base en el artículo 41 del Estatuto y los artículos 73, 74 y 75 del Reglamento de la Corte.

Mediante Providencia de 5 de febrero de 2003, la Corte indicó las siguientes medidas provisionales:

“a) Los Estados Unidos de América tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que los señores César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos y Osvaldo Torres Aguilera no sean ejecutados hasta que se dicte sentencia definitiva en este procedimiento;

(b) El Gobierno de los Estados Unidos de América informará a la Corte de todas las medidas adoptadas en cumplimiento de esta Providencia”.

Decidió además que, “hasta que la Corte dicte sentencia definitiva, seguirá conociendo de los asuntos” objeto de dicha Providencia.

En carta de 2 de noviembre de 2003, el Agente de Estados Unidos comunicó a la Corte que Estados Unidos había “informado a las autoridades estatales pertinentes de la solicitud de México”; que, desde la Providencia de 5 de febrero de 2003, Estados Unidos había “obtenido de ellas información sobre la situación de los cincuenta y cuatro casos, incluidos los tres casos identificados en el párrafo 59 (I)(a) de dicha Providencia”; y que Estados Unidos podía “confirmar que ninguna de las personas mencionadas [había] sido ejecutada”.

4. De conformidad con el artículo 43 del Reglamento de la Corte, el Secretario envió la notificación mencionada en el párrafo 1 del artículo 63 del Estatuto a todos los Estados Partes en la Convención de Viena o en dicha Convención y el Protocolo Facultativo.

Mediante Providencia de 5 de febrero de 2003, la Corte, teniendo en cuenta las opiniones de las Partes, fijó el 6 de junio de 2003 y el 6 de octubre de 2003, respectivamente, como plazos para la presentación de una Memoria por México y de una Contramemoria por Estados Unidos. [p 18]

6. Mediante Providencia de 22 de mayo de 2003, el Presidente de la Corte, a petición conjunta de los Agentes de ambas Partes, prorrogó hasta el 20 de junio de 2003 el plazo para la presentación del Memorial; el plazo para la presentación de la Contramemoria fue prorrogado, mediante la misma Providencia, hasta el 3 de noviembre de 2003.

Mediante carta fechada el 20 de junio de 2003 y recibida en la Secretaría el mismo día, el Agente de México informó a la Corte que México no podía, por razones técnicas, presentar a tiempo el original de su Memorial y, en consecuencia, solicitó a la Corte que decidiera, de conformidad con el artículo 44, párrafo 3, del Reglamento de la Corte, que la presentación del Memorial después de la expiración del plazo fijado para ello se consideraría válida; dicha carta iba acompañada de dos copias electrónicas del Memorial y sus anexos. Habiendo presentado México el original del Memorial el 23 de junio de 2003 y habiendo informado Estados Unidos a la Corte, mediante carta de 24 de junio de 2003, que no tenía comentarios que hacer al respecto, la Corte decidió el 25 de junio de 2003 que la presentación sería considerada como válida.

7. En carta de 14 de octubre de 2003, el Agente de México expresó el deseo de su Gobierno de modificar sus alegaciones para incluir en ellas los casos de dos nacionales mexicanos, D. Víctor Miranda Guerrero y D. Tonatihu Aguilar Saucedo, que habían sido condenados a muerte, con posterioridad a la presentación del Memorial de México, como resultado de un proceso penal en el que, según México, Estados Unidos había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 36 de la Convención de Viena.
En carta de 2 de noviembre de 2003, al amparo de la cual Estados Unidos presentó su Contramemoria dentro del plazo establecido, el Agente de Estados Unidos informó a la Corte que su Gobierno se oponía a la modificación de los alegatos de México, por considerar que la solicitud era tardía, que México no había presentado pruebas sobre los hechos alegados y que no había tiempo suficiente para que Estados Unidos los investigara.

En una carta recibida en la Secretaría el 28 de noviembre de 2003, México respondió a la objeción de Estados Unidos y al mismo tiempo modificó sus alegatos para retirar su solicitud de amparo en los casos de dos nacionales mexicanos mencionados en el Memorial, el Sr. Enrique Zambrano Garibi y el Sr. Pedro Hernández Alberto, habiendo llegado a la conclusión de que el primero tenía doble nacionalidad mexicana y estadounidense y que el segundo había sido informado de su derecho de notificación consular antes del interrogatorio. El 9 de diciembre de 2003, el Secretario informó a México y a Estados Unidos que, a fin de garantizar la igualdad procesal de las Partes, la Corte había decidido no autorizar la modificación de las presentaciones de México para incluir a los dos nacionales mexicanos adicionales mencionados anteriormente.
También informó a las Partes que la Corte había tomado nota de que Estados Unidos no había hecho objeción alguna al retiro por México de su solicitud de reparación en los casos de los señores Zambrano y Hernández.

8. El 28 de noviembre de 2003 y el 2 de diciembre de 2003, México presentó diversos documentos que deseaba exhibir de conformidad con el artículo 56 del Reglamento de la Corte. Mediante cartas de fecha 2 de diciembre de 2003 y 5 de diciembre de 2003, el Agente de Estados Unidos informó a la Corte que su Gobierno no se oponía a la presentación de estos nuevos documentos y que tenía la intención de ejercer su derecho a formular observaciones sobre los mismos y a presentar documentos en apoyo de sus observaciones, de conformidad con el párrafo 3 de dicho artículo. Mediante cartas de fecha 9 de diciembre de 2003, el Secretario informó a las Partes de que el Tribunal había tomado nota de que [p 19] Estados Unidos no se oponía a la presentación de estos documentos y que, en consecuencia, los abogados tendrían libertad para referirse a ellos en el curso de las audiencias. El 10 de diciembre de 2003, el Agente de Estados Unidos presentó los comentarios de su Gobierno sobre los nuevos documentos presentados por México, junto con una serie de documentos en apoyo de dichos comentarios.

9. Dado que la Corte no contaba entre sus miembros con ningún juez de nacionalidad mexicana, México hizo uso del derecho que le confiere el párrafo 2 del artículo 31 del Estatuto de elegir un juez ad hoc para conocer del caso: eligió al señor Bernardo Sepúlveda.

10. De conformidad con el artículo 53, párrafo 2, de su Reglamento, la Corte, previa consulta a las Partes, decidió que las copias de los escritos y documentos anexos serían accesibles al público al inicio del procedimiento oral.

11. Se celebraron audiencias públicas entre el 15 y el 19 de diciembre de 2003, en las que el Tribunal escuchó los informes orales y las réplicas de:

Por México: Excmo. Sr. D. Juan Manuel Gómez-Robledo,

Sra. Sandra L. Babcock,
Sr. Víctor Manuel Uribe Avina,
Sr. Donald Francis Donovan,
Sra. Katherine Birmingham Wilmore,
Excmo. Sr. D. Santiago Onate,
Sra. Socorro Flores Liera,
Sr. Carlos Bernal,
Sr. Dietmar W. Prager,
Sr. Pierre-Marie Dupuy.
Por los Estados Unidos:

El Honorable William H. Taft, IV,
Sra. Elisabeth Zoller,
Sr. Patrick F. Philbin,
Sr. John Byron Sandage,
Sra. Catherine W. Brown,
Sr. D. Stephen Mathias,
Sr. James H. Thessin,
Sr. Thomas Weigend.

*
12. En su Solicitud, México formuló la decisión solicitada en los siguientes términos:

“En consecuencia, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos solicita a la Corte que adjudique y declare:

(1) que Estados Unidos, al arrestar, detener, juzgar, condenar y sentenciar a los 54 nacionales mexicanos condenados a muerte descritos en esta Solicitud, violó sus obligaciones jurídicas internacionales para con México, por derecho propio y en ejercicio de su derecho de protección consular de sus nacionales, conforme a lo dispuesto por los artículos 5 y 36, respectivamente, de la Convención de Viena;

(2) que, por lo tanto, México tiene derecho a la restitutio in integrum;

(3) que Estados Unidos tiene la obligación jurídica internacional de no [p 20] aplicar la doctrina de la rebeldía procesal, o cualquier otra doctrina de su derecho interno, para impedir el ejercicio de los derechos que le confiere el Artículo 36 de la Convención de Viena;

(4) que Estados Unidos tiene la obligación jurídica internacional de llevar a cabo, de conformidad con las obligaciones jurídicas internacionales anteriores, cualquier detención o proceso penal futuro en contra de los 54 nacionales mexicanos condenados a muerte o de cualquier otro nacional mexicano en su territorio, ya sea por parte de un poder constituyente, legislativo, ejecutivo, judicial o de otro tipo, ya sea que dicho poder ocupe una posición superior o subordinada en la organización de Estados Unidos, y ya sea que las funciones de dicho poder sean de carácter internacional o interno; (5) que el derecho a la notificación consular en virtud de la Convención de Viena es un derecho humano;

y que, en virtud de las anteriores obligaciones jurídicas internacionales,

(1) Estados Unidos debe restablecer el status quo ante, es decir, restablecer la situación que existía antes de la detención de, los procedimientos en contra de, y las condenas y sentencias de, los nacionales de México en violación de las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos; (2) Estados Unidos debe adoptar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que las disposiciones de su derecho interno permitan dar pleno efecto a los fines a los que se destinan los derechos otorgados por el Artículo 36;

(3) Estados Unidos debe tomar las medidas necesarias y suficientes para establecer un recurso legal significativo en caso de violaciones a los derechos otorgados a México y a sus nacionales por el Artículo 36 de la Convención de Viena, incluyendo la prohibición de imponer, como cuestión de derecho interno, cualquier sanción procesal por no presentar oportunamente una reclamación o defensa basada en la Convención de Viena, cuando las autoridades competentes de Estados Unidos hayan incumplido su obligación de informar al nacional de sus derechos conforme a la Convención; y (4) Estados Unidos, a la luz del patrón y práctica de violaciones expuestos en esta Solicitud, debe proporcionar a México una garantía plena de no repetición de los actos ilegales.”

13. En el curso del procedimiento escrito, las Partes presentaron los siguientes alegatos:

En nombre del Gobierno de México

en el Memorial:

“Por estas razones, . . . el Gobierno de México solicita respetuosamente a la Corte que adjudique y declare (1) que Estados Unidos, al arrestar, detener, juzgar, condenar y sentenciar a los cincuenta y cuatro nacionales mexicanos condenados a muerte descritos en [p 21] la Solicitud de México y en este Memorial, violó sus obligaciones jurídicas internacionales para con México, por derecho propio y en ejercicio de su derecho a la protección diplomática de sus nacionales, conforme a lo dispuesto por el Artículo 36 de la Convención de Viena;

(2) que la obligación del Artículo 36 (1) de la Convención de Viena exige la notificación antes de que las autoridades competentes del Estado receptor interroguen al nacional extranjero o tomen cualquier otra medida potencialmente lesiva de sus derechos; (3) que Estados Unidos, al aplicar la doctrina de la rebeldía procesal, o cualquier otra doctrina de su derecho interno, para impedir el ejercicio y revisión de los derechos que le otorga el Artículo 36 de la Convención de Viena, violó sus obligaciones jurídicas internacionales para con México, por derecho propio y en ejercicio de su derecho de protección diplomática de sus nacionales, previsto en el Artículo 36 de la Convención de Viena; y

(4) que Estados Unidos tiene la obligación jurídica internacional de llevar a cabo, de conformidad con las obligaciones jurídicas internacionales anteriores, cualquier detención o proceso penal futuro en contra de los cincuenta y cuatro nacionales mexicanos condenados a muerte y de cualquier otro nacional mexicano en su territorio, ya sea por parte de un poder constituyente, legislativo, ejecutivo, judicial o de otro tipo, ya sea que dicho poder ocupe una posición superior o subordinada en la organización de Estados Unidos, y ya sea que las funciones de dicho poder sean de carácter internacional o interno;

y que, de conformidad con las obligaciones jurídicas internacionales anteriores,

(1) México tiene derecho a la restitutio in integrum y, por lo tanto, Estados Unidos tiene la obligación de restablecer el statu quo ante, es decir, restablecer la situación que existía en el momento de la detención y antes del interrogatorio de los nacionales de México, los procedimientos en su contra y las condenas y sentencias dictadas contra ellos en violación de las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos, específicamente mediante, entre otras cosas

(a) anulando las condenas de los cincuenta y cuatro nacionales mexicanos;

(b) anulando las sentencias de los cincuenta y cuatro nacionales mexicanos;

(c) excluyendo de cualquier procedimiento posterior contra los cincuenta y cuatro nacionales mexicanos las declaraciones y confesiones obtenidas de ellos antes de la notificación de sus derechos de notificación y acceso consulares;
(d) impedir la aplicación de cualquier sanción procesal por el hecho de que un nacional mexicano no haya planteado oportunamente una reclamación o defensa basada en la Convención de Viena cuando las autoridades competentes de Estados Unidos hayan incumplido su obligación de informar al nacional de sus derechos en virtud de la Convención; [p 22].

(e) impedir la aplicación de cualquier doctrina de derecho interno o resolución judicial que impida a un tribunal de Estados Unidos otorgar una reparación, incluyendo la reparación a la que esta Corte sostiene que México tiene derecho aquí, a un nacional mexicano cuyos derechos previstos en el Artículo 36 hayan sido violados; y

(f) impedir la aplicación de cualquier doctrina de derecho interno o jurisprudencia que requiera una demostración individualizada de perjuicio como requisito previo para la reparación de las violaciones al Artículo 36;

(2) Estados Unidos, a la luz de las violaciones regulares y continuas establecidas en la Solicitud y el Memorial de México, tiene la obligación de tomar todas las medidas legislativas, ejecutivas y judiciales necesarias para:

(a) garantizar que cesen las violaciones regulares y continuas de los derechos de notificación, acceso y asistencia consulares del Artículo 36 de México y sus nacionales; (b) garantizar que sus autoridades competentes, de jurisdicción federal, estatal y local, mantengan un cumplimiento regular y rutinario de sus obligaciones en virtud del Artículo 36;

(i) cualquier sanción procesal por el hecho de que un nacional mexicano no plantee oportunamente una reclamación o defensa basada en la Convención de Viena cuando las autoridades competentes de Estados Unidos hayan incumplido su obligación de informar al nacional de sus derechos en virtud de la Convención;

(ii) cualquier doctrina de derecho interno o resolución judicial que impida a un tribunal de Estados Unidos otorgar una reparación, incluyendo la reparación a la que esta Corte sostiene que México tiene derecho aquí, a un nacional mexicano cuyos derechos previstos en el Artículo 36 hayan sido violados; y

(iii) cualquier doctrina de derecho interno o jurisprudencia que requiera una demostración individualizada de perjuicio como requisito previo para la reparación de las violaciones a la Convención de Viena aquí demostradas.”

En nombre del Gobierno de los Estados Unidos,

en el Memorial de Contestación:

“Sobre la base de los hechos y argumentos expuestos, el Gobierno de los Estados Unidos de América solicita que la Corte adjudique y declare que las reclamaciones de los Estados Unidos Mexicanos son desestimadas.”

14. En el procedimiento oral, las Partes presentaron los siguientes alegatos: [p 23]

En nombre del Gobierno de México “El Gobierno de México respetuosamente solicita a la Corte que adjudique y declare

(1) Que Estados Unidos de América, al arrestar, detener, juzgar, condenar y sentenciar a los 52 nacionales mexicanos condenados a muerte descritos en el Memorial de México, violó sus obligaciones jurídicas internacionales para con México, por derecho propio y en ejercicio de su derecho a la protección diplomática de sus nacionales, al no informar, sin demora, a los 52 nacionales mexicanos, después de su detención, de su derecho a la notificación y acceso consulares conforme al artículo 36 (1)(b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y al privar a México de su derecho a proporcionar protección consular y del derecho de los 52 nacionales a recibir dicha protección que México proporcionaría conforme al artículo 36 (1)(a) y (c) de la Convención;

(2) Que la obligación del Artículo 36 (1) de la Convención de Viena requiere la notificación de los derechos consulares y una oportunidad razonable de acceso consular antes de que las autoridades competentes del Estado receptor tomen cualquier acción potencialmente perjudicial a los derechos del extranjero;

(3) Que los Estados Unidos de América violaron sus obligaciones en virtud del Artículo 36 (2) de la Convención de Viena al no proporcionar una revisión y reconsideración significativas y efectivas de las condenas y sentencias menoscabadas por una violación del Artículo 36 (1); al sustituir dicha revisión y reconsideración por procedimientos de clemencia; y al aplicar la doctrina de la “mora procesal” y otras doctrinas del derecho interno que no otorgan relevancia jurídica a una violación del Artículo 36 (1) en sus propios términos; (4) Que en virtud de los agravios sufridos por México en su propio derecho y en el ejercicio de la protección diplomática de sus nacionales, México tiene derecho a la reparación integral de dichos agravios en forma de restitutio in integrum;

(5) Que esta restitución consiste en la obligación de restablecer el status quo ante mediante la anulación o privación de pleno derecho de las condenas y sentencias de los 52 nacionales mexicanos; (6) Que esta restitución también incluye la obligación de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que una violación previa del Artículo 36 no afecte los procedimientos subsecuentes;

(7) Que en la medida en que cualquiera de las 52 condenas o sentencias no sean anuladas, Estados Unidos proporcionará, por los medios que elija, una revisión y reconsideración significativas y efectivas de las condenas y sentencias de los 52 nacionales, y que esta obligación no podrá satisfacerse mediante procedimientos de clemencia o si se aplica cualquier norma o doctrina de derecho interno incompatible con el párrafo (3) anterior; y [p 24]. (8) Que los Estados Unidos de América cesen sus violaciones del Artículo 36 de la Convención de Viena con respecto a México y sus 52 nacionales y proporcionen garantías y seguridades apropiadas de que tomarán medidas suficientes para lograr un mayor cumplimiento del Artículo 36 (1) y para asegurar el cumplimiento del Artículo 36 (2).”

En nombre del Gobierno de los Estados Unidos,

“Sobre la base de los hechos y argumentos expuestos por los Estados Unidos en su Contramemoria y en el presente procedimiento, el Gobierno de los Estados Unidos de América solicita que la Corte, teniendo en cuenta que los Estados Unidos han ajustado su conducta a la Sentencia de esta Corte en el Caso LaGrand (Alemania c. Estados Unidos de América), no sólo con respecto a los nacionales alemanes sino, en consonancia con la Declaración del Presidente de la Corte en ese caso, a todos los nacionales extranjeros detenidos, adjudique y declare que las reclamaciones de los Estados Unidos Mexicanos son desestimadas.”

***

15. El presente procedimiento ha sido interpuesto por México contra Estados Unidos sobre la base de la Convención de Viena, y del Protocolo Facultativo que establece la competencia de la Corte sobre “las controversias que surjan de la interpretación o aplicación” de la Convención.

México y Estados Unidos son, y fueron en todos los momentos relevantes, partes de la Convención de Viena y del Protocolo Facultativo. México alega que Estados Unidos ha cometido infracciones de la Convención de Viena en relación con el trato dado a varios nacionales mexicanos que han sido
juzgados, condenados y sentenciados a muerte en procesos penales en Estados Unidos. La reclamación original se refería a 54 de estas personas, pero como resultado de los ajustes posteriores a su reclamación realizados por México (véase el párrafo 7 supra), sólo se trata de 52 casos individuales. Estos procesos penales han tenido lugar en nueve Estados diferentes de los Estados Unidos, a saber, California (28 casos), Texas (15 casos), Illinois (tres casos), Arizona (un caso), Arkansas (un caso), Nevada (un caso), Ohio (un caso), Oklahoma (un caso) y Oregón (un caso), entre 1979 y la actualidad.

16.

Para mayor comodidad, a continuación se indican los nombres de las 52 personas y los números con los que se hará referencia a sus casos: 1. Carlos Avena Guillén
2. Héctor Juan Ayala
3. Vicente Benavides Figueroa
4. Constantino Carrera Montenegro
5. Jorge Contreras López [p 25] 6. Daniel Covarrubias Sánchez
7.

Marcos Esquivel Barrera
8. Rubén Gómez Pérez
9. Jaime Armando Hoyos
10. Arturo Juárez Suárez
11. Juan Manuel López
12. José Lupercio Casares
13. Luis Alberto Maciel Hernández
14.

Abelino Manríquez Jáquez
15.
Omar Fuentes Martínez (también conocido como Luis Avilés de la Cruz)
16.

Miguel Ángel Martínez Sánchez
17. Martín Mendoza García
18. Sergio Ochoa Tamayo
19. Enrique Parra Dueñas
20. Juan de Dios Ramírez Villa
21. Magdaleno Salazar
22. Ramón Salcido Bojórquez
23. Juan Ramón Sánchez Ramírez
24. Ignacio Tafoya Arriola
25. Alfredo Valdez Reyes
26. Eduardo David Vargas
27. Tomas Verano Cruz
28. [Caso retirado] 29. Samuel Zamudio Jiménez
30. Juan Carlos Álvarez Banda
31.

César Roberto Fierro Reyna
32.

Héctor García Torres
33. Ignacio Gómez
34.

Ramiro Hernández Llanas
35.

Ramiro Rubí Ibarra
36.

Humberto Leal García
37. Virgilio Maldonado
38. José Ernesto Medellín Rojas
39. Roberto Moreno Ramos
40. Daniel Ángel Plata Estrada
41. Rubén Ramírez Cárdenas
42.

Félix Rocha Díaz
43. Oswaldo Regalado Soriano
44. Edgar Arias Tamayo
45.

Juan Caballero Hernández
46. Mario Flores Urbano
47. Gabriel Solache Romero
48. Martin RaUl Fong Soto
49. Rafael Camargo Ojeda
50. [Caso retirado] 51. Carlos René Pérez Gutiérrez
52. José Trinidad Loza [p 26] 53. Osvaldo Netzahualcóyotl Torres Aguilera
54. Horacio Alberto Reyes Camarena 17. Las disposiciones de la Convención de Viena de las que México alega violaciones están contenidas en el Artículo 36. Los párrafos 1 y 2 de este artículo se exponen respectivamente en los párrafos 50 y 108 infra.

El Artículo 36 se refiere, según su título, a la “Comunicación y contacto con los nacionales del Estado que envía”. La letra b) del apartado 1 de dicho artículo establece que si un nacional de ese Estado “es detenido, encarcelado, puesto bajo custodia en espera de juicio o retenido de cualquier otra forma”, y así lo solicita, se notificará a la oficina consular local del Estado que envía. El artículo dispone asimismo que las “autoridades competentes del Estado receptor” “informarán sin demora a la persona interesada de sus derechos” a este respecto.
México alega que en el presente caso estas disposiciones no fueron cumplidas por las autoridades de Estados Unidos respecto de los 52 nacionales mexicanos objeto de sus reclamaciones. En consecuencia, Estados Unidos ha cometido, según México, violaciones al párrafo 1 (b); además, México alega, por razones que se explicarán más adelante (véanse los párrafos 98 y siguientes), que Estados Unidos también ha violado el párrafo 1 (a) y (c) y el párrafo 2 del artículo 36, en vista de la relación de estas disposiciones con el párrafo 1 (b).
18. En cuanto a la terminología empleada para designar las obligaciones que incumben al Estado receptor en virtud del párrafo 1 b) del artículo 36, la Corte observa que las Partes han utilizado los términos “informar” y “notificar” en sentidos diferentes. En aras de la claridad, la Corte, cuando hable en su propio nombre en la presente Sentencia, utilizará la palabra “informar” cuando se refiera a que un individuo sea puesto en conocimiento de sus derechos en virtud de dicho apartado y la palabra “notificar” cuando se refiera a la entrega de un aviso a la oficina consular.

19. 19. Los hechos subyacentes alegados por México pueden describirse brevemente como sigue: algunos son admitidos por Estados Unidos y otros controvertidos.

México afirma que todas las personas objeto de sus reclamaciones eran nacionales mexicanos en el momento de su detención. Asimismo, sostiene que las autoridades estadounidenses que detuvieron e interrogaron a estas personas disponían de información suficiente para conocer la nacionalidad extranjera de las mismas.

Según el relato de México, en 50 de los casos especificados, los nacionales mexicanos nunca fueron informados por las autoridades competentes de Estados Unidos de los derechos que les asisten en virtud del artículo 36, párrafo 1, inciso b), de la Convención de Viena y, en los dos casos restantes, dicha información no fue proporcionada “sin demora”, como lo exige dicha disposición. México ha indicado que en 29 de los 52 casos sus autoridades consulares tuvieron conocimiento de la detención de los nacionales mexicanos sólo después de que se hubieran dictado las sentencias de muerte. En los 23 casos restantes, México sostiene que tuvo conocimiento de los casos por medios distintos a la notificación a la oficina consular por parte de las autoridades competentes de Estados Unidos, de conformidad con el artículo 36, párrafo 1, inciso b).

Explica que en cinco casos esto[p 27] fue demasiado tarde para afectar los juicios, que en 15 casos los acusados ya habían hecho declaraciones incriminatorias, y que tuvo conocimiento de los otros tres casos sólo después de un retraso considerable. 20. De los 52 casos mencionados en los alegatos finales de México, 49 se encuentran actualmente en diferentes etapas del procedimiento ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos a nivel estatal o federal, y en tres casos, los del Sr. Fierro (caso No. 31), el Sr. Moreno (caso No. 39) y el Sr. Torres (caso No. 53), ya se han agotado los recursos judiciales dentro de los Estados Unidos.

El Tribunal ha sido informado de la variedad de tipos de procedimientos y formas de reparación disponibles en los sistemas de justicia penal de los Estados Unidos, que pueden diferir de un Estado a otro. En términos muy generales, y de acuerdo con la descripción ofrecida por ambas Partes en sus alegatos, parece que los 52 casos pueden clasificarse en tres categorías: 24 casos que se encuentran actualmente en apelación directa; 25 casos en los que se han agotado los medios de apelación directa, pero aún se dispone de recursos posteriores a la condena (habeas corpus), ya sea a nivel estatal o federal; y tres casos en los que no queda ningún recurso judicial. El Tribunal también señala que, en al menos 33 casos, la supuesta violación de la Convención de Viena fue planteada por el acusado durante la fase previa al juicio, en el juicio, en apelación o en el procedimiento de hábeas corpus, y que algunas de estas reclamaciones fueron desestimadas por motivos procesales o sustantivos y otras siguen pendientes.

Hasta la fecha, en ninguno de los 52 casos los acusados han recurrido al proceso de clemencia.

21. El 9 de enero de 2003, día en que México presentó su Solicitud y una petición de indicación de medidas provisionales, las 52 personas objeto de las reclamaciones se encontraban en el corredor de la muerte. Sin embargo, dos días más tarde, el Gobernador del Estado de Illinois, en ejercicio de su facultad de revisión de clemencia, conmutó las penas de todos los condenados que esperaban ser ejecutados en ese Estado, incluidas las de tres personas mencionadas en la Solicitud de México (el Sr. Caballero (caso No. 45), el Sr. Flores (caso No. 46) y el Sr. Solache (caso No. 47)).

Mediante carta de fecha 20 de enero de 2003, México informó al Tribunal de que, a raíz de esa decisión, retiraba su solicitud de indicación de medidas provisionales en favor de esas tres personas, pero que su Solicitud permanecía inalterada. En la Providencia de 5 de febrero de 2003, mencionada en el párrafo 3 supra, sobre la solicitud de México de que se indicaran medidas provisionales, la Corte consideró que de la información de que disponía se desprendía que los tres nacionales mexicanos mencionados en la Solicitud que habían agotado todos los recursos judiciales en Estados Unidos (véase el párrafo 20 supra) corrían el riesgo de ser ejecutados en los meses siguientes, o incluso en semanas.

En consecuencia, ordenó como medida provisional que Estados Unidos adoptara todas las medidas necesarias para garantizar que estas personas no fueran ejecutadas [p 28] hasta que se dictara sentencia definitiva en el presente procedimiento. El Tribunal observa que, en la fecha de la presente Sentencia, estas tres personas no han sido ejecutadas, pero observa además con gran preocupación que, mediante Providencia de fecha 1 de marzo de 2004, el Tribunal de Apelaciones Penales de Oklahoma ha fijado la fecha de ejecución del Sr. Torres para el 18 de mayo de 2004.

La objeción mexicana a las objeciones de Estados Unidos sobre jurisdicción y admisibilidad

22. Como se ha señalado anteriormente, la presente controversia ha sido planteada ante la Corte por México sobre la base de la Convención de Viena y del Protocolo Facultativo de dicha Convención. El artículo I del Protocolo Facultativo dispone

“Las controversias que surjan de la interpretación o aplicación de la Convención [de Viena] serán de la competencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y, en consecuencia, podrán ser sometidas a la Corte mediante demanda escrita presentada por cualquiera de las partes en la controversia que sea Parte en el presente Protocolo.”

23. Estados Unidos ha presentado una serie de objeciones a la competencia de la Corte, así como una serie de objeciones a la admisibilidad de las demandas presentadas por México. Sin embargo, México sostiene que todas las objeciones planteadas por Estados Unidos son inadmisibles por haber sido planteadas después de la expiración del plazo establecido por el Reglamento de la Corte. México llama la atención sobre el texto del artículo 79, párrafo 1, del Reglamento de la Corte, tal como fue enmendado en 2000, que establece que

“Cualquier objeción del demandado a la competencia de la Corte o a la admisibilidad de la demanda, u otra objeción cuya decisión se solicite antes de cualquier otro procedimiento sobre el fondo, deberá hacerse por escrito tan pronto como sea posible, y a más tardar tres meses después de la entrega del Memorial.” El texto anterior de este párrafo exigía que las objeciones se formularan “dentro del plazo fijado para la entrega de la contramemoria”.

En el presente caso el Memorial de México fue presentado el 23 de junio de 2003; las objeciones de Estados Unidos a la jurisdicción y admisibilidad fueron presentadas en su Contramemoria, presentada el 3 de noviembre de 2003, más de cuatro meses después. 24.

Estados Unidos ha observado que, durante el procedimiento sobre la solicitud presentada por México para la indicación de medidas provisionales en este caso, se reservó específicamente su derecho a presentar argumentos jurisdiccionales en la etapa apropiada, y que posteriormente las Partes acordaron que habría una sola ronda de alegatos. No obstante, el Tribunal subraya que las partes en los asuntos de que conoce no pueden, por el hecho de pretender “reservarse sus derechos” a realizar alguna actuación procesal, eximirse de la aplicación a dicha actuación de las disposiciones del Estatuto y del Reglamento del [p 29] Tribunal (cf. Aplicación del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina contra Yugoslavia), Providencia de 13 de septiembre de 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 338, párr. 28).

El Tribunal observa, sin embargo, que el artículo 79 del Reglamento sólo se aplica a las excepciones preliminares, como indica el título de la subsección del Reglamento que constituye.

Como observó el Tribunal en los asuntos Lockerbie, “para estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 79, una objeción debe tener carácter ‘preliminar'”, y “el párrafo 1 del artículo 79 del Reglamento del Tribunal califica de ‘preliminar’ una objeción ‘cuya decisión se solicita antes de cualquier otro procedimiento'” (Cuestiones de interpretación y aplicación del Convenio de Montreal de 1971 derivadas del incidente aéreo de Lockerbie (Jamahiriya Árabe Libia c. Reino Unido) (Jamahiriya Árabe Libia c. Reino Unido), párr. 28). Reino Unido) (Jamahiriya Árabe Libia c. Estados Unidos de América), Excepciones Preliminares, I.C.J. Reports 1998, p. 26, para. 47; p. 131, párr. 46); y el efecto de la presentación oportuna de tal objeción es que se suspende el procedimiento sobre el fondo (párrafo 5 del artículo 79).

Una objeción que no se presenta como objeción preliminar de conformidad con el apartado 1 del artículo 79 no se convierte por ello en inadmisible. Por supuesto, existen circunstancias en las que la parte que no presenta una objeción a la competencia podría considerarse que ha aceptado la competencia (Recurso relativo a la competencia del Consejo de la OACI, Sentencia, Recueil 1972, p. 52, apartado 13). 13). Sin embargo, aparte de tales circunstancias, una parte que no se acoja al procedimiento del artículo 79 puede perder el derecho a provocar la suspensión del procedimiento sobre el fondo, pero aún puede alegar la objeción junto con el fondo. Esto es, de hecho, lo que Estados Unidos ha hecho en este caso; y, por razones que se indicarán más adelante, muchas de sus objeciones son de tal naturaleza que, en cualquier caso, probablemente habrían tenido que ser oídas junto con el fondo. El Tribunal concluye que no debe excluir de consideración las objeciones de Estados Unidos a la jurisdicción y a la admisibilidad por el hecho de no haber sido presentadas dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación del Memorial.

25.

Estados Unidos ha presentado cuatro objeciones a la competencia de la Corte y cinco a la admisibilidad de las pretensiones de México. Como se señaló anteriormente, éstas no han sido presentadas como excepciones preliminares conforme al artículo 79 del Reglamento de la Corte; y no son de tal naturaleza que la Corte se viera obligada a examinarlas y resolverlas todas in limine, antes de abordar cualquier aspecto del fondo del caso. Algunas de ellas se refieren únicamente a determinadas pretensiones; otras se refieren a cuestiones relativas a los recursos que deben indicarse si el Tribunal declara que se han cometido infracciones de la Convención de Viena; y otras son de tal naturaleza que tendrían que tratarse junto con el fondo del asunto. No obstante, el Tribunal de Justicia examinará a continuación cada una de ellas por separado.

**[p 30]

Objeciones de los Estados Unidos a la jurisdicción 26. Estados Unidos sostiene que la Corte carece de jurisdicción para decidir muchas de las reclamaciones de México, en la medida en que las presentaciones de México en el Memorial solicitaron a la Corte decidir cuestiones que no surgen de la interpretación o aplicación de la Convención de Viena, y que Estados Unidos nunca ha aceptado someter a la Corte.
* 27. Mediante su primera objeción jurisdiccional, Estados Unidos sugirió que el Memorial se dirige fundamentalmente al tratamiento de los nacionales mexicanos en los sistemas de justicia penal federal y estatal de Estados Unidos, y al funcionamiento del sistema de justicia penal de Estados Unidos en su conjunto.

Sugirió que la invitación de México a la Corte para hacer lo que Estados Unidos considera “conclusiones de gran alcance e insostenibles relativas a los sistemas de justicia penal de Estados Unidos” sería un abuso de la jurisdicción de la Corte. En las audiencias, Estados Unidos sostuvo que México está pidiendo a la Corte que interprete y aplique el tratado como si estuviera destinado principalmente a regir el funcionamiento del sistema de justicia penal de un Estado en lo que afecta a los extranjeros.

28. La Corte recuerda que su competencia en el presente caso ha sido invocada en virtud de la Convención de Viena y el Protocolo Facultativo para determinar la naturaleza y el alcance de las obligaciones contraídas por Estados Unidos con México al hacerse parte en dicha Convención.

Si y en la medida en que la Corte pueda constatar que las obligaciones aceptadas por las partes de la Convención de Viena incluían compromisos en cuanto a la conducta de sus tribunales municipales en relación con los nacionales de otras partes, entonces para determinar si ha habido violaciones de la Convención, la Corte debe poder examinar las acciones de esos tribunales a la luz del derecho internacional. El Tribunal no puede aceptar la alegación de Estados Unidos de que, como cuestión de jurisdicción, le está vedado investigar el desarrollo de los procedimientos penales en los tribunales de Estados Unidos.

Hasta qué punto puede hacerlo en el presente caso es una cuestión de fondo. Por lo tanto, la primera objeción de los Estados Unidos a la jurisdicción no puede mantenerse. *

29.

La segunda objeción jurisdiccional presentada por Estados Unidos se dirigía a la primera de las alegaciones presentadas por México en su Memorial (ver párrafo 13 supra). Estados Unidos señaló que el artículo 36 de la Convención de Viena “no crea ninguna obligación que limite los derechos de Estados Unidos a detener a un nacional extranjero”; y que [p 31] de manera similar la “detención, enjuiciamiento, condena y sentencia” de nacionales mexicanos no podría constituir violaciones al artículo 36, que simplemente establece obligaciones de notificación. Estados Unidos dedujo de ello que los asuntos planteados en el primer escrito de México están fuera de la jurisdicción de la Corte bajo la Convención de Viena y el Protocolo Facultativo, y mantiene esta objeción en respuesta al escrito revisado, presentado por México en las audiencias, mediante el cual solicita a la Corte que adjudique y declare:

“Que los Estados Unidos de América, al arrestar, detener, juzgar, condenar y sentenciar a los 52 nacionales mexicanos condenados a muerte descritos en el Memorial de México, violaron sus obligaciones jurídicas internacionales para con México, por derecho propio y en ejercicio de su derecho a la protección diplomática de sus nacionales, al no informar, sin demora, a los 52 nacionales mexicanos, después de su detención, de su derecho a la notificación consular y al acceso en virtud del artículo 36 (1) (b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y al privar a México de su derecho a proporcionar protección consular y del derecho de los 52 nacionales a recibir dicha protección que México proporcionaría en virtud del artículo 36 (1) (a) y (c) de la Convención. ”
30. Esta cuestión es una cuestión de interpretación de las obligaciones impuestas por la Convención de Viena.

Es cierto que la única obligación del Estado receptor hacia un extranjero que enuncia específicamente el Artículo 36, párrafo 1, inciso b), de la Convención de Viena, es la de informar a dicho extranjero de sus derechos, cuando sea “arrestado o puesto en prisión o en custodia en espera de juicio o detenido de cualquier otra manera”; el texto no restringe al Estado receptor de “arrestar, detener, juzgar, condenar y sentenciar” al extranjero, ni limita su facultad para hacerlo. Sin embargo, en lo que respecta a la detención, enjuiciamiento, condena y sentencia de sus nacionales, México argumenta que privar de notificación y asistencia consular a un extranjero que se enfrenta a un proceso penal hace que dicho proceso sea fundamentalmente injusto. México explica al respecto que

“La notificación consular constituye un componente básico del debido proceso al asegurar tanto la igualdad procesal de un extranjero en el proceso penal como la vigencia de otras garantías fundamentales del debido proceso a las que dicho nacional tiene derecho”, [p 32]

y que “es, por lo tanto, un requisito esencial para un proceso penal justo contra extranjeros”.

En opinión de México, “la notificación consular ha sido ampliamente reconocida como un derecho fundamental al debido proceso y, de hecho, como un derecho humano”. Sobre esta base argumenta que los derechos de los nacionales mexicanos detenidos han sido violados por las autoridades de Estados Unidos, y que dichos nacionales han sido “sometidos a un proceso penal sin la imparcialidad y dignidad a la que toda persona tiene derecho”.

En consecuencia, según México, “la integridad de estos procedimientos se ha visto irremediablemente socavada y sus resultados se han vuelto irrevocablemente injustos”. Para México, sostener, sobre esta base, que no sólo la falta de notificación, sino el arresto, la detención, el juicio y la condena de sus nacionales fueron ilegales, es argumentar a favor de una interpretación particular de la Convención de Viena. Tal interpretación puede o no ser confirmada en cuanto al fondo, pero no está excluida de la competencia que el Protocolo Facultativo de la Convención de Viena confiere al Tribunal. Por lo tanto, la segunda objeción de los Estados Unidos a la competencia no puede ser estimada.

31. La tercera objeción de Estados Unidos a la competencia de la Corte se refiere a la primera de las alegaciones del Memorial de México relativa a los recursos. Mediante esa presentación, que fue confirmada en sustancia en las presentaciones finales, México alegó que

México tiene derecho a la restitutio in integrum y, por lo tanto, Estados Unidos tiene la obligación de restablecer el statu quo ante, es decir, restablecer la situación que existía en el momento de la detención y antes del interrogatorio, los procedimientos, las condenas y las sentencias de los nacionales de México en violación de las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos…”. . .”

Sobre esa base, México prosiguió en su primer escrito invitando a la Corte a declarar que Estados Unidos estaba obligado a anular las condenas y sentencias de los nacionales mexicanos afectados, a excluir de cualquier procedimiento posterior las declaraciones y confesiones obtenidas de ellos, a impedir la aplicación de cualquier sanción procesal por no haber planteado oportunamente una defensa sobre la base de la Convención, y a impedir la aplicación de cualquier norma de derecho interno que impidiera a los tribunales de Estados Unidos proporcionar un recurso por la violación de los derechos del artículo 36.
32. Estados Unidos objeta que exigir actos específicos por parte de Estados Unidos en sus sistemas de justicia penal municipal supondría una profunda intromisión en la independencia de sus tribunales; y que el hecho de que el Tribunal [p 33] declarase que Estados Unidos tiene la obligación específica de anular condenas y sentencias iría más allá de su jurisdicción. El Tribunal, alega Estados Unidos, no tiene jurisdicción para revisar la adecuación de las sentencias en casos penales, y menos aún para determinar la culpabilidad o la inocencia, asuntos en los que sólo podría entrar un tribunal de apelación penal.

33. Por su parte, México señala que Estados Unidos acepta que la Corte tiene competencia para interpretar la Convención de Viena y para determinar la forma adecuada de reparación conforme al derecho internacional. En opinión de México, estas dos consideraciones son suficientes para derrotar la tercera objeción a la jurisdicción de Estados Unidos.

34.

34. Por la misma razón que con respecto a la segunda objeción a la jurisdicción, la Corte no puede aceptar el argumento de Estados Unidos de que, incluso si la Corte concluyera que Estados Unidos ha cometido violaciones de la Convención de Viena del tipo alegado por México, seguiría careciendo de jurisdicción para ordenar la restitutio in integrum solicitada por México. El Tribunal recuerda a este respecto, como lo hizo en el caso LaGrand, que, cuando existe competencia sobre una controversia relativa a una cuestión particular, el Tribunal no necesita una base de competencia separada para considerar las medidas que una parte ha solicitado por el incumplimiento de la obligación (I.C.J. Reports 2001, p. 485, párr. 48). Si la Corte puede ordenar el remedio solicitado por México o en qué medida, son cuestiones que deben determinarse como parte del fondo de la controversia. Por lo tanto, la tercera objeción de Estados Unidos a la jurisdicción no puede ser aceptada.

35. La cuarta y última objeción jurisdiccional de Estados Unidos es que “la Corte carece de jurisdicción para determinar si la notificación consular es o no un ‘derecho humano’, o para declarar requisitos fundamentales de debido proceso sustantivo o procesal”. Como se señaló anteriormente, es con base en el argumento de México de que el derecho a la notificación consular ha sido ampliamente reconocido como un derecho fundamental al debido proceso, y de hecho como un derecho humano, que argumenta que los derechos de los nacionales mexicanos detenidos han sido violados por las autoridades de Estados Unidos, y que han sido “sometidos a un proceso penal sin la imparcialidad y dignidad a la que toda persona tiene derecho”.

La Corte observa que México ha presentado este argumento como una cuestión de interpretación del artículo 36, párrafo 1 (b), y por lo tanto perteneciente al fondo. La Corte considera que se trata efectivamente de una cuestión de interpretación de la Convención de Viena, para la cual es competente; por lo tanto, no puede acogerse la cuarta objeción de Estados Unidos a la competencia.

**[p 34]

Objeciones de Estados Unidos a la admisibilidad

36. En su Memorial de Contestación, Estados Unidos ha avanzado una serie de argumentos presentados como objeciones a la admisibilidad de las reclamaciones de México. Argumenta que

“Antes de proceder, la Corte debe sopesar si las características del caso que hoy tiene ante sí, o circunstancias especiales relacionadas con reclamaciones particulares, hacen que ya sea el caso en su totalidad, o reclamaciones particulares, sean inapropiadas para su ulterior consideración y decisión por la Corte.”

37. La primera objeción bajo este encabezamiento es que “las presentaciones de México deben ser consideradas inadmisibles porque buscan que esta Corte funcione como una corte de apelación penal”; no hay, en opinión de Estados Unidos, “ninguna otra caracterización apta de las dos presentaciones de México con respecto a los recursos”. El Tribunal observa que esta alegación se refiere únicamente a la cuestión de los recursos.

Los Estados Unidos no sostienen por este motivo que la Corte deba declinar su competencia para investigar la cuestión de las violaciones de la Convención de Viena, sino simplemente que, si se demuestran tales violaciones, la Corte no debe hacer más que decidir que los Estados Unidos deben proporcionar “revisión y reconsideración” en la línea indicada en la sentencia del caso LaGrand (I.C.J. Reports 2001, pp. 513-514, párr. 125). El Tribunal señala que se trata de una cuestión de fondo. Por lo tanto, la primera objeción de los Estados Unidos a la admisibilidad no puede ser estimada.

38. El Tribunal examina ahora la objeción de Estados Unidos basada en la regla del agotamiento de los recursos internos. Estados Unidos sostiene que la Corte “debe declarar inadmisible la pretensión de México de ejercer su derecho de protección diplomática en favor de cualquier nacional mexicano que no haya cumplido con el requisito jurídico consuetudinario del agotamiento de los recursos internos”.

Afirma que en varios de los casos objeto de las reclamaciones de México, el nacional mexicano detenido, incluso con el beneficio de la prestación de asistencia consular mexicana, no planteó en el juicio el supuesto incumplimiento del artículo 36, párrafo 1, de la Convención de Viena. Además, sostiene que todas las reclamaciones relativas a los casos mencionados en el Memorial de México son inadmisibles porque los recursos internos siguen estando disponibles en todos los casos. Ha llamado la atención sobre el hecho de que el litigio está pendiente ante los tribunales de Estados Unidos en un gran número de los casos objeto de las reclamaciones de México y que, en aquellos casos en los que se han agotado los recursos judiciales, los demandados no han recurrido al proceso de clemencia disponible para ellos; de ello concluye que ninguno [p 35] de los casos “se encuentra en una situación adecuada para su revisión por un tribunal internacional”.

39.

39. México responde que la regla del agotamiento de los recursos internos no puede impedir la admisibilidad de sus reclamaciones. En primer lugar, afirma que la mayoría de los nacionales mexicanos mencionados en el párrafo 16 supra han intentado recursos judiciales en Estados Unidos con base en la Convención de Viena y que sus reclamaciones han sido excluidas, especialmente con base en la doctrina de la rebeldía procesal. A este respecto, cita la declaración del Tribunal en el caso LaGrand de que

“Estados Unidos no puede . . . basarse ante este Tribunal en este hecho para excluir la admisibilidad de la [reclamación] de Alemania . ya que fueron los propios Estados Unidos los que incumplieron su obligación en virtud del Convenio de informar a los hermanos LaGrand” (I.C.J. Reports 2001, p. 488, párr. 60).

Además, respecto de los otros nacionales mexicanos, México afirma que

“los tribunales de Estados Unidos nunca han concedido un recurso judicial a ningún extranjero por una violación del artículo 36.

Los tribunales de Estados Unidos sostienen ya sea que el Artículo 36 no crea un derecho individual, o que un extranjero a quien se le han negado sus derechos del Artículo 36 pero se le han otorgado sus derechos constitucionales y legales, no puede establecer perjuicio y por lo tanto no puede obtener reparación”.

Concluye que los recursos judiciales disponibles son, por tanto, ineficaces. En cuanto a los procedimientos de clemencia, México sostiene que no pueden contar para efectos de la regla de agotamiento de los recursos internos, porque no son un recurso judicial.

40. En sus alegatos finales México solicita a la Corte que adjudique y declare que Estados Unidos, al incumplir con el artículo 36, párrafo 1, de la Convención de Viena, ha “violado sus obligaciones jurídicas internacionales para con México, por derecho propio y en ejercicio de su derecho de protección diplomática de sus nacionales”.

La Corte observaría en primer lugar que los derechos individuales de los nacionales mexicanos conforme al inciso b) del párrafo 1 del artículo 36 de la Convención de Viena son derechos que deben hacerse valer, en todo caso en primer lugar, dentro del sistema jurídico interno de los Estados Unidos. Sólo cuando ese proceso haya concluido y se hayan agotado los recursos internos, México estaría facultado para hacer valer las reclamaciones individuales de sus nacionales a través del procedimiento de protección diplomática.

Sin embargo, en el presente caso México no pretende actuar únicamente sobre esa base. También hace valer sus propias reclamaciones, basándolas en el perjuicio que afirma haber sufrido, directamente y a través de sus nacionales, como consecuencia de la violación por Estados Unidos de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 36, párrafo 1, apartados a), b) y c).

El Tribunal recuerda que, en el asunto LaGrand, reconoció que

“El párrafo 1 del artículo 36 [de la Convención de Viena] crea derechos individuales [para el nacional afectado], que… pueden ser invocados ante este Tribunal por el Estado nacional de la persona detenida” (Recueil 2001, p. 494, párr. 77).

Además, observa que las violaciones de los derechos del individuo en virtud del artículo 36 pueden implicar una violación de los derechos del Estado de origen, y que las violaciones de los derechos de este último pueden implicar una violación de los derechos del individuo.

En estas circunstancias especiales de interdependencia de los derechos del Estado y de los derechos individuales, México puede, al presentar una demanda en su propio nombre, solicitar a la Corte que se pronuncie sobre la violación de los derechos que alega haber sufrido tanto directamente como a través de la violación de los derechos individuales conferidos a los nacionales mexicanos en virtud del artículo 36, párrafo 1, inciso b). El deber de agotar los recursos internos no se aplica a dicha solicitud. Además, por las razones que se acaban de exponer, la Corte no considera necesario tratar las alegaciones de violación de México bajo un epígrafe distinto de protección diplomática.

Sin necesidad de pronunciarse en este momento sobre las cuestiones suscitadas por la norma de incomparecencia procesal, tal como ha sido explicada por México en el párrafo 39 supra, la Corte considera, en consecuencia, que la segunda objeción de Estados Unidos a la admisibilidad no puede prosperar.

*
41. La Corte aborda ahora la cuestión de la supuesta doble nacionalidad de algunos de los nacionales mexicanos objeto de las reclamaciones de México. Esta cuestión es planteada por Estados Unidos a modo de objeción a la admisibilidad de dichas reclamaciones: Estados Unidos sostiene que en su Memorial México no había demostrado que pudiera ejercer la protección diplomática basada en violaciones de los derechos de México en virtud de la Convención de Viena con respecto a aquellos de sus nacionales que son también nacionales de Estados Unidos. Estados Unidos considera como un principio aceptado que, cuando una persona arrestada o detenida en el Estado receptor es nacional de ese Estado, entonces, aunque también sea nacional de otro Estado parte de la Convención de Viena, el Artículo 36 no tiene aplicación, y las autoridades del Estado receptor no están obligadas a proceder como se establece en dicho Artículo; y México ha indicado que, para los efectos del presente caso no discute que los nacionales con doble nacionalidad no tienen derecho a ser informados de sus derechos conforme al Artículo 36.

42. Sin embargo, debe recordarse que México, además de pretender ejercer la protección diplomática de sus nacionales, reclama por derecho propio con base en las supuestas violaciones de Estados Unidos al artículo 36 de la Convención de Viena. Visto desde este punto de vista, la cuestión de la doble nacionalidad no es una cuestión de admisibilidad, sino de fondo. México puede alegar la violación del artículo 36 de la Convención de Viena en relación con cualquiera de sus nacionales, y Estados Unidos tiene entonces la libertad de demostrar que, dado que la persona de que se trata era también nacional de Estados Unidos, el artículo 36 no era aplicable a esa persona, por lo que no podía haberse producido violación alguna de las obligaciones contraídas en virtud del tratado. Además, por lo que respecta a la pretensión de ejercer la protección diplomática, la cuestión de si México tiene derecho a proteger a una persona que tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense está subordinada a la cuestión de si, en relación con dicha persona, Estados Unidos tenía alguna obligación en virtud del artículo 36 de la Convención de Viena.

Por lo tanto, en el curso de su examen del fondo, el Tribunal tendrá que considerar si las personas en cuestión, o algunas de ellas, tenían doble nacionalidad de derecho. Sin perjuicio del resultado de dicho examen, la tercera objeción de los Estados Unidos a la admisibilidad no puede, por tanto, ser estimada.

*
43. La Corte pasa ahora a la cuarta objeción presentada por Estados Unidos a la admisibilidad de las reclamaciones de México: el argumento de que

“La Corte no debe permitir que México presente una reclamación contra Estados Unidos con respecto a cualquier caso individual en el que México haya tenido conocimiento real de una violación de la [Convención de Viena] pero no haya llamado la atención de Estados Unidos sobre dicha violación o lo haya hecho sólo después de un retraso considerable.”

En el Memorial de Contestación, Estados Unidos aduce dos consideraciones en apoyo de este argumento: que si los casos se hubieran mencionado con prontitud, habría sido posible adoptar medidas correctivas; y que con su inacción México creó la impresión de que consideraba que Estados Unidos estaba cumpliendo sus obligaciones en virtud de la Convención, tal como México las entendía. En las audiencias, Estados Unidos sugirió que México había renunciado en efecto a su derecho a reclamar respecto de las supuestas violaciones de la Convención, y a solicitar reparación.

44. Como observó la Corte en el caso de Ciertas tierras fosfáticas en Nauru (Nauru c. Australia), “la demora por parte de un Estado demandante puede hacer que una solicitud sea inadmisible”, pero “el derecho internacional no establece ningún plazo específico a ese respecto” (I.C.J. Reports 1992, pp. 253-254, párr. 32).
En ese caso, el Tribunal reconoció que la demora podría perjudicar al Estado demandado “tanto en lo que respecta al establecimiento de los hechos como a la determinación del contenido del derecho aplicable” (ibíd., pág. 255, párr. 36), pero no se ha sugerido que exista tal riesgo de perjuicio en el presente caso. En la medida en que la inadmisibilidad pudiera basarse en una renuncia implícita de derechos, el Tribunal considera que sólo una inacción mucho [p 38] más prolongada y consistente por parte de México que la alegada por Estados Unidos podría interpretarse como implicando tal renuncia. Además, México indicó una serie de formas en las que llamó la atención de Estados Unidos sobre las violaciones que percibía de la Convención de Viena. Por lo tanto, la cuarta objeción de Estados Unidos a la admisibilidad no puede sostenerse.

45.

La Corte debe examinar ahora la objeción de Estados Unidos de que la reclamación de México es inadmisible en el sentido de que no se debe permitir a México invocar contra Estados Unidos normas que México no sigue en su propia práctica. Estados Unidos sostiene que, de conformidad con los principios básicos de la administración de justicia y la igualdad de los Estados, ambos litigantes deben responder ante las mismas normas del derecho internacional. La objeción a este respecto fue presentada en términos de la interpretación del Artículo 36 de la Convención de Viena, en el sentido de que, según Estados Unidos, un tratado no puede ser interpretado de manera que imponga una carga significativamente mayor a una parte que a la otra (Diversion of Water from the Meuse, Judgment, 1937, P.C.I.J., Series A/B, No. 70, p. 20).

46. El Tribunal recuerda que los Estados Unidos ya habían planteado una objeción de naturaleza similar ante él en el asunto LaGrand; allí, el Tribunal declaró que no necesitaba decidir “si este argumento de los Estados Unidos, de ser cierto, daría lugar a la inadmisibilidad de las alegaciones de Alemania”, ya que los Estados Unidos no habían demostrado que la propia práctica de Alemania no se ajustara a las normas que exigían a los Estados Unidos (Recueil 2001, p. 489, párr. 63).

47. El Tribunal recuerda que, en cualquier caso, es esencial tener presente la naturaleza de la Convención de Viena. En efecto, establece ciertas normas que deben ser observadas por todos los Estados Partes, con miras al “desarrollo sin trabas de las relaciones consulares”, lo que, como observó el Tribunal en 1979, es importante en el derecho internacional actual “para promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones y asegurar la protección y la asistencia a los extranjeros residentes en los territorios de otros Estados” (United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Providencia de 15 de diciembre de 1979, Recueil 1979, pp. 19-20, párr. 40). Incluso si se demostrara, por tanto, que la práctica de México en cuanto a la aplicación del artículo 36 no era irreprochable, esto no constituiría un motivo de objeción a la admisibilidad de la reclamación de México.

Por lo tanto, la quinta objeción de los Estados Unidos a la admisibilidad no puede sostenerse. ***[p 39] 48. Habiendo establecido que tiene jurisdicción para conocer de las reclamaciones de México y que son admisibles, la Corte pasará ahora al fondo de dichas reclamaciones.

Artículo 36, párrafo 1

49. En sus alegatos finales México solicita a la Corte que adjudique y declare que,

“Estados Unidos de América, al arrestar, detener, juzgar, condenar y sentenciar a los 52 nacionales mexicanos condenados a muerte descritos en el Memorial de México, violó sus obligaciones jurídicas internacionales para con México, por derecho propio y en ejercicio de su derecho a la protección diplomática de sus nacionales, al no informar, sin demora, a los 52 nacionales mexicanos, después de su detención, de su derecho a la notificación consular y al acceso en virtud del artículo 36 (1) (b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y al privar a México de su derecho a proporcionar protección consular y del derecho de los 52 nacionales a recibir la protección que México proporcionaría en virtud del artículo 36 (1) (a) y (c) de la Convención”.

50.

El Tribunal ya describió en su sentencia en el asunto LaGrand el párrafo 1 del artículo 36 como “un régimen interrelacionado destinado a facilitar la aplicación del sistema de protección consular” (Recueil 2001, p. 492, párr. 74). Conviene, pues, exponer íntegramente dicho apartado.

“Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relativas a los nacionales del Estado que envía:

(a) los funcionarios consulares tendrán libertad para comunicarse con los nacionales del Estado que envía y para tener acceso a ellos.

Los nacionales del Estado que envía gozarán de la misma libertad de comunicación con los funcionarios consulares del Estado que envía y de acceso a los mismos;
(b) Si lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor informarán sin demora a la oficina consular del Estado que envía si, dentro de su circunscripción consular, un nacional de dicho Estado es arrestado o ingresado en prisión preventiva o es detenido de cualquier otra forma. Toda comunicación dirigida a la oficina consular por la persona detenida, presa, presa preventiva o detenida será transmitida por dichas autoridades [p 40] sin demora. Dichas autoridades informarán sin demora al interesado de los derechos que le asisten en virtud del presente apartado;
(c) Los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar a un nacional del Estado que envía que se halle preso, detenido o encarcelado, a conversar y mantener correspondencia con él y a organizar su representación legal.

También tendrán derecho a visitar a cualquier nacional del Estado que envía que se encuentre en prisión, bajo custodia o detenido en su circunscripción en cumplimiento de una sentencia. No obstante, los funcionarios consulares se abstendrán de actuar en favor de un nacional que se halle preso, detenido o encarcelado si éste se opone expresamente a ello.”

51. Estados Unidos, como Estado receptor, no niega su deber de cumplir estas obligaciones.

Sin embargo, alega que las obligaciones sólo se aplican a las personas que se demuestre que son de nacionalidad mexicana únicamente, y no a las que tengan doble nacionalidad mexicana/estadounidense. Además, Estados Unidos sostiene, entre otras cosas, que no ha cometido ninguna violación del artículo 36, párrafo 1, inciso b), según la interpretación correcta de “sin demora”, tal como se utiliza en dicho inciso.

52.

52. Así pues, las dos cuestiones principales en virtud del apartado b) del párrafo 1 del artículo 36 que son objeto de controversia entre las Partes son, en primer lugar, la cuestión de la nacionalidad de las personas de que se trata y, en segundo lugar, la cuestión del significado que debe darse a la expresión “sin demora”. El Tribunal de Justicia examinará sucesivamente cada una de ellas.

53.

Las Partes han presentado sus alegaciones sobre la nacionalidad en tres contextos jurídicos diferentes. Estados Unidos ha comenzado haciendo una objeción a la admisibilidad, que el Tribunal ya ha tratado (véanse los párrafos 41 y 42 supra). Estados Unidos ha alegado además que un número sustancial de las 52 personas enumeradas en el párrafo 16 supra eran nacionales de Estados Unidos y que, por tanto, no tenía ninguna obligación para con estas personas en virtud del artículo 36, párrafo 1 (b).

El Tribunal abordará este aspecto del asunto en los párrafos siguientes. Por último, las Partes no están de acuerdo en si el requisito establecido en el párrafo 1 b) del artículo 36 de que la información se facilite “sin demora” entra en vigor en el momento de la detención o cuando se determina la nacionalidad.

El Tribunal abordará esta cuestión más adelante (véase el párrafo 63 infra).
54. Las Partes discrepan en cuanto a lo que cada una de ellas debe demostrar en cuanto a la nacionalidad en relación con la aplicabilidad de los términos del artículo 36, párrafo 1, y en cuanto a cómo se han cumplido los principios de prueba en los hechos de los casos.

[p 41]

55. Ambas Partes reconocen el principio bien establecido en derecho internacional de que el litigante que pretende establecer la existencia de un hecho tiene la carga de probarlo (cf. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 437, para. 101).

México reconoce que le incumbe la carga de la prueba para demostrar que las 52 personas enumeradas en el párrafo 16 supra eran nacionales mexicanos a los que en principio se aplican las disposiciones del apartado b) del párrafo 1 del artículo 36. Afirma que ha cumplido esta carga mediante la presentación de las pruebas correspondientes. Afirma que ha cumplido con esta carga al proporcionar a la Corte las actas de nacimiento de estos nacionales y las declaraciones de 42 de ellos de que no han adquirido la nacionalidad estadounidense. México sostiene además que la carga de la prueba corresponde a Estados Unidos en caso de que desee sostener que determinadas personas detenidas de nacionalidad mexicana eran, en el momento pertinente, también nacionales de Estados Unidos.

56. Estados Unidos acepta que en tales casos tiene la carga de la prueba para demostrar la nacionalidad estadounidense, pero sostiene que, no obstante, la “carga de la prueba” al respecto sigue correspondiendo a México. Estados Unidos explica que esta distinción surge del hecho de que las personas de nacionalidad mexicana también pueden haber adquirido la ciudadanía estadounidense por ministerio de la ley, dependiendo de las fechas y lugares de nacimiento de sus padres, lugares de residencia, estado civil en el momento de su nacimiento, etcétera.

En opinión de Estados Unidos “prácticamente toda esa información está en manos de México a través de los ahora 52 individuos que representa”. Estados Unidos sostiene que era responsabilidad de México presentar dicha información, responsabilidad que no ha cumplido.

57.
La Corte considera que corresponde a México demostrar que las 52 personas enumeradas en el párrafo 16 supra tenían nacionalidad mexicana en el momento de su detención. La Corte observa que para ello México ha presentado actas de nacimiento y declaraciones de nacionalidad, cuyo contenido no ha sido impugnado por Estados Unidos.

La Corte observa además que Estados Unidos ha cuestionado, sin embargo, que algunas de estas personas no fueran también nacionales estadounidenses.

Así, Estados Unidos ha informado a la Corte que, “en el caso del acusado Ayala (caso No. 2) estamos casi seguros de que Ayala es ciudadano de Estados Unidos”, y que esto podría confirmarse con absoluta certeza si México presentara hechos al respecto. Del mismo modo, se dijo que era “probable” que el Sr. Avena (caso nº 1) fuera ciudadano estadounidense, y que había “alguna posibilidad” de que otros 16 acusados fueran ciudadanos estadounidenses. En cuanto a otros seis, Estados Unidos dijo que “no podía descartar la posibilidad” de que tuvieran la nacionalidad estadounidense.
El Tribunal considera que correspondía a Estados Unidos demostrar que así era y facilitar al Tribunal toda la información sobre el asunto que obrara en su poder. En la medida en que los Estados Unidos afirman que México tiene conocimiento de datos relevantes al respecto, correspondía a los Estados Unidos solicitar dicha información a las autoridades mexicanas. El Tribunal no puede aceptar que, porque dicha información pueda haber estado en parte en manos de México, correspondiera a México presentar dicha información. Correspondía a Estados Unidos solicitar dicha información, con suficiente especificidad, y demostrar tanto que así se hizo como que las autoridades mexicanas declinaron o no respondieron a dichas solicitudes específicas. Sin embargo, en ningún momento Estados Unidos ha demostrado al Tribunal que realizara solicitudes específicas a dichas autoridades sobre casos concretos y que no obtuvieran respuesta. En consecuencia, el Tribunal concluye que Estados Unidos no ha cumplido con su carga de la prueba en su intento de demostrar que las personas de nacionalidad mexicana eran también nacionales de Estados Unidos.

Por lo tanto, la Corte considera que, en lo que respecta a las 52 personas enumeradas en el párrafo 16 supra, Estados Unidos tenía obligaciones en virtud del artículo 36, párrafo 1 b).

58. México solicita a la Corte que concluya que

“la obligación del artículo 36, párrafo 1, de la Convención de Viena exige la notificación de los derechos consulares y una oportunidad razonable de acceso consular antes de que las autoridades competentes del Estado receptor tomen cualquier medida potencialmente perjudicial para los derechos del extranjero”.

59. México sostiene que, en cada uno de los 52 casos ante la Corte, Estados Unidos no proporcionó a las personas detenidas “sin demora” información sobre sus derechos conforme al artículo 36, párrafo 1 b). Alega que en un caso, el del Sr. Esquivel (caso nº 7), se informó a la persona detenida, pero sólo unos 18 meses después de la detención, mientras que en otro, el del Sr. Juárez (caso nº 10), se informó a la persona detenida de sus derechos unas 40 horas después de la detención. México sostiene que esto aún constituyó una violación, porque “sin demora” debe entenderse como “inmediatamente”, y en cualquier caso antes de que se produzca cualquier interrogatorio. México llama además la atención de la Corte sobre el hecho de que en este caso un tribunal de Estados Unidos determinó que había habido una violación del Artículo 36, párrafo 1 (b), y alega que Estados Unidos no puede desconocer tal determinación de sus propios tribunales. En un Anexo a su Memorial, México menciona que, en un tercer caso (Sr. Ayala, caso No. 2), el acusado fue informado de sus derechos a su llegada al corredor de la muerte, unos cuatro años después de su detención.

México sostiene que, en los casos restantes, los mexicanos en cuestión nunca fueron, de hecho, informados en tal sentido por las autoridades estadounidenses.
60. Estados Unidos impugna tanto los hechos presentados por México como el análisis jurídico del Artículo 36, párrafo 1 (b), de la Convención de Viena ofrecido por México. Estados Unidos alega que el Sr. Solache (caso No. 47) fue informado de sus derechos en virtud de la Convención de Viena [p 43] unos siete meses después de su detención. Estados Unidos alega además que muchas de las personas afectadas eran de nacionalidad estadounidense y que al menos siete de estas personas “parecen haber afirmado afirmativamente ser ciudadanos estadounidenses en el momento de su detención”.
Se dijo que estos casos eran los de Avena (caso No. 1), Ayala (caso No. 2), Benavides (caso No. 3), Ochoa (caso No. 18), Salcido (caso No. 22), Tafoya (caso No. 24) y Álvarez (caso No. 30). En opinión de Estados Unidos, en estos casos no surgió ningún deber de información consular. Además, en opinión de los Estados Unidos, en los casos del Sr. Ayala (caso No. 2) y del Sr. Salcido (caso No. 22) no había razón para creer que las personas detenidas eran nacionales mexicanos en ningún momento; la información en el caso del Sr. Juárez (caso No. 10) se dio “sin demora”.

61. Así pues, el Tribunal pasa ahora a la interpretación del apartado b) del párrafo 1 del artículo 36, tras haber constatado en el párrafo 57 supra que es aplicable a las 52 personas enumeradas en el párrafo 16. Comienza señalando que el artículo 36, párrafo 1 (b), contiene tres elementos separados pero interrelacionados: el derecho de la persona afectada a ser informada sin demora de sus derechos en virtud del artículo 36, párrafo 1 (b); el derecho de la oficina consular a ser notificada sin demora de la detención de la persona, si así lo solicita; y la obligación del Estado receptor de transmitir sin demora cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona detenida.

62. El tercer elemento del artículo 36, párrafo 1 (b), no ha sido planteado en los hechos ante el Tribunal.

Por lo tanto, el Tribunal comienza con el derecho de una persona arrestada o detenida a la información.
63. 63. El Tribunal considera que la obligación de las autoridades encargadas de la detención de proporcionar la información prevista en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 36 a la persona surge una vez que se tiene conocimiento de que la persona es extranjera, o una vez que existen motivos para pensar que la persona es probablemente extranjera. El momento exacto en que esto puede ocurrir variará en función de las circunstancias. El folleto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Consular Notification and Access — Instructions for Federal, State and Local Law Enforcement and Other Officials Regarding Foreign Nationals in the United States and the Rights of Consular Officials to Assist Them, publicado para las autoridades federales, estatales y locales con el fin de promover el cumplimiento del artículo 36 de la Convención de Viena señala en estos casos que: “la mayoría, pero no todas, las personas nacidas fuera de Estados Unidos no son [ciudadanos].
El desconocimiento del inglés también puede indicar nacionalidad extranjera”. El Tribunal señala que cuando la propia persona detenida afirma ser de nacionalidad estadounidense, es probable que la constatación por parte de las autoridades de que en realidad no lo es, o los motivos para ello, se produzcan algo más tarde en el tiempo[p 44].

64. Estados Unidos ha manifestado al Tribunal que millones de extranjeros residen, legal o ilegalmente, en su territorio, y además que sus leyes relativas a la ciudadanía son generosas. Estados Unidos también ha señalado que es una sociedad multicultural, en la que la ciudadanía la ostentan personas de apariencia diversa, que hablan muchas lenguas. El Tribunal de Justicia aprecia que, en Estados Unidos, la lengua que habla una persona o su apariencia no indican necesariamente que sea extranjera. Sin embargo, y en particular teniendo en cuenta el gran número de extranjeros que viven en Estados Unidos, estas mismas circunstancias sugieren que sería deseable que se investigara rutinariamente la nacionalidad del individuo en el momento de su detención, para poder cumplir con las obligaciones de la Convención de Viena.
Los Estados Unidos han informado al Tribunal de que algunas de sus autoridades policiales preguntan sistemáticamente a las personas detenidas si son ciudadanos estadounidenses. De hecho, si a cada individuo se le dijera en ese momento que, en caso de ser extranjero, tiene derecho a solicitar que se contacte con su oficina consular, el cumplimiento de este requisito establecido en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 36 mejoraría considerablemente.
El suministro de dicha información podría ser paralelo a la lectura de aquellos derechos de los que toda persona detenida en relación con un delito penal debe ser informada antes del interrogatorio en virtud de lo que en Estados Unidos se conoce como la “regla Miranda”; estos derechos incluyen, entre otros, el derecho a permanecer en silencio, el derecho a que un abogado esté presente durante el interrogatorio y el derecho a que se le designe un abogado a expensas del gobierno si la persona no puede permitírselo. El Tribunal señala que, según Estados Unidos, esta práctica con respecto a los derechos de la Convención de Viena ya se sigue en algunas jurisdicciones locales.

65. Teniendo en cuenta las complejidades explicadas por Estados Unidos, el Tribunal comienza ahora por examinar la aplicación del artículo 36, párrafo 1 b), de la Convención de Viena a los 52 casos.

En 45 de estos casos, el Tribunal no tiene constancia de que las personas detenidas reclamaran la nacionalidad estadounidense, o se pensara razonablemente que eran nacionales de Estados Unidos, habiéndose realizado oportunamente averiguaciones específicas para verificar dicha doble nacionalidad. El Tribunal ha explicado en el párrafo 57 supra qué indagaciones habría esperado que se hubieran realizado, en un plazo breve, y qué información se debería haber facilitado al Tribunal.

66. Sin embargo, los Estados Unidos afirman que siete personas declararon en el momento de la detención que eran ciudadanos estadounidenses.

Únicamente en el caso del Sr. Salcido (caso No. 22) Estados Unidos ha proporcionado a la Corte pruebas de tal declaración. Esto ha sido reconocido por México. Además, no ha habido pruebas ante el Tribunal que sugieran que en este caso hubiera también al mismo tiempo indicios de nacionalidad mexicana, lo que debería haber provocado una rápida investigación por parte de las autoridades encargadas de la detención y el suministro de información consular “sin demora”. En consecuencia, México no ha demostrado que en [p 45] el caso del señor Salcido los Estados Unidos violaran sus obligaciones en virtud del artículo 36, párrafo 1 b).

67. En el caso del Sr. Ayala (caso No. 2), si bien fue identificado en un acta judicial en 1989 (tres años después de su arresto) como ciudadano de Estados Unidos, no hay pruebas que demuestren a esta Corte que el acusado efectivamente afirmó en el momento de su arresto ser ciudadano de Estados Unidos. El Tribunal no ha sido informado de ninguna investigación realizada por los Estados Unidos para confirmar estas afirmaciones de nacionalidad estadounidense.

68. En los otros cinco casos enumerados por los Estados Unidos como casos en los que los individuos “parecen haber afirmado afirmativamente ser ciudadanos de los Estados Unidos en el momento de su detención”, no se ha presentado ninguna prueba de que se hiciera tal declaración en el momento de la detención.
69. El Sr. Avena (caso nº 1) figura en su informe de detención como nacido en California. Sus registros de prisión lo describen como de nacionalidad mexicana. Estados Unidos no ha demostrado al Tribunal que estuviera realizando averiguaciones para confirmar la nacionalidad estadounidense.

70. El Sr. Benavides (caso No. 3) portaba una tarjeta de inmigración del Servicio de Inmigración y Naturalización en el momento de su detención en 1991. El Tribunal no ha tenido conocimiento de ninguna razón por la que las autoridades encargadas de la detención debieran haber creído no obstante en el momento de la detención que era nacional de los Estados Unidos. La prueba de que su abogado defensor en junio de 1993 informó al tribunal de que el Sr. Benavides se había convertido en ciudadano de los Estados Unidos es irrelevante para lo que se entendía en cuanto a su nacionalidad en el momento de la detención.

71. En cuanto al Sr. Ochoa (caso nº 18), el Tribunal observa que su informe de detención en 1990 se refiere a él como nacido en México, afirmación que se repite en un segundo informe policial. Unos dos años más tarde, detalles de su expediente judicial se refieren a él como ciudadano estadounidense nacido en México.

El Tribunal no recibe más detalles. Estados Unidos no ha demostrado a este Tribunal que tuviera conocimiento de la supuesta nacionalidad estadounidense en el momento de su detención, o que estuviera realizando una investigación activa al respecto.

72. El Sr. Tafoya (caso nº 24) figuraba en la ficha policial como nacido en México.

Los Estados Unidos no facilitan más información sobre la razón de ello ni sobre qué otras averiguaciones, si las hubo, se estaban haciendo en relación con la nacionalidad del acusado.

73. Por último, la última de las siete personas mencionadas por los Estados Unidos en este grupo, el Sr. Álvarez (caso Nº 30), fue detenido en Texas el 20 de junio de 1998. Los registros de Texas lo identificaban como ciudadano estadounidense. Sin embargo, a los tres días de su detención, las autoridades de Texas fueron [p 46] informadas de que el Servicio de Inmigración y Naturalización estaba llevando a cabo investigaciones para determinar si, debido a una condena anterior, el Sr. Álvarez estaba sujeto a deportación como ciudadano extranjero. No se han presentado al Tribunal pruebas de que se buscara una resolución rápida en cuanto a la cuestión de la nacionalidad del Sr. Álvarez. 74. La Corte concluye que México no ha probado la violación por parte de Estados Unidos de sus obligaciones en virtud del artículo 36, párrafo 1 b), en el caso del señor Salcido (caso No. 22), y su caso no será objeto de mayores comentarios. Por otra parte, en lo que respecta a las demás personas que supuestamente han reclamado la nacionalidad estadounidense en el momento de su detención, cuyos casos se han examinado en los párrafos 67 a 73 supra, el argumento de los Estados Unidos no puede sostenerse.

75. No obstante, subsiste la cuestión de si, en cada uno de los 45 casos mencionados en el apartado 65 y de los seis casos mencionados en los apartados 67 a 73, Estados Unidos proporcionó “sin demora” la información requerida a las personas detenidas.

Es a esta cuestión a la que se refiere ahora el Tribunal de Justicia.76. El Tribunal ha recibido declaraciones de varios de los nacionales mexicanos afectados que atestiguan que nunca fueron informados de sus derechos en virtud del artículo 36, párrafo 1 b). De entrada, la Corte observa que, en 47 de esos casos, los Estados Unidos no impugnan en ninguna parte este hecho de no haber sido informados. No obstante, en el caso del Sr. Hernández (caso núm. 34), los Estados Unidos observan que
“Aunque el agente [encargado de la detención] no preguntó a Hernández Llanas si quería que informaran al Consulado de México de su detención, ciertamente no era irrazonable que supusiera que un convicto fugado no querría que se notificara su detención al Consulado del país del que se había fugado”.

El Tribunal señala que el claro deber de proporcionar información consular en virtud del artículo 36, apartado 1, letra b), no invita a hacer suposiciones sobre lo que la persona detenida podría preferir, como motivo para no informarle. Más bien otorga a la persona detenida, una vez informada, el derecho a decir que, no obstante, no desea que se notifique a su oficina consular. De ello se deduce necesariamente que en cada uno de estos 47 casos se ha incumplido el deber de informar “sin demora”.

77. En cuatro casos, a saber, Ayala (caso núm. 2), Esquivel (caso núm. 7), Juárez (caso núm. 10) y Solache (caso núm. 47), subsisten algunas dudas en cuanto a si la información que se dio fue proporcionada sin demora. Por lo tanto, en estos casos es necesario examinar el término.

78. Esta es una cuestión sobre la que las Partes tienen puntos de vista muy diferentes. [Según México, el momento de la notificación a la persona detenida “es crítico para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 36” y la frase “sin demora” en el párrafo 1 (b) requiere “inmediatez sin reservas”. México sostiene además que, en vista del objeto y fin del Artículo 36, que es permitir “una asistencia consular significativa” y la salvaguarda de la vulnerabilidad de los extranjeros detenidos,

“la notificación consular […] debe ocurrir inmediatamente después de la detención y antes de cualquier interrogatorio del extranjero detenido, a fin de que el cónsul pueda ofrecer asesoría útil sobre el sistema jurídico extranjero y proporcionar asistencia para obtener un abogado antes de que el extranjero tome cualquier decisión mal informada o el Estado tome cualquier acción potencialmente perjudicial para sus derechos”.

79. Así, en opinión de México, en cualquier caso en el que un extranjero fuera interrogado antes de ser informado de sus derechos en virtud del artículo 36, habría ipso facto una violación de dicho artículo, por muy rápidamente que después del interrogatorio se diera la información al extranjero. En consecuencia, México incluye el caso del señor Juárez entre aquellos en los que alega violación del artículo 36, párrafo 1, inciso b), ya que fue interrogado antes de ser informado de sus derechos consulares, unas 40 horas después de su detención.

80. México también ha invocado los travaux preparatoires de la Convención de Viena en apoyo de su interpretación del requisito de que la persona detenida sea informada “sin demora” del derecho a solicitar que se notifique a la oficina consular. En particular, México recordó que la frase propuesta a la Conferencia por la Comisión de Derecho Internacional, “sin demora indebida”, fue sustituida por la propuesta del Reino Unido de suprimir la palabra “indebida”. El representante del Reino Unido había explicado que así se evitaría la implicación de que “era permisible cierto retraso” y ningún delegado había expresado su desacuerdo con las declaraciones de la URSS y Japón de que el resultado de la enmienda sería exigir la información “inmediatamente”.

81. Estados Unidos cuestionó esta interpretación de la frase “sin demora”. En su opinión, no significaba “inmediatamente y antes del interrogatorio” y tal interpretación no estaba respaldada ni por la terminología, ni por el objeto y la finalidad de la Convención de Viena, ni por sus travaux preparatoires. En el folleto mencionado en el párrafo 63 supra, el Departamento de Estado explica que “sin demora” significa que “no debe haber demora deliberada” y que la medida requerida debe tomarse “tan pronto como sea razonablemente posible dadas las circunstancias”. Normalmente cabía esperar que la “notificación a los funcionarios consulares” se hubiera realizado “en el plazo de 24 a 72 horas desde el arresto o la detención”. Estados Unidos sostuvo además que tal interpretación de las palabras “sin demora” sería razonable en sí misma y permitiría también una interpretación coherente de la frase tal y como aparece en cada una de las tres ocasiones diferentes en el Artículo 36, párrafo 1 (b). En cuanto a los travaux preparatoires, sólo mostraban que el retraso indebido o deliberado había sido rechazado como inaceptable.

82. Según Estados Unidos, la finalidad del artículo 36 era facilitar el ejercicio de las funciones consulares por un funcionario consular:

“El significado de dar información consular a un nacional es, por tanto, limitado. . . Se trata de un mecanismo de procedimiento que permite al extranjero iniciar el proceso de notificación correspondiente. . . [No] puede ser fundamental para el proceso de justicia penal.”

83. El Tribunal aborda ahora la cuestión de la interpretación adecuada de la expresión “sin demora” a la luz de los argumentos presentados por las Partes. El Tribunal comienza señalando que el significado preciso de “sin demora”, tal como debe entenderse en el artículo 36, párrafo 1 b), no está definido en el Convenio. Por lo tanto, esta frase requiere una interpretación conforme a las normas consuetudinarias de interpretación de los tratados reflejadas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

84. El artículo 1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que define algunos de los términos utilizados en la Convención, no ofrece ninguna definición de la expresión “sin demora”. Además, en las diferentes versiones lingüísticas de la Convención se emplean diversos términos para traducir las frases “sin demora” en el artículo 36 e “inmediatamente” en el artículo 14. El Tribunal observa que las definiciones de los diccionarios, en las distintas lenguas de la Convención de Viena, ofrecen diversos significados del término “sin demora” (y también de “inmediatamente”). Por lo tanto, es necesario buscar en otra parte la comprensión de este término.

85. En cuanto al objeto y fin del Convenio, el Tribunal observa que el artículo 36 prevé que los funcionarios consulares tengan libertad para comunicarse con los nacionales del Estado que envía, para tener acceso a ellos, para visitarlos y hablar con ellos y para organizar su representación legal. No está previsto, ni en el apartado 1 del artículo 36 ni en ninguna otra parte del Convenio, que las funciones consulares impliquen que el propio funcionario consular actúe como representante legal o participe más directamente en el proceso de justicia penal. De hecho, así lo confirma la redacción del apartado 2 del artículo 36 del Convenio. Así pues, ni los términos del Convenio tal como se entienden normalmente, ni su objeto y finalidad, sugieren que “sin demora” deba entenderse como “inmediatamente después de la detención y antes del interrogatorio”.

86. El Tribunal señala además que, a pesar de las incertidumbres de los travaux preparatoires, éstos tampoco apoyan tal interpretación. Durante la conferencia diplomática, el experto de la conferencia, antiguo Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional, explicó a los delegados que las palabras “sin demora indebida” habían sido introducidas por la Comisión, tras largas discusiones tanto en el pleno como en el comité de redacción, para permitir circunstancias especiales que pudieran permitir que la información relativa a la notificación consular no se diera de inmediato. Alemania, el único de los dos Estados que presentaron una enmienda, propuso añadir “pero a más tardar en el plazo de un mes”. Hubo un largo debate entre muchos delegados sobre qué plazo exterior sería aceptable. Durante el debate, ningún delegado propuso “inmediatamente”. El plazo específico más breve sugerido fue el del Reino Unido, a saber, “sin demora” y a más tardar “48 horas” después. Finalmente, a falta de acuerdo sobre un plazo preciso, se aceptó la otra propuesta del Reino Unido de suprimir la palabra “indebida” como la posición en torno a la cual podían converger los delegados. También es de interés que no hay ninguna sugerencia en los travaux de que la frase “sin demora” pueda tener diferentes significados en cada uno de los tres conjuntos de circunstancias en que se utiliza en el artículo 36, párrafo 1 (b).

87. Así pues, el Tribunal considera que “sin demora” no debe interpretarse necesariamente como “inmediatamente” después de la detención. Observa además que durante los debates de la Conferencia sobre este término, ningún delegado hizo relación alguna con la cuestión del interrogatorio. El Tribunal considera que la disposición de la letra b) del apartado 1 del artículo 36, según la cual las autoridades del Estado receptor “informarán sin demora a la persona interesada de sus derechos” no puede interpretarse en el sentido de que el suministro de dicha información deba preceder necesariamente a cualquier interrogatorio, de modo que el inicio del interrogatorio antes de que se facilite la información constituiría una violación del artículo 36.

88. Aunque, por aplicación de las normas habituales de interpretación, “sin demora” en lo que respecta a la obligación de informar a una persona en virtud del artículo 36, apartado 1, letra b), no debe entenderse necesariamente en el sentido de “inmediatamente después de la detención”, existe, no obstante, la obligación de las autoridades encargadas de la detención de facilitar esa información a una persona detenida tan pronto como se tenga conocimiento de que la persona es extranjera, o una vez que existan motivos para pensar que la persona es probablemente extranjera.

89. Con una excepción, en ninguno de los casos citados en el apartado 77 se facilitó información sobre el derecho a la notificación consular dentro de los distintos plazos sugeridos por los delegados de la Conferencia sobre la Convención de Viena o por los propios Estados Unidos (véanse los apartados 81 y 86 supra). De hecho, la información no se facilitó en absoluto o en períodos muy alejados del momento de la detención. En el caso del Sr. Juárez (caso nº 10), el acusado fue informado de sus [p 50] derechos consulares 40 horas después de su detención. El Tribunal observa, sin embargo, que el informe de detención del Sr. Juárez afirmaba que había nacido en México; además, había indicios de su nacionalidad mexicana desde el momento de su interrogatorio inicial por agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) tras su detención. De ello se deduce que la nacionalidad mexicana del Sr. Juárez era evidente desde el inicio de su detención por las autoridades estadounidenses. En estas circunstancias, de acuerdo con su interpretación de la expresión “sin demora” (véase el párrafo 88 supra), el Tribunal concluye que Estados Unidos violó la obligación que le incumbe en virtud del artículo 36, párrafo 1 b), de informar sin demora al Sr. Juárez de sus derechos consulares. El Tribunal observa que la misma conclusión fue alcanzada por un Tribunal Superior de California, aunque por motivos diferentes.

90. En consecuencia, el Tribunal concluye que, con respecto a cada una de las personas enumeradas en el párrafo 16, con excepción del Sr. Salcido (caso núm. 22; véase el párrafo 74 supra), Estados Unidos ha violado la obligación que le impone el artículo 36, párrafo 1 b), de la Convención de Viena de proporcionar información a la persona detenida.

91. Como se ha señalado anteriormente, el apartado b) del párrafo 1 del artículo 36 contiene tres elementos. Hasta ahora, el Tribunal se ha ocupado del derecho de una persona detenida a ser informada de que puede solicitar que se notifique a su oficina consular. El Tribunal aborda ahora otro aspecto del Artículo 36, párrafo 1 (b). La Corte considera que Estados Unidos tiene razón al observar que el hecho de que una oficina consular mexicana no haya sido notificada conforme al artículo 36, párrafo 1 (b), no demuestra necesariamente que la persona detenida no haya sido informada de sus derechos conforme a esa disposición. Puede haber sido informado y haber declinado que se notificara a su oficina consular. Sin embargo, la entrega de la información es relevante para satisfacer el elemento del artículo 36, apartado 1, letra b), del que dependen los otros dos elementos del mismo.

92. Sólo en dos casos ha alegado Estados Unidos que la persona detenida fue informada de sus derechos consulares pero pidió que no se notificara a la oficina consular. Se trata de los señores Juárez (caso núm. 10) y Solache (caso núm. 47).

93. El Tribunal está convencido de que cuando el Sr. Juárez (caso Nº 10) fue informado de sus derechos consulares 40 horas después de su detención (véase el párrafo 89) optó por que no se notificara a su oficina consular. En cuanto al Sr. Solache (caso nº 47), sin embargo, no está suficientemente claro para el Tribunal, con las pruebas de que dispone, que solicitara que no se notificara a su oficina consular. En efecto, no se ha proporcionado al Tribunal ninguna razón que explique por qué, si se presentó una solicitud de no notificación, la oficina consular fue luego notificada unos tres meses más tarde.

94. En otros tres casos, Estados Unidos alega que se notificó formalmente a la oficina consular la detención de uno de sus nacionales mexicanos sin que se informara previamente a la persona de sus derechos consulares. Se trata de los señores Covarrubias (caso No. 6), Hernández (caso No. 34) y Reyes (caso No. 54). Estados Unidos sostiene además que las autoridades mexicanas fueron contactadas en relación con el caso del señor Loza (caso No. 52).

95. El Tribunal observa que, en el caso del Sr. Covarrubias (caso No. 6), las autoridades consulares se enteraron por terceros de su detención poco después de que ocurriera. Unos 16 meses después, un intérprete designado por el tribunal solicitó que el consulado interviniera en el caso antes del juicio. Parece dudoso que un intérprete pueda ser considerado autoridad competente para activar las disposiciones interrelacionadas del artículo 36, apartado 1, letra b), de la Convención de Viena. En el caso del Sr. Reyes (caso núm. 34), los Estados Unidos se han limitado a decir al Tribunal que un abogado del Departamento de Justicia de Oregón había informado a las autoridades de los Estados Unidos de que tanto el Fiscal del Distrito como el detective que efectuó la detención avisaron a las autoridades consulares mexicanas de su detención. No se da ninguna información sobre cuándo ocurrió esto, en relación con la fecha de su detención. El Sr. Reyes sí recibió asistencia antes de su juicio. En estos dos casos, el Tribunal considera que, incluso en la hipótesis de que la conducta de los Estados Unidos no tuviera consecuencias graves para las personas afectadas, constituyó no obstante una violación de las obligaciones que incumben a los Estados Unidos en virtud del artículo 36, párrafo 1 b).

96. En el caso del Sr. Loza (caso núm. 52), un congresista estadounidense de Ohio se puso en contacto con la Embajada de México en nombre de los fiscales de Ohio, unos cuatro meses después de la detención del acusado, “para interesarse por los procedimientos para obtener una copia certificada de la partida de nacimiento de Loza”. El Tribunal no ha recibido copia de la carta del congresista y, por tanto, no puede determinar si en ella se explicaba que el Sr. Loza había sido detenido. La respuesta de la Embajada (que tampoco consta en la documentación aportada al Tribunal) fue transmitida por el diputado al fiscal, quien solicitó al Registro Civil de Guadalajara una copia del acta de nacimiento. En esta solicitud no se hacía mención específica a la detención del Sr. Loza. México sostiene que nunca se notificó formalmente a su consulado la detención del Sr. Loza, de la que sólo tuvo conocimiento después de que hubiera sido declarado culpable y condenado a muerte. México incluye el caso del Sr. Loza entre aquellos en los que Estados Unidos incumplió su obligación de notificación consular. Teniendo en cuenta todos estos elementos, y en particular el hecho de que se contactó con la Embajada cuatro meses después de la detención, y que la oficina consular tuvo conocimiento de la detención del acusado sólo después de que hubiera sido declarado culpable y condenado, la Corte concluye que en el caso del Sr. Loza Estados Unidos violó la obligación de notificación consular sin demora que le incumbe en virtud del artículo 36, párrafo 1 b).[p 52].

97. El Sr. Hernández (caso nº 34) fue detenido en Texas el miércoles 15 de octubre de 1997. Las autoridades estadounidenses no tenían motivos para creer que pudiera tener la nacionalidad estadounidense. La oficina consular fue notificada el lunes siguiente, es decir, cinco días (correspondientes a sólo tres días laborables) después. El Tribunal considera que, dadas las circunstancias, Estados Unidos notificó sin demora a la oficina consular, de conformidad con la obligación que le incumbe en virtud del artículo 36, apartado 1, letra b).

98. En el primero de sus alegatos finales, México también solicita a la Corte que concluya que las violaciones que atribuye a Estados Unidos respecto del artículo 36, párrafo 1 (b), también han privado a “México de su derecho a proporcionar protección consular y del derecho de los 52 nacionales a recibir la protección que México proporcionaría de conformidad con el artículo 36 (1) (a) y (c) de la Convención”.

99. La relación entre los tres apartados del párrafo 1 del artículo 36 ha sido descrita por el Tribunal en su Sentencia en el asunto LaGrand (I.C.J. Judgments 2001, p. 492, párr. 74) como “un régimen interrelacionado”. Las conclusiones jurídicas que deben extraerse de esa interrelación dependen necesariamente de los hechos de cada caso. En el asunto LaGrand, el Tribunal consideró que el hecho de no haber informado durante 16 años a los hermanos de su derecho a que se notificara a su cónsul impidió efectivamente el ejercicio de otros derechos que Alemania podría haber decidido ejercer en virtud de los apartados a) y c).

100. Es necesario volver a examinar la interrelación de los tres apartados del artículo 36, apartado 1, a la luz de los hechos y circunstancias particulares del presente asunto.

101. En primer lugar, el Tribunal recuerda que, en el caso del Sr. Juárez (asunto nº 10) (véase el párrafo 93 supra), cuando se informó al acusado de sus derechos, éste declinó que se notificara a su oficina consular. Por lo tanto, en este caso no hubo violación ni del apartado a) ni del apartado c) del párrafo 1 del artículo 36.

102. En los casos restantes, debido a que Estados Unidos no actuó de conformidad con el apartado b) del párrafo 1 del artículo 36, se impidió a México (en algunos casos totalmente y en otros durante períodos prolongados) ejercer el derecho que le confiere el apartado a) del párrafo 1 de comunicarse con sus nacionales y tener acceso a ellos. Como el Tribunal ya ha tenido ocasión de explicar, es irrelevante que México hubiera ofrecido asistencia consular, “o que se hubiera dictado una sentencia diferente. Basta con que el Convenio haya conferido estos derechos” (Recueil 2001, p. 492, párr. 74), que podrían haber sido ejercidos.

103. Lo mismo ocurre, pari passu, con ciertos derechos identificados en el apartado c): “los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar a un nacional del Estado que envía que se encuentre en prisión, custodia o detención, y a conversar y mantener correspondencia con él…”[p 54].

104. Por otra parte, y en los hechos particulares de este caso, no puede darse una respuesta tan generalizada en lo que respecta a otro derecho mencionado en el apartado c), a saber, el derecho de los funcionarios consulares “a organizar [la] representación legal” del nacional extranjero. México ha puesto mucho énfasis en este litigio sobre la importancia de que los funcionarios consulares puedan organizar dicha representación antes y durante el juicio, y especialmente en la sentencia, en casos en los que se pueda imponer una pena severa. México ha indicado además la importancia de cualquier ayuda financiera o de otro tipo que los funcionarios consulares puedan proporcionar a los abogados defensores, entre otras cosas para la investigación de los antecedentes familiares y el estado mental del acusado, cuando dicha información sea relevante para el caso. El Tribunal observa que el ejercicio de los derechos del Estado que envía en virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 36 depende de la notificación por parte de las autoridades del Estado receptor. Puede ocurrir, sin embargo, que la información que llegue a conocimiento del Estado que envía por otros medios permita a sus funcionarios consulares ayudar a organizar la representación legal de su nacional. En los siguientes casos, las autoridades consulares mexicanas tuvieron conocimiento de la detención de su nacional a tiempo para prestar dicha asistencia, bien a través de una notificación de las autoridades estadounidenses (aunque tardía en términos del Artículo 36, párrafo 1 (b)) o a través de otros canales: Benavides (caso No. 3); Covarrubias (caso No. 6); Esquivel (caso No. 7); Hoyos (caso No. 9); Mendoza (caso No. 17); Ramírez (caso No. 20); Sánchez (caso No. 23); Verano (caso No. 27); Zamudio (caso No. 29); Gómez (caso No. 33); Hernández (caso No. 34); Ramírez (caso No. 41); Rocha (caso No. 42); Solache (caso No. 47); Camargo (caso No. 49) y Reyes (caso No. 54).

105. En relación con el Sr. Manríquez (caso No. 14), la Corte carece de información precisa sobre cuándo fue notificada su oficina consular. Simplemente se da a entender que fue dos años antes de la condena, y que el propio Sr. Manríquez nunca había sido informado de sus derechos consulares. También existen divergencias entre las Partes en relación con el caso del Sr. Fuentes (caso nº 15), en el que México afirma que tuvo conocimiento de su detención durante el juicio y Estados Unidos dice que esto ocurrió durante la selección del jurado, antes del inicio efectivo del juicio. En el caso del Sr. Arias (caso núm. 44), las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de su detención menos de una semana antes del inicio del juicio. En estos tres casos, la Corte concluye que Estados Unidos violó sus obligaciones bajo el Artículo 36, párrafo 1 (c).

106. Sobre este aspecto del caso, la Corte concluye por lo tanto

(1) que Estados Unidos incumplió la obligación que le incumbe en virtud del Artículo 36, párrafo 1 (b), de la Convención de Viena de informar a los nacionales mexicanos detenidos de los derechos que les confiere [p 54] dicho párrafo, en el caso de las 51 personas siguientes: Avena (caso No. 1), Ayala (caso No. 2), Benavides (caso No. 3), Carrera (caso No. 4), Contreras (caso No. 5), Covarrubias (caso No. 6), Esquivel (caso No. 7), Gómez (caso No. 8), Hoyos (caso No. 9), Juárez (caso No. 10), López (caso No. 11), Lupercio (caso No. 12), Maciel (caso No. 13), Manríquez (caso No. 14), Fuentes (caso No. 15), Martínez (caso No. 16), Mendoza (caso No. 17), Ochoa (caso No. 18), Parra (caso No. 19), Ramírez (caso No. 20), Salazar (caso No. 21), Sánchez (caso No. 23), Tafoya (caso No. 24), Valdez (caso No. 25), Vargas (caso No. 26), Verano (caso No. 27), Zamudio (caso No. 29), Álvarez (caso No. 30), Fierro (caso No. 31), García (caso No. 32), Gómez (caso No. 33), Hernández (caso No. 34), Ibarra (caso No. 35), Leal (caso No. 36), Maldonado (caso No. 37), Medellín (caso No. 38), Moreno (caso No. 39), Plata (caso No. 40), Ramírez (caso No. 41), Rocha (caso No. 42), Regalado (caso No. 43), Arias (caso No. 44), Caballero (caso No. 45), Flores (caso No. 46), Solache (caso No. 47), Fong (caso No. 48), Camargo (caso No. 49), Pérez (caso No. 51), Loza (caso No. 52), Torres (caso No. 53) y Reyes (caso No. 54);

(2) que Estados Unidos incumplió la obligación que le incumbe en virtud del artículo 36, párrafo 1, inciso b), de notificar a la oficina consular mexicana la detención de los nacionales mexicanos enumerados en el inciso (1) anterior, excepto en los casos de los señores Juárez (No. 10) y Hernández (No. 34);

(3) que en virtud de sus violaciones al Artículo 36, párrafo 1 (b), descritas en el subpárrafo (2) anterior, Estados Unidos también violó la obligación que le incumbe en virtud del Artículo 36, párrafo 1 (a), de la Convención de Viena de permitir a los funcionarios consulares mexicanos comunicarse con sus nacionales y tener acceso a ellos, así como su obligación en virtud del párrafo 1 (c) de dicho Artículo relativa al derecho de los funcionarios consulares a visitar a sus nacionales detenidos;

(4) que Estados Unidos, en virtud de estas violaciones del artículo 36, párrafo 1 (b), también violó la obligación que le incumbe en virtud del párrafo 1 (c) de dicho artículo de permitir a los funcionarios consulares mexicanos organizar la representación legal de sus nacionales en el caso de las siguientes personas: Avena (caso No. 1), Ayala (caso No. 2), Carrera (caso No. 4), Contreras (caso No. 5), Gómez (caso No. 8), López (caso No. 11), Lupercio (caso No. 12), Maciel (caso No. 13), Manríquez (caso núm. 14), Fuentes (caso núm. 15), Martínez (caso núm. 16), Ochoa (caso núm. 18), Parra (caso núm. 19), Salazar (caso núm. 21), Tafoya (caso núm. 24), Valdez (caso núm. 25), Vargas (caso núm. 26), Álvarez (caso núm. 30), Fierro (caso núm. 31), García (caso núm. 32), Ibarra (caso núm. 35), Leal (caso núm. 36), Maldonado (caso No. 37), Medellín (caso No. 38), Moreno (caso No. 39), Plata (caso No. 40), Regalado (caso No. 43), Arias (caso No. 44), Caballero (caso No. 45),
[Flores (caso nº 46), Fong (caso nº 48), Pérez (caso nº 51), Loza (caso nº 52) y Torres (caso nº 53).

Artículo 36, párrafo 2

107. En su tercer escrito final México solicita a la Corte que adjudique y declare que

“Estados Unidos violó las obligaciones que le impone el párrafo 2 del artículo 36 de la Convención de Viena al no proporcionar una revisión y reconsideración significativas y efectivas de las condenas y sentencias menoscabadas por una violación del párrafo 1 del artículo 36”.

108. El apartado 2 del artículo 36 establece:

“Los derechos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo se ejercerán de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado receptor, con la salvedad, sin embargo, de que dichas leyes y reglamentos deberán permitir que se dé pleno efecto a los fines a que se destinan los derechos reconocidos en el presente artículo.”

109. Al respecto, México ha argumentado que Estados Unidos

“Al aplicar disposiciones de su legislación municipal para anular o excluir los recursos por la violación de los derechos conferidos por el artículo 36 — omitiendo así proporcionar una revisión y reconsideración significativas de las sentencias severas impuestas en procedimientos que violaron el artículo 36 — … ha violado, y continúa violando, la Convención de Viena.”

Más específicamente, México sostiene que:

“Estados Unidos utiliza varias doctrinas legales municipales para evitar encontrar cualquier efecto legal de las violaciones al Artículo 36. En primer lugar, a pesar del claro análisis de esta Corte en LaGrand, los tribunales de Estados Unidos, tanto a nivel estatal como federal, continúan invocando doctrinas por defecto para impedir cualquier revisión de las violaciones al Artículo 36 -incluso cuando el nacional no tenía conocimiento de sus derechos a la notificación y comunicación consular y, por lo tanto, de su capacidad para plantear su violación como una cuestión en el juicio, debido al incumplimiento del Artículo 36 por parte de las autoridades competentes.”

110. En contra de esta afirmación de México, Estados Unidos argumenta que:

“los sistemas de justicia penal de Estados Unidos abordan todos los errores [p 56] en el proceso a través de procedimientos de clemencia tanto judiciales como ejecutivos, recurriendo a estos últimos cuando las reglas de incumplimiento han cerrado la posibilidad de los primeros. Es decir, las “leyes y reglamentos” de los Estados Unidos prevén que la corrección de los errores que puedan ser relevantes para un acusado penal se produzca mediante una combinación de revisión judicial y clemencia. Estos procesos juntos, en colaboración con otras autoridades competentes, dan pleno efecto a los fines para los que está previsto el artículo 36 (1), de conformidad con el artículo 36 (2). Y, en la medida en que se haya producido una infracción del apartado 1 del artículo 36, estos procedimientos satisfacen la función reparadora del apartado 2 del artículo 36 al permitir a los Estados Unidos proporcionar la revisión y reconsideración de las condenas y sentencias de conformidad con LaGrand.”

111. La regla de la “rebeldía procesal” en la legislación de los Estados Unidos ya fue señalada a la atención del Tribunal en el caso LaGrand. La siguiente breve definición de la regla fue proporcionada por México en su Memorial en este caso y no ha sido impugnada por Estados Unidos: “a un acusado que podría haber planteado, pero no plantea, una cuestión jurídica en el juicio, generalmente no se le permitirá plantearla en procedimientos futuros, en apelación o en una petición de un recurso de hábeas corpus”. La norma exige el agotamiento de los recursos, entre otros, en el ámbito estatal y antes de que pueda presentarse una petición de hábeas corpus ante los tribunales federales. En el caso LaGrand, la regla en cuestión fue aplicada por los tribunales federales de Estados Unidos; en el presente caso, México también se queja de la aplicación de la regla en ciertos tribunales estatales de apelación penal.

112. La Corte ya ha considerado la aplicación de la regla de “rebeldía procesal”, alegada por México como un obstáculo a la plena implementación de las obligaciones internacionales de Estados Unidos bajo el Artículo 36, en el caso LaGrand, cuando la Corte abordó la cuestión de sus implicaciones para la aplicación del Artículo 36, párrafo 2, de la Convención de Viena. El Tribunal subrayó que “debe establecerse una distinción entre esa norma como tal y su aplicación específica en el presente caso”. El Tribunal declaró:

“En sí misma, la norma no viola el artículo 36 de la Convención de Viena. El problema surge cuando la norma de incomparecencia procesal no permite a la persona detenida impugnar una condena y una pena alegando, basándose en el apartado 1 del artículo 36 del Convenio, que las autoridades nacionales competentes incumplieron su obligación de proporcionar la información consular requerida ‘sin demora’, impidiendo así que la persona solicite y obtenga asistencia consular del Estado de origen”. (I.C.J. Reports 2001, p. 497, párrafo 90.) [p 57].

Sobre esta base, el Tribunal concluyó que “la norma de incomparecencia procesal impedía al abogado de los LaGrand impugnar eficazmente sus condenas y penas por motivos distintos de los constitucionales de los Estados Unidos” (ibíd., párr. 91). Esta afirmación del Tribunal parece igualmente válida en relación con el presente caso, en el que varios nacionales mexicanos se han encontrado exactamente en esa situación.

113. El Tribunal volverá sobre este aspecto más adelante, en el contexto de las pretensiones de México en cuanto a los recursos. Por el momento, el Tribunal se limita a señalar que la norma de incomparecencia procesal no ha sido revisada, ni se ha adoptado ninguna disposición para impedir su aplicación en los casos en que ha sido la falta de información de los propios Estados Unidos lo que puede haber impedido a los abogados estar en condiciones de haber planteado la cuestión de una violación de la Convención de Viena en el juicio inicial. Así pues, sigue siendo cierto que la norma de incomparecencia procesal puede seguir impidiendo que los tribunales atribuyan relevancia jurídica al hecho, entre otros, de que la violación de los derechos establecidos en el artículo 36, párrafo 1, impidió a México, en el momento oportuno, contratar a un abogado privado para determinados nacionales y ayudar de otro modo en su defensa. En tales casos, la aplicación de la norma de incomparecencia procesal tendría el efecto de impedir “que se dé pleno efecto a los fines para los que se han previsto los derechos reconocidos en el presente artículo”, violando así el párrafo 2 del artículo 36. El Tribunal observa además que en varios de los casos citados en las alegaciones finales de México ya se ha aplicado la norma de la rebeldía procesal, y que en otros podría aplicarse en fases posteriores del procedimiento. Sin embargo, en ninguno de los casos, salvo en los tres mencionados en el párrafo 114 infra, los procedimientos penales contra los nacionales mexicanos en cuestión han llegado ya a una etapa en la que no exista ninguna otra posibilidad de reexamen judicial de esos casos; es decir, no se ha excluido todavía toda posibilidad de “revisión y reconsideración” de la condena y la sentencia, como se pide en el caso LaGrand, y como se explica con más detalle en los párrafos 128 y siguientes infra. Por lo tanto, sería prematuro que el Tribunal concluyera en esta fase que, en esos casos, existe ya una violación de las obligaciones derivadas del artículo 36, párrafo 2, de la Convención de Viena.

114. Por el contrario, el Tribunal observa que en el caso de tres nacionales mexicanos, el Sr. Fierro (caso Nº 31), el Sr. Moreno (caso Nº 39) y el Sr. Torres (caso Nº 53), la condena y la pena han adquirido firmeza. Además, en el caso del Sr. Torres, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Oklahoma ha fijado una fecha de ejecución (véase el párrafo 21 supra, in fine). Por consiguiente, el Tribunal debe concluir que, en relación con estas tres personas, Estados Unidos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 2 del artículo 36 de la Convención de Viena.

** [p 58]

Consecuencias jurídicas del incumplimiento

115. Habiendo llegado a la conclusión de que en la mayoría de los casos presentados ante la Corte por México en las 52 instancias, ha habido un incumplimiento de las obligaciones prescritas por el Artículo 36, párrafo 1, inciso b), de la Convención de Viena, la Corte procede ahora al examen de las consecuencias jurídicas de dicho incumplimiento y de los recursos legales que deben considerarse para subsanarlo.
116. México en sus escritos cuarto, quinto y sexto solicita a la Corte que adjudique y declare:

“(4) que en virtud de los agravios sufridos por México en su propio derecho y en el ejercicio de la protección diplomática de sus nacionales, México tiene derecho a la reparación integral de dichos agravios en forma de restitutio in integrum;

(5) que esta restitución consiste en la obligación de restablecer el statu quo ante anulando o privando de cualquier otra forma de plena vigencia o efecto la condena y sentencias de los 52 nacionales mexicanos; [y]

(6) que esta restitución también incluye la obligación de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que una violación previa del Artículo 36 no afecte los procedimientos subsecuentes.”

117. En apoyo a sus alegatos cuarto y quinto, México argumenta que “Está bien establecido que la principal forma de reparación a disposición de un Estado lesionado por un hecho internacionalmente ilícito es la restitutio in integrum”, y que “Por lo tanto, Estados Unidos está obligado a tomar las medidas necesarias para restablecer el statu quo ante respecto de los nacionales mexicanos detenidos, juzgados, condenados y sentenciados en violación de sus derechos internacionalmente reconocidos”. Para restablecer el statu quo ante, México sostiene que “la restitución aquí debe tomar la forma de la anulación de las condenas y sentencias que resultaron de los procedimientos viciados por las violaciones al Artículo 36”, y que “De la naturaleza misma de la restitutio se desprende que, cuando la violación de una obligación internacional se manifiesta en un acto judicial, dicho acto debe ser anulado y, por lo tanto, privado de toda fuerza o efecto en el sistema jurídico nacional”. Por lo tanto, México solicita en sus alegatos que se anulen las condenas y sentencias de los 52 nacionales mexicanos y que, en cualquier proceso penal futuro en contra de estos 52 nacionales mexicanos, se excluyan las pruebas obtenidas en contravención del artículo 36 de la Convención de Viena.

118. Por su parte, Estados Unidos argumenta:

“El fallo de LaGrand exige que Estados Unidos proporcione, en cada caso, ‘revisión y reconsideración’ que ‘tenga en cuenta’ la violación, no ‘revisión y revocación’, no exclusiones generalizadas de pruebas o anulación de condenas simplemente porque se produjo una violación del párrafo 1 del artículo 36 y sin tener en cuenta su efecto sobre la condena y la sentencia y, no . ‘un resultado preciso, concreto y declarado: restablecer el statu quo ante'”.

119. El principio general sobre las consecuencias jurídicas de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito fue enunciado por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el asunto de la Fábrica de Chorzow de la siguiente manera: “Es un principio de derecho internacional que la violación de un compromiso implica la obligación de repararlo en forma adecuada”. (Factory at Chorzow, Jurisdiction, 1927, P.C.I.J., Serie A, Nº 9, pág. 21.) Es evidente que lo que constituye “reparación en forma adecuada” varía en función de las circunstancias concretas que rodean cada caso y de la naturaleza y alcance precisos del perjuicio, ya que la cuestión debe examinarse desde el punto de vista de cuál es la “reparación en forma adecuada” que corresponde al perjuicio. En una fase posterior del mismo asunto, el Tribunal Permanente profundizó en este punto de la siguiente manera:

“El principio esencial contenido en la noción misma de acto ilícito — principio que parece establecido por la práctica internacional y, en particular, por las decisiones de los tribunales arbitrales — es que la reparación debe, en la medida de lo posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que, con toda probabilidad, habría existido si dicho acto no se hubiera cometido.” (Factory at Chorzow, Merits, 1928, P.C.I.J., Serie A, No. 17, p. 47.)

120. En el asunto LaGrand, el Tribunal hizo una declaración general sobre el principio en cuestión de la siguiente manera:

“El Tribunal considera a este respecto que si los Estados Unidos, a pesar de su compromiso [de garantizar la aplicación de las medidas específicas adoptadas en cumplimiento de sus obligaciones en virtud del apartado b) del párrafo 1 del artículo 36], incumplieran su obligación de notificación consular en perjuicio de nacionales alemanes, una disculpa no bastaría en los casos en que las personas afectadas hayan sido sometidas a una detención prolongada o condenadas y sentenciadas a penas severas. En el caso de tal condena y sentencia, correspondería a los Estados Unidos permitir la revisión y reconsideración de la condena y sentencia teniendo en cuenta la violación de los derechos establecidos en el Convenio. Esta obligación puede llevarse a cabo de varias maneras. La elección de los medios debe dejarse a los Estados Unidos”. (I.C.J. Reports 2001, pp. 513-514, párrafo 125.)

121. Del mismo modo, en el presente caso la tarea del Tribunal consiste en determinar cuál sería la reparación adecuada por las violaciones del artículo 36. Debe quedar claro, por lo que se ha observado anteriormente, que los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por Estados Unidos fueron la omisión de sus [p 60] autoridades competentes de informar a los nacionales mexicanos afectados, de notificar a las oficinas consulares mexicanas y de permitir a México prestar asistencia consular. De ello se desprende que el remedio para reparar estas violaciones debe consistir en la obligación de Estados Unidos de permitir la revisión y reconsideración de los casos de estos nacionales por los tribunales estadounidenses, como la Corte explicará más adelante en los párrafos 128 a 134, con miras a determinar si en cada caso la violación del artículo 36 cometida por las autoridades competentes causó un perjuicio real al acusado en el proceso de administración de justicia penal.

122. El Tribunal reafirma que el asunto que se le somete se refiere al artículo 36 de la Convención de Viena y no a la corrección como tal de cualquier condena o sentencia. La cuestión de si debe considerarse que las violaciones del párrafo 1 del artículo 36, en la secuencia causal de los hechos, han conducido en última instancia a condenas y penas severas es parte integrante de los procedimientos penales ante los tribunales de los Estados Unidos y corresponde a éstos determinarla en el proceso de revisión y reconsideración. Al hacerlo, corresponde a los tribunales de los Estados Unidos examinar los hechos y, en particular, el perjuicio y sus causas, teniendo en cuenta la violación de los derechos establecidos en el Convenio.

123. No debe presumirse, como afirma México, que la anulación parcial o total de la condena o sentencia constituye el recurso necesario y único. En este sentido, México cita la reciente Sentencia de esta Corte en el caso relativo a la Orden de Detención del 11 de abril de 2000 (República Democrática del Congo c. Bélgica), en la que la “Corte ordenó la anulación de una orden de detención emitida por un funcionario judicial belga en violación de la inmunidad internacional del Ministro de Relaciones Exteriores del Congo”. Sin embargo, el presente asunto debe distinguirse claramente del asunto Orden de detención. En dicho asunto, la cuestión de la legalidad, con arreglo al Derecho internacional, del acto de emisión de la orden de detención contra el Ministro de Asuntos Exteriores congoleño por parte de las autoridades judiciales belgas era, en sí misma, el objeto del litigio. Dado que el Tribunal de Justicia consideró que dicho acto violaba el Derecho internacional relativo a la inmunidad, la consecuencia jurídica adecuada era que el Tribunal de Justicia ordenara la anulación de la orden de detención en cuestión (Rec. 2002, p. 33). Por el contrario, en el presente caso no son las condenas y sentencias de los nacionales mexicanos las que deben considerarse como una violación del derecho internacional, sino únicamente ciertos incumplimientos de obligaciones convencionales que las precedieron.

124. México ha sostenido además que el derecho a la notificación consular y a la comunicación consular bajo la Convención de Viena es un derecho humano fundamental que constituye parte del debido proceso en los procedimientos penales y debe ser garantizado en el territorio de cada una de las Partes Contratantes de la Convención de Viena; según México, este [p 61] derecho, como tal, es tan fundamental que su violación producirá ipso facto el efecto de viciar todo el proceso de los procedimientos penales llevados a cabo en violación de este derecho fundamental. Si los derechos de la Convención de Viena son o no derechos humanos no es una cuestión que este Tribunal deba decidir. Sin embargo, la Corte observa que ni el texto ni el objeto y fin de la Convención, ni indicación alguna en los travaux preparatoires, apoyan la conclusión que México extrae de su alegato en ese sentido.

125. Por estas razones, las alegaciones cuarta y quinta de México no pueden ser acogidas.

126. 126. El razonamiento del Tribunal sobre la quinta comunicación de México es igualmente válido en relación con la sexta comunicación de México. En la elaboración de su sexta presentación, México sostiene que

“Como un aspecto de la restitutio in integrum, México también tiene derecho a que se ordene que en cualquier procedimiento penal posterior contra los nacionales, se excluyan las declaraciones y confesiones obtenidas antes de la notificación al nacional de su derecho a la asistencia consular”.

México argumenta que “La regla de exclusión se aplica tanto en las jurisdicciones de derecho consuetudinario como en las de derecho civil y exige la exclusión de las pruebas que se obtengan de una manera que viole las obligaciones del debido proceso”, y con base en ello concluye que

“El estatus de la regla de exclusión como principio general de derecho permite a la Corte ordenar que Estados Unidos está obligado a aplicar este principio respecto de las declaraciones y confesiones dadas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos antes de que los nacionales mexicanos acusados sean advertidos de sus derechos consulares en cualquier procedimiento penal posterior en su contra.”

127. La Corte no considera que sea necesario entrar a examinar el fondo de la alegación planteada por México de que la “regla de exclusión” es “un principio general de derecho en virtud del artículo 38(1)(c) del . Estatuto” de la Corte. La cuestión planteada por México en su sexto escrito se refiere a las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 36, cuestión que la Corte ya ha examinado suficientemente en relación con los escritos cuarto y quinto de México. El Tribunal opina que esta cuestión debe ser examinada en las circunstancias concretas de cada caso por los tribunales de Estados Unidos afectados en el proceso de su revisión y reconsideración. Por esta razón, la sexta presentación de México no puede ser aceptada.

128. 128. Si bien la Corte ha rechazado los alegatos cuarto, quinto y sexto de México relativos a los recursos para reparar los incumplimientos por parte de Estados Unidos de sus obligaciones internacionales conforme al artículo 36 de la Convención de Viena, el hecho es que tales incumplimientos se han cometido, como lo ha constatado la Corte, y por lo tanto corresponde a la Corte especificar qué recursos se requieren para reparar el daño causado a México y a sus nacionales por Estados Unidos a través del incumplimiento de dichas obligaciones internacionales. Como ya se ha observado en el párrafo 120, la Corte en la Sentencia LaGrand enunció el principio general que debe aplicarse en tales casos a modo de recurso para reparar un perjuicio de este tipo (I.C.J. Reports 2001, pp. 513-514, párr. 125).

129. En este sentido, el séptimo escrito de México también solicita a la Corte que adjudique y declare:

“Que en la medida en que alguna de las 52 condenas o sentencias no sea anulada, Estados Unidos deberá proveer, por los medios de su elección, una revisión y reconsideración significativa y efectiva de las condenas y sentencias de los 52 connacionales, y que esta obligación no puede ser satisfecha por medio de procedimientos de clemencia o si se aplica alguna regla o doctrina de derecho interno [que no otorgue relevancia jurídica a una violación del artículo 36.1].”

130. Sobre esta cuestión de la “revisión y reconsideración”, Estados Unidos adopta la postura de que efectivamente ha ajustado su conducta a la Sentencia LaGrand. En una elaboración adicional de este punto, Estados Unidos argumenta que “la Corte dijo en LaGrand que la elección de los medios para permitir la revisión y reconsideración que pidió ‘debe dejarse’ a Estados Unidos”, pero que “México no dejaría esta elección a Estados Unidos sino que haría que la Corte realizara la revisión en su lugar y decidiera de una vez que la violación requiere que la condena y la sentencia sean anuladas en cada caso”.

131. Al afirmar en su Sentencia en el caso LaGrand que “los Estados Unidos de América, mediante su propia elección, permitirán la revisión y reconsideración de la condena y la pena” (I.C.J. Reports 2001, p. 516, párr. 128; el subrayado es nuestro), el Tribunal reconoció que las modalidades concretas de dicha revisión y reconsideración debían dejarse principalmente en manos de los Estados Unidos. Debe subrayarse, sin embargo, que esta libertad en la elección de los medios para dicha revisión y reconsideración no está exenta de matizaciones: como deja bien claro el pasaje de la Sentencia antes citado, dicha revisión y reconsideración ha de llevarse a cabo “teniendo en cuenta la violación de los derechos enunciados en el Convenio” (I.C.J. Reports 2001, p. 514, párr. 125), incluyendo, en particular, la cuestión de las consecuencias jurídicas de la violación sobre el proceso penal que ha seguido a la violación.

132. Estados Unidos argumenta (1) “que la decisión de la Corte en el caso LaGrand al solicitar la revisión y reconsideración exigió un proceso para reexaminar una condena y sentencia a la luz de una violación del artículo 36”; (2) que “al solicitar un proceso de revisión, la Corte necesariamente implicó que un resultado legítimo de ese proceso podría ser la conclusión de que la condena y sentencia debían mantenerse”; y (3) “que la reparación que México solicita en este [p 63] caso es totalmente incompatible con la sentencia en el caso LaGrand: busca precisamente el otorgamiento de un resultado sustantivo que la Corte LaGrand se negó a proporcionar”.

133. Sin embargo, el Tribunal desea señalar que la situación actual en el procedimiento penal de los Estados Unidos, según lo explicado por el Agente en las audiencias, es que

“Si el acusado alegó en el juicio que un fallo en la información consular resultó en perjuicio de un derecho particular esencial para un juicio justo, un tribunal de apelación puede revisar cómo el tribunal inferior manejó esa reclamación de perjuicio”,

pero que

“Si el extranjero no planteó su reclamación basada en el artículo 36 en el juicio, puede enfrentarse a limitaciones procesales [es decir, la aplicación de la norma de incomparecencia procesal] a la hora de plantear esa reclamación concreta en recursos judiciales directos o colaterales” (énfasis añadido).

En consecuencia, una reclamación basada en la violación del artículo 36, párrafo 1, de la Convención de Viena, por muy meritoria que sea en sí misma, podría quedar excluida en los tribunales de los Estados Unidos por la aplicación de la norma de incomparecencia procesal (véase el párrafo 111 supra).

134. No es suficiente que Estados Unidos argumente que “cualquiera que sea la etiqueta que [el demandado mexicano] ponga a su reclamación, su derecho… debe ser y será reivindicado si se plantea de alguna forma en el juicio” (énfasis añadido), y que
“De esta manera, aunque el hecho de no calificar la reclamación como una violación de la Convención de Viena puede significar que técnicamente hablando ha perdido su derecho a plantear esta cuestión como una reclamación de la Convención de Viena, en la apelación esa omisión no le impediría hacer valer independientemente una reclamación de que fue perjudicado porque carecía de esta protección crítica necesaria para un juicio justo”. (Énfasis añadido.)

El punto crucial en esta situación es que, por el funcionamiento de la norma de incomparecencia procesal tal como se aplica en la actualidad, el demandado está efectivamente impedido de plantear la cuestión de la violación de sus derechos en virtud del artículo 36 de la Convención de Viena y se limita a buscar la reivindicación de sus derechos en virtud de la Constitución de los Estados Unidos.

135. México, en la última parte de su séptima comunicación, ha afirmado que “esta obligación [de proporcionar revisión y reconsideración] no puede ser [p 64] satisfecha por medio de procedimientos de clemencia”. México desarrolla este punto argumentando, en primer lugar, que “la confianza de Estados Unidos en los procedimientos de clemencia es totalmente incompatible con su obligación de proporcionar un recurso, tal como esta obligación fue establecida por esta Corte en el caso LaGrand”. Más específicamente, México sostiene:

“Primero, es claro que la instrucción de la Corte a Estados Unidos en LaGrand claramente contempló que la ‘revisión y reconsideración’ se llevaría a cabo mediante procedimientos judiciales . . .

En segundo lugar, el Tribunal era plenamente consciente de que los hermanos LaGrand habían recibido una audiencia de clemencia, durante la cual la Junta de Indultos de Arizona tuvo en cuenta la violación de sus derechos consulares. En consecuencia, el Tribunal determinó en el caso LaGrand que la revisión de clemencia por sí sola no constituía la “revisión y reconsideración” requerida. . .

Por último, el Tribunal especificó que Estados Unidos debe ‘permitir la revisión y reconsideración de la condena y la pena teniendo en cuenta la violación de los derechos establecidos en la Convención’ . . . es una cuestión básica del derecho procesal penal estadounidense que los tribunales revisen las condenas; los grupos de clemencia no lo hacen. Con la rara excepción de los indultos basados en la inocencia real, la revisión de la clemencia capital se centra en la idoneidad de la sentencia y no en la condena subyacente”.

Además, México argumenta que el proceso de clemencia es en sí mismo un recurso ineficaz para satisfacer las obligaciones internacionales de Estados Unidos. Concluye: “la revisión de clemencia no tiene normas, es secreta e inmune a la supervisión judicial”.

Finalmente, en apoyo a su argumento, México argumenta que

“el hecho de que las autoridades estatales de clemencia no hayan prestado atención a la intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos en los casos de nacionales mexicanos condenados a muerte refuta el argumento [de Estados Unidos] de que la revisión de clemencia proporcionará una consideración significativa de las violaciones de los derechos conferidos en virtud del artículo 36”.

136. En contra de este argumento de México, Estados Unidos alega que “da ‘pleno efecto’ a los ‘propósitos para los cuales los derechos otorgados bajo [el Artículo 36, párrafo 1] están destinados’ a través de la clemencia ejecutiva”. Argumenta que “el proceso de clemencia. . es muy adecuado para la tarea de proporcionar revisión y reconsideración”. Estados Unidos explica que “la clemencia . . . es más que una cuestión de gracia; es parte del esquema general para garantizar la justicia y la equidad en el proceso legal” y que [p 65] “los procedimientos de clemencia son parte integral de las ‘leyes y reglamentos’ existentes de Estados Unidos a través de los cuales se abordan los errores”.

137. Específicamente en el contexto del presente caso, los Estados Unidos sostienen que los dos puntos siguientes son particularmente dignos de mención:

“En primer lugar, estos procedimientos de clemencia permiten una amplia participación de los defensores de la clemencia, incluidos el abogado del recluso y el funcionario consular del Estado que envía . . . En segundo lugar, estos funcionarios de clemencia no están sujetos a los principios de defecto procesal, finalidad, normas de perjuicio o cualquier otra limitación de la revisión judicial. Pueden considerar cualquier hecho y circunstancia que consideren apropiados y relevantes, incluyendo específicamente las reclamaciones de la Convención de Viena”.

138. El Tribunal subraya que la “revisión y reconsideración” prescrita por él en el asunto LaGrand debe ser efectiva. Así, debe “tener en cuenta la violación de los derechos enunciados en [la] Convención” (Recueil 2001, p. 516, párr. 128 (7)) y garantizar que la violación y el posible perjuicio causado por dicha violación se examinarán y tendrán plenamente en cuenta en el proceso de revisión y reconsideración. Por último, la revisión y reconsideración debe ser tanto de la sentencia como de la condena.

139. En consecuencia, en una situación de violación de los derechos contemplados en el párrafo 1 del artículo 36 de la Convención de Viena, el acusado plantea su reclamación a este respecto no como un caso de “lesión de un derecho particular esencial para un juicio justo” -concepto relevante para el disfrute de los derechos al debido proceso en virtud de la Constitución de los Estados Unidos- sino como un caso que implica la violación de sus derechos contemplados en el párrafo 1 del artículo 36. Los derechos garantizados en virtud de la Convención de Viena son derechos de tratado que Estados Unidos se ha comprometido a cumplir en relación con el individuo en cuestión, con independencia de los derechos al debido proceso en virtud de la legislación constitucional de Estados Unidos. A este respecto, el Tribunal señala que lo que es crucial en el proceso de revisión y reconsideración es la existencia de un procedimiento que garantice que se da plena importancia a la violación de los derechos establecidos en la Convención de Viena, cualquiera que sea el resultado real de dicha revisión y reconsideración.

140. Como se ha explicado en los párrafos 128 a 134 supra, la Corte considera que, en los casos en que la violación de los derechos individuales de los nacionales mexicanos previstos en el artículo 36, párrafo 1, inciso b), de la Convención ha tenido como consecuencia, en la secuencia de los procedimientos judiciales que se han seguido, que las personas afectadas hayan sido sometidas a detención prolongada o condenadas a penas severas, las consecuencias jurídicas de esta violación deben ser examinadas y tomadas en cuenta en el curso de [p 66] la revisión y reconsideración. El Tribunal considera que es el proceso judicial el adecuado para esta tarea.

141. En el asunto LaGrand, el Tribunal dejó a Estados Unidos la elección de los medios para llevar a cabo la revisión y reconsideración, especialmente a la luz de la norma de rebeldía procesal. No obstante, la premisa sobre la que procedió el Tribunal en ese asunto fue que el proceso de revisión y reconsideración debía producirse dentro del procedimiento judicial general relativo al demandado individual de que se tratara.

142. En cuanto al procedimiento de clemencia, el Tribunal señala que éste desempeña una función importante en la administración de la justicia penal en los Estados Unidos y es “el recurso histórico para evitar errores judiciales cuando se ha agotado el proceso judicial” ( Herrera v. Collins, 506 U.S. 390 (1993) en pp. 411-412). El Tribunal acepta que la clemencia ejecutiva, aunque no es judicial, es una parte integral del esquema general para garantizar la justicia y la equidad en el proceso legal dentro del sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Sin embargo, debe señalar que lo que está en cuestión en el presente caso no es si la clemencia ejecutiva como institución es o no parte integrante de las “leyes y reglamentos existentes en los Estados Unidos”, sino si el proceso de clemencia, tal y como se practica en los sistemas de justicia penal de los diferentes Estados de los Estados Unidos, puede, en sí mismo, calificarse como un medio adecuado para llevar a cabo la efectiva “revisión y reconsideración de la condena y la pena teniendo en cuenta la violación de los derechos establecidos en el Convenio”, tal y como el Tribunal prescribió en la Sentencia LaGrand (I. C.J. Recueil 2001, p. 514, párr. 125).

143. Puede ser cierto, como sostienen los Estados Unidos, que en varios casos “la clemencia se traduce de hecho en indultos de condenas así como en conmutaciones de penas”. En ese sentido y en esa medida, podría argumentarse que los hechos demostrados por Estados Unidos atestiguan un cierto grado de eficacia de los procedimientos de clemencia como medio de evitar la ejecución de los acusados condenados a muerte. El Tribunal señala, sin embargo, que el proceso de clemencia, tal y como se practica actualmente en el sistema de justicia penal de Estados Unidos, no parece cumplir los requisitos descritos en el párrafo 138 anterior y que, por tanto, no es suficiente por sí mismo para servir como medio apropiado de “revisión y reconsideración”, tal y como lo contempló el Tribunal en el caso LaGrand. No obstante, el Tribunal considera que los procedimientos de clemencia apropiados pueden complementar la revisión y reconsideración judiciales, en particular cuando el sistema judicial no ha tenido debidamente en cuenta la violación de los derechos establecidos en la Convención de Viena, como ha ocurrido en el caso de los tres nacionales mexicanos mencionados en el párrafo 114 supra.

144. Finalmente, la Corte considerará la octava presentación de México, en la que solicita a la Corte que adjudique y declare:

“Que [Estados Unidos] cese en sus violaciones al artículo 36 de la Convención de Viena con respecto a México y sus 52 nacionales y proporcione las garantías y seguridades apropiadas de que tomará las medidas suficientes para lograr un mayor cumplimiento del artículo 36 (1) y para asegurar el cumplimiento del artículo 36 (2).”
145. Al respecto, México reconoce los esfuerzos realizados por Estados Unidos para dar a conocer los derechos de asistencia consular, mediante la distribución de folletos y tarjetas de bolsillo y la realización de programas de capacitación, y que las medidas adoptadas por Estados Unidos con ese fin fueron señaladas por la Corte en su decisión en el caso LaGrand (I.C.J. Reports 2001, pp. 511-513, párrs. 121, 123-124). Sin embargo, México señala con pesar que

“el programa de Estados Unidos, cualesquiera que sean sus componentes, ha resultado ineficaz para evitar la violación regular y continua por parte de sus autoridades competentes de los derechos de notificación y asistencia consular garantizados por el artículo 36”.

146. En particular, México alega en relación con la violación de las obligaciones previstas en el párrafo 1 del artículo 36 de la Convención de Viena:

“En primer lugar, las autoridades competentes de Estados Unidos regularmente omiten proporcionar la notificación oportuna requerida por el Artículo 36(1)(b) y con ello [sic] frustran la comunicación y el acceso contemplados por el Artículo 36(1)(a) y la asistencia contemplada por el Artículo 36(1)(c). Estas violaciones continúan a pesar de la sentencia del Tribunal en el asunto LaGrand y del programa allí descrito.
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México ha demostrado, además, que el patrón de incumplimiento regular continúa. Durante el primer semestre de 2003, México ha identificado al menos cien casos en los que nacionales mexicanos han sido detenidos por autoridades competentes de Estados Unidos por delitos graves, pero no notificados oportunamente de sus derechos de notificación consular”.

Además, en relación con la violación de las obligaciones previstas en el artículo 36, párrafo 2, de la Convención de Viena, México alega:

“En segundo lugar, los tribunales de Estados Unidos siguen aplicando doctrinas de omisión procesal e irretroactividad que impiden a esos tribunales llegar al fondo de las reclamaciones de la Convención de Viena, y los tribunales que han abordado el fondo de esas reclamaciones (porque no se aplica ningún impedimento procesal) han sostenido en repetidas ocasiones que no hay recurso disponible [p 68] para una violación de las obligaciones del artículo 36. . . Del mismo modo, el hecho de que Estados Unidos confíe en los procedimientos de clemencia para cumplir el requisito de revisión y reconsideración de LaGrand representa una decisión deliberada de permitir que estas normas y doctrinas legales sigan teniendo su efecto inevitable. Por lo tanto, Estados Unidos continúa violando el artículo 36(2) al no dar pleno efecto a los propósitos para los que están concebidos los derechos concedidos en virtud del artículo 36.”

147. Estados Unidos contradice este argumento de México al afirmar que “sus esfuerzos para mejorar la transmisión de información sobre la notificación consular continúan sin cesar y están logrando resultados tangibles”. Sostiene que México “no logra establecer un patrón ‘regular y continuo’ de violaciones al artículo 36 a raíz de LaGrand”.

148. México enfatiza la necesidad de exigir el cese de los actos ilícitos porque, alega, la violación del artículo 36 con respecto a México y sus 52 nacionales aún continúa. El Tribunal considera, sin embargo, que México no ha probado una violación continuada del artículo 36 de la Convención de Viena con respecto a las 52 personas a las que se refiere en sus alegatos finales, por lo que no puede estimar la pretensión de México de que cese. Además, el Tribunal señala que, en la medida en que estos 52 casos individuales se encuentran en diversas etapas de procedimientos penales ante los tribunales de Estados Unidos, se encuentran en estado de pendente lite; y el Tribunal ya ha indicado con respecto a ellos lo que considera el recurso apropiado, a saber, la revisión y reconsideración por referencia a la violación de la Convención de Viena.

149. La solicitud mexicana de garantías de no repetición se basa en su argumento de que más allá de estos 52 casos existe un patrón “regular y continuo” de violaciones del artículo 36 por parte de Estados Unidos. A este respecto, el Tribunal observa que no tiene ante sí ninguna prueba que establezca un patrón general. Aunque es preocupante que, incluso después de la sentencia LaGrand, siga habiendo un número considerable de casos de incumplimiento de la obligación de proporcionar información consular a nacionales mexicanos, el Tribunal observa que Estados Unidos ha hecho esfuerzos considerables para garantizar que sus autoridades policiales proporcionen información consular a toda persona detenida de la que sepan o tengan motivos para creer que es un nacional extranjero. Especialmente en la fase de información consular previa al juicio, cabe destacar que Estados Unidos ha realizado esfuerzos de buena fe para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del párrafo 1 del artículo 36 de la Convención de Viena, a través de medidas como un nuevo programa de divulgación iniciado en 1998, incluida la difusión entre las autoridades federales, estatales y locales del folleto del Departamento de Estado mencionado anteriormente en el párrafo 63. El Tribunal desea recordar en este contexto lo que ha dicho en el párrafo 64 sobre los esfuerzos realizados en algunas jurisdicciones para proporcionar la información prevista en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 36, paralelamente a la lectura de los “derechos Miranda”.

150. El Tribunal señala además a este respecto que en el asunto LaGrand Alemania solicitó, entre otras cosas, “una garantía directa de que los Estados Unidos no repetirán sus actos ilícitos” (I.C.J. Reports 2001, p. 511, párr. 120). Con respecto a esta exigencia general de una garantía de no repetición, el Tribunal declaró:

“Si un Estado, en un procedimiento ante este Tribunal, se refiere repetidamente a actividades sustanciales que está llevando a cabo para lograr el cumplimiento de determinadas obligaciones derivadas de un tratado, ello expresa el compromiso de proseguir los esfuerzos en este sentido. Ciertamente, el programa en cuestión no puede ofrecer la garantía de que Estados Unidos no volverá a incumplir las obligaciones de notificación que le impone el artículo 36 de la Convención de Viena. Pero ningún Estado podría dar tal garantía y Alemania no la busca. El Tribunal considera que el compromiso expresado por Estados Unidos de garantizar la aplicación de las medidas específicas adoptadas en cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 36, apartado 1, letra b), debe considerarse que satisface la solicitud de Alemania de una garantía general de no repetición.” (I.C.J. Reports 2001, pp. 512-513, párrafo 124.)

El Tribunal considera que, en lo que respecta a la solicitud de México de garantías y seguridades de no repetición, sigue siendo aplicable lo que el Tribunal declaró en este pasaje de la Sentencia LaGrand y, por lo tanto, satisface esa solicitud.

***
151. El Tribunal vuelve a insistir ahora en un punto de importancia. En el presente caso, ha tenido ocasión de examinar las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del artículo 36 de la Convención de Viena en relación con los nacionales mexicanos condenados a muerte en los Estados Unidos. Sus conclusiones en cuanto al deber de revisión y reconsideración de las condenas y sentencias se han dirigido a la circunstancia de que se impongan penas severas a extranjeros que resulten ser de nacionalidad mexicana. Para evitar cualquier ambigüedad, debe aclararse que, si bien lo expuesto por la Corte se refiere a los nacionales mexicanos cuyos casos han sido sometidos a su consideración por México, la Corte ha venido abordando las cuestiones de principio planteadas en el curso del presente procedimiento desde el punto de vista de la aplicación general de la Convención de Viena, y no puede plantearse un argumento a contrario respecto de ninguna de las conclusiones de la Corte en la presente Sentencia. En otras palabras, el hecho de que en este caso la resolución del Tribunal se haya referido únicamente a nacionales mexicanos no puede implicar que las conclusiones a las que llega en la presente Sentencia no sean aplicables a otros nacionales extranjeros que se encuentren en situaciones similares en los Estados Unidos.

152. Mediante Providencia de 5 de febrero de 2003, la Corte, a solicitud de México, señaló como medida provisional que

“Los Estados Unidos de América adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los señores César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos y Osvaldo Torres Aguilera no sean ejecutados mientras se dicta sentencia definitiva en este procedimiento” (I.C.J. Reports 2003, pp. 91-92, párr. 59 (I)] (véase el párrafo 21 supra).

La Providencia de 5 de febrero de 2003, de acuerdo con sus términos y con el artículo 41 del Estatuto, era efectiva hasta que se dictara sentencia definitiva, y las obligaciones de los Estados Unidos a ese respecto quedan, con efecto a partir de la fecha de la presente Sentencia, sustituidas por las declaradas en esta Sentencia. La Corte ha rechazado la alegación de México de que, a título de restitutio in integrum, Estados Unidos está obligado a anular las condenas y sentencias de todos los nacionales mexicanos objeto de sus reclamaciones (véase supra, párrafos 115-125). La Corte ha concluido que, en relación con estas tres personas (entre otras), Estados Unidos ha incurrido en violaciones de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 36, párrafo 1, inciso b), de la Convención de Viena y del artículo 36, párrafo 1, incisos a) y c), de dicha Convención; además, sólo respecto de esas tres personas, Estados Unidos también ha incurrido en violaciones del artículo 36, párrafo 2, de dicha Convención. No se ha llevado a cabo la revisión y reconsideración del fallo condenatorio y de la pena exigida por el artículo 36, párrafo 2, que es el recurso apropiado para las violaciones del artículo 36, párrafo 1. El Tribunal considera que en estos tres casos corresponde a los Estados Unidos encontrar un recurso apropiado que tenga la naturaleza de revisión y reconsideración según los criterios indicados en los párrafos 138 y siguientes de la presente Sentencia.

***

153. Por las razones expuestas,

EL TRIBUNAL

(1) Por trece votos contra dos,[p 71]

Rechaza la objeción de los Estados Unidos Mexicanos a la admisibilidad de las objeciones presentadas por los Estados Unidos de América a la jurisdicción de la Corte y a la admisibilidad de las demandas mexicanas;

A FAVOR: Presidente Shi; Vicepresidente Ranjeva; Jueces Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Higgins, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Tomka;

EN CONTRA: Juez Parra-Aranguren; Juez ad hoc SepUlveda;

(2) Por unanimidad,

Rechaza las cuatro objeciones de los Estados Unidos de América a la jurisdicción de la Corte;

(3) Por unanimidad,

Rechaza las cinco objeciones de los Estados Unidos de América a la admisibilidad de las pretensiones de los Estados Unidos Mexicanos;
(4) Por catorce votos contra uno,

Declara que, al no informar sin demora, en el momento de su detención, a los 51 nacionales mexicanos a que se refiere el párrafo 106 (1) supra, de los derechos que les confiere el artículo 36, párrafo 1 (b), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963, Estados Unidos de América incumplió las obligaciones que le incumben en virtud de dicho apartado;