martes, diciembre 1, 2020

La República Argentina y la lucha contra la corrupción en el ámbito internacional

La República Argentina y la lucha contra la corrupción en el ámbito internacional


por Julio F. Vitobello


Fiscal de Control Administrativo, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia  y Derechos Humanos.

La Oficina Anticorrupción (OA) desarrolla una activa participación en diversos foros internacionales sobre políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. A modo de ejemplo, recientemente, nuestro país solicitó su incorporación al Open Government Partnership (OGP) que lideran Estados Unidos y Brasil ha participado, también junto a estos países de las reuniones del Grupo Anticorrupción del G-20 y de los grupos de trabajo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra el soborno transnacional.


Esta intensa agenda internacional se deriva de una de las competencias clave de la Oficina: velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Argentina en las Convenciones y Foros sobre la materia.


Este intercambio permanente con todos los países del mundo nos permite trazar una aproximación certera acerca de la situación y desafíos que enfrenta nuestro país en este campo. En todos estos foros, quedó establecido que la República Argentina cumple adecuadamente con los estándares normativos e institucionales prescriptos en dichas Convenciones. Nuestro país viene participando voluntariamente de diversas instancias evaluativas, incorporándose al Programa Voluntario Piloto para la Revisión de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), postulándose para ser analizado en primer lugar en las diversas Rondas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), integrándose también a los mecanismos OCDE y manteniendo vigente su voluntad de adhesión a toda iniciativa dedicada a promover entre las naciones el imperio de la ley y mayores niveles de transparencia para el conjunto de la sociedad.


Se reconoce, asimismo, que la Argentina ha ejercido un liderazgo regional al impulsar la creación y posterior consolidación del MESICIC, cuyo texto fundacional se denomina, precisamente, Acta de Buenos Aires. De igual modo, en el marco de la UNCAC, no solo bregó por incorporar en su articulado un mecanismo de seguimiento, sino que coordinó las negociaciones que permitieron, finalmente,  su  adopción en la Conferencia de Estados Partes que tuvo lugar en Doha, en 2009. Por cierto, en estas y otras acciones internacionales, la Argentina encontró coincidencias estratégicas con otros países de América latina y también con los Estados Unidos de América.


Con relación a EE.UU. en este campo es posible observar algunas semejanzas institucionales que exceden las ya conocidas derivadas de la organización constitucional. En efecto, la OA, creada a fines de 1999 en el ámbito del Ministerio de Justica y Derechos Humanos, se inserta al igual que la Office of Government Ethics (OGE) de los EE.UU. como un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, entiende en las cuestiones de conflicto de intereses y administra el régimen de Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos en la Administración Pública Nacional (APN). De hecho, ambos organismos tuvieron un significativo intercambio de experiencias que resultó de gran utilidad para orientar las tareas de la OA como autoridad de aplicación de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.


Conviene señalar que en el control sistémico de la actividad del Poder Ejecutivo (PE) en la República Argentina, la OA es solo una parte del entramado institucional. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN, también en el ámbito del PE), la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Poder Legislativo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), perteneciente al Ministerio Público, y fundamentalmente, el accionar del Poder Judicial, confluyen y coordinan las tareas de control. Además de estos controles institucionales, en la Argentina existen diversas organizaciones sociales y civiles que impulsan de manera constante la rendición de cuentas por parte de los funcionarios.


Para ilustrar con algunos de los logros alcanzados en este campo de actividades podemos referir al Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales para funcionarios del PE que diseñó y administra la OA. Con el pasar de los años este sistema se ha constituido en un modelo a nivel mundial. Su carácter público, los controles que se efectúan, la apertura y sencillez para acceder a la información por parte de la ciudadanía y el altísimo grado de cumplimiento que se verifica lo sitúan como uno de los instrumentos de trasparencia pública más reconocidos en la Región.


Se destacan también las actividades de capacitación y educación. Entre otras pueden mencionarse a los cursos sobre ética pública que viene dictando la Oficina para funcionarios de la APN y de las provincias, la elaboración y distribución de publicaciones y el diseño de materiales educativos para jóvenes y adolescentes que son utilizados en las escuelas de todo el país  con el fin de contribuir a inculcar el respeto estricto de las leyes como condición para la construcción de una sociedad justa y democrática.


La OA impulsa acciones para el recupero de los activos producto de la corrupción, tanto a nivel nacional como internacional. Las transferencias de recursos de los países más pobres a los centrales siempre son reprobables, pero cuando estas son resultado de la corrupción, ya sea pública o privada, resultan sencillamente intolerables. En igual sentido, la Argentina viene pregonando la imperiosa necesidad de carácter ético y político de que el sistema internacional avance con firmeza en la eliminación de los llamados paraísos fiscales, que no son otra cosa que territorios de impunidad que consagran la preeminencia de la codicia financiera por sobre criterios básicos de justicia.


En tiempos globales, debe reclamarse más transparencia a los Estados y a todas y cada una de las organizaciones supranacionales que estos integran.


Un Estado más transparente es una construcción colectiva; no puede ser tarea exclusiva de un organismo o una Administración. En igual sentido, no es posible dividir entre responsabilidades del sector privado o público, o entre las competencias y alcances de los diferentes poderes y/o instancias jurisdiccionales. La lucha contra la corrupción involucra a todos los poderes federales y obliga a coordinar esfuerzos con las organizaciones civiles y empresariales. Así lo entiende la Oficina Anticorrupción, y así lo venimos practicando, llevando adelante iniciativas junto al sector privado empresarial y apostando fuertemente a las tareas preventivas, en particular, a las de capacitación y educación.


La República Argentina, como tantas otras naciones, enfrenta los desafíos propios de sociedades crecientemente complejas en las que intereses públicos y privados tienden a cruzarse.


Esta situación exige un trabajo permanente a los fines de adecuar los procedimientos y sistemas para el ejercicio de controles cada vez más efectivos. Una evaluación comparativa y equilibrada sobre las capacidades institucionales con que cuenta la Argentina para dar esa batalla nos ubica entre los países más avanzados.


 



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