El órgano, compuesto por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consideró que un Estado parte no puede establecer el desalojo inmediato de una persona por carecer de la titularidad legal de una propiedad sin valorar las circunstancias de la expulsión, y sin que un tribunal considere la proporcionalidad de la medida.
Anuario Español de Derecho Internacional Vol. 41 (2025) ISSN: 2173-3775, EISSN: 2254-660X, D.L.: NA 816-1975…
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).…
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